Juan Carlos Zuñiga Guerra

Expediente 585/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 25 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
585/2020
Año
2020
Actuaciones
25
Última actuación
26/07/2021

Partes del expediente

  • Juan Carlos Zuñiga Guerra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veintiséis de julio de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado procesal y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que señala el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia en la cual se negó el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Orden de archivo. Háganse las anotaciones correspondientes y archívese el expediente como asunto concluido. Notifíquese.

  2. Incidental

    Mazatlán, Sinaloa, veintiséis de julio de dos mil veintiuno. Orden de archivo. Vista la certificación que antecede, y atento al estado procesal de autos, se ordena archivar los cuadernos del incidente de suspensión en los que se actúa, tomando en consideración que se declaró concluido el expediente principal relativo. II. Acuerdo de depuración y destrucción. Cuaderno original deberá conservarse la resolución relativa al otorgamiento de la medida cautelar y el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido. b) Cuaderno duplicado es susceptible de destrucción en el plazo de seis meses. Notifíquese.

  3. Principal

    QUINTO. Estudio de fondo. Los motivos de disenso son infundados; en concreto se refieren a la afectación a los derechos sustantivos de audiencia y posesión, con motivo de la tramitación del juicio ordinario civil de acción reivindicatoria 648/2017, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, al que no fue llamado el quejoso, no obstante ser arrendatario del inmueble materia de la controversia, del cual el juez responsable pretende desposeerlo. Los antecedentes del caso son los siguientes: 1. La aquí tercera interesada Olga Lilia Osuna Escalera, promovió demanda en la vía ordinaria civil y en ejercicio de la acción reivindicatoria del bien inmueble ubicado en avenida General Pesqueira, número 903, colonia Libertad, en esta ciudad, contra Gabriel Armando Narváez Cázarez (fojas 1 a 8 del anexo). 2. En auto de ocho siete de septiembre de dos mil diecisiete, el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, radicó y admitió la demanda en la vía propuesta, con el número de expediente 648/2017, ordenando el emplazamiento del demandado; el cual se llevó a cabo el treinta de octubre posterior (fojas 9 y 15 a 20 del anexo). 3. Por auto de catorce de noviembre de dos mil diecisiete, se tuvo al demandado Gabriel Armando Narváez Cázarez dando contestación en tiempo y forma la demanda entablada en su contra (foja 28 del anexo). 4. Seguidos los trámites legales, el quince de noviembre de dos mil dieciocho, se dictó sentencia, en la cual se condenó al demandado a la restitución física y jurídica a favor de actora del inmueble materia de litigio (fojas 127 a 131 del anexo). 5. Inconforme, el demandado interpuso apelación, la que se admitió el cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, en ambos efectos; luego, por resolución de veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, en el toca 18/2019, confirmó la sentencia dictada por el juez primigenio (fojas 142 a 147 y 157 a 172 del anexo). 6. El diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, el juez de origen ordenó la entrega material del bien inmueble a favor de la parte actora; diligencia que encomendó al fedatario que designara la Coordinación de Actuarios adscritos al os Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar, con sede en esta ciudad, y solicitó el auxilio del Secretario de Seguridad Pública Municipal a fin de llevar a cabo dicha diligencia (fojas 182 y 183 del anexo). Esta resolución constituye el acto reclamado. Conviene señalar que dicho acto, no se impugna por vicios propios, sino sustancialmente como consecuencia de la falta de llamamiento al juicio natural de donde deriva, en el cual, aunque no es parte del mismo, el quejoso alega que en caso de consumarse se le causaría un agravio ya que -según dice- se pretende privarlo de su aducido derecho de posesión. En ese sentido, de la lectura de los motivos de disenso, se puede deducir que, el verdadero reclamo del quejoso consiste en que no ha sido oído y vencido en la controversia de origen; sin que se advierta algún argumento erigido específica y directamente contra la orden de entrega del inmueble en conflicto, por sí misma. Como se adelantó, se estima que el concepto de violación aducido resulta infundado, en virtud de que al impetrante le asiste el carácter de causahabiente; figura que desvirtúa el carácter de tercero extraño con que se ostenta en el presente juicio constitucional. Es aplicable por no contravenir disposiciones de la actual Ley de Amparo, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "CAUSAHABIENCIA. NO ES POR SÍ MISMA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO. El artículo 73 de la Ley de Amparo no establece como causal de improcedencia el fenómeno de la causahabiencia, motivo por el cual no se debe sobreseer en el juicio por esa razón, en sí misma considerada; sin embargo, cuando el promovente se ostenta como tercero extraño a un procedimiento y en el amparo se demuestra que es causahabiente de aquella de las partes a quien afecta el acto reclamado, entonces, su situación en el amparo es idéntica a la de esa parte, puesto que solamente se ha subrogado en el ejercicio de los derechos correspondientes, motivo por el cual las causales de improcedencia que afectarían al causante son válidas también para el causahabiente porque éste está sujeto a la misma situación jurídica de aquél, por tanto, si el amparo que llegara a promover el causante ostentándose como persona extraña al juicio y aduciendo violación a la garantía de audiencia no debe ser sobreseído sino resuelto en cuanto al fondo, esto mismo debe hacerse cuando es el causahabiente quien lo promueve con iguales argumentos. La presente tesis no afecta el criterio sustentado en la diversa jurisprudencia de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro es: "CAUSAHABIENTE SUBARRENDATARIO, FALTA DE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO", toda vez que esta última contempla exclusivamente la especie del subarrendamiento no autorizado por el arrendador, situación jurídica de contenido y consecuencias específicas y diversas a lo aquí sustentado." (Jurisprudencia 2a./J. 34/2003, localizable en la página 189, tomo XVII, abril de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). Sobre esa base, se precisa que el tercero extraño a una controversia es aquella persona que en un juicio o procedimiento no figuró como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del propio asunto o en la ejecución de sus resoluciones, al no haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las respectivas actuaciones. En el caso, el inconforme Juan Carlos Zúñiga Guerra, para acreditar el carácter de tercero extraño que ostenta, exhibió el contrato de arrendamiento del bien litigioso, que refirió haber celebrado con Gabriel Armando Narváez Cázarez (como arrendador), el cual, adquirió fecha cierta el cuatro de febrero de dos mil veinte, por ser la data en que ese convenio de voluntades se ratificó ante la fe del Notario Público número 151, con ejercicio y residencia en esta ciudad. Sin embargo, de la revisión de la citada documental, se tiene que, contrario a lo que señala el quejoso, no resulta ser persona extraña a juicio, ni siquiera por equiparación, pues le asiste el carácter de causahabiente de Gabriel Armando Narváez Cázarez, quien es parte demandada en el juicio natural, en virtud de que el contrato de arrendamiento con el que pretende defender el derecho de posesión que dice tener sobre el inmueble litigioso, lo suscribió con ella; de modo que el inconforme, a través de su causante tuvo garantía de audiencia en el juicio natural. Para explicar lo anterior, resulta necesario señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la parte considerativa de la contradicción de tesis 83/2006-PS, determinó lo siguiente: "(.) III. Causahabiencia. Ahora bien, esas posibilidades de defensa no siempre tienen que dársele a quien pretende defender su propiedad, pues existen casos en los que, por las circunstancias en las cuales se da la transmisión de un bien, se entiende que la garantía de audiencia a favor del propietario se cumple al momento en que se oye a quien le transmitió el bien. Ello sucede cuando se da la figura de la causahabiencia procesal. La figura de la causahabiencia, lato sensu, se da en todas las transmisiones de derechos o de bienes. En este aspecto, la causahabiencia es una relación jurídica integrada por dos personas, a saber: a) El causante, que es la persona que transmite el bien; y, b) El causahabiente, que es la persona a quien se le transmite el bien. Esta relación (causahabiencia) se da siempre que se transmite un bien o un derecho, y consiste en que la persona que lo recibe soporta sus cargas. Esto sucede claramente, por ejemplo, cuando el bien reportaba una hipoteca y el comprador (causahabiente) tenía conocimiento de esa situación, caso en el cual la garantía hipotecaria, por ser real, persigue al bien y no a la persona que la constituyó, de forma tal que tendría que responder con el bien adquirido el comprador, aunque él no hubiera constituido la hipoteca, y así, el acreedor crediticio podría demandar al nuevo propietario del bien hipotecado con la intención de hacer efectiva la garantía correspondiente. (.) Ahora bien, la figura de la causahabiencia y la responsabilidad respecto de las cargas que implica la adquisición de ciertos bienes y derechos también pueden darse dentro de juicio. En estos casos, se da la "causahabiencia procesal", cuyo efecto consiste, como se dijo ya, en que el causahabiente esté sujeto a las resultas del juicio seguido contra su causante, pues de alguna manera, si el resultado del juicio es negativo, se entiende que el riesgo de que lo fuera era una carga que el adquirente se obligó a soportar desde el momento en que adquirió el bien sabiendo que el resultado del juicio podía ser negativo. (.) Entre los ejemplos que se pueden dar de causahabiencia procesal, están los siguientes: a) Cuando un bien inmueble que está embargado y que se transmite iniciado ya el juicio. En estos casos, la persona que adquiere el bien soporta la obligación de responder con sus bienes, que ahora están embargados. De esta manera, si el que transmitió el bien embargado pierde, independientemente de que no se haya llamado a juicio al adquirente, éste tiene que responder de la obligación garantizada. (.) b) Igualmente, en el caso de que se adquiriera del demandado en un juicio reivindicatorio el bien materia de dicho juicio, cuando éste ya se había instaurado, operaría la causahabiencia y el adquirente no tendría que ser oído y vencido en el juicio . (.) c) Otro ejemplo se da cuando se ceden los derechos litigiosos y el cedente pierde el juicio y, en esos casos, el cesionario tiene que estar a las resultas del juicio y no puede oponerse alegando que no se le llamó. (.) d) Finalmente, se da la causahabiencia procesal cuando una persona adquiere un inmueble que es materia de un juicio hipotecario, cuya cédula está inscrita en el Registro Público, es decir, adquiere el bien durante el transcurso del juicio; en este caso, el adquirente debe soportar las resultas del juicio hipotecario. (.) En todos esos ejemplos, lo que se pretende es garantizar el derecho de los acreedores que ya instauraron su demanda en contra de sus deudores. Así, precisamente por esas reglas de causahabiencia procesal, los deudores pueden transmitir, después de notificada la demanda o expedido el mandamiento de embargo, los bienes que están en litigio para evitar responder, pero la persona que adquiere debe saber que en todo caso estará sujeto a lo que en el juicio se decida. Precisamente por ello, la figura de la causahabiencia procesal excluye tanto a la del tercero extraño a juicio como a la del tercerista, porque en esos casos se considera que, por las circunstancias en las cuales se adquiere el bien o el derecho, el causahabiente tiene audiencia a través de su causante, de tal forma que no puede comparecer a juicio alegando que se le priva de sus bienes sin que se le haya oído y vencido previamente, porque al adquirir el bien tenía conocimiento de la existencia del gravamen o carga. (.) Entonces, puede decirse que existen dos clases de causahabiencia: 1) La que se da fuera de los juicios o de orden sustantivo, que consiste en que quien adquiere un bien o derecho se subroga en los derechos de su causante, pero además soporta las cargas inherentes al bien o al derecho que adquiere, de tal manera que siempre que un bien tenga algún gravamen o carga y se transmita a otra persona, ésta será causahabiente de aquél y soportará esas cargas. Ello puede darse cuando se transmite un bien que tiene como carga un derecho real (como sucede cuando se transmite un bien hipotecado, caso en el cual si en un juicio se quisiera hacer efectiva la carga que reporta el bien transmitido, existe el derecho del acreedor de demandar del nuevo propietario haciendo efectiva la carga que pesa sobre el bien), o bien, cuando se transmite y sobre él existe otro tipo de cargas no reales (como sucede en los casos en que se adquiere un bien sobre el cual existe un contrato de arrendamiento, contrato que por disposición legal no termina por la transmisión de la propiedad). 2) La segunda, de orden adjetivo o procesal, que consiste en que quien adquiere un bien o derecho que está siendo discutido dentro del juicio, debe estarse a lo que se decida en ese juicio sin que se le dé audiencia al adquirente del bien, que se considera como oído y vencido en el juicio a través de su causante y, por ello, no puede interponer una tercería excluyente de dominio ni puede ostentarse como un tercero extraño en el juicio de amparo. Entonces, ambos tipos de causahabiencia tienen como efecto que quien adquiere determinados bienes o derechos, soporte ciertas cargas, sólo que la carga que soporta el causahabiente en el segundo caso consiste en que tenga que estar a las resultas del juicio seguido en contra de su causante, precisamente porque sabía de la existencia del proceso jurisdiccional (.)" Lo resaltado es propio. De la anterior transcripción, se tiene que la figura jurídica de la causahabiencia, en sentido amplio, acontece en todas las transmisiones de derechos o de bienes, y consiste en que la persona que los recibe debe soportar sus cargas. Ello, pues cualquier obligación real sigue o acompaña al propietario o poseedor de la cosa, ya que guarda una dependencia absoluta con éste; de manera que, si se transmite a un tercero, será éste quien deba soportar la respectiva obligación. Así, la causahabiencia se actualiza en todas las transmisiones de derechos o de bienes; siendo una relación jurídica integrada por dos personas, a saber: a) El causante, que es la persona que transmite el derecho o el bien; y, b) El causahabiente, que es la persona a quien se le transmite el derecho o el bien. Asimismo, existen dos clases de causahabiencia: La de orden sustantivo, es la que se da fuera de los juicios y que consiste en que quien adquiere un bien o derecho se subroga en los derechos de su causante, pero además soporta las cargas inherentes al bien o al derecho que adquiere, de tal manera que siempre que un bien tenga algún gravamen o carga y se transmita a otra persona, ésta será causahabiente de aquél y soportará esas cargas. La de orden adjetivo o procesal, que consiste en que quien adquiere un bien o derecho que está siendo discutido dentro del juicio, debe estarse a lo que se decida en ese juicio sin que se le dé audiencia al adquirente del bien, que se considera como oído y vencido en el juicio a través de su causante y, por ello, no puede interponer una tercería excluyente de dominio ni puede ostentarse como un tercero extraño en el juicio de amparo. Ambos tipos de causahabiencia tienen como efecto que quien adquiere determinados bienes o derechos, soporte ciertas cargas, sólo que la carga que soporta el causahabiente en el segundo caso, consiste en que tenga que estar a las resultas del juicio seguido en contra de su causante. Este último supuesto, es el que se actualiza en el presente asunto. Es así, pues el quejoso tiene el carácter de causahabiente de Gabriel Armando Narváez Cázarez, quien figuró como parte demandada en el juicio ordinario civil 648/2017, y con tal carácter, reclama la orden de entrega material del bien inmueble a favor de la parte actora, ordenada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, en la cual, se autorizó que de ser necesario el uso de la fuerza pública. Ello, dado que el contrato de arrendamiento exhibido en el juicio de amparo por el impetrante, habría adquirido fecha cierta en la propia fecha en que se ratificó ante notario público, esto es, el cuatro de febrero de dos mil veinte, mientras que el juicio de origen contra Gabriel Armando Narváez Cázarez (arrendador), se inició el siete de septiembre de dos mil diecisiete, es decir, antes de que el quejoso adquiriera de forma derivada, el derecho de posesión que ahora defiende. Así, se insiste, la calidad de tercero extraño al juicio de origen con la que se ostenta el quejoso, queda desvirtuada, al verificarse la figura de causahabiencia de éste, respecto a Gabriel Armando Narváez Cázarez, quien ya fue oído y vencido en dicho procedimiento, como se dijo. Por tanto, al quedar el causahabiente Juan Carlos Zúñiga Guerra, sujeto a las resultas de su causante Gabriel Armando Narváez Cázarez, por haber adquirido, según se dice, el derecho o la posesión del inmueble en conflicto, con posterioridad a que inició el citado juicio de origen, es que no asiste razón de alegar falta de llamamiento al mismo, pues fue escuchado en dicho juicio, a través de su causante (Gabriel Armando Narváez Cázarez demandado en el mismo). Lo anterior, con independencia de que el quejoso, haya tenido o no conocimiento del juicio de origen, pues la actualización de la causahabiencia se da por el hecho de que el referido contrato de arrendamiento se haya celebrado luego de iniciado dicho controvertido. Es decir, las obligaciones que nacen de los actos jurídicos mediante los que se cede la posesión de un bien raíz son de naturaleza personal y no afectan a la cosa u objeto material del pacto, sino que recaen en los individuos que lo celebran y esa clase de relaciones jurídicas solamente producen efectos entre las partes contratantes y no contra terceros ajenos al pacto, como lo es Olga Lilia Osuna Escalera, como parte vencedora en el juicio de origen, por no haber formado parte del citado contrato de arrendamiento. Sobre el particular -se insiste- no es trascendente que cuando se celebró el contrato exhibido por el quejoso ésta conociera o no la existencia del proceso de donde se generan los actos reclamados, cuenta habida que, en el mejor de los escenarios, el arrendador si bien transmitió un derecho posesorio, éste ya estaba siendo discutido judicialmente, lo cual sí era del conocimiento de éste. Entonces, tal derecho de posesión que entra al patrimonio jurídico del arrendatario desde el momento de la celebración del acto jurídico, se entiende en "estatus" de controvertido y, por ende, ese derecho se considera defendido por la parte demandada en la controversia de origen, lo cual alcanza al arrendatario Juan Carlos Zúñiga Guerra, titular de un derecho personal en relación con su contratante; de ahí la configuración de la causahabiencia. Al respecto, se cita la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito de contenido siguiente: "CAUSAHABIENCIA. SE ACTUALIZA SI EL CONTRATO RELATIVO ES POSTERIOR A LA FECHA DE INICIACIÓN DEL JUICIO SEGUIDO EN CONTRA DE LA ARRENDADORA, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL ARRENDATARIO HUBIERA TENIDO CONOCIMIENTO O NO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 68/2006-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 85/2006, publicada en la página 128 del Tomo XXV de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de enero de 2007, cuyo rubro es: "CAUSAHABIENCIA. PARA EFECTOS PROCESALES, SU ACTUALIZACIÓN REQUIERE QUE SE ACREDITE QUE EL ADQUIRENTE DEL INMUEBLE TUVO CONOCIMIENTO DE LA CONTROVERSIA JUDICIAL A QUE ESTÁ SUJETO DICHO BIEN", determinó que, desde el punto de vista procesal, para que una persona tenga el carácter de causahabiente, esto es, que se considere el sucesor de los derechos de una persona de quien ha adquirido una propiedad, es indispensable que mediante inscripciones hechas en el Registro Público de la Propiedad o algún otro medio de prueba idóneo y fehaciente, se acredite que el adquirente tuvo conocimiento de que el bien de que se trata está sujeto a una controversia judicial y, por ende, que contrajo un derecho litigioso. Sin embargo, como bien lo señala el texto de la misma y la ejecutoria de la cual emanó, se obtiene que el tema a que se refiere es la "adquisición" de bienes inmuebles, empero, cuando los derechos cuestionados derivan de un contrato de arrendamiento celebrado con posterioridad a la iniciación del juicio seguido en contra de la arrendadora, no resulta necesario, para que la causahabiencia se actualice, que se acredite que el arrendatario quejoso hubiera tenido conocimiento de que el bien inmueble, cuyo uso y goce recibió, estaba sujeto a una controversia judicial, pues esa figura jurídica se da por el simple hecho de que el contrato se hubiere celebrado con posterioridad a la iniciación del procedimiento del que emanan los actos reclamados." (Tesis XVII.1o.C.T.54 C, página 3159, tomo XXXIII, enero de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). En consecuencia, ante lo infundado de los conceptos de violación, y dado que el quejoso no es tercero extraño al juicio de origen, se niega el amparo solicitado. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados, al no impugnarse por vicios propios. Por lo expuesto y fundado en los artículos 63 y 74 a 79 de la ley de la materia, se resuelve: ÚNICO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Juan **************, contra los actos reclamados y autoridades responsables, por los fundamentos y motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese en términos de Ley y dentro del plazo legal.

  4. Principal

    De conformidad con lo dispuesto en el numeral 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, se notifica por lista para conocimiento de la parte quejosa, la determinación de fecha veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual se acordó: Por lo expuesto y fundado en los artículos 63 y 74 a 79 de la ley de la materia, se resuelve: ÚNICO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Juan **************, contra los actos reclamados y autoridades responsables, por los fundamentos y motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese en términos de Ley y dentro del plazo legal.

Quedan 21 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · 8,136 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano