Juan Carlos Y/O Jose Luis Jimenez Diaz

Expediente 863/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco. 8 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
863/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
04/08/2022

Partes del expediente

  • Juan Carlos Y/O Jose Luis Jimenez Diaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Ha causado estado, se ordena el archivo

  2. Principal

    Se decreta el sobreseimiento del presente juicio de amparo fuera de audiencia.

  3. Principal

    MESA III. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición de su 2° numeral, se requiere al Juez Primero de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de la Región Judicial Seis de Nacajuca, Tabasco, para que, dentro del plazo de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación que al respecto de le haga del presente acuerdo, remita copia certificada del auto de vinculación a proceso, dictado en la causa penal de su índice, por ser necesarias para resolver el presente juicio de amparo.

  4. Principal

    Villahermosa, Tabasco, catorce de junio de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su segundo numeral, se ordena agregar a los autos el oficio signado por el Juez Primero de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de la Región Judicial Seis de Nacajuca, Tabasco, mediante el cual informa el estado procesal que guarda la causa penal 378/2022 de su índice, instruida al quejoso Juan Carlos Jiménez Díaz y/o José Luis Hernández, de la que se advierte que se reactivó el proceso en contra del citado quejoso por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por el artículo 110 en relación con el 112 y 123, fracción IV del Código Penal del Estado de Tabasco, cometido en agravio del occiso Leonel Celestino Rojas Sánchez, representado por Rodolfo Celestino Rojas López. Así, el nueve de junio del año en curso, se llevó a cabo la audiencia de control de detención, en la cual el quejoso Juan Carlos Jiménez Díaz y/o José Luis Hernández, estuvo asistido de su traductora Rosa Elva Cruz Luis, adscrita a la Coordinación del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción de Lenguas Indígenas CEPIADET A.C., de la variante lingüística mixe bajo. Asimismo, que se calificó de legal la detención y retención, se formuló imputación y se solicitó vinculación a proceso; por lo que, a petición del imputado, con asistencia de su traductora se acogió al término constitucional de 144 horas, señalándose las ocho horas con quince minutos del quince de junio de dos mil veintidós, para la continuación de la audiencia en su fase de vinculación a proceso. Por lo anterior, con fundamento en los artículos 75 y 117 párrafo quinto, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición de su 2° numeral, se requiere al Juez Primero de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de la Región Judicial Seis de Nacajuca, Tabasco, para que, dentro del plazo de tres días siguientes a la fecha fijada para la continuación de la audiencia inicial en su fase de vinculación a proceso, remita copia certificada de la citada diligencia, por ser necesarias para resolver el presente juicio de amparo. Orienta lo anterior la Jurisprudencia P./J. 17/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a foja 108, del tomo V, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto". Se apercibe a la autoridad responsable que de no dar cumplimiento al requerimiento antes señalado o no informar el impedimento que tengan para ello, se le impondrá una medida de apremio consistente en una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto publicado el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, en donde el Instituto Nacional de Estadística y Geografía con fundamento en el artículo 26, apartado B, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), y 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer el cálculo y determinación del valor actualizado diario, mensual y anual en moneda nacional de la UMA, en relación con lo dispuesto en los numerales 237, fracción I, 238 y 260 de la Ley de Amparo.

Quedan 4 actuaciones en este expediente

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