Juan Carlos Villeda Arteaga

Expediente 1667/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 15 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1667/2023
Año
2023
Actuaciones
15
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Juan Carlos Villeda Arteaga

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Incidental

    Pachuca de Soto, Hidalgo, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos legales consiguientes el informe previo rendido por la Juez Penal de Control y Enjuiciamiento adscrito al Distrito Judicial de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, perteneciente al Tercer Circuito Judicial en el Estado de Hidalgo, en términos del artículo 140 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia incidental. De igual manera, se le tiene proporcionando una cuenta de correo electrónico y número telefónico, los cuales se toman como forma especial y expedita de contacto, a través del que se podrá entablar comunicaciones no procesales. Notifíques

  2. Incidental

    Pachuca de Soto, Hidalgo, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no es posible celebrar la audiencia incidental prevista para el día de hoy, toda vez que aún no obran en autos los informes previos requeridos a las autoridades responsables. En consecuencia, se DIFIERE LA AUDIENCIA INCIDENTAL señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la misma. Sirve de apoyo, la tesis aislada sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 224, tomo XI - marzo -1993, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, cuyo rubro es: "AUDIENCIA INCIDENTAL, DIFERIMIENTO DE LA. CUANDO NO SE NOTIFICÓ A LA RESPONSABLE." Notifíquese

  3. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes el escrito firmado por el quejoso ***. En su atención, se tiene al impetrante ampliando su demanda de derechos, en cumplimiento a la vista que se le dio mediante auto de treinta de octubre del año en curso, señalando como diversa autoridad responsable y acto reclamado el siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE Juez Penal de Control adscrito al Tercer Circuito Judicial, residente en Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo. ACTO RECLAMADO La orden de aprehensión dictada en la causa penal 340/2023. Tramítese lo relativo a la suspensión del acto que solicita en el cuaderno correspondiente. En consecuencia, se requiere a la autoridad responsable Juez Penal de Control adscrito al Tercer Circuito Judicial residente en Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, para que rinda su informe justificado respecto a actos reclamados, nueva autoridad responsable y conceptos de violación. En entendido que dicho informe la deberá rendir en el término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita, en el cual, expondrá las razones y fundamentos que se estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, con fundamento en los artículos 75 y 117 de la Ley de Amparo. A su vez, se apercibe a la autoridad responsable, que en caso de no rendir su respectivo informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se hará acreedora con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de la Materia, a una multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, al resolver el fondo del asunto (entendiéndose días de Unidad de Medida y Actualización) De igual forma, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que al rendir su informe justificado expresando un hecho falso o negando la verdad de los hechos, es constitutivo de delito en términos del artículo 262, fracción I, de la Ley de Amparo, y se sanciona con pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. En otro sentido, se hace saber a la autoridad responsable que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, está obligada a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación y si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; y, en su caso, será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que los propios oficios contengan; y se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México, conforme a lo establecido en el artículo 245 de la Ley de Amparo. En el entendido que podrán hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. Hágase saber a la autoridad responsable, que acorde con lo previsto por el artículo 64 y 251 de la Ley de Amparo, se hace saber a las partes, que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este juzgado federal y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, apercibidos que en caso de ser omiso, se le impondrá una multa de treinta días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México. Con fundamento en la fracción IV del artículo 5o. y 124 de la Ley de Amparo, dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la participación que por ley le corresponde, poniendo a su disposición copia de la demanda de amparo y del presente auto. De igual forma, se requiere a la autoridad judicial que acepte el acto reclamado para que por su conducto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, emplace al juicio de derechos al Agente del Ministerio Público de su adscripción en su carácter de tercero interesado, circunstancia que la autoridad responsable deberá justificar ante este juzgado, remitiendo las constancias que así lo acrediten adjuntas a su informe con justificación. Se hace de su conocimiento que se encuentran señaladas las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DÍA TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. Lo anterior hágase del conocimiento de las autoridades responsables para los efectos legales procedentes. Notifíquese.

  4. Incidental

    Pachuca de Soto, Hidalgo, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Con las copias simples de cuenta y como se encuentra ordenado en el juicio de amparo del que deriva esta incidencia, con fundamento en el artículo 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 128 y 130 de la Ley de Amparo, tramítese por cuerda separada el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1667/2023-5, promovido por ***, por propio derecho, contra actos del Juez Penal de Control adscrito al Tercer Circuito Judicial con residencia en Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo. SOLICITUD DE INFORMES PREVIOS Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), 138, fracción III y 140 de la Ley de Amparo, solicítese el informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos exhibidos por el quejoso. A su vez, en el informe previo las autoridades responsables se concretarán a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyan, podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan al órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes. APERCIBIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Con el apercibimiento que de no rendir su respectivo informe, se presumirán ciertos los actos reclamados, para el sólo efecto de la suspensión, en términos del artículo 142 de la Ley de Amparo. De igual forma, de actualizarse dicho supuesto omisivo, se harán acreedoras a una multa consistente en cien días de salario mínimo general vigente en la ciudad de México (entendiéndose días de Unidad de Medida y Actualización) 1 al resolver el fondo del asunto, con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo. También, se apercibe a las autoridades responsables que en caso de que al rendir su informe previo expresen un hecho falso o nieguen la verdad de los hechos, se les impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, en términos del artículo 262, fracción I, de la Ley de Amparo. En otro sentido, se hace saber a las autoridades señaladas como responsables que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, por tanto, de negarse a recibirlos, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación y si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; y, en su caso, serán responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que los propios oficios contengan; y se les impondrá una multa de cien días de salario mínimo vigente en la ciudad de México (entendiéndose días de Unidad de Medida y Actualización) al resolver el fondo del asunto, conforme a lo establecido en el artículo 245 de la Ley de Amparo. En el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. FECHA Y HORA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL Para que tenga verificativo la audiencia incidental se señalan las NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS PARA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL Por otro lado, con fundamento en los artículos 128, 138, 147 y 166 de la ley de la materia, se desprende que el quejoso también reclama la orden de aprehensión. En ese orden, para efectos de determinar si procede la suspensión provisional, debe atenderse, en primer lugar, a los requisitos exigidos en el artículo 138 de la Ley de Amparo. I. Así, conforme al citado numeral, se desprende que la suspensión fue solicitada por la parte quejosa ***. II. No se sigue perjuicio al interés social ni a disposiciones del orden público, pues atendiendo a la naturaleza del acto y las violaciones reclamadas, que se hacen consistir en una orden restrictiva de libertad, sólo se afectaría la libertad en lo personal; además, no existe una situación específica que pueda afectar a un conglomerado humano considerable, y que contraríe las normas de orden público, así calificadas por el legislador, emitidas para regular aspectos en que se ve interesado el Estado para reglamentar su actuación pública o aquéllas que tengan como finalidad regir aspectos sociales trascendentes y que por tanto la sociedad se ve interesada en su observancia. III. Que de negarse y ejecutarse el acto reclamado, se causarían a la parte quejosa, perjuicios de difícil reparación, toda vez que se le provocarían violaciones en su esfera jurídica al privarlo de su libertad deambultoria, que posteriormente, de concedérsele el amparo, dificultaría volver las cosas al estado que tenían con antelación al surgimiento de la violación reclamada, demostrándose por tanto su interés legal para solicitar la medida cautelar, ya que la determinación que reclama ataca directamente su libertad personal. En ese sentido, además, son dos los extremos que deben actualizarse para obtener la medida cautelar, a saber: 1) Apariencia del buen derecho, y 2) peligro en la demora. CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN En consecuencia, al encontrarse además satisfechos los requisitos contenidos en los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, por haberse solicitado la medida cautelar por la parte quejosa; no se siguen perjuicios al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público; y de presentarse dificultad para reparar el goce del derecho fundamental violado al ejecutarse los actos combatidos, es que con fundamento en los numerales 162 y 166 de la ley de la materia, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL a la parte quejosa Juan Carlos Villeda Arteaga, para el sólo efecto de que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan y no sea privada de su libertad personal con motivo de la orden de aprehensión, hasta que se notifique a las autoridades responsables la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva; al satisfacerse los requisitos a que se contrae el precepto legal invocado. Lo anterior en virtud de que la apariencia del derecho apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento superficial, dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, de modo que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia definitiva se declarará la inconstitucionalidad del acto impugnado; y, por su parte, el peligro en la demora consiste en la posible frustración de la privación de la libertad con motivo de la orden de aprehensión y comparecencia del promovente de dicha medida, como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. Sin que haya necesidad de imponerle garantía, toda vez que en autos obra el billete de depósito que garantiza los efectos de la suspensión definitiva de treinta y uno de octubre actual. Sin que se imponga a la quejosa la obligación de comparecer ante la autoridad responsable para la continuación del procedimiento respectivo, en términos del artículo 166 párrafo segundo de la Ley de Amparo, pues dicho supuesto se actualizará hasta que la primera de las mencionadas acepte el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ."3 En el entendido que la concesión de esta suspensión NO impide que el quejoso sea privado de su libertad si el delito por el que se le libró la orden de aprehensión, está considerado como grave conforme a la ley y no permite la obtención del beneficio de la libertad provisional bajo caución, pues en este caso, la suspensión sólo tendrá por efecto el consistente en que una vez que sea aprehendida quede a disposición del juez de la causa para la continuación del proceso que se les instruya y a disposición de este juzgado dentro del lugar de su reclusión, por lo que a su libertad personal se refiere. De igual manera, dicha medida cautelar no surtirá efecto alguno si se pretende privar de su libertad al quejoso en cumplimiento de una orden de aprehensión librada por autoridad judicial diversa a las señaladas, o si fue ordenada y ejecutada por autoridades administrativas derivadas de la comisión de flagrante delito, o en cualquiera de los supuestos a que se refiere el párrafo quinto del artículo 16 constitucional; en cuyo caso al ser detenidos el quejoso no podrá ser retenido por el Agente del Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas o noventa y seis, según corresponda, término dentro del cual se deberá ordenar su libertad o consignación ante la autoridad judicial. Ahora bien, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del numeral 79 de la Ley de Amparo); en consecuencia, se apercibe a la parte quejosa que si el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, manifiesta su imposibilidad de notificar a alguna de las autoridades responsables debido a su inexistencia, o bien, que alguna de las diversas autoridades informe que no existe otra de las autoridades, o en caso que el Servicio Postal Mexicano devuelva el sobre del oficio de transcripción de este proveído por inexistencia de la autoridad destinataria, sin mayor trámite, se les tendrá como inexistentes, suspendiéndose toda comunicación procesal con las mismas y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable, tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. De conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 29, 30 y 31 del mismo ordenamiento legal, infórmese a las autoridades responsables que las notificaciones en el presente juicio de amparo, entre ellas, el auto que tenga por recibido el informe justificado, el acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir, se les notificarán por lista; salvo aquellas que se estime deban efectuarse en forma personal, las cuales se harán por medio de oficio.4 INEFICACIA DE LA SUSPENSIÓN RESPECTO DE ACTOS CONSUMADOS O DISTINTOS Se hace del conocimiento tanto de la quejosa como de la autoridad responsable, que la presente suspensión no surtirá ningún efecto si los actos ya fueron consumados o son diferentes al que por esta vía se reclaman, ya que el artículo 131 de la Ley de Amparo establece que en ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no hayan tenido los quejosos antes de la presentación de la demanda. COPIAS Como lo solicita el promovente, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse a su costa las copias certificadas del presente proveído, en un solo tanto, previa razón de recibo que obre en autos. Sustenta lo anterior la Tesis: IX.1o.7 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado Del Noveno Circuito, de la Décima Época, visible en la página 2387, Libro 10, septiembre de 2014, tomo III de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE DE AMPARO. PUEDEN SOLICITARSE EN CUALQUIER ESTADO PROCESAL Y SU EXPEDICIÓN DEBE SER EN UN SOLO TANTO O EN UNA OCASIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." En el entendido que para su entrega deberá tramitarse en día y hora hábil, debiendo traer consigo las hojas necesarias para que este órgano jurisdiccional imprima las copias, de no ser así no podrá realizarse dicho trámite, debido a que no se cuenta con centro de fotocopiado. No obstante lo anterior, pude obtener la impresión correspondiente de este acuerdo, publicado en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, la cual contiene las firmas electrónicas de los funcionarios públicos que lo suscribieron, la cual para efectos jurídicos es el equivalente electrónico al de la firma manuscrita, que da por validado el contenido del acuerdo correspondiente, ya que es el conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a otros o asociados con ellos, que son utilizados como medio de identificación del firmante. Notifíquese

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