Juan Carlos Villagómez Moreno
Expediente 742/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 742/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 27/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Carlos Villagómez Moreno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por el secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, mediante el cual, derivado de la separación de actos ordenada en el presente juicio el diecinueve de los actuales, el órgano de su adscripción se avocó al conocimiento de la demanda promovida por *************, por conducto de su apoderado ************, contra el acto atribuible al Juez de Oralidad Familiar de la ciudad de Salvatierra, Guanajuato; por lo que, solicita la vinculación del expediente electrónico para su debida integración. En ese sentido, como lo solicita, se hace disponible el presente expediente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a efecto de que pueda ser consultado.
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por la secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual, derivado de la separación de actos ordenada en el presente juicio el diecinueve de los actuales, el órgano de su adscripción se avocó al conocimiento de la demanda promovida por *************, por conducto de su apoderado ***********, contra el acto atribuible al Juez Primero Civil de Partido Especializado en Extinción de Dominio, residente en Guanajuato, capital; por lo que, solicita la vinculación del expediente electrónico para su debida integración. En ese sentido, como lo solicita, se hace disponible el presente expediente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a efecto de que pueda ser consultado.
- Principal
Agréguese en autos el escrito signado por el directo quejoso ***********; en atención a su contenido y de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo, téngasele dando cumpliendo al requerimiento que se le hizo en proveído de ocho de los actuales, toda vez que bajo protesta de decir verdad manifiesta que: Conoció del juicio ************** de la estadística del Juzgado Primero Civil de Partido Especializado en Extinción de Dominio, con sede en Guanajuato, capital, el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Desconoce la totalidad del contenido del auto de doce de junio de dos mil veintitrés que reclama, ya que no es parte, sólo sabe que fue dictado en el juicio ************ del índice del Juzgado Primero Civil de Partido Especializado en Extinción de Dominio, con sede en Guanajuato, capital, y que en la lista del poder judicial del estado aparece la síntesis que dice: "Se otorga escritura en rebeldía. Se deja expediente a disposición del notario." Respecto al juicio especial hipotecario a que hace mención en su demanda, solo se trató de un error de dedo, ya que realmente quería referirse al juicio especial civil número ************. Ahora bien, el párrafo segundo del artículo 17 de la Carta Magna establece: Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Numeral que reconoce como derecho fundamental de las personas, la impartición de justicia de manera pronta, completa e imparcial, atendiendo a los plazos y términos que fijen las leyes. En ese sentido, si bien es cierto la separación de juicios no está regulada en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, atendiendo al precepto constitucional citado, así como a la interpretación armónica de la legislación de amparo citada, el suscrito juzgador considera que es procedente dicha separación, cuando se advierta que en un mismo juicio de amparo se reclamen actos provenientes de diversos juicios, siempre y cuando éstos tengan existencia autónoma y no dependan entre sí, para evitar el dictado de una sentencia incongruente consigo misma, con la consecuente problemática que implicaría su cumplimiento, así como la tramitación y resolución de una eventual revisión. Atento a los razonamientos expuestos, así como a los criterios citados, este juzgador federal advierte que los actos reclamados están desvinculados entre sí, pues en una misma demanda el quejoso reclama: Del Juez Primero Civil de Partido Especializado en Extinción de Dominio, residente en Guanajuato, capital, todo lo actuado en el juicio ***********, especialmente el auto de doce de junio de dos mil veintitrés, con el cual se ordena el otorgamiento de escritura en rebeldía y se deja a disposición el expediente del notario, ello derivado de su falta de llamamiento a dicho juicio. Del Juez de Oralidad Familiar de la ciudad de Salvatierra, Guanajuato, la omisión de ejecutar el convenio de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, firmado y elevado a la categoría de cosa juzgada en el juicio ************* que sobre pensión alimenticia promovió en contra de su madre **************. Del Registrador Público de la Propiedad de la ciudad de Salvatierra, Guanajuato, la negativa de inscribir en la dependencia a su cargo el embargo del bien inmueble ubicado en calle Hortensia, número 112, de la colonia Victoria, del municipio de Salvatierra, Guanajuato. Circunstancia que hace evidente la ausencia de vinculación de dichos actos, pues la falta de llamamiento del quejoso al juicio *********** del índice del Juez Primero Civil de Partido Especializado en Extinción de Dominio, residente en Guanajuato, capital, resulta ser un acto independiente a la omisión de ejecutar el convenio firmado y elevado a la categoría de cosa juzgada en el juicio ************ atribuida al Juez de Oralidad Familiar de la ciudad de Salvatierra, Guanajuato, así como a la negativa del Registrador Público de la Propiedad de la ciudad de Salvatierra, Guanajuato, de inscribir en la dependencia a su cargo el embargo de un inmueble, lo que los hace ser autónomos. Por tanto, al resultar necesaria la tramitación y estudio en forma separada de los actos reclamados en esta instancia constitucional, se decreta la separación de las afectaciones que reclama el quejoso al Juez Primero Civil de Partido Especializado en Extinción de Dominio, residente en Guanajuato, dentro del juicio *************, y al Juez de Oralidad Familiar de la ciudad de Salvatierra, Guanajuato, en el diverso el juicio ********** de su índice, para que se tramiten por cuerda separada. En esas condiciones, se ordena: Obtener copia certificada de la demanda, del escrito aclaratorio y de las determinaciones acaecidas en el presente juicio, para la formación de los nuevos juicios de amparo. Una vez hecho lo anterior, remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad de Celaya, para los efectos del registro correspondiente de las demandas de que se trata y se sirva remitir al órgano jurisdiccional que por turno le corresponda conocer para su trámite correspondiente, únicamente en lo relativo a los actos reclamados al Juez Primero Civil de Partido Especializado en Extinción de Dominio, residente en Guanajuato, dentro del juicio **********, y al Juez de Oralidad Familiar de la ciudad de Salvatierra, Guanajuato, en el diverso el juicio ********* de su índice. En tales condiciones, en el presente expediente se conocerá únicamente de la negativa del Registrador Público de la Propiedad de la ciudad de Salvatierra, Guanajuato, de inscribir en la dependencia a su cargo el embargo del inmueble ubicado en calle **************. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda respecto de dicho acto reclamado, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 -fracción XIV- de la Ley de Amparo, que estatuye: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos previstos. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el término genérico de quince días para la presentación de la demanda correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. De lo anterior se sigue que el artículo 18 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para presentar la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que la parte quejosa se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso b) es necesario que esté acreditado que la parte quejosa tuvo conocimiento de los actos de los que se duele, pues sólo de esta manera el término de quince días para presentar la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que conoció. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia invocada, es necesario apuntar que el quejoso allegó a su demanda de amparo la impresión de la documental titulada: "SOLICITUD DENEGADA", la cual fue emitida por el Registro Público de la Propiedad de Salvatierra, Guanajuato, el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, como respuesta a su solicitud de inscripción del embargo trabado sobre el inmueble con folio real *******, ubicado en calle ***************, a favor del quejoso, misma que de conformidad con los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, y de la que se desprende que la negativa de inscribir deriva de la inmovilización de dicho predio ordenada por el Juez Primero Civil de Partido de Guanajuato, capital, en el juicio sumario hipotecario ************ de su índice. Es decir, se desprende que el solicitante del amparo tuvo conocimiento del acto que le atribuye al Registro Público de la Propiedad de Salvatierra, Guanajuato, desde el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, fecha en que dicha autoridad emitió la negativa de inscribir el embargo solicitado. Esto es, el quejoso se hizo sabedor del acto que reclama en esta instancia constitucional, con mucho más anticipación del término de quince días que establece el mencionado artículo 17 de la Ley de Amparo, para instar el juicio constitucional. De lo anterior se advierte que en el caso concreto, el término genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto ante el Juez de Distrito competente, comenzó para el quejoso a partir del día hábil siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados, esto es, a partir del veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, y le feneció el trece de junio del mismo año, descontándose los días veintisiete y veintiocho de mayo, así como el tres, cuatro, diez y once de junio de la presente anualidad por ser inhábiles. De ahí que si el quejoso presentó la demanda que se analiza el seis de septiembre de dos mil veintitrés en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, es inconcuso que se hizo con posterioridad al término que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, ante lo cual resulta manifiesto que se actualice en forma notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; por ende, el acto reclamado por el quejoso fue consentido tácitamente por el recurrente. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia respecto del acto atribuible al Registrador Público de la Propiedad de Salvatierra, Guanajuato, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el escrito signado por el directo quejoso ***********; en atención a su contenido y de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo, téngasele dando cumpliendo al requerimiento que se le hizo en proveído de ocho de los actuales, toda vez que bajo protesta de decir verdad manifiesta que: Conoció del juicio ************** de la estadística del Juzgado Primero Civil de Partido Especializado en Extinción de Dominio, con sede en Guanajuato, capital, el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Desconoce la totalidad del contenido del auto de doce de junio de dos mil veintitrés que reclama, ya que no es parte, sólo sabe que fue dictado en el juicio ************ del índice del Juzgado Primero Civil de Partido Especializado en Extinción de Dominio, con sede en Guanajuato, capital, y que en la lista del poder judicial del estado aparece la síntesis que dice: "Se otorga escritura en rebeldía. Se deja expediente a disposición del notario." Respecto al juicio especial hipotecario a que hace mención en su demanda, solo se trató de un error de dedo, ya que realmente quería referirse al juicio especial civil número ************. Ahora bien, el párrafo segundo del artículo 17 de la Carta Magna establece: Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Numeral que reconoce como derecho fundamental de las personas, la impartición de justicia de manera pronta, completa e imparcial, atendiendo a los plazos y términos que fijen las leyes. En ese sentido, si bien es cierto la separación de juicios no está regulada en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, atendiendo al precepto constitucional citado, así como a la interpretación armónica de la legislación de amparo citada, el suscrito juzgador considera que es procedente dicha separación, cuando se advierta que en un mismo juicio de amparo se reclamen actos provenientes de diversos juicios, siempre y cuando éstos tengan existencia autónoma y no dependan entre sí, para evitar el dictado de una sentencia incongruente consigo misma, con la consecuente problemática que implicaría su cumplimiento, así como la tramitación y resolución de una eventual revisión. Atento a los razonamientos expuestos, así como a los criterios citados, este juzgador federal advierte que los actos reclamados están desvinculados entre sí, pues en una misma demanda el quejoso reclama: Del Juez Primero Civil de Partido Especializado en Extinción de Dominio, residente en Guanajuato, capital, todo lo actuado en el juicio ***********, especialmente el auto de doce de junio de dos mil veintitrés, con el cual se ordena el otorgamiento de escritura en rebeldía y se deja a disposición el expediente del notario, ello derivado de su falta de llamamiento a dicho juicio. Del Juez de Oralidad Familiar de la ciudad de Salvatierra, Guanajuato, la omisión de ejecutar el convenio de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, firmado y elevado a la categoría de cosa juzgada en el juicio ************* que sobre pensión alimenticia promovió en contra de su madre **************. Del Registrador Público de la Propiedad de la ciudad de Salvatierra, Guanajuato, la negativa de inscribir en la dependencia a su cargo el embargo del bien inmueble ubicado en calle Hortensia, número 112, de la colonia Victoria, del municipio de Salvatierra, Guanajuato. Circunstancia que hace evidente la ausencia de vinculación de dichos actos, pues la falta de llamamiento del quejoso al juicio *********** del índice del Juez Primero Civil de Partido Especializado en Extinción de Dominio, residente en Guanajuato, capital, resulta ser un acto independiente a la omisión de ejecutar el convenio firmado y elevado a la categoría de cosa juzgada en el juicio ************ atribuida al Juez de Oralidad Familiar de la ciudad de Salvatierra, Guanajuato, así como a la negativa del Registrador Público de la Propiedad de la ciudad de Salvatierra, Guanajuato, de inscribir en la dependencia a su cargo el embargo de un inmueble, lo que los hace ser autónomos. Por tanto, al resultar necesaria la tramitación y estudio en forma separada de los actos reclamados en esta instancia constitucional, se decreta la separación de las afectaciones que reclama el quejoso al Juez Primero Civil de Partido Especializado en Extinción de Dominio, residente en Guanajuato, dentro del juicio *************, y al Juez de Oralidad Familiar de la ciudad de Salvatierra, Guanajuato, en el diverso el juicio ********** de su índice, para que se tramiten por cuerda separada. En esas condiciones, se ordena: Obtener copia certificada de la demanda, del escrito aclaratorio y de las determinaciones acaecidas en el presente juicio, para la formación de los nuevos juicios de amparo. Una vez hecho lo anterior, remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad de Celaya, para los efectos del registro correspondiente de las demandas de que se trata y se sirva remitir al órgano jurisdiccional que por turno le corresponda conocer para su trámite correspondiente, únicamente en lo relativo a los actos reclamados al Juez Primero Civil de Partido Especializado en Extinción de Dominio, residente en Guanajuato, dentro del juicio **********, y al Juez de Oralidad Familiar de la ciudad de Salvatierra, Guanajuato, en el diverso el juicio ********* de su índice. En tales condiciones, en el presente expediente se conocerá únicamente de la negativa del Registrador Público de la Propiedad de la ciudad de Salvatierra, Guanajuato, de inscribir en la dependencia a su cargo el embargo del inmueble ubicado en calle **************. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda respecto de dicho acto reclamado, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 -fracción XIV- de la Ley de Amparo, que estatuye: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos previstos. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el término genérico de quince días para la presentación de la demanda correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. De lo anterior se sigue que el artículo 18 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para presentar la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que la parte quejosa se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso b) es necesario que esté acreditado que la parte quejosa tuvo conocimiento de los actos de los que se duele, pues sólo de esta manera el término de quince días para presentar la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que conoció. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia invocada, es necesario apuntar que el quejoso allegó a su demanda de amparo la impresión de la documental titulada: "SOLICITUD DENEGADA", la cual fue emitida por el Registro Público de la Propiedad de Salvatierra, Guanajuato, el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, como respuesta a su solicitud de inscripción del embargo trabado sobre el inmueble con folio real *******, ubicado en calle ***************, a favor del quejoso, misma que de conformidad con los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, y de la que se desprende que la negativa de inscribir deriva de la inmovilización de dicho predio ordenada por el Juez Primero Civil de Partido de Guanajuato, capital, en el juicio sumario hipotecario ************ de su índice. Es decir, se desprende que el solicitante del amparo tuvo conocimiento del acto que le atribuye al Registro Público de la Propiedad de Salvatierra, Guanajuato, desde el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, fecha en que dicha autoridad emitió la negativa de inscribir el embargo solicitado. Esto es, el quejoso se hizo sabedor del acto que reclama en esta instancia constitucional, con mucho más anticipación del término de quince días que establece el mencionado artículo 17 de la Ley de Amparo, para instar el juicio constitucional. De lo anterior se advierte que en el caso concreto, el término genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto ante el Juez de Distrito competente, comenzó para el quejoso a partir del día hábil siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados, esto es, a partir del veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, y le feneció el trece de junio del mismo año, descontándose los días veintisiete y veintiocho de mayo, así como el tres, cuatro, diez y once de junio de la presente anualidad por ser inhábiles. De ahí que si el quejoso presentó la demanda que se analiza el seis de septiembre de dos mil veintitrés en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, es inconcuso que se hizo con posterioridad al término que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, ante lo cual resulta manifiesto que se actualice en forma notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; por ende, el acto reclamado por el quejoso fue consentido tácitamente por el recurrente. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia respecto del acto atribuible al Registrador Público de la Propiedad de Salvatierra, Guanajuato, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.
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