Juan Carlos Villafaña Aguirre

Expediente 1106/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1106/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
01/08/2017

Partes del expediente

  • Juan Carlos Villafaña Aguirre

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, uno de agosto de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que el quejoso no interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, catorce de julio de dos mil diecisiete. Integrese a los autos el oficio de la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, por medio del cual remite la guía de estafeta relativa al oficio 49539/2016; en ese orden, glósense a los autos para debida constancia legal. Asimismo, visto el estado procesal de los autos, se advierte que se encuentra pendiente por enviar el recurso de revisión interpuesto por la responsable Secretaría de Hacienda y Crédito Público en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pues al dictado del presente no se cuenta con el acuse del oficio 428/2017, dirigido a la autoridad responsable precitada. Por tanto, en obvio de mayores dilaciones procesales, solicítese al Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que dentro del término de veinticuatro horas, contadas legalmente, remita copia certificada del acuse de recibo del oficio 428/2017, por el que se hizo de su conocimiento el auto de nueve de enero de dos mil diecisiete; información que podrá remitir al FAX al número (01.722) 2.36.05.00, extensión 3257 o VÍA INTERNET, al correo electrónico oficial tramite2@correo.cjf.gob.mx; que deberá ser confirmado a la extensión 3255; apercibido que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, lo anterior, conforme a lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    SE NOTIFICA AL QUEJOSO EL PROVEÍDO DE CATORCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE POR MEDIO DE LISTA: "RADICACIÓN Y REGISTRO. Vista la demanda de cuenta, promovida por Juan Carlos Villafaña Aguirre, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1106/2017-I-A. DESECHAMIENTO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. En el caso, el quejoso reclama lo siguiente: La dilación a dar cumplimiento al laudo de cuatro de octubre de dos mil dieciséis, emitido en el juicio laboral 375/2012, del índice de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, acto que le atribuye a la parte demandada en el juicio de origen, esto es, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al señalarla como autoridad responsable. Establecido lo anterior, en relación con el acto reclamado, se advierte que la demanda intentada deviene improcedente conforme lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción II del artículo 5° de dicho ordenamiento legal. En ese sentido, se precisa que tales preceptos legales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, tendiendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Luego, debe puntualizarse que la fracción XXIII del artículo 61, de la invocada Ley de Amparo, contempla la posibilidad de actualizarse alguna causa de improcedencia diversa a las enumeradas en las fracciones procedentes, de manera tal que éste apartado da sustento y apoyo legal a la improcedencia legal y jurisprudencial; es decir, la derivada de disposiciones distintas a las fracciones procedentes, mismas que pueden obtenerse de la misma Ley de Amparo, de la Constitución General de la Republica y de la Jurisprudencia. Lo anterior implica que los supuestos legales establecidos en las primeras veintidós fracciones del numeral 61 de la ley de la materia, no son las únicas causas por las que puede decretarse la improcedencia de la vía constitucional, pues existe la posibilidad de aplicación analógica de situaciones diversas, derivada de otra disposición de Ley de Amparo, de la Constitución General de la República o de la Jurisprudencia. Para lo cual, del escrito de demanda se aprecia que la parte quejosa reclama la omisión de la autoridad responsable (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado) de dar cumplimiento a las prestaciones a que se condenó a dicho instituto en el laudo dictado en el juicio laboral 375/2012, del índice de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, del Estado de México. En principio, si bien es cierto que las autoridad responsable (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado) es ente público, también lo es que en el contexto del asunto sometido a la consideración de este juzgado, aquélla no ejecuta el acto que se le reclama como autoridad, es decir, en un plano de supra a subordinación, sino dentro de una relación jurídica de coordinación. Se afirma lo anterior, dado que la autoridad responsable, derivado de sus facultades legales, actúa en un doble carácter: a) Como ente público autónomo cuando actúa en un plano de supra a subordinación en relación con la función o actividades que le confiere la ley, frente a la ciudadanía en general; y, b) Como ente privado, cuando lo hace en un plano de igualdad, dentro de una relación jurídica de coordinación (en el caso, al actuar como parte dentro de un proceso legal). En esa tesitura, el acto reclamado (dilación de cumplimiento al laudo laboral) no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que tiene su origen en una relación jurídica entre la parte quejosa (como parte actora) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (demandado) y, por tanto, en esos supuestos, se conduce bajo una relación de coordinación entablada entre particulares, en la que éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, ya que existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación por tratarse de un juicio entablado entre particulares. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 79/2014 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "AYUNTAMIENTOS DE QUINTANA ROO Y YUCATÁN. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El incumplimiento a un laudo por los Ayuntamientos de Quintana Roo y Yucatán, derivado de un juicio laboral en el que figuraron como parte demandada, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque en el marco normativo de esas entidades federativas, los tribunales burocráticos estatales cuentan con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y la ejecución de sus laudos, lo que supone que se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y la igualdad procesal que subyace en ellas también se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos; es decir, los Ayuntamientos demandados no actúan en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación laboral con el particular actor. En las condiciones expuestas, este juzgado de Distrito sostiene que la acción constitucional promovida es improcedente, pues la responsable referida, no está investida de las facultades que caracterizan a las autoridades, ello en atención a que de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso demandó del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado diversas prestaciones laborales, el cual se radicó ante la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, bajo el expediente 375/2012, y seguido en sus etapas procesales se le condenó en el laudo respectivo a dicho Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado al pago de las prestaciones correspondientes; por ende, debe entenderse que es contraparte del aquí quejoso, de ahí que no pueda tener el carácter de responsable, en virtud de que actúa en una relación de coordinación respecto del quejoso y no de supra a subordinación. Actuar de otra manera, implicaría que este Juzgado de Distrito se substituyera en las funciones de la autoridad jurisdiccional a quien compete lograr ese cumplimiento. En las condiciones anotadas, dado que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación al numeral 5° fracción II, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113, de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir del quejoso el señalado en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que esto se avala en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos."

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