Juan Carlos Victorio Mendoza

Expediente 839/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
839/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
24/09/2019

Partes del expediente

  • Juan Carlos Victorio Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    IV. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio 2528/2019, signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo de las copias certificadas del juicio laboral 957/2017, que adjuntó a su informe de ley. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de tres de septiembre de dos mil diecinueve, comunicada en oficio CCJ/ST/4248/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    IV. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de ellos se advierte que se omitió remitir el oficio correspondiente a la autoridad responsable, siendo esta el Actuario de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta Ciudad, que contiene el acuerdo de quince de agosto del año en curso. Por tanto, con apoyo en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, gírese atento oficio a la citada autoridad; lo anterior, con transcripción de este acuerdo y reexpídase el auto de quince de agosto del presente año, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    IV. Agréguese a estos autos el oficio signado por la Presidente de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña, mediante el cual cumple con el requerimiento de dos de agosto del año en curso. Constancias de las que se advierte que el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, fue celebrada la audiencia de ratificación de contenido y firma de las documentales ofrecidas por la demandada marcada con el número cuatro, así como su notificación a Rosa Marina Camacho, Adilia Guadalupe Tzuc Peña, Lilia Alejandra Moreno Osorio, Hermenegilda Cauich Ucan, Alfonso Albert Lope Hernández, Sara Elena Alpuche Estrada, Raymundo Piña Basulto y Juan Carlos Victorio Mendoza, siendo que por lo que respecta a los diversos ratificantes, Pablo Arturo Vergara López, David Martín Arceo Jiménez, Gerardo Leal Ortega y Pablo Arturo Vergara López, se llevó a cabo el doce de agosto del año en curso, dicha audiencia de ratificación. Asimismo, por lo que toca a Leidy Elizabeth Couoh Moo, se señaló como diversa fecha el veintiséis de agosto de dos mil diecinueve. En relación al desahogo de la audiencia de ratificación de contenido y firma de la documental 5, a cargo de Juan Carlos Victorio Mendoza y Alejandro Castro Cordero, el uno de marzo del año en curso, fue celebrada dicha audiencia; asimismo se señaló el once de septiembre de dos mil diecinueve, respecto a Alejandro Castro Cordero, el que incluso ya está notificado tal y como se advierte de dichas constancias; además de que el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, se realizó el desahogo de la inspección ofrecida, todo lo anterior en autos del expediente 957/2017. Ahora bien, se trae a colación que el acto que el quejoso reclamó en su demanda de amparo, consistió en la omisión de la Junta responsable de notificar a los ratificantes de diversas probanzas ofrecidas por las partes en el expediente 957/2017, así como su desahogo. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos de los actos reclamados han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la omisión atribuida a la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, respecto de notificar a los ratificantes de diversas probanzas ofrecidas por las partes en el expediente 957/2017, así como su desahogo. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que la Presidenta de la Junta responsable adjuntó a su informe con justificación y al oficio de mérito, se desprende que el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, fue celebrada la audiencia de ratificación de contenido y firma de las documentales ofrecidas por la demandada marcada con el número cuatro, así como su notificación a Rosa Marina Camacho, Adilia Guadalupe Tzuc Peña, Lilia Alejandra Moreno Osorio, Hermenegilda Cauich Ucan, Alfonso Albert Lope Hernández, Sara Elena Alpuche Estrada, Raymundo Piña Basulto y Juan Carlos Victorio Mendoza, siendo que por lo que respecta a los diversos ratificantes, Pablo Arturo Vergara López, David Martín Arceo Jiménez, Gerardo Leal Ortega y Pablo Arturo Vergara López, se llevó a cabo el doce de agosto del año en curso, dicha audiencia de ratificación. Asimismo, por lo que toca a Leidy Elizabeth Couoh Moo, se señaló como diversa fecha el veintiséis de agosto de dos mil diecinueve. En relación al desahogo de la audiencia de ratificación de contenido y firma de la documental 5, a cargo de Juan Carlos Victorio Mendoza y Alejandro Castro Cordero, el uno de marzo del año en curso, fue celebrada dicha audiencia; asimismo se señaló el once de septiembre de dos mil diecinueve, respecto a Alejandro Castro Cordero, el que incluso ya está notificado; además de que el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, se realizó el desahogo de la inspección ofrecida en autos del expediente 957/2017. Dichas documentales, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que la Junta responsable notificó y desahogo las pruebas ofrecidas por las partes en el expediente laboral de origen, de tal forma que, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la fecha y hora de la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTISIETE MINUTOS DEL TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Asimismo, resulta necesario destacar, que para este órgano jurisdiccional no pasa desapercibida la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITES EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO". Cuando de la demanda de garantías, se advierta que el acto impugnado proviene de un juicio o de un procedimiento seguido en forma de juicio en donde haya intervenido el quejoso y su contraparte, debe considerarse a este último como tercero perjudicado, aun cuando en el juicio de amparo se reclamen violaciones a las garantías consagradas en los artículos 8o. y 17 de la Constitución Federal, en específico, por la falta de acuerdo a una promoción o la omisión de alguna autoridad jurisdiccional de dictar la resolución que ponga fin a un juicio o a un procedimiento seguido en forma de juicio; pues la figura del tercero perjudicado no puede dejar de existir, en función de la naturaleza de los actos que se impugnen, pues el carácter de tercero perjudicado que tiene la contraparte del agraviado, deviene expresamente de lo dispuesto en el inciso a) de la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, y su intervención como tal en el juicio de garantías constituye un derecho procesal legalmente tutelado." En base a ello, no obsta que les recaiga el carácter de tercero interesados al Instituto Mexicano del Seguro Social, y que no haya sido emplazada en este juicio de amparo, pues ello no impide a este juzgador pronunciarse en el sentido de decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, dado que la presente resolución en nada agravia a sus posibles derechos vinculados directamente con las peticiones que la parte quejosa solicitó en el juicio laboral de origen. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LAS PARTES. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    IV. Agréguese a estos autos el oficio signado por la Presidente de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña, mediante el cual cumple con el requerimiento de dos de agosto del año en curso. Constancias de las que se advierte que el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, fue celebrada la audiencia de ratificación de contenido y firma de las documentales ofrecidas por la demandada marcada con el número cuatro, así como su notificación a Rosa Marina Camacho, Adilia Guadalupe Tzuc Peña, Lilia Alejandra Moreno Osorio, Hermenegilda Cauich Ucan, Alfonso Albert Lope Hernández, Sara Elena Alpuche Estrada, Raymundo Piña Basulto y Juan Carlos Victorio Mendoza, siendo que por lo que respecta a los diversos ratificantes, Pablo Arturo Vergara López, David Martín Arceo Jiménez, Gerardo Leal Ortega y Pablo Arturo Vergara López, se llevó a cabo el doce de agosto del año en curso, dicha audiencia de ratificación. Asimismo, por lo que toca a Leidy Elizabeth Couoh Moo, se señaló como diversa fecha el veintiséis de agosto de dos mil diecinueve. En relación al desahogo de la audiencia de ratificación de contenido y firma de la documental 5, a cargo de Juan Carlos Victorio Mendoza y Alejandro Castro Cordero, el uno de marzo del año en curso, fue celebrada dicha audiencia; asimismo se señaló el once de septiembre de dos mil diecinueve, respecto a Alejandro Castro Cordero, el que incluso ya está notificado tal y como se advierte de dichas constancias; además de que el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, se realizó el desahogo de la inspección ofrecida, todo lo anterior en autos del expediente 957/2017. Ahora bien, se trae a colación que el acto que el quejoso reclamó en su demanda de amparo, consistió en la omisión de la Junta responsable de notificar a los ratificantes de diversas probanzas ofrecidas por las partes en el expediente 957/2017, así como su desahogo. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos de los actos reclamados han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la omisión atribuida a la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, respecto de notificar a los ratificantes de diversas probanzas ofrecidas por las partes en el expediente 957/2017, así como su desahogo. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que la Presidenta de la Junta responsable adjuntó a su informe con justificación y al oficio de mérito, se desprende que el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, fue celebrada la audiencia de ratificación de contenido y firma de las documentales ofrecidas por la demandada marcada con el número cuatro, así como su notificación a Rosa Marina Camacho, Adilia Guadalupe Tzuc Peña, Lilia Alejandra Moreno Osorio, Hermenegilda Cauich Ucan, Alfonso Albert Lope Hernández, Sara Elena Alpuche Estrada, Raymundo Piña Basulto y Juan Carlos Victorio Mendoza, siendo que por lo que respecta a los diversos ratificantes, Pablo Arturo Vergara López, David Martín Arceo Jiménez, Gerardo Leal Ortega y Pablo Arturo Vergara López, se llevó a cabo el doce de agosto del año en curso, dicha audiencia de ratificación. Asimismo, por lo que toca a Leidy Elizabeth Couoh Moo, se señaló como diversa fecha el veintiséis de agosto de dos mil diecinueve. En relación al desahogo de la audiencia de ratificación de contenido y firma de la documental 5, a cargo de Juan Carlos Victorio Mendoza y Alejandro Castro Cordero, el uno de marzo del año en curso, fue celebrada dicha audiencia; asimismo se señaló el once de septiembre de dos mil diecinueve, respecto a Alejandro Castro Cordero, el que incluso ya está notificado; además de que el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, se realizó el desahogo de la inspección ofrecida en autos del expediente 957/2017. Dichas documentales, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que la Junta responsable notificó y desahogo las pruebas ofrecidas por las partes en el expediente laboral de origen, de tal forma que, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la fecha y hora de la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTISIETE MINUTOS DEL TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Asimismo, resulta necesario destacar, que para este órgano jurisdiccional no pasa desapercibida la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITES EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO". Cuando de la demanda de garantías, se advierta que el acto impugnado proviene de un juicio o de un procedimiento seguido en forma de juicio en donde haya intervenido el quejoso y su contraparte, debe considerarse a este último como tercero perjudicado, aun cuando en el juicio de amparo se reclamen violaciones a las garantías consagradas en los artículos 8o. y 17 de la Constitución Federal, en específico, por la falta de acuerdo a una promoción o la omisión de alguna autoridad jurisdiccional de dictar la resolución que ponga fin a un juicio o a un procedimiento seguido en forma de juicio; pues la figura del tercero perjudicado no puede dejar de existir, en función de la naturaleza de los actos que se impugnen, pues el carácter de tercero perjudicado que tiene la contraparte del agraviado, deviene expresamente de lo dispuesto en el inciso a) de la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, y su intervención como tal en el juicio de garantías constituye un derecho procesal legalmente tutelado." En base a ello, no obsta que les recaiga el carácter de tercero interesados al Instituto Mexicano del Seguro Social, y que no haya sido emplazada en este juicio de amparo, pues ello no impide a este juzgador pronunciarse en el sentido de decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, dado que la presente resolución en nada agravia a sus posibles derechos vinculados directamente con las peticiones que la parte quejosa solicitó en el juicio laboral de origen

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