Juan Carlos Venancio Martínez

Expediente 934/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 10 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
934/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
22/09/2022

Partes del expediente

  • Juan Carlos Venancio Martínez
  • Juan Carlos Venancio Martínez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    ... Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee este juicio de amparo promovido por Juan Carlos Venancio Martínez, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas y por los motivos expuestos en el tercer considerativo de la presente resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Juan Carlos Venancio Martínez, respecto de los actos reclamados al Agentes del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio adscritos a la Unidad General de Investigación Números Uno y Tres, con sede en esta ciudad, por los motivos legales expuestos en el considerando sexto de esta resolución. Notifíquese. ...

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, cuatro de agosto de dos mil veintidós. Vista la razón actuarial que antecede, se desprende que al actuario de la adscripción no le fue posible notificar el proveído de veintisiete de julio del año en curso, inserto en el oficio 15259/2022-IV, dirigido a la autoridad señalada como responsables "Encargado de la Coordinación Municipal de la Policía Estatal Acreditable en Reynosa, Tamaulipas", por los motivos ahí expuestos. Por tanto, con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa por un plazo de tres días, computado legalmente, a fin de que manifieste lo que a su derecho estime pertinente; con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrán como inexistente a dicha autoridad responsable; mientras tanto, suspéndase toda comunicación con la misma.

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintisiete de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se desprende la imposibilidad de celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, en virtud de que el presente juicio de amparo no se encuentra debidamente integrado; dado que las autoridades responsables Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio adscrito a la Unidad General de Investigación Número Uno; Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio adscrito a la Unidad General de Investigación Número Tres; y Comisionado de la Policía Estatal Acreditable, todas con sede en esta ciudad, no han rendido su informe justificado. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, y numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, requiérase de nueva cuenta a las aludidas autoridades responsables, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, remitan copia certificada de la totalidad de las constancias relativas al acto reclamado, lo anterior, toda vez que resultan necesarias para estar en posibilidad de resolver el presente juicio de amparo. Se apercibe a las citadas autoridades responsables, que de no cumplir con la encomienda impuesta, o de no informar el impedimento legal que tengan para ello, se les impondrá de manera individual una multa de cien veces el valor diario que tenga en esta fecha la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 251 de la Ley de Amparo. Por tanto, para dar oportunidad a la integración de este juicio, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las ONCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. En otro contexto, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por recibida la intervención ministerial 403/2022, signada por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, por medio de la cual formula diversas manifestaciones a guisa de alegatos, las cuales se relacionaran en la audiencia constitucional. Por otro lado con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, una vez que se dicte la sentencia correspondiente, hágase entrega de la misma a la Representación Social de la Federación, previa razón que de su recibo se deje en autos. Finalmente, visto el estado que guardan los autos, se advierte que ha trascurrido el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de treinta de mayo de dos mil veintidós, sin que realizará manifestación alguna respecto a la imposibilidad de notificar a las autoridades señaladas como responsables: Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República; Comisionado de la Policía Federal Investigadora y Comisionado de la Policía Estatal Investigadora, todas con sede en esta ciudad; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el referido auto, y se tienen como inexistentes a las mencionadas autoridades, suspendiéndose toda comunicación con las mismas. Apoya lo anterior la tesis III.2º.P.36 K, sustentada por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, visible en la página 2329, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, de enero de 2006, Novena Época, del rubro que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA." Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Mario Alberto Lara Escalante, Secretario quien autoriza y da fe.

  4. Incidental

    Relación de constancias. Por otra parte, el Secretario procede a hacer relación de las constancias que integran los presentes autos, entre las cuales se encuentra, copia del escrito inicial de demanda promovida por Juan Carlos Venancio Martínez; los informes previos rendidos por las autoridades responsables; y la intervención ministerial 272/2022, signada por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito; asimismo, en este acto el Secretario hace constar que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público del Procedimiento Penal Acusatorio adscrito a la Unidad General de Investigación Número Uno, con sede en esta ciudad, fue omisa en rendir su informe previo, no obstante estar debidamente notificada del oficio a través del cual se le solicitó, como se advierte de la constancia de entrega que obra agregada al presente incidente. De igual forma el secretario da cuenta al Juez con la intervención ministerial 381/2022, signada por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito, con la realiza diversas manifestaciones a guisa de alegatos, la cual quedó registrada con el 10428 A lo que el Juez acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias que antecede para los efectos legales procedentes, tómense en consideración los informes previos al momento de resolver el presente asunto, en cuanto a los alegatos de referencia, relaciónense en el periodo correspondiente de la presente audiencia; y respecto de la falta del informe previo de la autoridad responsable de referencia, resuélvase lo correspondiente en el considerando respectivo de la presente resolución. Periodo probatorio. Acto continuo, se abre el periodo probatorio, en el que el Secretario hace constar que las partes no ofertaron pruebas dentro del presente asunto. A lo que el Juez acuerda: Téngase por realizada la constancia secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar; sin pruebas que tener por relacionadas, se declara cerrado este periodo. Periodo de alegatos. Acto seguido, se abre el periodo de alegatos, en el que se da cuenta con los vertidos por la Agente de Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito en sus intervenciones ministeriales 272/2022 y 381/2022. A lo que el Juez acuerda: Téngase por formulados los alegatos de referencia, sin perjuicio de que sean tomados en cuenta al momento de resolver el presente asunto; sin más alegatos que relacionar se cierra el periodo de alegatos, y se da por concluida la presente audiencia, ordenando el suscrito Juez, se dicte la siguiente interlocutoria: Visto el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 934/2022-IV, promovido por Juan Carlos Venancio Martínez; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. De acuerdo a la técnica que rige el juicio de garantías, de conformidad con la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto que se reclama a la autoridad responsable, consiste en: La emisión de la orden de detención y/o aprehensión, así como su ejecución. SEGUNDO. Las autoridades responsables en su denominación correcta 1. Agentes del Ministerio Público de Procedimientos Penales Acusatorio y Oral Adscritos a la Unidad General de Investigación Número Dos; 2. Agentes del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio, Adscritos a la Unidad General de Investigación 4; 3. Encargado del Despacho de la Coordinación Municipal de la Policía Estatal Acreditable en Reynosa, Tamaulipas; 4. Agentes del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral, Adscritos a la Unidad General de Investigación Número Tres, todas con sede en esta ciudad, al rendir sus informes previos negaron la existencia del acto que se les atribuye, sin que la parte quejosa haya aportado prueba en contrario que desvirtúe dichas negativas, por lo que con fundamento en el artículo 144 de la ley de la materia, se niega la suspensión definitiva que solicita. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia VI.2o.J/19, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, Julio de 1995, página 133, registro electrónico 204855, que dice: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." TERCERO. La diversa autoridad responsable Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio adscrito a la Unidad General d Investigación Número Uno, con sede en esta ciudad, fue omisa en rendir su respectivo informe previo, no obstante estar debidamente notificada del auto por el cual se le solicitó; por tanto, se tiene por presuntivamente cierto los actos que a ellas se reclaman, con fundamento en lo dispuesto por el párrafo tercero, del artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, en el caso, se encuentran reunidos en el caso los requisitos exigidos por el artículo 128 de Ley de Amparo, ya que en primer lugar, esta suspensión fue solicitada por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, no se sigue perjuicio al interés social pues, en el caso, no se advierte hecho, acto o situación alguna que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, evite un trastorno o un mal público; ni se contravienen disposiciones de orden público, dado que los actos no versan de disposición alguna plasmada en los ordenamientos legales que tenga como fin inmediato y directo tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio. Además, que de ejecutarse los actos reclamados sería difícil la reparación de los daños y perjuicios que se ocasionen a la parte quejosa, pues se restringiría su libertad personal y deambulatoria que no podría restituirse con la obtención de sentencia favorable, por lo que de conformidad con los diversos numerales 162, 163 y 166 de la ley de la materia, si el hecho considerado como delito por la ley, no es grave o no amerita prisión oficiosa, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA de los actos reclamados para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que guardan, esto es, para que no se ejecuten actos tendentes a la privación de la libertad personal o deambulatoria del quejoso, atendiendo a la orden de detención y/o aprehensión, así como su ejecución, hasta en tanto, se notifique a las autoridades responsables del auto por el cual cause ejecutoria la sentencia constitucional que se dicte en el juicio principal. La presente medida suspensiva surte sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si el quejoso no exhibe ante este juzgado dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, garantía por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), en cualquiera de las formas previstas por la ley, preferentemente en billete de depósito expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, en el cual deberá aparecer como depositante el quejoso, para garantizar la devolución a la autoridad que la reclame, en caso de que no le sea favorable la sentencia que se pronuncie en el juicio de amparo del que deriva este incidente, previa declaración judicial en la que decrete que ha dejado de surtir efectos la suspensión concedida; además, dicha cantidad está sujeta a cambio. Lo anterior de conformidad con el artículo 168 de la Ley de la materia. En términos del artículo 128, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, la presente medida no surtirá efectos si se trata de órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Por otra parte, si la orden reclamada fue dictada en relación con un hecho que la ley señale como delito que amerite prisión preventiva oficiosa de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 de la Constitución Federal, el único efecto de la suspensión será que la parte quejosa, si es detenida, quede a disposición de este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, en cuanto a su libertad personal se refiere en el lugar en que quede recluida, y a disposición de la autoridad responsable correspondiente, por lo que hace a la continuación del procedimiento que en su caso se le siga, sin que tenga la obligación ante este Juzgado, de exhibir garantía. De igual manera, la medida cautelar no surtirá efectos en favor de la parte quejosa, si se le sorprende en flagrante hecho que la ley señale como delito, o bien, si se trata de cumplimentar una orden de orden de aprehensión, comparecencia, cita, entrevista e intromisión, dictada por autoridades distintas de las señaladas como responsables. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva a Juan Carlos Venancio Martínez, respecto de los actos y autoridades responsables precisadas en el considerando segundo de la presente interlocutoria. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva a Juan Carlos Venancio Martínez, respecto de los actos y autoridad responsable precisada en el considerando tercero de la presente interlocutoria. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Mario Alberto Lara Escalante, Secretario quien autoriza y da fe.

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