Juan Carlos Velázquez Armijo

Expediente 241/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
241/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
23/11/2020

Partes del expediente

  • Juan Carlos Velázquez Armijo

Actuaciones

  1. Principal

    Acuerdo vía remota Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 25/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ejecutoria Vista la certificación que antecede y en atención a que la Secretaria certifica que revisó el Libro de Oficialía de Partes de este Juzgado y constató que del veintiocho al once de noviembre de dos mil veinte, transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia dictada el veintidós de octubre del año en curso, sin que hayan hecho uso del recurso de revisión a que se alude; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2° de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a dicho ordenamiento, se declara que la citada resolución ha causado ejecutoria. Archivo En tales condiciones, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este Juzgado y del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido, en términos del numeral 214, de la Ley de la materia. Disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes De conformidad con el Artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se decretó el sobreseimiento, no existen documentos originales exhibidos por las partes, y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental amerite su conservación. Hágase la anotación en la carátula del expediente, de que es susceptible de destrucción. Centro Archivístico Una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto Décimo Primero del Acuerdo en comento, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte, previo las anotaciones a que se refiere el párrafo segundo de dicho punto. Notifíquese.

  2. Principal

    En San Luis Potosí, capital, a las trece horas con quince minutos del veintidós de octubre de dos mil veinte, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 241/2020-4, ante Fabiola Delgado Trejo, Juez Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí y Secretario con quien actúa y autoriza Adán Carmona Martínez, se declaró abierta sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el Secretario hace relación de las actuaciones existentes en autos, consistentes en: auto admisorio; constancias de notificación a las partes e informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Escrito En este momento se da cuenta con escrito de Juan Carlos Velázquez Armijo, mediante el cual designa nuevos abogados y domicilio para oír y recibir notificaciones, con exclusión de los señalados con anterioridad, el cual fue registrado bajo el número de correspondencia 10373. y 4 Razón actuarial En este momento se da cuenta con la razón del actuario judicial de la adscripción, mediante el cual informa que no pudo emplazar a la parte tercero interesada Comisariado Ejidal del Núcleo Agrario denominado "La Carbonera" Municipio de Matehuala, San Luis Potosí, por conducto de Ramiro Velázquez Reyna, Elvira Martínez López y Agustín Moreno Pérez, respectivamente en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero, por los motivos expuestos en la misma. Finalmente, se da cuenta con la certificación del Secretario de esta fecha, en la que hace constar: 1) Que habiendo revisado en la propia fecha la Oficialía de Partes del Juzgado de mí adscripción, no se encontró promoción alguna, en la que, con la anticipación de hasta tres días hábiles anteriores a la señalada para la celebración de la audiencia constitucional, las partes proporcionaran un correo electrónico y el nombre de la, o las personas que acudirán por vía electrónica en su representación; 2) Que una vez verificado con el Secretario de Guardia del Juzgado, ninguna de las partes entabló comunicación con la finalidad de comparecer a la audiencia fijada para el día de la fecha. A lo anterior la Juez acuerda, téngase hecha la relación que antecede, la que será considerada al resolver el presente asunto. Respecto al escrito del quejoso, como lo solicita y con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de amparo, se tiene como nuevo domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su ocurso de cuenta, el ubicado en calle Mariano Jiménez número 105, Colonia Moderna de esta ciudad, y como nuevos autorizados para oír y recibir notificaciones en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Ebed Melec De León Medrano, Mónica Lizzeth Gaytán Morales y Mirna Banda Velázquez; con exclusión de los anteriormente nombrados. En cuanto a la razón actuarial, resulta innecesario el emplazamiento de la parte tercero interesada, ello atiendo al sentido de la presente resolución, pues no le para perjuicio la falta de llamamiento, ya que en el caso, el acto reclamado (omisión de dictar sentencia) no trastoca su esfera jurídica, dado que también es parte en el juicio agrario de origen; y por tanto, se reitera, debido al sentido de la presente sentencia, esperar a que se lleve a cabo el emplazamiento sólo traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, pues su llamamiento no afecta su situación jurídica en sede ordinaria. Respecto a la certificación secretarial de cuenta, la Juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes para comparecer a la audiencia mediante el uso de videoconferencia, en consecuencia, la presente audiencia se desahoga sin su asistencia y, por ende, se celebra vía remota y por escrito. Abierto el período de pruebas, el Secretario da cuenta solamente con las documentales que remitió la autoridad responsable junto a su respectivo informe, así como que no existen pruebas pendientes por desahogar. Disponiendo la Juez que: de conformidad con lo dispuesto por los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en virtud de su propia y especial naturaleza, las pruebas con las que se ha dado cuenta. Por otra parte, téngase a la vista las documentales referidas, y tómense en consideración las mismas al momento de resolver el juicio de amparo en que se actúa. No habiendo pruebas pendientes por desahogar se cierra el periodo probatorio. Abierto el período de alegatos, el Secretario da cuenta que la partes no hicieron uso de ese derecho; de igual manera, que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita sí presentó pedimento. Por ello la Juez dispuso: Se tiene a las partes perdido el derecho de hacer manifestaciones; y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, por formulando manifestaciones de su parte. Al no haber diversas manifestaciones que relacionar, se declara el cierre del presente período. Acto continuo, el Secretario hace constar que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y que, por tanto, está debidamente integrado para emitir la resolución que en derecho corresponda. Ante ello, la Juez determina, al no haber diligencias pendientes por desahogar, y estando debidamente integrado el expediente, se levanta la presente acta y se procede a dictar sentencia. .... En el caso concreto, como se precisó en párrafos precedentes, dentro del juicio agrario 1079/2018, el veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, se decretó el cierre de instrucción, y se turnaron los autos para la elaboración del proyecto de sentencia; de lo anterior se obtiene que, al momento de presentarse la demanda de amparo, donde se reclama la omisión de dictar sentencia, se trata de un acto omisivo atribuible a la autoridad responsable; sin embargo, ese estado procesal fue sustituido por una determinación posterior emitida por la propia autoridad responsable consistente en el acuerdo de veintidós de junio de dos mil veinte, en el cual se regresó a trámite el juicio agrario, ya que consideró que no estaba integrada la litis, y en consecuencia dejó sin efecto el cierre de instrucción (fojas 17 a 19 del expediente en que se actúa). En efecto, sí la demanda de amparo se presentó el seis de marzo de dos mil veinte, en la que se reclama la omisión de dictar sentencia en el juicio agrario 1079/2018, dado que el veinticinco de octubre de dos mil nueve se había decretado el cierre de instrucción, y al momento de la presentación de la demanda de amparo, estaba en condiciones de dictar la sentencia, no obstante a ello, con posterioridad ese estado procesal fue sustituido procesalmente por el acuerdo de veintidós de junio de dos mil veinte, en donde se dejó sin efecto el cierre de instrucción, en consecuencia, no se está en condiciones de dictar la sentencia. Lo que revela que el acto reclamado fue sustituido procesalmente por esta última actuación que hizo cesar los efectos de la omisión reclamada, pues incidió en la imposibilidad de dictar la sentencia, ya que la autoridad consideró que la litis no estaba completamente planteada, y por ende retrotrayéndose a la etapa correspondiente del juicio, no así a la de cierre de instrucción; actualizándose así la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; por lo que procede el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo de conformidad con lo establecido por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Cabe citar al respecto la tesis dictada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo CIV, página 858, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO POR HABER DEJADO DE EXISTIR LA MATERIA DEL ACTO RECLAMADO. Si se concedió el amparo contra la resolución que declaró heredera a una persona, y ésta, fundándose precisamente en su carácter de heredera, demandó la división de una casa, debe estimarse que los efectos de la concesión de ese amparo se extienden a dejar sin materia el juicio de división mencionado, y por lo mismo, si en el presente amparo se reclama la sentencia dictada en dicho juicio, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, porque aun subsistiendo el acto reclamado, no puede surtir efecto legal alguno, por haber dejado de existir la materia del mismo." Así como la tesis 2a. XLVIII/98 de la Segunda Sala del alto tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, abril de 1998, página 241, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Así como la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo expuesto y fundado en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo que promueve Juan Carlos Velázquez Armijo, contra el acto y autoridad precisados en el resultando primero, y por las razones expuestas en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese.

  3. Principal

    Téngase por recibido el oficio a que se refiere la razón de cuenta, por medio del cual, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 25, comparece en atención el requerimiento formulado en proveído de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, y al efecto precisa el domicilio donde pueden ser emplazados Ramiro Velazquez Reyna, Elvira Martínez López y Agustín Moreno Perez, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado Ejidal del Núcleo Agrario denominado "La Carbonera" Municipio de Matehuala, San Luis Potosí. En tal virtud, se tiene a la autoridad oficiante, dando cumplimiento al requerimiento de que se trata, agregándose a los autos el oficio de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. Emplazamiento Atento a lo anterior, se instruye al Actuario Judicial de la adscripción, a efecto de que se constituya en el domicilio ubicado en calle Juan Álvarez 941-35, Barrio de Santiago en esta ciudad y emplace a juicio a Ramiro Velazquez Reyna, Elvira Martínez López y Agustín Moreno Perez, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado Ejidal del Núcleo Agrario denominado "La Carbonera" Municipio de Matehuala, San Luis Potosí, a quienes deberá correrles traslado con copia de la demanda, auto admisorio y reproducción autorizada del presente auto, haciéndole saber la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, los requiera para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, señalen domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones de su parte, apercibiéndolos que en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se les harán por medio de lista que fije en los estrados de este Juzgado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, bastando la certificación que al efecto haga el secretario de que ha transcurrido el plazo concedido, sin que se hubiere realizado la designación de domicilio de que se trata; lo anterior sin perjuicio de que, aún fenecido el término aludido, si es su deseo, durante la tramitación del presente asunto puede comparecer a señalar domicilio para tal efecto. Notifíquese.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 11,606 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano