Juan Carlos Velasco Pérez
Expediente 650/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 650/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 29/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juan Carlos Velasco Pérez
- Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución emitida en autos, por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX y décimo primero del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas del doce de agosto de dos mil diecinueve, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 650/2019, sin la comparecencia de las partes. Enseguida el secretario da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el secretario hace constar que no se ofreció medio de convicción alguno. Al respecto, el juez acuerda: Dado que no hay medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. En relación con lo anterior el juez acuerda: Se declara precluído el derecho de las partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista de del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y R E S U L T A N D O: Primero. Mediante escrito recibido el siete de junio de dos mil diecinueve ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Maximiliano Meza Piña, apoderado jurídico de Juan Carlos Velasco Pérez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en los términos siguientes: Autoridades responsables: Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, residente en esta ciudad Actos reclamados: - La omisión de la autoridad responsable de administrar justicia en los términos que fija la Ley Federal del Trabajo, en relación a no señalar fecha para la diligencia de Recuento. Segundo. Por acuerdo de diez de junio de dos mil diecinueve se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio la intervención legal que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, por tanto, una vez integrado el expediente, el día de hoy se celebró la audiencia constitucional en relación con las siguientes CONSIDERACIONES: Primera. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo de conformidad con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 fracción IV, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues la parte quejosa reclama actos atribuidos a las autoridades que residen en el ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, reformado y adicionado por el diverso 36/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segunda. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 192097, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En cumplimiento al precepto y la jurisprudencia referidos, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados consisten en lo siguiente: Actos reclamados: - La omisión de la autoridad responsable de administrar justicia en los términos que fija la Ley Federal del Trabajo, en relación a no señalar fecha para la diligencia de Recuento.. Tercera. Al momento de rendir su informe justificado la autoridad responsable manifestó que son ciertos los actos que se les reclaman En virtud de lo anterior, cabe destacar que el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, instituye que el juicio de amparo será improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Por tanto, resulta claro que de las constancias remitidas por la autoridad responsable mediante oficio 393/2019, de veintinueve de julio pasado, derivado dentro del juicio especial laboral J-II-36/2019, de su índice, y los acumulados, recibido por este órgano jurisdiccional el treinta y uno siguiente, remite copia certificada del acuerdo emitido el cuatro de julio de dos mil diecinueve, a la que se le otorga valor probatorio pleno de acuerdo con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de materia, mediante el cual declaró cerrado y agotado la etapa de ofrecimiento de pruebas; asimismo, se pronunció respecto de la prueba de recuento de trabajadores ofrecida por la parte actora, aquí quejosa; por tanto, ello trae como consecuencia que el acto reclamado cesara en sus efectos, pues constituye una situación jurídica que destruye la que dio origen al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho violado. De ahí que se ha dejado de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos del acto reclamado han desaparecido totalmente, sin que hayan dejado huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de especificar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho violado, obligando a la autoridad responsable a obrar en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, lo que el mismo exija, cuando como en el caso, el acto reclamado sea de carácter omisivo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 193758, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Consecuentemente, como en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con apoyo además, en el dispositivo 63, fracción V, de la invocada ley, se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto del acto atribuido al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad. Robustece lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala del Máximo Tribunal de Justicia del País, correspondiente a la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro , cuyo rubro y texto narran: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Maximiliano Meza Piña, apoderados jurídicos de Juan Carlos Velasco Pérez, en términos de la consideración tercera de esta resolución. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, uno de agosto de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio signado por el secretario general de acuerdos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante el cual en atención al requerimiento realizado en autos, remite copia certificada de la audiencia de pruebas celebrada dentro del juicio especial laboral J-II-36/2019, de su índice. En tal virtud, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales de referencia. Hágase nueva relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, específicamente de las constancias que remitió la autoridad responsable como complemento a su informe justificado se advierte que fijó las doce horas del veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, para la continuación de las audiencia a que refiere el artículo 895 de la Ley Federal de Trabajo, precisamente en su etapa de ofrecimiento de pruebas y resolución. Por tanto, con fundamento en el artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase al presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación que se le practique del presente auto remita copia certificada, integra y perfectamente legible de la audiencia de pruebas de veinticuatro de junio pasado, dentro del juicio especial laboral J-II-36/2019, de su índice, y los acumulados, a efecto de proveer lo conducente dentro del expediente en que se actúa, toda vez que la parte quejosa medularmente reclama la omisión de la responsable de pronunciarse respecto de la prueba de recuento de votos a que se refiere el artículo 931 de la Ley Federal de Trabajo. Apercibida que de no hacerlo, o bien, no informar el impedimento legal que tenga para ello, con fundamento el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, de la Ley de Amparo, se le impondrá un multa de manera individual, por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA). Sin embargo, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, constituye un hecho notorio para este juzgado que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad se encuentra gozando de su periodo vacacional, que comienza a partir del quince de julio del año en curso y reinicia labores el veintiséis siguiente, información que fue proporcionada por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante oficio 361/2019 de cinco de julio de dos mil diecinueve. Por tanto, se reserva realizar el envío del oficio correspondiente, hasta en tanto reanude labores, mientras tanto quedará en resguardo del Actuario Judicial adscrito para su posterior entrega. Finalmente, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional prevista para este día y en su lugar se fijan las once horas del doce de agosto de dos mil diecinueve Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/2557/2019 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA"; ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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