Juan Carlos Vega Vargas
Expediente 791/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 791/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Carlos Vega Vargas
Actuaciones
- Principal
Requerimiento a la quejosa. A sus autos el oficio signado por el apoderado legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del estado de Guanajuato, por siglas "ISAPEG", mediante el cual informa que en cumplimiento a la suspensión de plano, el menor de iniciales I.C.V., deberá acudir a las once horas del diecinueve de agosto de dos mil veintidós en el Hospital Materno Infantil de Irapuato, ubicado en vialidad interior, Malvas 367, colonia Revolución de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech. Por tanto, se estima necesario hacer del conocimiento de la promovente del amparo lo señalado por la oficiante, por lo que deberán acudir a la cita en compañía del menor referido, y exhibir los siguientes documentos: Auto donde se concedió la suspensión de plano. Constancia original de la aplicación de la primera dosis. Identificación oficial vigente del padre, tutor o representante del menor. Dígase a la parte quejosa que queda constreñida a acudir ante las autoridades responsables en los términos citados. Sin perjuicio de la notificación personal -corriéndose traslado con copia del oficio de mérito- en el domicilio señalado para tal efecto que deberá hacerse de forma inmediata, dada la urgencia del asunto y la premura con que fue remitida la información, se ordena a la sección de Actuaría que, en caso de que en la demanda se haya proporcionado un correo electrónico o número telefónico (whatsapp) para entablar comunicación, también lo haga por estos medios al promovente o a sus autorizados (deberá realizar todos los actos necesarios para que se practique con la mayor premura posible). Lo anterior, en el entendido de que deberá levantar constancia del resultado de la encomienda. APERCIBIMIENTOS Apercíbase a la promovente de la demanda que transcurrida la fecha de señalada, cuenta con el plazo genérico de tres días para hacer del conocimiento de este Tribunal sobre el resultado de la cita. En caso de no hacer manifestación alguna se entenderá que hay desinterés para que el menor sea inoculado por la institución pública en mención y, por ende, su consentimiento respecto de la omisión reclamada a las autoridades responsables. Además de ello, se comisiona al actuario de la adscripción para que, vía correo electrónico, haga entrega de la misiva que derive de este auto al apoderado legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del estado de Guanajuato, por siglas "ISAPEG" para que una vez transcurrida la data que proporcionó, informe lo que haya acontecido. En el entendido de que, de no hacerlo, se podrá hacer acreedora a las sanciones precisadas en el auto en el que se concedió la suspensión de plano. Se destaca que la misiva fue recibida en el correo electrónico institucional de este órgano jurisdiccional sin evidencia criptográfica; sin embargo, en términos del artículo 28 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se privilegia el uso de medios electrónicos para la continuación de la secuela procesal en el presente asunto. Finalmente, atención a que en el presente juicio de amparo, tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando pendiente solamente el dictado de la sentencia condigna. Fórmese cuadernillo provisional para glosar el presente acuerdo junto con la promoción de cuenta, para que, en el momento procesal oportuno, sin ulterior acuerdo, sea agregado al cuaderno de amparo en comento.
- Principal
Recepción de la demanda. Por recibida la demanda de amparo a nombre de **************, en contra actos del juez de Control de Oralidad Penal con sede en la ciudad de Comonfort, Guanajuato. Regístrese en libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número 791/2022 -7, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y fórmese el expediente electrónico e impreso respectivo. Ahora, acorde con la certificación de cuenta y del análisis del libelo recibido, se desprende: Que no cuenta con firma autógrafa, pues en los ocho tantos del escrito únicamente se advierte una signatura en copia simple, esto es, no obra la original. Que no cuenta con firma electrónica FIREL. Aunado a ello, en la boleta de turno de demanda de cuenta se aprecia la leyenda "OBRA FIRMA, SIN EMBARGO, AL PARECER ES FOTOCOPIA"; asimismo, en la razón plasmada por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, se asentó "OBRA FIRMA pero al parecer en fotocopia". Aunado a ello, de la razón plasmada por la oficial de la Oficialía de Partes de este tribunal, se desprende la leyenda: "No obra firma autógrafa, solo fotocopias en todos los tantos". En tales circunstancias, se estima que no se actualiza la presunción a que se refiere el criterio de jurisprudencia 2ª./J 32/11 (10ª) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA". Además, en dicha demanda no se advierte se reclame alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Policita de los Estados Unidos Mexicanos, o de los previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, pues de forma toral pues de forma toral consisten en la orden de aprehensión o comparecencia atribuidas al juez de Control de Oralidad Penal de Comonfort, Guanajuato, y su ejecución al jefe de Célula Especializada en Mandamientos Judiciales de la Dirección de Investigación de la Fiscalía General de la región "D" en el mismo municipio. Desechamiento. Conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene esta operadora judicial de examinar en su integridad demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Además, acorde con el principio de impartición de justicia pronta y expedita no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, ello para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. De lo anterior, se advierte que el juez de Distrito debe examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que, en su caso, se acompañen. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Una vez acotado lo anterior, se considera que en el presente se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 3 y 6, este último interpretado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, dispositivos legales que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta Ley [.]" "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley. "Artículo 6.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Como se puede apreciar, del primer precepto legal transcrito no se advierte que contemple una causa específica de improcedencia, sino que contempla la posibilidad de que ésta resulte de alguna disposición de la Constitución Policita de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo; por su parte, se tiene que el artículo 107, fracción I, de la Constitución, determina que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, ello en relación con esa disposición el diverso 6° de la Ley de Amparo, señala que el juicio de amparo puede promoverse por la persona a quien afecte la norma general o el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal, o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos por la ley de la materia. Asimismo, el diverso numeral 3 del ordenamiento legal antes citado, establece que la demanda de amparo se puede presentar de forma impresa -forma tradicional con firma autógrafa- o mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. En ese contexto, se destaca que en el procedimiento la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho se manifiesta a través de su firma ya sea autógrafa o electrónica, lo que no acontece en la especie, toda vez que la demanda de amparo se presentó sin signatura autógrafa original, ni digital. Ahora bien, del escrito de demanda se advierte que fue presentada de forma física -buzón judicial-; sin embargo, como se dijo, no obra firma autógrafa original ni electrónica del quejoso Juan Carlos Vera Vargas; así, en el presente no se actualizan los supuestos del aludido artículo 6, de la ley de la materia, relativo a que el acto reclamado derive de un procedimiento penal en el que se autoriza la promoción de la demanda de amparo, por conducto del defensor o de cualquier persona en los casos en que la propia ley lo permita. Atenta a ello, ante la carencia de firma autógrafa o electrónica del quejoso, pues insístase, en el caso concreto no se advierte el acto reclamado encuadre en las hipótesis establecidas en el artículo 15 de la Ley de Amparo; máxime que del escrito de demanda no se hace referencia a alguna imposibilidad propia de la parte quejosa para firmar la demanda de amparo. Por tanto, se considera que, si la demanda carece de la firma autógrafa original de la parte agraviada, y la misma no se encuentra contemplada en alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional o 15 de la Ley de Amparo; debe considerarse como un simple papel, en el que no se incorporó expresión de voluntad por no aparecer, en el particular, la firma autógrafa original o electrónica de la parte agraviada, ya que esta es el signo con el que se obligan las personas en todos los asuntos jurídicos, pues denota su voluntad y conformidad con el contenido del escrito que signan. De ahí que, si ésta no se encuentra suscrita por el interesado, debe entenderse que no existe la manifestación de la voluntad respecto de dicho promovente, por lo tanto la demanda resulta improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "FIRMA, DEMANDA DE AMPARO CARENTE DE. Si el escrito en que se formula la demanda de garantías no está suscrito por quien se supone que es el agraviado y si se toma en cuenta que las promociones son el medio de que se valen los gobernados para poner en movimiento a los órganos jurisdiccionales, debe decirse que es indispensable que esas promociones estén suscritas por el interesado, sobre todo cuando se trata del primer escrito o promociones que, por ser la demanda, constituye la base de todo el procedimiento legal y mediante tal escrito se puede considerar a quien lo suscribió como parte actora. Por tanto, la falta de la firma tiene como consecuencia que el repetido escrito no constituya demanda y que no pueda considerarse como agraviado al que no firmó, puesto que ese requisito, el de la firma, por ser obvio, no es necesario que se precise como tal en ninguna disposición de la Ley de Amparo, aunque su ausencia sí es bastante para tener por no hecha la promoción de que se trata". Deficiencia que no puede mandarse prevenir, pues no es de las irregularidades previstas por el artículo 114 de la ley de la materia, ni se omiten los requisitos señalados por el artículo 108 del indicado ordenamiento legal. Apoya lo anterior, la tesis aislada XVII.7 K, emitida por el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 2154, tomo III, de mayo de dos mil quince, décima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto y rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN LOS BUZONES JUDICIALES DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO DE PLANO SI CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 32/2011 (10a.)]. En el caso específico del depósito de documentos en los Buzones Judiciales de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, para la recepción de asuntos nuevos y promociones de término que no tengan el carácter de urgentes en horario nocturno, es inconcuso que, al operar fuera del horario de oficina, no obra intervención alguna por el personal adscrito para poder revisar y denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, o bien, para asentar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente, conforme al Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el 17 de mayo de 2011 en el Diario Oficial de la Federación. Por esta razón, la obligación de verificar que los asuntos y promociones depositados estén debidamente firmados, integrados y dirigidos a los Tribunales de Circuito o Juzgados de Distrito a los que presta servicio la Oficina de Correspondencia Común de que se trate, recae en los usuarios de dichos buzones. En consecuencia, si el Juez de Distrito que recibe la demanda de amparo presentada en los Buzones Judiciales advierte que carece de firma autógrafa, requisito sine qua non que manifiesta la voluntad de quien suscribe el documento y que no es susceptible de ser sobrentendida ni inferirse a través de la búsqueda o deducción de la presentación de la demanda, debe desecharla de plano, por existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, en esta hipótesis es inaplicable la jurisprudencia 2a./J. 32/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IV, Tomo 4, enero de 2012, página 3632, de rubro: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA." Igualmente tiene aplicación la jurisprudencia 156, emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 128, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, común, de la séptima época, rubro: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio". Sin que en el caso, exista duda respecto al hecho de que la demanda de amparo se encuentra o no firmada, o bien, algún tipo de presunción en relación a ésta, pues resulta importante subrayar que tal como se precisó en párrafos que anteceden, el Oficial de Partes de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato con sede en este municipio, en la boleta de turno asentó: "OBRA FIRMA, SIN EMBARGO, AL PARECER ES FOTOCOPIA"; y, "OBRA FIRMA pero al parecer en fotocopia". Además, la oficial de la Oficialía de Partes de este tribunal, asentó: "No obra firma autógrafa, solo fotocopias en todos los tantos". De ahí que se afirme que en el particular no se actualiza la presunción a que se refiere el criterio de jurisprudencia 2ª./J 32/11 (10ª) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA". En mérito de lo anterior, toda vez que el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de la parte agraviada, como lo establece la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en consecuencia, dado que en la especie no obra la firma del quejoso, y del contenido de la demanda debe considerarse que la acción constitucional no se ha ejercitado, por lo que, en concordancia con los diversos numerales 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 3 y 6, todos de la Ley de Amparo, se considera la presente demanda de amparo debe desecharse de plano, en razón de que dicha circunstancia entraña falta de voluntad de la directa parte agraviada para promover el juicio de mérito; además, como ya se precisó, el acto reclamado no encuadra en las hipótesis establecidas en el artículo 15 de la Ley de Amparo. En estas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio y ante los motivos manifiestos e indudables de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo, por improcedente, en términos del artículo 113 del citado ordenamiento legal. Asimismo, cabe destacar que la determinación de desechar la demanda de amparo, tampoco contraviene el derecho de acceso a la justicia tutelada por el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón que ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual además brinda certeza jurídica; aunado a la circunstancia de que con esta determinación queda incólume el derecho del inconforme para interponer los recursos y los juicios que procedan en defensa de los derechos que estime vulnerados; lo que además es acorde a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). Sólo a título de abundamiento cabe comentar que lo dispuesto por el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que los derechos humanos se interpretaran conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que favorezca de la manera más amplia a las personas (principio pro persona), también lo es que la aplicación de este principio y el control de convencionalidad, no pueden servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales del juicio de amparo: es decir, su aplicación no implica el desconocimiento de los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones. Además, el hecho de que se actualice una causal de improcedencia en el presente juicio de amparo, de ninguna manera implica que se les esté negando a la parte promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. Domicilio y autorizados Debido a lo que antecede esta juzgadora está imposibilitada para pronunciarse sobre el domicilio y autorizados señalados en la demanda de amparo. Lo anterior, pues como se expuso, el desechamiento de la solicitud antes analizada, descansa en la ausencia de expresión de voluntad indubitable por la parte promovente, y ello tiene como consecuencia que no se le tenga formulando petición alguna, inclusive en lo relativo al señalamiento de domicilio y autorizados. No obstante lo anterior, para el único efecto de notificar el desechamiento de la demanda en cuestión, practíquese la misma por lista. Habilitación de días y horas para notificaciones En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia Finalmente, en cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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