Juan Carlos Vargas Falcón

Expediente 757/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
757/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
10/08/2022

Partes del expediente

  • Juan Carlos Vargas Falcón

Actuaciones

  1. Principal

    X... Naucalpan de Juárez, Estado de México; diez de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que feneció el plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la el acuerdo que sobreseyó en el juicio fuera de audiencia; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; comuníquese lo anterior a las partes y archívese el presente asunto. ... este expediente se considera susceptible de destrucción, por tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, procederá este juzgado federal, de conformidad con el penúltimo párrafo del numeral de referencia. Finalmente, toda vez que existe documento exhibido por la parte quejosa, de conformidad con el capítulo octavo, artículo 21, antepenúltimo párrafo del citado acuerdo, dígase que dentro de un plazo de noventa días deberá acudir a este juzgado a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, será destruido junto con el expediente en que se actúa. En el entendido que, de conformidad con los artículos 3 y 6, fracción I, del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se encuentra a su disposición el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, para que agende la pertinente a efecto de que pueda acudir a este órgano a recoger los documentos que se dejan a su disposición en el párrafo que antecede.

  2. Principal

    X... Naucalpan de Juárez, Estado de México; diecinueve de julio de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene a las autoridades responsables rindiendo su informe justificado. Asimismo, de conformidad con los numerales 9° y 26, de la legislación de la materia, se tienen como delegados y como domicilio para oír y recibir notificaciones los que señalan la autoridades responsable; asimismo se les tiene señalando el correo electrónico que indican. Por lo que hace a su solicitud de uso de medios electrónicos, deberán estarse a lo acordado en el auto admisorio, en el que se proveyó lo relativo. Ahora bien, del análisis de las documentales remitidas por la tesorera municipal señalada como responsable, se advierte que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, ya que es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esas condiciones, debe decirse que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir por su parte, lo que éste exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Situación que se actualiza en el particular, pues de las documentales allegadas en el oficio de cuenta -a las que se les otorga pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, dado que los documentos son públicos por ser actuaciones realizadas por funcionario público en ejercicio de sus funciones- se advierte que la omisión que reclamó, quedó reparada con el oficio STE/649/2022, de trece de mayo de dos mil veintidós, dictado por el Subtesorero de Egresos del Ayuntamiento de Naucalpan, Estado de México, en el que dio contestación a la solicitud que realizó la parte quejosa el dos de mayo del año en curso, reparando con ello a ésta en el goce de su derecho de petición consagrado en el artículo 8° de la Constitución Federal; por ende no hay motivo para que se estudie la legalidad o ilegalidad del acto reclamado, pues ya no hay derecho fundamental que reparar. De acuerdo con lo anterior, se concluye que los efectos del acto reclamado han cesado, pues la citada autoridad responsable, durante la integración del presente sumario, dio contestación al escrito presentado por la parte quejosa el dos de mayo del año en curso. Por lo que, con la actuación relatada se ha dejado de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo. En ese sentido, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia el presente sumario, en términos de la fracción V del artículo 63 del mismo ordenamiento. No pasa inadvertido que la parte quejosa manifestara que no se encontraba satisfecha su petición, pues si bien ésta radica en que le sea pagado su finiquito, lo cierto es que de lo informado se desprende con claridad que ello es con motivo de la baja que causó como elemento adscrito a la Secretaria de Servicios Públicos del Municipio de Naucalpan; de ahí que la legalidad de la respuesta otorgada por el Subtesorero de Egresos no puede ser dirimida mediante un juicio de amparo indirecto, sino en la vía ordinaria, ante la autoridad laboral competente. Lo anterior porque contra ese tipo de actos es improcedente el juicio de amparo, precisamente porque esas acciones o conductas no constituyen actos de autoridad, en términos del artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, susceptibles de impugnarse mediante el juicio de garantías, porque es un acto derivado de una relación laboral. Por otra parte, es importante resaltar que no afecta el sentido de la presente determinación, el hecho de que en esta fecha se reciban las constancias de las que se desprende la improcedencia del juicio, pues en el caso se actualiza una causa de improcedencia de manera notable y manifiesta, por ende, aunque se le otorgara la vista que establece el párrafo segundo del artículo 117, de la Ley de Amparo, en nada le beneficiaría, pues se retrasaría la solución definitiva del presente asunto en contravención al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que tutela el derecho fundamental de acceso a una justicia pronta y expedita; aunado a que dicha improcedencia no podría ser desvirtuada por la parte quejosa. Se deja sin efectos la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional; comuníquese a las partes y hágase las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, como lo solicita las autoridades oficiantes, devuélvanse los documentos que solicitan y que anexaron a sus respectivos informes, dejando copia certificada de los mismos en autos.

  3. Principal

    X... Agréguese el escrito del autorizado del quejoso, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas sus manifestaciones en vía de alegatos, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional.

  4. Principal

    X.... Se admite a trámite la demanda de amparo. Pídase informe justificado a las autoridades señaladas como responsables. Requiérase a las partes para que en el momento de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano federal. Se apercibe a la impetrante que en caso de que las autoridades que indica no puedan ser notificadas con la denominación que refiere, sin mayor trámite se tendrán por inexistentes, suspendiéndose toda comunicación con las mismas. Dése la intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a fin de que manifieste lo que a su representación social corresponda. Se fija día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional.

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