Juan Carlos Valdez Medina
Expediente 9/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 9/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 03/02/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Juan Carlos Valdez Medina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
MESA III. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el auto de doce de enero de dos mil diecisiete, que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. En vista de lo anterior, con fundamento en el numeral 214, de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente asunto como concluido. Por lo anterior, archívese el presente como asunto concluido y de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destrucción, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto vigésimo primero, ambos del capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que se trata de un asunto que se sobreseyó fuera de audiencia; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Ahora, tomando en consideración que se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en los cuadernos incidentales. En ese orden, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; por lo cual, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el presente sumario al Centro Archivístico Judicial.
- Incidental
MESA III. Visto el estado de autos y tomando en consideración que en esta fecha en el expediente principal del que deriva la presente incidencia, se ordenó el archivo definitivo, con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este expediente. Se determina que es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción III, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que en proveído de cuatro de enero de dos mil diecisiete, se concedió la suspensión provisional a la parte quejosa; por lo que en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar y se destruirán el resto por considerar que no tienen relevancia documental para su conservación. Ahora, tomando en consideración que el presente se formó por duplicado y separado, procédase a la destrucción de aquél, una vez transcurridos seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del citado acuerdo. Asimismo, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo, y décimo tercero, todos del capítulo tercero, y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno y una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el presente cuaderno incidental al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
MESA III. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE DOCE DE ENERO DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Agréguense para los efectos legales a que haya lugar los oficios signados por la Directora de Amparos, en ausencia del Procurador General de Justicia y del Director General de Investigación Criminal en Fiscalías Centrales, en ausencia del Jefe General de la Policía de Investigación, ambos de esta ciudad, mediante los cuales rinden informe justificado. Con apoyo en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a las personas que indican las autoridades responsables y como domicilio para recibir notificaciones el que proporcionan. De conformidad con la circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, se autoriza a la autoridades oficiantes, para que con cualquier medio tecnológico o innovación científica, obtengan la reproducción digital de las constancias autorizadas que obran en el expediente, y así de una manera más ágil hagan uso de estás, en aras de una impartición de justicia pronta, en términos del numeral 17 Constitucional. Por otra parte, del estado procesal de autos así como el contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, se advierte que los actos reclamados por el quejoso Juan Carlos Valdez Medina, consistentes en: La orden de detención. La orden de búsqueda, localización y presentación. Atribuida a autoridades ministeriales. Su ejecución. Atribuida a autoridades administrativas. Son inexistentes, por tanto, el suscrito estima que procede decretar el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Acorde a la razón actuarial de seis del mes y año en curso (foja 12), se desprende que la autoridad responsable señalada por el solicitante de amparo como Jefe General de la Policía Federal de Investigación, no existe; por ende, similar consideración debe tomarse en cuanto al acto que se le reclama. Por otra parte cabe precisar que la Directora de Amparos, en ausencia del Procurador General de Justicia; el Director de Amparo Autoridad Responsable, en suplencia del Procurador General de la República y; el Director General de Investigación Criminal en Fiscalías Centrales, en ausencia del Jefe General de la Policía de Investigación, todos de esta ciudad, al rendir informe justificado negaron la existencia de los actos reclamados. En estas condiciones, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el juicio de amparo en que se actúa, en términos de lo establecido en el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, ante la inexistencia de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 310, sustentada por el anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Sexta Época, página 209, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." No es obstáculo para el sentido de la determinación que antecede, la circunstancia que en esta fecha se agreguen dos informes justificados y en misma fecha esté transcurriendo el término concedido mediante proveído de seis de enero de dos mil diecisiete a las partes para que se impongan del contenido del informe justificado rendido; habida cuenta que al haber negado los actos imputados, el desahogo de la vista no cambiaría el sentido de la sentencia, por el contrario, retrasaría la impartición de justicia pronta y expedita prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ante tales circunstancias, continuar con el trámite del presente juicio biinstancial, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resulta ocioso y atentatorio del principio de prontitud y expeditez en la administración de justicia; aunado a que dicha forma de proceder, contravendría el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de sobreseimiento invocada, lo cual como ya quedó acreditado, en la especie acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal; por tanto, el sobreseimiento decretado, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 Constitucional. Además cabe precisar que las órdenes de detención, búsqueda, localización y presentación, son instrumentos públicos que emanan de una averiguación previa o carpeta de investigación y la prueba idónea de su existencia sería el propio documento, mismo que no podría ser aportado por la parte quejosa, pues ante la negativa expresa de las autoridades responsables, ni siquiera las copias de la averiguación previa o carpeta de investigación serían conducentes para ello. Lo anterior es así, porque la función valorativa de las pruebas que se rindan van encaminadas, en principio, a que el Juez tenga por acreditada la existencia de los actos que se reclaman en el amparo; y si las autoridades responsables niegan haber librado los mandamientos de molestia reclamados, en el supuesto de que existiera una averiguación previa o carpeta de investigación que involucre al quejoso, la misma no podría estimarse conducente para desvirtuar las negativas, dado que la averiguación previa o carpeta de investigación no constituye el acto reclamado, y al valorarla el Juzgador no estaría en condiciones de establecer siquiera una presunción de certeza de los actos combatidos, habida cuenta que no necesariamente toda averiguación previa o carpeta de investigación desemboca en el dictado de una orden de detención, búsqueda, localización y presentación; de ahí que las copias certificadas de mérito, en su caso, resultarían inconducentes para probar ese extremo. En el entendido que la negativa de la existencia de los actos reclamados queda bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades a quienes se les imputa la violación constitucional. Bajo ese panorama, se reitera, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo, de conformidad con la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, respecto a la orden de detención, búsqueda, localización, presentación y su ejecución. En consecuencia, queda sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con diez minutos del dos de febrero de dos mil diecisiete. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y del conocimiento a las partes, para los efectos legales a que haya lugar. "
- Incidental
MESA III. R E S U E L V E ÚNICO. Se niega a Juan Carlos Valdez Medina, la suspensión definitiva que solicitó de los actos señalados en el Considerando Segundo y autoridades precisadas en el Considerando Tercero de esta interlocutoria, por los motivos ahí expuestos.
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