Juan Carlos Urbina Avila

Expediente 255/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
255/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
15/03/2023

Partes del expediente

  • Juan Carlos Urbina Avila

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de marzo de dos mil veintitrés. Como según certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de dos de marzo en curso, en la que desechó la demanda de garantías promovida por -, por propio derecho, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos procedentes. Asimismo, tomando en consideración que de la constancia secretarial se desprende que no existe determinación pendiente por dictar ni diligencia por practicar; en consecuencia, se ordena el archivo definitivo del presente expediente como asunto totalmente concluido, previas anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. Por otra parte, el juicio en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN, dado que se desechó el juicio de amparo en que se actúa; de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: En los Juzgados de Distrito: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados. Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado [.] En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.". Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de marzo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo signada por -, por propio derecho, contra actos de la Contraloría Interna del H. Ayuntamiento de Morelia, Michoacán. Regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número VII-255/2023-1; En primer lugar, debe precisarse que el artículo 113 de la Ley de amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. De lo anterior, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de amparo, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que los adjetivos "manifiesto", significa, claro, evidente "indubitable", significa, cierto, seguro, que no puede dudarse. Sirve de apoyo, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, en la tesis V.2o. J/75, visible en la página 77, Tomo 68, Agosto de 1993, Materia Común, correspondiente a la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 215188, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente la tesis en cuestión, explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Se cita en apoyo, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis I.3o.C.41 K, visible en la página 1275, Tomo XVI, Agosto de 2002, Materia Común, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 186294, de rubro: "DEMANDA DE GARANTÍAS. ORDEN EN QUE DEBE EXAMINARSE" Ahora, la parte quejosa, reclama esencialmente en la presente vía de amparo: La resolución administrativa de siete de febrero de dos mil veintitrés, dictada por la Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, dentro del procedimiento de responsabilidad patrimonial con número de expediente ********************, a través del cual desechó el recurso de revisión que interpuso en contra del auto de seis de enero del año en curso, por el cual se desechó la prueba de inspección judicial. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción III, inciso b), este último interpretado en sentido contrario, de la ley de la materia, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;..." Del estudio del último artículo transcrito se infieren tres hipótesis de procedencia del amparo contra actos u omisiones derivados de un procedimiento seguido en forma de juicio, a saber: 1. De la primera parte del inciso a), se desprende que el amparo indirecto procede en contra de la resolución definitiva dictada en los procedimientos de que se traten, por violaciones cometidas en la propia resolución. 2. En la segunda parte del inciso a), se aprecia la regla de procedencia consistente en que es procedente el juicio de amparo indirecto en contra de las resoluciones definitivas por violaciones cometidas durante el procedimiento, si con motivo de ellas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución. 3. En el inciso b), se advierte que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos emitidos dentro del procedimiento seguido en forma de juicio, siempre y cuando sean de imposible reparación, esto es, que afecten directa y materialmente derechos sustantivos protegidos en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En este orden de ideas, debe tomarse en consideración que el procedimiento administrativo es un complejo de actos vinculados por una misma finalidad, por lo cual, cuando se trata de actos procedimentales, la regla general es que el amparo sólo es procedente contra la resolución con que tales actos culminan, definiendo la situación jurídica correspondiente; de ahí que no proceda contra cada uno de los actos que van constituyendo la cadena procesal, sino hasta la resolución definitiva; si bien los referidos actos procesales aislados pudieran causar perjuicio al particular que interviene como parte en el procedimiento en comento, debe esperar a que sobrevenga la resolución definitiva y si lo perjudica, podrá atacarla en amparo, junto con las violaciones al procedimiento. Ahora bien, como la regla general es que cualquier violación procesal se controvierta en amparo hasta que se dicte la resolución definitiva del procedimiento de que se trate, resulta obvio que la razón de ese sistema radica en la intención de evitar la proliferación de juicios de amparo contra cada acto procesal, para hacer expeditos los procedimientos administrativos, sin desdoro de la protección constitucional que, al final, venga a sanear toda la actuación de la autoridad, máxime si se toma en cuenta que, de adoptar la interpretación contraria al indicado sistema que establece la Ley de la Materia, en la práctica, produciría la obstrucción, dificultad o lentitud del funcionamiento de la administración pública en el campo en que actúa frente a los particulares. Por lo tanto, al establecer el inciso a), de la fracción III, del artículo 107 de la Ley de Amparo, que cuando el acto reclamado emane de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva, ha de estimarse que por "procedimiento en forma de juicio" deben entenderse, con amplitud, no sólo los procedimientos en que la autoridad decide una controversia entre partes contendientes, sino también todos aquellos procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara, estudia o previene su resolución definitiva, aunque sólo sea para cumplir con el derecho de audiencia. Por tanto, la resolución administrativa de siete de febrero de dos mil veintitrés, dictada por la Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, dentro del procedimiento de responsabilidad patrimonial con número de expediente ********************, a través del cual desechó el recurso de revisión que interpuso en contra del auto de seis de enero del año en curso, por el cual se desechó la prueba de inspección judicial, es un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, y por ende, al no tratarse de la resolución definitiva que da fin al procedimiento administrativo, dicho acto no es de imposible reparación, toda vez que únicamente dilucida cuestiones procesales. Cabe precisar que el artículo 107, fracción III, inciso b) Constitucional define que los actos intermedios de imposible reparación son aquellos que pueden afectar materialmente algún derecho sustantivo protegido por la Constitución Federal o los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano. La interpretación de esta norma requiere diferenciar entre los derechos sustantivos y los derechos adjetivos. Los derechos sustantivos son los que se derivan de preceptos destinados a regir bienes jurídicos protegidos más allá de los límites formales del juicio; como la vida, la integridad personal, la salud, la libertad, la educación, el trabajo, el patrimonio, la intimidad, entre otros. La afectación de alguno de esos derechos derivada de un acto intraprocesal se considera de imposible reparación, porque deja una impronta en la esfera jurídica material del gobernado que no podría desvanecerse mediante el dictado de una ulterior resolución favorable. En oposición a los derechos sustantivos, los derechos procesales se derivan de las normas aplicables a la tramitación de los procedimientos contenciosos. Este tipo de derechos tutelan intereses meramente instrumentales, que sólo implican beneficios formales dentro del procedimiento; es decir, situaciones y oportunidades adjetivas que por sí mismas no trascienden los límites del juicio; como los derechos a que se emitan oportunamente las resoluciones; ofrecer, preparar y desahogar pruebas; intervenir en las actuaciones; alegar; recibir notificaciones; entre otros. En este contexto, los actos intraprocesales que afecten materialmente derechos sustantivos son de imposible reparación y, por ende, podrán impugnarse inmediatamente a través del amparo indirecto. En cambio, los actos intermedios que únicamente incidan sobre derechos adjetivos no son considerados de imposible reparación, por lo que el afectado sólo podrá impugnarlos en sede constitucional como violaciones procesales, a través del amparo que, en su caso, se promueva contra la resolución que ponga fin al procedimiento respectivo. La multicitada resolución reclamada no tiene efectos de imposible reparación, pues no afecta materialmente algún derecho sustantivo, sino que únicamente incide en el derecho procesal de las partes a que se incorporen legalmente a alegar lo que a su derecho convenga con base en las diversas pruebas ofertada dentro de dicho procedimiento. Por tal motivo, se evidencia que los actos combatidos en esta instancia, se tratan de actos dentro de procedimiento, luego, se colige que los mismos no son susceptibles de impugnación a través del juicio constitucional, sino en conjunto con la respectiva resolución definitiva; esto es, hasta en tanto la autoridad competente, después de haber llevado a cabo la substanciación del procedimiento emita la resolución correspondiente. En ese orden, resulta evidente que al surtirse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo que procede, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO. Hágase del conocimiento de las partes que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica o bien consultar el expediente electrónico, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado ese dato y solicitar expresamente la consulta del expediente y/o las notificaciones por vía electrónica, a fin de que este órgano jurisdiccional lo autorice, de conformidad con los artículos 3, fracción I, 6, 16 y 18 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la propia ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general aun en días y horas inhábiles. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que, en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones, o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, hecha excepción de la diligencia de emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". En otro aspecto, con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el referido Acuerdo. Se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento el artículo 257 del citado Acuerdo General. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro y texto: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". Por otra parte, se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisan en su libelo constitucional; sin que haya lugar a tener como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******************** virtud a que según constancia secretarial de cuenta se advierte que no tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, máxime, que de conformidad con los artículos 261 y 262 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales; es obligatorio el uso del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales, en las materias penal, civil, mercantil y administrativa, en los términos de las disposiciones aplicables; además, es una base de datos clasificada como información confidencial, de uso interno en todos los órganos jurisdiccionales y del área administrativa responsable, las cuales entraron en vigor en noviembre de dos mil trece. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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