Juan Carlos Treviño Chairez

Expediente 1007/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 9 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1007/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
08/12/2022

Partes del expediente

  • Juan Carlos Treviño Chairez
  • Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros de la Secretaria de Eduación del Estado de Durango

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Vistos los autos de cuenta, así como la certificación que antecede, toda vez que el veintitrés de noviembre del presente año se ordenó el archivo de este juicio de amparo, resulta innecesario conservar el tomo de pruebas que adjuntó a su informe justificado el Coordinador de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros de la Secretaría de Educación en el Estado de Durango, consistente en el expediente número ***; por ello, mediante oficio que se gire a la autoridad responsable de referencia, devuélvanse dichas constancias. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el estado de autos y certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia por la que se sobreseyó en este juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, con relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. No pasa desapercibido que las notificaciones por oficio de la sentencia fueron entregados a las autoridades responsables respectivamente, el diez y diecisiete de noviembre, ambos de dos mil veintidós, por lo que para ellas aún no transcurre el aludido término; sin embargo, ello no es obstáculo para declarar ejecutoriada la sentencia, ya que en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades sólo podrán interponer el recurso de revisión contra sentencias que afecten directamente el acto reclamado a cada una de ellas, por lo que, si en el caso se sobreseyó en el asunto, los actos dictados por aquéllas no se ven afectados con el fallo. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración de la suscrita juzgadora, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del aludido Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del Manual indicado, en razón de que se sobreseyó respecto de todos los actos reclamados. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva, es susceptible de destrucción una vez que transcurra el mismo lapso de tres años, al encuadrar en el inciso c) del precepto 21 del citado Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del aludido manual. En atención a lo dispuesto en el artículo 20 del referido Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.1, del referido manual, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión. Notifíquese.

  3. Principal

    Victoria de Durango, Durango, tres de noviembre de dos mil veintidós VISTOS, para resolver los autos del presente juicio de amparo; y, RESULTANDO: I Presentación y datos de la demanda Mediante escrito exhibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Durango, el diecinueve de agosto de dos mil veintidós, remitido, por razón de turno, a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango, Juan Carlos Treviño Cháirez solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: Autoridades responsables: 1. Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros de la Secretaría de Educación del Estado de Durango. 2. Subdirección de Procedimientos Jurídicos, Laborales y Administración de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros de la Secretaría de Educación del Estado de Durango. 3. Secretaría de Educación del Estado de Durango. Actos reclamados: "A).- De la autoridad responsable indicada con los incisos I y II señalo: 1.- La fragrante violación que hace del artículo tercero Constitucional y las leyes que de él emanen. 2.- El o los procedimientos administrativos, iniciados bajo expediente número Q/001/2022 y/o Q/001/2022-2023 iniciado en contra del suscrito. 3.- La resolución de fecha 1 de agosto de 2022 dictada dentro de dicho expediente Q/001/2022 y/o Q/001/2022-2023. 4.- Los actos previos administrativos a dicho procedimiento, principalmente el acto administrativo de fecha 15 de junio de 2022 mediante el cual se deja sin efecto el incentivo a que me hice acreedor. 5.- Las órdenes verbales o escritas que gire a efecto de que se cancele el incentivo a que me hice acreedor. 6.- Las órdenes verbales o escritas que gire a efecto de que a la suscrita (sic) se le descuente indebidamente salario de su sueldo. B).- De la autoridad responsable indicada con el inciso III reclamo: El cumplimiento que pretenda hacer a dicho acto, retirándome el incentivo a que me hice acreedor.". La parte quejosa señaló como vulnerados los derechos fundamentales previstos en los artículos 3, 7, 8, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. II Admisión y trámite Por auto de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, fue admitida la demanda de amparo, bajo el número 1007/2022; en el mismo proveído, se solicitó a las autoridades responsables su informe de ley; finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: I Competencia Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; así como 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Debido a que los actos reclamados surten efectos dentro de la jurisdicción donde este Juzgado de Distrito ejerce competencia. II Fijación de la litis En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, debe precisarse que de la integral lectura de la demanda de garantías y demás actuaciones del juicio, queda patente que lo controvertido en lo substancial resulta ser: - El procedimiento administrativo Q/001/2022-2023 seguido contra el quejoso a fin de cancelar el incentivo adquirido en virtud del Programa de Promoción Horizontal por Niveles con Incentivos en Educación Básica. - La resolución de quince de junio de dos mil veintidós, emitida en el procedimiento Q/001/2022-2023, en la cual se determinó la cancelación del citado incentivo. - La resolución de uno de agosto de dos mil veintidós, dictada en el recurso de reconsideración interpuesto en el procedimiento Q/001/2022-2023, en la cual se confirmó la cancelación del referido incentivo. - Las órdenes de cancelación del incentivo de mérito y de descuento del salario del quejoso. III Determinación acerca de la existencia de lo reclamado Por razón de método en principio debe analizarse si el acto reclamado en verdad existe, habida cuenta que, de no resultar cierto, devendría innecesario proseguir con el estudio tanto de la procedencia del amparo, como del fondo del asunto, puesto que no habría materia para efectuarlo. Son ciertos los actos reclamados al Coordinador de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros de la Secretaría de Educación del Estado de Durango y Subdirector de Procedimientos Jurídicos, Laborales y Administrativos de la citada Unidad, ya que así lo reconocieron al rendir su informe justificado, lo cual es robustecido con la copia certificada del procedimiento Q/001/2022-2023, de valor probatorio como documento público en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la ley de la materia de conformidad con su numeral 2. De igual manera, son ciertos los actos por cuanto a la Secretaría de Educación del Estado de Durango, sin que obste que los haya negado al rendir informe justificado, pues ello deriva de la existencia del acto atribuido a las anteriores autoridades, toda vez que éstas tienen encomendado el despacho de los asuntos de la competencia de la aludida Secretaría conforme al artículo 5, fracción II, inciso f), del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación del Estado de Durango. IV Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo Definida la certeza de los actos reclamados, técnicamente ahora es menester examinar si resulta procedente la acción de garantías, en acatamiento a lo que ordena el numeral 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, este órgano jurisdiccional considera actualizada una causa de improcedencia que motiva el sobreseimiento en el juicio y, previo a abordar su estudio, resulta oportuno traer a cuenta algunos antecedentes del acto reclamado: 1. En virtud de una queja anónima, la Subdirección de Procedimientos Jurídicos de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Durango, dio inicio al procedimiento administrativo Q/001/2022-2023, a fin de verificar los hechos denunciados y proceder a la cancelación del estímulo al que se hizo acreedor el quejoso mediante el Programa de Promoción Horizontal por Niveles con Incentivos en Educación Básica. 2. Seguido el trámite del procedimiento, el quince de junio de dos mil veintidós, la citada autoridad dictó resolución donde determinó dejar sin efectos el incentivo de mérito, al incumplir con lo establecido en el artículo 44, párrafo tercero, de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, así como capítulo segundo, numeral 4, de la Convocatoria del Proceso de Selección para la Promoción Horizontal por Niveles con Incentivos en Educación Básica 2021 y el numeral noveno, fracción III, inciso a), del Programa de Promoción Horizontal por Niveles con Incentivos en Educación Básica; ello, al no haber ocupado el cargo de maestro frente a grupo en el periodo correspondiente, sino uno diverso. 3. Inconforme con esa determinación, el quejoso interpuso recurso de reconsideración en términos del artículo 103 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. 4. El uno de agosto de dos mil veintidós, fue confirmada la resolución impugnada. Bajo ese contexto, este Juzgado de Distrito considera actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1º, fracción I y 5º, fracción II, de la ley en cita, en tanto los actos reclamados no son equiparables a los de autoridad para efectos del juicio de amparo. Conforme a dichos numerales, el juicio de amparo es procedente contra actos u omisiones de autoridad, entendida ésta como aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Ahora, la autoridad para efectos del juicio de amparo, debe reunir ciertas notas distintivas definidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a saber: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; 2. Que esa relación tenga un nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; 3. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular: y, 4. Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En ese sentido, es preciso tener en cuenta la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. En estas relaciones, las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. En atención a esas premisas, a consideración de este órgano de control constitucional, los actos reclamados están encaminados a la disminución de una prestación del quejoso como trabajador de la educación, al eliminar un incentivo que venía percibiendo y que constituye un derecho adquirido en virtud de una relación laboral, lo cual no puede ser considerado como un acto de autoridad, tal como se evidencia a continuación. En principio, de las constancias del procedimiento administrativo, se advierte que el quejoso labora para la Secretaría de Educación Pública del Estado de Durango, a la cual ingresó el uno de enero de dos mil; contando con plaza de base en el rubro de educación básica y adscrito al centro de trabajo identificado como 10DPR0333S; además, fue asignado temporalmente del dieciséis de marzo al treinta de junio de dos mil veintidós, a diverso centro de trabajo a fin de desempeñar el cargo de Asesor Técnico Pedagógico, ello, dentro de la propia Secretaría. Inclusive, la existencia de esa relación laboral no fue un aspecto controvertido en el procedimiento administrativo de origen, pues sólo se cuestionó la plaza que ocupaba el quejoso al momento de solicitar y obtener el incentivo. Establecida la existencia de una relación laboral entre la Secretaría de Educación Pública -autoridad responsable- y el quejoso, ahora es pertinente tener en cuenta lo siguiente: El artículo 44 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, contempla la existencia del Programa de Promoción Horizontal por Niveles con Incentivos en Educación Básica, que se lleva a cabo mediante un programa integrado por niveles de estímulo y con reglas de incorporación, promoción y permanencia en cada uno de ellos. Asimismo, prevé que el propio programa contendrá las reglas para que el personal de la educación básica que realiza funciones de docencia, técnico docente, asesoría técnica pedagógica, de dirección y supervisión, puedan obtener los incentivos previstos en la Ley. Así, conforme a lo indicado en las resoluciones combatidas, el quejoso obtuvo un incentivo en virtud de haber participado en la Convocatoria del Proceso de Selección para la Promoción Horizontal por Niveles de Incentivos en Educación Básica para el año dos mil veintiuno. Del programa correspondiente a dicha convocatoria, se obtiene que uno de los objetivos generales de éste es mejorar las condiciones económicas, profesionales y sociales de las maestras y los maestros mediante incentivos. Para poder hacerse acreedor a dichos incentivos, es necesario participar en el proceso de selección, para lo cual la persona participante deberá laborar en los centros de trabajo de Educación Básica, con una categoría registrada en el catálogo autorizado, así como obtener nombramiento definitivo o equivalente que corresponda a la función que realiza la persona participante, entre otros requisitos. Luego, en su capítulo III denominado disposiciones administrativas, particularmente en los apartados décimo cuarto, décimo quinto y décimo sexto, se aprecia que los beneficios del programa son incentivos de carácter económico y constan de ocho niveles de estímulo, los cuales representan un porcentaje del sueldo tabular que corresponda a la categoría que ocupa el personal que participa en el proceso de selección. De igual manera, que los incentivos del programa de promoción horizontal repercutirán en el pago de aguinaldo y prima vacacional en los términos de la legislación laboral aplicable, así como en la seguridad social. Dichos incentivos serán pagados con un código distinto al sueldo tabular, de manera quincenal y su monto estará sujeto a la aplicación del impuesto sobre la renta, así como a las deducciones correspondientes a la seguridad social. Conforme a lo anterior, se concluye que el incentivo al que se hizo acreedor el quejoso y que posteriormente fue cancelado, constituye una prestación adquirida en virtud de la existencia de una relación laboral entre el quejoso y la autoridad señalada como responsable; pues para su obtención es necesario cumplir ciertos requisitos, de los cuales destacan el laborar en un centro de trabajo de Educación Básica y contar con nombramiento definitivo o equivalente que corresponda a la función desempeñada. Inclusive, su pago deriva de un porcentaje del salario y tiene impacto en el monto del aguinaldo, prima vacacional, deducciones de seguridad social y de impuesto sobre la renta; aspectos que atañen precisamente a la existencia de la relación laboral entre el beneficiario del incentivo y la Secretaría de Educación Pública. En ese entendido, en el caso particular, la Secretaría de Educación Pública del Estado de Durango, por conducto de sus unidades administrativas internas, canceló el pago de un incentivo al que se hizo acreedor el quejoso por cumplir los requisitos derivados de la relación de trabajo que tiene con aquélla, por lo que la insubsistencia del incentivo conlleva una disminución de sus prestaciones laborales. Por tanto, la Secretaría de Educación Pública y las unidades pertenecientes a su estructura orgánica, al actuar con la finalidad de cancelar una prestaciones con las características apuntadas a uno de sus trabajadores, implica que no pueda considerárseles como autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues en todo caso su actuación frente al quejoso se ubicaría en un plano de igualdad, es decir, en una relación de coordinación regulada por el derecho laboral, en donde aquéllas actúan como particular (parte patronal) en términos del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no como una autoridad investida de imperio frente al peticionario del amparo. Así, la controversia suscitada por la cancelación de una prestación adquirida en virtud de la relación de trabajo, debe dilucidarse ante los tribunales laborales correspondientes, y no mediante el juicio de amparo. Sustenta la determinación alcanzada, la jurisprudencia III.4o.T. J/3 (10a.) del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercero Circuito, de contenido siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo.". De igual manera, la tesis I.6o.T.26 L sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que establece: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ORGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTUAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito.". Ahora, si bien se trata de un procedimiento llevado por autoridades formalmente administrativas, lo cierto es que no puede encuadrarse dentro de aquella materia pues como se puede observar de la normativa abordada, dichos procedimientos son de naturaleza laboral pues refieren exclusivamente a la promoción dentro de las categorías que da acceso a un nivel de incentivo derivado del cumplimiento de ciertos requisitos de índole laboral; esto es, no son procedimientos administrativos formales y materiales como podrían ser aquellos de responsabilidad administrativa. Consecuentemente, si el acto reclamado es de naturaleza laboral e involucra a las partes en un plano de igualdad -coordinación-, entonces no cumplen con la nota distintiva del acto de autoridad consistente en que exista una relación de supra a subordinación, lo que conlleva la actualización de la causa de improcedencia en estudio y, por ende, lo conducente es decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto.

  4. Principal

    Vistos los autos de cuenta y toda vez que de los mismos se advierte que el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, se agregó el informe justificado rendido por la Dirección de Asuntos Jurídicos y Laborales de la Secretaría de Educación del Estado, por lo que está transcurriendo el término que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, por ello, para dar lugar a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fija como nueva fecha para su celebración, las nueve horas con cincuenta minutos del tres de noviembre de dos mil veintidós. Notifíquese.

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