Juan Carlos Tostado Hernández

Expediente 1106/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1106/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
22/01/2018

Partes del expediente

  • Juan Carlos Tostado Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Vistas las constancias que integran este expediente y la certificación de cuenta, se declara que el auto mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo que dio origen a este expediente, ha causado estado para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido.

  2. Principal

    "...se tiene por no presentada la demanda con que se formó este expediente..."

  3. Principal

    Notificación personal.

  4. Principal

    ".Vista la demanda de amparo signada por ****** contra actos del 1. Comandante de la Policía Ministerial Destacamentado en Boca del Río, Veracruz y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese con el número 1106/2017-V, en el libro de gobierno respectivo. Antes de proveer lo que en derecho proceda sobre la admisión de la demanda, este Órgano Federal la analizó atendiendo a las disposiciones de la Ley de Amparo y específicamente el artículo 114. El dispositivo mencionado otorga la facultad de prevenir al promovente del amparo a efecto que aclare su demanda cuando ésta incurra en las deficiencias, irregularidades u omisiones que se detallan, para lo cual deberá hacer las aclaraciones que correspondan o presentar las copias faltantes dentro del término de cinco días, con el apercibimiento que, de no hacerlo, se tendrá por no presentada. Por su parte, el artículo 108 de la Ley de Amparo, fracción III estatuye: "ARTÍCULO 108. La demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; [.] Como se advierte del artículo mencionado, es obligación del gobernado señalar las autoridades responsables, así como el acto que les imputa. Ello, con la finalidad de reunir los requisitos que establece el artículo citado. Así, se previene a la parte quejosa para que cumpla con lo que más adelante se precisará. Tendrá para hacerlo el término de cinco días contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del presente proveído. Sus manifestaciones deberán ser bajo protesta de decir verdad. Deberá acompañar las copias necesarias para correr traslado a las partes. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 108, fracciones II y III, 110 y 114 de la Ley de Amparo. Ahora, del escrito relativo a las autoridades responsables se advierte que el impetrante señala las siguientes: 1. Jueces (2) del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral en Veracruz. Veracruz, Veracruz. 2. Fiscales (5) de la Sub Unidad Regional del Distrito XVII. 3. Comandante de la Policía Ministerial Destacamentado. Boca del Río, Veracruz Esto, da lugar a la imposibilidad de conocer el número de autoridades a las que debe llamarse al presente asunto, con motivo de la indeterminación puesta de relieve. Siendo que es obligación del gobernado señalar con precisión la autoridad o autoridades responsables, lo que no se cumple al referir únicamente la dependencia, sin especificar con claridad a cual o cuales autoridades reclama el acto violatorio de derechos humanos; es decir, a quien imputa el reclamo, lo que genera incertidumbre jurídica, ya que no precisa de las autoridades responsables a quienes atribuye el acto reclamado lo que impide a este órgano establecer la relación jurídico procesal, en claro detrimento de lo previsto por la fracción III del artículo 108 de la ley de la materia. Así, al no advertirse claridad en relación con las autoridades responsables deberá, bajo protesta de decir verdad, cumplir con lo siguiente: 1) Especificar si es su deseo continuar con las denominaciones señaladas en su escrito de demanda o mencionar como responsables a las siguientes autoridades: Juez A de Control de Proceso y Procedimiento Penal Oral en Veracruz y Juez B de Control de Proceso y Procedimiento Penal Oral en Veracruz, ambos con sede en Veracruz, Veracruz. Así como al Fiscal Primero de la Sub Unidad Regional del Distrito XVII, Fiscal Segundo de la Sub Unidad Regional del Distrito XVII, Fiscal Tercero de la Sub Unidad Regional del Distrito XVII, Fiscal Cuarto de la Sub Unidad Regional del Distrito XVII y Fiscal Quinto de la Sub Unidad Regional del Distrito XVII, todos con sede en Boca del Río, Veracruz. Lo anterior a fin de delimitar la relación jurídica procesal, pues es obligación del gobernado señalar con precisión la autoridad o autoridades responsables. 2) Por cuanto a las marcadas con el número 2, deberá expresar si desea llamarlas en calidad de ordenadoras o como ejecutoras; ello, toda vez que de la lectura de su demanda en el capítulo relativo se advierte que señala una orden de aprehensión, y como autoridades ordenadoras designó como responsables, jueces (2) y fiscales (5), debiendo considerar que los señalados en primer término, de conformidad con el artículo 16, párrafo segundo de la Constitución General de la República, entre sus atribuciones está la de emitir órdenes de aprehensión, empero, las segundas no están facultadas para librar mandamientos de captura de esa índole. Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir en los términos indicados esta prevención, se tendrá por no presentada la demanda de amparo en términos del artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo. Así también, hágase del conocimiento al impetrante de derechos humanos que deberá conducirse con verdad, habida cuenta que afirmar hechos falsos y omitir los que le consten está tipificado como delito, en términos del artículo 261, fracción I de la ley de la materia. El desahogo a la prevención efectuada, únicamente podrá realizarla quien promueve la demanda por constituir un acto de carácter personalísimo, lo que implícitamente conlleva que sólo el promovente puede formular esa protesta. SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. Sin necesidad de proveer respecto a la suspensión del acto reclamado, pues si bien el quejoso solicita se le otorgue la suspensión de plano, del contexto de la demanda no se advierte dato alguno que permita inferir que las autoridades responsables pretendan imponer, mucho menos que estén realizando actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Lo anterior, deja en claro que el planteamiento surge a partir de una opinión subjetiva e hipotética que no justifica se acuerde suspender de oficio y de plano el acto reclamado por no tratarse de una situación actual."

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