Juan Carlos Torres Gonzalez
Expediente 695/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 695/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 14/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Juan Carlos Torres Gonzalez
- Tesorero Municipal Constitucional de Cuautla, Morelos
- Presidente Municipal Constitucional de Cuautla, Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Cuernavaca, Morelos catorce de junio de dos mil veintiuno...causa estado...archívese como asunto concluido...
- Principal
En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las nueve horas con diez minutos del veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, día y hora señalados en el juicio de amparo 695/2020-I, promovido por JUAN CARLOS TORRES GONZÁLEZ, por propio derecho, para la celebración de la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, estando en audiencia pública Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistido de la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia sin la comparecencia de las partes. SE DECLARA ABIERTA LA AUDIENCIA DE LEY, la Secretaria hace una relación oral de todas las constancias que obran en los presentes autos. SE ABRE EL PERIODO DE PRUEBAS, en concordancia con la tesis aislada 2ª. XLVI/98, con registro 196531, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, abril de 1998, página 254, de rubro: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO. SU FALTA DE RELACIÓN EN LA AUDIENCIA RESPECTIVA, POR SÍ SOLA, NO CAUSA AGRAVIO A LAS PARTES.", la Secretaria da cuenta con las documentales exhibidas por el quejoso en su demanda de amparo, así como con las allegadas por la autoridad responsable Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, Morelos al rendir su respectivo informe justificado (folio 10494), las cuales obran agregadas en autos. El Juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas relatadas por la Secretaria, que se desahogan por su propia y especial naturaleza jurídica, las cuales se valoraran y tomarán en consideración en el momento procesal oportuno. SE CIERRA EL PERIODO DE PRUEBAS Y SE ABRE EL DE ALEGATOS, en el que la Secretaria hace constar que las partes no realizaron manifestación alguna en esta vía. El Juez acuerda: téngase a las partes sin formular alegatos. En tales condiciones, se declara CERRADO EL PERIODO DE ALEGATOS; y al no haber cuestión pendiente qué proveer, se ordena dictar sentencia definitiva. Doy fe. Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 695/2020-I, promovido por JUAN CARLOS TORRES GONZÁLEZ, por propio derecho, contra actos del Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, Morelos y otras autoridades; y RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el uno de septiembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y turnado al día hábil siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito con sede en esta ciudad, JUAN CARLOS TORRES GONZÁLEZ, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, Morelos y otras autoridades. Mediante acuerdo de tres de septiembre de dos mil veinte, se registró la demanda bajo el número de expediente 695/2020-l; se desechó parcialmente la demanda de amparo respecto del acto reclamado identificado con el número 3; se admitió a trámite por los restantes actos reclamados; se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; y se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación. Seguida la secuela procesal, por auto de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, se reanudó el procedimiento y se señaló nuevamente fecha para la audiencia de ley, la cual se celebró al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción I y 108 de la Ley de Amparo en vigor; 1º, fracción V, 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, los actos combatidos fueron emitidos en el Estado de Morelos por autoridades locales. Segundo. Fijación del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa cuáles son los actos que se reclaman. En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda de amparo, así como a las restantes constancias aportadas por las partes durante el juicio, se desprende que los actos que reclama la parte quejosa y por los que se admitió la demanda son: 1. La falta de contestación al escrito presentado el catorce de enero de dos mil veinte ante la Oficialía de Partes del Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, Morelos, en el que le solicitó la inclusión en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Cuautla del ejercicio 2020, la deuda que el Municipio tiene con el quejoso consistente en el pago de $93,832.09 (noventa y tres mil ochocientos treinta y dos pesos 09/100 moneda nacional); y, 2. La omisión de incluir en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Cuautla del ejercicio 2020, el monto de la deuda que el Municipio tiene con el quejoso, consistente en el pago de $93,832.09 (noventa y tres mil ochocientos treinta y dos pesos 09/100 moneda nacional), ello como consecuencia del incumplimiento al laudo dictado en el expediente laboral 01/261/2018 radicado en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, donde el Ayuntamiento resultó condenado. Tercero. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables dependientes del Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, Morelos toda vez que así lo manifestaron expresamente al rendir conjuntamente su informe con justificación (folio 10494). Lo que se corrobora con la documental allegada por la parte quejosa en su demanda de amparo, consistente en el original del acuse de recibo del escrito suscrito por el quejoso presentado el catorce de enero de dos mil veinte ante la Oficialía de Partes del Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, Morelos, como se advierte de los sellos oficiales de dichas dependencias en la parte superior del mismo. Documental que al no haber sido objetada por las partes, goza de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 133, 136 y 142 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en su artículo 2º. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia III.T. J/35, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, con número de registro 217449, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 61, Enero de 1993, Octava Época, página 83, de rubro: "DOCUMENTOS NO OBJETADOS, VALOR DE LOS." Así como la diversa jurisprudencia I.1o.T. J/59 , sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, con número de registro 213325, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 74, Febrero de 1994, Octava Época, página 41, de rubro: "DOCUMENTOS PRIVADOS, VALOR PROBATORIO DE LOS." Cuarto. Causales de improcedencia. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley de Amparo. Apoyado lo anterior, en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia publicada en la página 262, del Apéndice de fallos de 1985, parte VIII, que al rubro dice: "IMPROCEDENCIA." Respecto del acto reclamado marcado con el número dos, consistente en 2. La omisión de incluir en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Cuautla del ejercicio 2020, el monto de la deuda que el Municipio tiene con el quejoso, consistente en el pago de $93,832.09 (noventa y tres mil ochocientos treinta y dos pesos 09/100 moneda nacional), ello como consecuencia del incumplimiento al laudo dictado en el expediente laboral 01/261/2018 radicado en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, donde el Ayuntamiento resultó condenado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I, 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, que en lo que interesa, prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (...)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (...) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (...)" De la interpretación conjunta de la parte relativa de los artículos transcritos, se colige que el juicio de amparo es improcedente contra actos que provengan de entes que no tengan el carácter de autoridad. En ese sentido, este órgano jurisdiccional considera que el acto reclamado consistente en la omisión de las responsables de incluir en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Cuautla del ejercicio 2020, el monto de la deuda que el Municipio tiene con el quejoso, consistente en el pago de $93,832.09 (noventa y tres mil ochocientos treinta y dos pesos 09/100 moneda nacional), no reviste las características de acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, ya que éste es consecuencia directa del incumplimiento del laudo condenatorio dictado en el juicio laboral 01/261/2018 radicado en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Esto es así, pues de la lectura íntegra de la demanda de amparo, así como de la documental allegada por las responsables en su informe justificado, consistente en el oficio de veintidós de septiembre de dos mil veinte (con el que da contestación a la petición del quejoso); se observa que la omisión de la que se duele del pago de la cantidad de $93,832.09 (noventa y tres mil ochocientos treinta y dos pesos 09/100 moneda nacional), y de incluir dicho monto al presupuesto de egresos, se trata un crédito laboral del cual el Ayuntamiento fue condenado a pagar como consecuencia del pago de las prestaciones a que fue condenado en el expediente laboral mencionado; motivo por el cual la omisión reclamada se traduce en las gestiones que pudiera realizar el Ayuntamiento demandado para lograr el cumplimiento del laudo de que se trata. Lo anterior ya que, si bien el Ayuntamiento de Cuautla, Morelos es parte demandada en el juicio de origen, éste no actúa en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación laboral con el particular actor, por lo que no puede considerarse a dicho Ayuntamiento como autoridad para efectos del presente juicio constitucional, pues respecto de referido acto combatido, no actúa con potestad de imperio en el acto reclamado, sino que, su vínculo es como patrón en el juicio de origen y por ende como contraparte del quejoso; por lo tanto, no llega a darse el supuesto de que el acto combatido sea de autoridad. Sustenta lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia Tesis: 2a./J. 34/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, de rubro siguiente: "AYUNTAMIENTOS. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL RESPECTIVA EXISTA UN PROCEDIMIENTO PARA EJECUTARLO." Al respecto, en el título undécimo, capítulo único de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, se establece lo siguiente: "Artículo 123. Las resoluciones del Tribunal serán inapelables y se cumplirán desde luego por la autoridad correspondiente. Artículo 124. Las infracciones a la presente Ley que no tengan establecida otra sanción y la desobediencia a las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, se castigarán: I. Con multa hasta de 15 salarios mínimos; y II. Con destitución del infractor sin responsabilidad para el Gobierno del Estado o de los Municipios. Estas sanciones serán impuestas en su caso, por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje." Es importante informar que el diverso 11 de la misma legislación local, dispone: "Artículo 11. Los casos no previstos en esta Ley o en sus reglamentos, se resolverán de acuerdo con las disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 Constitucional, aplicada supletoriamente, y, en su defecto, por lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, las Leyes del orden común, la costumbre, el uso, los principios generales del derecho y la equidad." Lo expuesto pone de relieve que en el ámbito local se prevé un procedimiento de ejecución de las determinaciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, al contemplarse en los artículos 123 y 124 de la legislación burocrática local la obligación de las autoridades de cumplir con sus resoluciones, con apercibimiento de multa de hasta quince salarios mínimos y destitución del infractor, sin responsabilidad para el Estado o municipio; normatividad que además establece como supletoria a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en sus artículos 150 y 151, y en su defecto, a la Ley Federal del Trabajo, en su Título Quince. Los artículos 150 y 151 de la legislación burocrática federal son del tenor siguiente: "Articulo 150. El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y a ese efecto, dictara todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. Artículo 151.- Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución, apercibiéndola da que, de no hacerlo, se procederá conforme a lo dispuesto en el capítulo anterior." Entonces, el juicio de amparo no es el medio para impugnar la omisión dar cumplimiento al laudo dictado el veinte de noviembre de dos mil dieciocho en el juicio laboral 01/261/2018, así como de las gestiones pertinentes para ello, en el caso específico, la omisión de incluir al presupuesto de egresos el monto fijado para pagar las prestaciones a las que fue condenado; pues en tal caso, el impetrante tiene que hacer valer los medios ordinarios ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, puesto que la relación entre el quejoso y el Ayuntamiento demandado, entabla una relación entre particulares actuando en un mismo plano, es decir, en igualdad y no gobierno-gobernado; de ahí que deba sobreseerse en el juicio en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo. Ahora, no obstante que los particulares puedan tener el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo, tal como lo establece el numeral 5, fracción II, segundo párrafo, de la ley de la materia, ello no implica que la vía constitucional intente sustituir la jurisdicción ordinaria o el agotamiento de los elementos procesales respectivos, pues lo que el legislador expone, es que el reconocimiento de los actos de autoridad dependerá del planteamiento realizado por la parte quejosa, y la posibilidad de evaluar el acto como lesivo de su esfera de derechos fundamentales; y, por tanto, deberá hacerlos valer por la vía ordinaria ante la autoridad correspondiente. En apoyo a lo expuesto, resulta aplicable, en su esencia, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, del rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." Asimismo, en su esencia, el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, en la tesis P. XXVII/97, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de 1997, página 118, del rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." Lo anterior sin que pase inadvertida la jurisprudencia número 85/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, julio 2011, materia común, página 448, de rubro y texto siguientes: "DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)". citada por el promovente de amparo, en la que se sustenta en la excepción al principio de igualdad procesal prevista en el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles a favor de las dependencias de la administración pública Federal o de las entidades federativas, al estipular que en contra de éstas no puede dictarse mandamiento de ejecución ni providencia de embargo para garantizar alguna obligación a su cargo. Pues el criterio anterior se sustenta en la excepción al principio de igualdad procesal, prevista en el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles a favor de las dependencias de la administración pública federal o de las entidades federativas, al señalar que contra éstas no puede dictarse mandamiento de ejecución ni providencia de embargo para garantizar alguna obligación a su cargo, porque coloca al ente estatal en un plano de desigualdad frente al particular, en el caso de no cumplir voluntariamente con las sentencias condenatorias que en su contra se dicten, pues en atención a su calidad de órgano del Estado, se le otorga el privilegio de no ser sujeto a ejecución forzosa. Sin embargo, dicho criterio no puede ser aplicado para impugnar la omisión del Municipio señalado como responsable en el presente juicio de amparo, para realizar las gestiones respectivas para cumplir con el laudo emitido por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, específicamente, la omisión de incluir en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Cuautla del ejercicio 2020, el monto de la deuda que el Municipio tiene con el quejoso, consistente en el pago de $93,832.09 (noventa y tres mil ochocientos treinta y dos pesos 09/100 moneda nacional), pues como ya quedó precisado en párrafos anteriores, la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos conjuntamente con la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y en su defecto a la Ley Federal del Trabajo, sí prevén el procedimiento de ejecución forzoso a seguir en contra del laudo dictado en favor del ahora quejoso, al facultar al Tribunal obrero, para que dicte auto de ejecución y, de ser necesario, aplique medios de apremio para el cumplimiento del mismo; lo que pone de manifiesto que en el referido procedimiento de ejecución el Ayuntamiento no actúa con el carácter de autoridad, sino que se asemeja a un particular (patrón) en contra del cual se dictó un laudo que debe cumplir obligatoriamente, a través de esa vía ordinaria instituida en la ley, razón por la cual no puede asignársele el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, y por lo que se considera que el criterio anteriormente citado no es aplicable al caso en particular. En consecuencia, en el caso queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Por otra parte, en lo atinente en el diverso acto combatido consistente en 1. La falta de contestación al escrito presentado el catorce de enero de dos mil veinte ante la Oficialía de Partes del Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, Morelos, donde le solicitó la inclusión en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Cuautla del ejercicio 2020, la deuda que el Municipio tiene con el quejoso consistente en el pago de $93,832.09 (noventa y tres mil ochocientos treinta y dos pesos 09/100 moneda nacional); esta autoridad de control constitucional advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en función de las siguientes consideraciones. Tal numeral establece como sigue: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De la trascripción se colige, que el juicio biinstancial es improcedente cuando durante la tramitación de éste, cesan los efectos del acto que se reclama, pues no tendría razón de ser el mismo de desaparecer su objetivo, es decir, no tendría finalidad práctica alguna el ejercicio constitucional cuando las cosas hubieran vuelto al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado. Entonces, para que se actualice esta causa de improcedencia, el acto impugnado debe ser revocado o destruido, así como todos y cada uno de los efectos que haya producido, ya que el alcance sería la restitución al quejoso en el goce del derecho violado, quedando éste en una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis de la Segunda Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 242, del Tomo VII, Abril de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Ahora, para tener por demostrada la causal de improcedencia citada, es importante señalar las constancias allegadas en su informe justificado por las autoridades responsables del Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, Morelos, entre otra, la siguiente: Oficio sin número de veintidós de septiembre de dos mil veinte, dirigido al aquí quejoso JUAN CARLOS TORRES GONZÁLEZ, signado por el Tesorero Municipal de Cuautla, Morelos, el cual le fue notificado el diecinueve de octubre de dos mil veinte en el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones. Constancia a la que se le concede valor probatorio pleno, al tratarse de documento público por haber sido expedido por autoridad en ejercicio de sus funciones, en términos de los artículos 197 y 207, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º. Con tal informe y constancia, mediante acuerdo de veintiséis de febrero del año en curso, este juzgado federal dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a sus intereses conviniera, en términos de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, sin que realizara manifestación alguna relativa a lo rendido por las responsables en su informe de ley ni a la documental exhibida, específicamente del oficio por el que se dio respuesta a su escrito petitorio. Así, de la constancia referida se desprende que por oficio sin número de veintidós de septiembre de dos mil veinte, las responsables dieron contestación a lo peticionado por el quejoso en su ocurso de catorce de enero de ese mismo año, del que se observa hace de su conocimiento la imposibilidad que tiene el Ayuntamiento demandado en incluir en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Cuautla del ejercicio 2020, el monto de la deuda que el Municipio tiene con el quejoso, consistente en el pago de $93,832.09 (noventa y tres mil ochocientos treinta y dos pesos 09/100 moneda nacional), por los motivos que expone en el mismo; oficio que le fue notificado personalmente el diecinueve de octubre de dos mil veinte en el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones. En tales condiciones, se advierte que las responsables hicieron que cesaran los efectos de la omisión reclamada al emitir el oficio de veintidós de septiembre de dos mil veinte en el que se pronunció sobre el escrito presentado por el quejoso cuya omisión se combate; el cual le fue notificado en el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones. Sin que constituya un obstáculo para arribar a tal determinación, la circunstancia de la notificación personal de dicho oficio se atendió con diversa persona, puesto que al momento en que este órgano jurisdiccional recibió el informe justificado procedió a dar vista a las partes mediante auto de veintiséis de febrero del año en curso notificado el uno de marzo siguiente; por tanto, la parte quejosa quedó plenamente enterada de la determinación emitida en respuesta a su solicitud, sin que hubiese realizado manifestación alguna. En consecuencia, se cumple con el conocimiento que debe tener la promovente con el acuerdo referido, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes en contra de dicha determinación; con lo que se destruyeron todos sus efectos en forma total e incondicional, en la medida que las cosas volvieron al estado en que se encontraban antes de la violación combatida. Lo anterior es así, ya que al reclamar un acto omisivo, se aborda su análisis por los efectos transgresores de derecho que genera, en el caso concreto se traduce en la omisión de acordar el escrito presentado el catorce de enero de dos mil veinte; y por ende, una eventual concesión de amparo tiene por efecto que la autoridad restituya en sus derechos violados a la peticionaria y, para ello, impondría a la responsable, en este caso, la obligación de pronunciarse respecto del escrito de mérito, comunicándole su determinación a la parte quejosa. Condiciones que en el particular se satisfacen, pues la autoridad responsable ya acordó el aludido ocurso, determinación que le fue notificada en el domicilio para oír y recibir notificaciones; restituyéndose así la garantía constitucional que inicialmente fue violada y, por ende, no habría materia para resolver de fondo el asunto. Bajo esa tesitura, es evidente que en el caso, se surte la causal de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, ya que al momento de la presentación de la demanda de amparo (uno de septiembre de dos mil veinte), las autoridades responsables no se habían pronunciado respecto del escritorio petitorio presentado por el quejoso, el cual acordaron hasta el veintidós de septiembre de dos mil veinte. Por tanto, si de manera posterior se dio respuesta a lo peticionado por el impetrante de garantías, es claro que los efectos del acto reclamado cesaron, y por tanto, se ha restituido a la parte quejosa en los derechos fundamentales que estimó vulnerados como si hubiera obtenido un fallo protector. La anterior consideración, encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Junio de 1999, página 38 del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Así como la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Página 210 del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.". Sin que constituya un obstáculo para arribar a la anterior determinación, la circunstancia de que la notificación realizada por la responsable no se entendió directamente con el quejoso, puesto que como se dijo, ésta se realizó al rendir el informe justificado y darle vista con el mismo, no haciendo manifestación alguna al respecto y con dicha circunstancia la parte quejosa quedó enterada de la determinación emitida en respuesta a su solicitud; por tanto, se cumple con el conocimiento que debe tener la quejosa del acuerdo correspondiente, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes. Por tanto, la notificación practicada por la responsable, además que no fue combatida, tampoco generaría una afectación susceptible de ser controvertida en juicio de amparo; de ahí que subsista el sobreseimiento en el juicio. En lo conducente se invoca como apoyo a lo anterior y por analogía, la jurisprudencia 2a./J.36/99 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 469 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Mayo de 1999, correspondiente a la Novena Época, cuyos rubro siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA.". Consecuentemente, al haber cesado los efectos del acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de amparo. Por lo aquí expuesto, al haberse actualizado las causas de improcedencia indicadas, con fundamento en el artículo 63 fracción V de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo. Por lo anteriormente expuesto, y fundado, se RESUELVE: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo 695/2020-I, promovido por JUAN CARLOS TORRES GONZÁLEZ, por propio derecho, respecto de los actos y contra las autoridades señaladas en el considerando segundo, en términos del cuarto considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, que autoriza y da fe. Razón. Esta foja corresponde a la última de la sentencia dictada el día de hoy, veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, dentro de los autos del juicio de amparo 695/2020-I. Conste.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo se advierte que mediante circular SECNO/10/2021, la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal informó que a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. Así, atendiendo al contenido del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en el que -con el objeto de dar continuidad y reanudar las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación- se establecen diversas acciones que deben llevar a cabo los órganos jurisdiccionales para la reanudación en el trámite y resolución de todos los asuntos radicados en este juzgado, adoptando las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, VI y VIII del citado acuerdo general, en lo que resulten aplicables, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el quince de marzo de dos mil veintiuno, de acuerdo a la Circular SECNO/10/2021 emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura federal. REANUDACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, con relación al Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se levanta la suspensión de los plazos y términos procesales en este juicio de amparo, en el entendido que conforme a la fracción I del artículo 2 del referido acuerdo, dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. CONSULTA DEL EXPEDIENTE VÍA INTERNET. Asimismo, se les hace saber que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario y contraseña o contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. Para obtener el nombre de usuario, deben registrarse en el sitio de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ y seguir los pasos que ahí se precisan. RECOMENDACIÓN PARA TRANSITAR HACIA EL ESQUEMA DE JUICIOS EN LÍNEA. Además, para quienes esto sea una posibilidad, se recomienda transitar hacia el esquema de juicios en línea, lo cual se puede hacer incluso en aquellos asuntos que se hayan tramitado físicamente, para lo cual se puede ingresar una promoción solicitando la consulta y notificación electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea. PROMOCIÓN RECIBIDA. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos jurídicos conducentes el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria dictada en los autos del recurso de queja Q. T. 105/2020, a través de la cual dicho Tribunal de Alzada resolvió en los términos siguientes: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." Acúsese el recibo de estilo correspondiente de la recepción del testimonio de la ejecutoria de mérito, para todos los efectos legales a que haya lugar. FIJACIÓN DE FECHA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En mérito de lo anterior, como se indicó en párrafos precedentes se reanuda el procedimiento en el presente juicio de amparo, por lo que se señalan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional, sin la asistencia de las partes. Data que se señala, en razón de la alta carga de trabajo generada con motivo de la suspensión de labores de los órganos jurisdiccionales a virtud del fenómeno de salud pública originado por el COVID-19, así como su reanudación en los términos apuntados. Ello en atención a que conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo no se exige la presencia de las partes lo que permite la celebración de la audiencia constitucional y la reanudación del juicio; lo cual incluso favorece la protección de su salud ante la emergencia sanitaria ya indicada. En caso de que alguna de las partes manifieste que requiere estar presente en el desahogo de dicha diligencia como lo establece el mencionado Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se utilizará la videoconferencia como regla general para su desahogo, sin la presencia física de las personas en este recinto judicial; y de ser así, deberán hacerlo del conocimiento a este juzgado de manera expresa dentro del término de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, proporcionando un correo electrónico, para realizar las gestiones necesarias ante Dirección General de Tecnologías de la Información del Consejo de la Judicatura Federal, a través del Coordinador Técnico Administrativo de la adscripción, para que proporcione los elementos técnicos necesarios para establecer el enlace simultáneo de imágenes y sonidos y sean citadas las partes para su debido desahogo. Bajo apercibimiento que de no realizar manifestación alguna se celebrará la audiencia de ley en la fecha y hora indicada, privilegiando en todo momento el trabajo a distancia. ESTADO DE LOS AUTOS. Bajo esas circunstancias, se tiene que por auto de veintiuno de octubre de dos mil veinte se recibió el oficio de parte de las autoridades responsables Presidente Municipal, Síndico Municipal y Tesorero Municipal, todos del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos; atento a lo anterior, se procede a dictar el siguiente acuerdo: Téngase a las autoridades responsables rindiendo su informe justificado, con el mismo y con las constancias que a él se anexan, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, asimismo, téngase por hechas las designaciones que refieren. NOTIFICACIÓN DE ESTE ACUERDO En cumplimiento a lo establecido en el artículo 2 fracción II del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, indíquese a las partes que en el caso que en el presente asunto se encuentre pendiente la celebración de la audiencia, lo que significa que esté totalmente integrado y no exista determinación alguna diversa que dictar, la reanudación de plazos ordenada opera hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional, caso contrario, esto se verifica en términos de lo ordenado en la Circular antes invocada; por lo que notifíquese el presente acuerdo a las partes, atendiendo a lo determinado en el auto admisorio de este asunto. Asimismo, se hace de su conocimiento que dado que aún no se permite la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, en atención al artículo 21 del mencionado Acuerdo General, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; adicionalmente, éstas estarán colocadas en el espacio externo designado para tal efecto en las instalaciones del edificio sede de este Circuito Judicial, para que acudan a consultarla sin contar con una cita previa. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.
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Cuernavaca, Morelos, treinta de noviembre de dos mil veinte. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que admitió el recurso de queja registrado con el número 105/2020; el que se ordena agregar a los autos para que surta sus efectos legales procedentes. Notifíquese y cúmplase. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, quien autoriza y da fe.MIDM*
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