Juan Carlos Torres Franco
Expediente 1756/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1756/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Juan Carlos Torres Franco
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan estos autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese a este expediente el oficio remitido por la Fiscal Investigador del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Tres, con anexo que acompaña, que envía en cumplimiento a la sentencia ejecutoriada pronunciada en este asunto. En dicha misiva, la autoridad oficiante informa que remite copia certificada del acuerdo de ocho de octubre del año en curso, derivado de los registros de investigación UNATD35-GC/2054/2019, en el que da cumplimiento a la ejecutoria de mérito. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con dicho oficio y anexo, dese vista a las partes por el plazo de tres días hábiles siguientes al en que surta sus efectos la notificación que se les haga de este acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese; y personalmente a las partes quejosa así como a la tercero interesada.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se aprecia que a la presente fecha el Ayuntamiento de Tekantó, Yucatán no ha realizado el pago del laudo emitido en el juicio laboral 293/2010, del índice del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, por lo cual no ha quedado cumplida la sentencia amparadora dictada en este sumario constitucional. Ello, no obstante de los múltiples requerimientos a las citadas autoridades municipales y demás relacionadas con el cumplimiento de la ejecutoria, como enseguida de destacará: 1. Mediante sentencia de uno de marzo de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso JOSÉ JESÚS PASTOR CANUL AKÉ, para el efecto de que el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, agote las medidas necesarias para la eficaz e inmediata ejecución del laudo dentro del juicio laboral 293/2010; sentencia que al no haber sido impugnada por alguna de las partes, quedó firme y se requirió su cumplimiento. 2. Realizadas las gestiones correspondientes, por auto de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, este órgano federal determinó declarar cumplida la sentencia de amparo, bajo los razonamientos ahí indicados. 3. Al no estar conforme la parte quejosa con lo anterior, interpuso recurso de inconformidad, el cual fue resuelto por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad en el toca 17/2017, en el que determinó declarar fundado dicho recurso, y en cumplimiento a lo resuelto este Juzgado vinculó al cumplimiento del fallo al Presidente Municipal, al Síndico de Hacienda, y al Tesorero, todos del Ayuntamiento de Tekantó, Yucatán, al contar con facultades íntimamente relacionadas con los ingresos y egresos del Ayuntamiento, de acuerdo a la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. Lo cual subsiste a la fecha con independencia de quien ocupe el cargo actualmente. 4. Al no haber quedado cumplida la sentencia por parte de las autoridades vinculadas antes señaladas, el doce de diciembre de dos mil dieciocho, este órgano federal determinó remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito para que resolviera lo correspondiente; (toca de inconformidad 17/2018); el cual resolvió que resultaba infundado lo determinado por el Juzgado y que debía continuarse con el procedimiento de ejecución. 5. Al no haber quedado cumplida la sentencia por parte de las autoridades vinculadas antes señaladas, el doce de agosto de dos mil diecinueve, este órgano federal determinó remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito para que resolviera lo correspondiente al incumplimiento de la ejecutoria de la Presidente Municipal, Síndico de Hacienda y Tesorero, así como el Cabildo, todos del Ayuntamiento de Tekantó, Yucatán, electos para el periodo de dos mil dieciocho a dos mil veintiuno. Recurso que el tribunal revisor declaró infundado y ordenó devolver los autos a este órgano de control constitucional para requerir el cumplimiento de la sentencia de amparo, bajo los lineamientos ahí indicados. 6. Por auto de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo por recibida la resolución de diecisiete de marzo de este año emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal, en la que ordenó devolver los autos a este órgano de control constitucional para requerir el cumplimiento de la sentencia de amparo, bajo los lineamientos ahí indicados. Por ello, este órgano federal precisamente conforme a los lineamientos señalados, vinculó al cumplimiento de la sentencia ejecutoriada al Congreso del Estado, al Secretario de Gobierno, al Secretario de Administración y Finanzas (antes denominado Secretario de Hacienda del Gobierno), todos del Estado de Yucatán y al Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, en su carácter de superior jerárquico, para que asesoren y/o en su caso auxilien al Ayuntamiento Municipal de Tekantó, Yucatán dentro del ámbito de sus facultades, brindándole la asesoría necesaria para la obtención de recursos, ya sea mediante una ampliación presupuestal, o bien la autorización para la adquisición de empréstitos o créditos para cumplir con la sentencia de amparo, para lo cual se les envía copia de la referida resolución para su conocimiento. Esto, porque el artículo 30 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Yucatán; numerales 166, 167, 168, y 169, de la Ley de Hacienda del Estado de Yucatán, y ordinal 5° de la Ley de Deuda Pública del Estado de Yucatán, entre otros relativos y aplicables, se obtiene que el Municipio como ente público, constituye un orden de gobierno investido de personalidad jurídica y maneja su patrimonio conforme a la ley; además, goza de diversas facultades para allegarse de recursos, tales como: contratar obligaciones a corto plazo; contratar empréstitos; solicitar una ampliación presupuestal; o bien, la implementación o ampliación de una partida presupuestal para hacer frente al endeudamiento por virtud de los laudos emitidos por el Tribunal burocrático; lo cual cabe aclarar, no concluye con la administración saliente sino subsiste la obligación de hacer frente a dicha condena laboral y cumplimiento de la sentencia de amparo con la nueva administración. Sin embargo, para realizar cualquiera de las posibles alternativas, se requiere no sólo de la autorización del Cabildo del Ayuntamiento correspondiente, con la consiguiente obligación que tiene de incluir en el presupuesto de egresos y bajo un rubro específico, el pago de las obligaciones derivadas de los asuntos laborales en los que fue condenado. En la inteligencia de que en su propuesta, en forma alguna podrá determinar imposibilidad de cumplimiento, sino presentar un proyecto viable y asequible a fin de cubrir las obligaciones derivadas del juicio laboral de origen. De manera que deberá realizar las acciones y gestiones necesarias ante las demás autoridades vinculadas al cumplimiento de la sentencia de amparo, para obtener tanto la asesoría para allegarse de los recursos que requiere para el cumplimiento de sus obligaciones laborales, como solicitar ya sea una ampliación presupuestal, o la autorización para la adquisición de empréstitos o créditos, todo ello para cumplir con la sentencia de amparo. Por lo cual, deberá solicitar la asesoría del Congreso del Estado, al Secretario de Gobierno, al Secretario de Administración y Finanzas (antes denominado Secretario de Hacienda del Gobierno), todos del Estado de Yucatán y al Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, como superior jerárquico de estas últimas, o de cualquier otra que de acuerdo a sus funciones pueda auxiliarlo en el trámite para la obtención de los recursos necesarios para que dé debido cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Pues incluso, se instruyó al Secretario de Administración y Finanzas del Estado de Yucatán, para que con cuenta del Municipio, realice el pago adeudado al quejoso con cargo a las participaciones que en ingresos federales le corresponda; o bien, en el caso de que surgiera algún impedimento para cumplir lo requerido, se le instruyera para que busque alguna otra opción para satisfacerlo. Aunado a que también se instruyó al Gobernador del Estado de Yucatán, en su carácter de superior jerárquico, para que conminara y supervisara el cumplimiento a lo determinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomando en cuenta que, en caso de inobservancia a este deber, tanto a él como al Secretario de Administración y Finanzas, se procederá en aplicación de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal. Y, se requirió al Congreso del Estado de Yucatán, para que en auxilio del referido Municipio de Tekantó, Yucatán, facilite, estudie y analice el presupuesto de dicha municipalidad, así como la implementación de los medios para la obtención de recursos con cargo a la cuenta del Municipio, para que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Lo que implica para dicha autoridad, que para efectos de la aprobación del presupuesto de egresos, deberá vigilar que en el mismo se contemple un rubro específico para el pago de laudos, en el que se destine una parte del presupuesto para tales efectos, dentro de los términos legales que correspondan. Así también se requirió al Secretario de Administración y Finanzas del Estado de Yucatán, para que sin excusa alguna, previa solicitud del Ayuntamiento demandado, implemente las acciones efectivas para cumplir la ejecutoria de amparo en los términos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin que a la fecha haya realizado pronunciamiento alguno al respecto. Ahora bien, en términos del artículo 77, base primera, de la Constitución Política del Estado de Yucatán, constituye un hecho notorio para este juzgador que con fecha uno de septiembre de este año, entró en funciones la nueva administración del Ayuntamiento de Tekantó, Yucatán. Por tanto, atendiendo a lo prescrito por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que prevé el principio de impartición de justicia pronta y expedita, y tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público e interés social, por lo que no puede quedar paralizado, ya que sus fines, conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo, suponen el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional, es necesario hacer del conocimiento lo anterior a la nueva integración del Ayuntamiento de Tekantó, Yucatán, para que lleve a cabo las acciones ya precisadas con la finalidad de dar cumplimiento a la sentencia firme dictada en el presente juicio. Por tanto, se ordena a cualquiera de los actuarios adscritos a este Juzgado Federal, entreguen los oficios correspondientes tanto al Ayuntamiento de Tekantó, Yucatán, como a las autoridades vinculadas al cumplimiento de la sentencia ejecutoria Presidente Municipal, Síndico de Hacienda y Tesorero de dicho Ayuntamiento, a fin de evitar mayores dilaciones en el presente asunto; debiendo anexarles copia certificada de la sentencia dictada en este juicio de amparo, del auto que declaró ejecutoriada dicha sentencia, y copia de las directrices trazadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el incidente de inejecución de sentencia 92/2020 para el cumplimiento de la sentencia, a fin de que se encuentren en aptitud de cumplir con la ejecutoria de mérito. Por ende, se le requiere para que, dentro del término de diez días, computado a partir de su notificación, en coordinación con el Congreso del Estado, el Secretario de Gobierno y la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado, realice las gestiones necesarias para dar cumplimiento al fallo protector, esto es, satisfacer a la quejosa JOSÉ JESÚS PASTOR CANUL AKÉ el pago del laudo dictado en del juicio laboral 293/2010 y lo informe a este órgano de control constitucional. Hágase lo anterior del conocimiento del Congreso, Gobernador, Secretario de Gobierno y de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado, a fin de que en el ámbito de sus facultades y atribuciones, deberán velar e instruir las medidas adecuadas para lograr el cumplimiento de la sentencia de amparo. Además, se requiere de nueva cuenta a la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, computado a partir de su notificación, señale los actos que ha desplegado con el fin de atender a lo ordenado por el Máximo Tribunal del país. Apercibidas que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá a la omisa una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos, sin centavos, moneda nacional), a que se refiere el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.
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