Juan Carlos Torralba García

Expediente 995/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
995/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
26/01/2022

Partes del expediente

  • Juan Carlos Torralba García
  • Sarahí Navarro Olivarria

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta; de la que se desprende que en el libro de registro de correspondencia que se lleva en el departamento de oficialía, no se tiene registro de promoción alguna que indique que la parte quejosa recurriera el auto de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó por improcedente la demanda de amparo que dio origen a este sumario, dentro del término previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, considerando que éste fue notificado el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, quedando comprendido dicho plazo del veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno al cuatro de enero de dos mil veintidós. Sentado lo anterior, se declara que el auto dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Finalmente, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que este expediente es depurable bajo los lineamientos precisados en término de lo dispuesto en el artículo 18, inciso b) del acuerdo general en cita, toda vez que, se concedió la suspensión de plano solicitada.

  2. Principal

    Vista la razón actuarial levantada el diecinueve de diciembre de dos mil veintiuno, por la licenciada Rosario Guadalupe Flores Osuna, fedataria adscrita a este órgano jurisdiccional, de la que se desprende que el directo agraviado Juan Carlos Torralba García, ratificó la demanda promovida en su favor por Sarahí Navarro Olivarría, y precisó que no recibió golpes ni malos tratos. Recepción de informe relativo a suspensión de plano De conformidad con el artículo 126 de la Ley de Amparo, se tienen recibidos los oficios signados por el Titular del Juzgado Cívico del Ayuntamiento de Mazatlán y por el Coordinador de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública, ambos con residencia en esta ciudad, por medio de los cuales rinden su informe a la suspensión de plano. Asimismo, con fundamento en el numeral 119 del citado ordenamiento legal, se reciben las pruebas documentales que anexa la autoridad oficiante señalada en primer orden. Por lo que respecta al domicilio señalado por la autoridad responsable, deberá estar a lo acordado en proveído de diecinueve de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se proveyó al respecto. Improcedencia De conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, el Juez de Distrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, el Juez de Distrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En la inteligencia de que manifiesto es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, e indudable, cuando se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Apoya lo anterior, en su parte conducente, la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XVI, Julio de 2002, página 448, registro 186605, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. En esa tesitura, el artículo 61, fracción XVI de la Ley de Amparo, establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; Del precepto transcrito, se colige que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos consumados de modo irreparable; entendiéndose como tales cuando han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Lo anterior, en términos de las razones dadas en la jurisprudencia 2a./J. 171/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 171537, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar. Expuesto lo anterior, en la especie Sarahí Navarro Olivarría promovió la demanda de amparo que nos ocupa en representación del directo quejoso Juan Carlos Torralba García, contra actos del Secretario de Seguridad Pública, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, consistentes en lo siguiente: " (.) 2. Se reclama que el directo quejoso Juan Carlos Torralba García se encuentra incomunicado y privado de su libertad fuera de procedimiento judicial en las separos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, con residencia en esta ciudad." Así, en auto de diecinueve del propio mes y año, se concedió al directo quejoso la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados para efecto de que de manera inmediata suspendieras la ejecución de la incomucicación, golpes y malos tratos de los que sea objeto el directo quejoso y cesara su detención, y las responsables (i) lo pusieran en libertad o (ii) a disposición del Agente del Ministerio Público respectivo sin dilación, para que éste último determinara lo que en derecho corresponda respecto de su libertad o retención. Posteriormente, mediante el oficio de cuenta, el Juez del Juzgado Cívico del Ayuntamiento de Mazatlán y el Secretario de Seguridad Pública Municipal, con sede en esta ciudad, rindieron su informe respecto de la suspensión de oficio y de plano decretada, y la primera de las nombradas ofreció, entre otras, copia certificada de las siguientes pruebas documentales: 1. Acta de remisión de detenido a las once horas con cuarenta y un minutos del dieciocho de diciembre del año en curso, al Encargado del Área de Celdas, respecto al quejoso, por "Infracciones - contra la tranquilidad y seguridad de las personas - alterar el orden público". 2. Informe policial homologado en el que se puso al quejoso a disposición del Juez de Barandilla. 3. Examen médico practicado al quejoso por el doctor Ricardo Bautista Scott (cédula profesional 1209081), quien asentó que el directo quejoso no presentó lesiones físicas. 4. Boleta con folio 1541 en la que se asentó que a las trece horas con treinta y dos minutos del diecinueve de diciembre de dos mil veintiuno, el quejoso Juan Carlos Torralba García obtuvo su libertad atendiendo la suspensión de plano dictada en el presente asunto. Así, de la valoración conjunta de las documentales públicas de mérito ?las cuales merecen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2°? se desprende que el quejoso Juan Carlos Torralba García fue detenido a las once horas con cuarenta y un minutos del dieciocho de diciembre del año en curso, por "Infracciones - contra la tranquilidad y seguridad de las personas - alterar el orden público"; y fue puesto en libertad a las trece horas con treinta y dos minutos del diecinueve de diciembre de dos mil veintiuno. En esa tesitura, la obtención de libertad por parte del directo quejoso, pone de manifiesto la consumación irreparable de la detención reclamada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque incluso de otorgarse la protección constitucional, por la propia naturaleza de esos actos, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, ni restituirlo en el pleno goce del derecho violado. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la tesis del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, volumen 75, sexta parte, página 16, registro 254735, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ACTO RECLAMADO, CESACION DEL. E IRREPARABILIDAD. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. Sostiene el quejoso haber sido detenido e incomunicado con motivo de la investigación de probables hechos delictuosos, pero a la fecha se encontraba gozando de su libertad, en estas condiciones debe considerarse que los actos reclamados han dejado de producir sus efectos, así como que se consumaron en forma irreparable, puesto que, por la propia naturaleza de esos actos, sería imposible restituir al quejoso en el gozo de las garantías que se hubieran violado y volver las cosas al estado que guardaban con anterioridad. De ninguna manera puede considerarse que dicha restitución consistiría en la explicación por parte de las autoridades responsables sobre los motivos que tuvieron para ejecutar esos actos, porque lógicamente, ella no eliminaría en forma retroactiva la detención y la incomunicación sufridas por el quejoso. Al expresar el recurrente que su representado goza de una libertad precaria, plena de incertidumbre que lo imposibilita para defenderse, claramente revela el temor de que ese mismo quejoso sea perturbado en el futuro, pero la existencia de dicho estado emocional no se opone a considerar que la detención y la incomunicación en sí mismas han concluido definitivamente. Si con motivo de nuevos actos de las autoridades responsables, el quejoso fuere perturbado y estimare que se violan las garantías individuales en su perjuicio, esos actos serían distintos de los reclamados en esta controversia y, en todo caso, podrían ser reclamados en diverso juicio constitucional; pero debe reiterarse que los que en este amparo reclama, definitivamente han dejado de producir efectos y se han consumado en forma irreparable. Desechamiento En tales condiciones, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Sarahí Navarro Olivarría en representación del directo quejoso Juan Carlos Torralba García, contra actos del Juez del Juzgado Cívico del Ayuntamiento de Mazatlán, con sede en esta ciudad, y otras autoridades.

  3. Principal

    De conformidad con lo dispuesto en el numeral 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, se notifica por lista para conocimiento de la parte quejosa, la determinación de fecha veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, mediante el cual en síntesis se acordó: Vista la razón actuarial levantada el diecinueve de diciembre de dos mil veintiuno, por la licenciada Rosario Guadalupe Flores Osuna, fedataria adscrita a este órgano jurisdiccional, de la que se desprende que el directo agraviado Juan Carlos Torralba García, ratificó la demanda promovida en su favor por Sarahí Navarro Olivarría, y precisó que no recibió golpes ni malos tratos. Recepción de informe relativo a suspensión de plano De conformidad con el artículo 126 de la Ley de Amparo, se tienen recibidos los oficios signados por el Titular del Juzgado Cívico del Ayuntamiento de Mazatlán y por el Coordinador de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública, ambos con residencia en esta ciudad, por medio de los cuales rinden su informe a la suspensión de plano. Asimismo, con fundamento en el numeral 119 del citado ordenamiento legal, se reciben las pruebas documentales que anexa la autoridad oficiante señalada en primer orden. Por lo que respecta al domicilio señalado por la autoridad responsable, deberá estar a lo acordado en proveído de diecinueve de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se proveyó al respecto. Improcedencia De conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, el Juez de Distrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, el Juez de Distrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En la inteligencia de que manifiesto es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, e indudable, cuando se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Apoya lo anterior, en su parte conducente, la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XVI, Julio de 2002, página 448, registro 186605, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. En esa tesitura, el artículo 61, fracción XVI de la Ley de Amparo, establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; Del precepto transcrito, se colige que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos consumados de modo irreparable; entendiéndose como tales cuando han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Lo anterior, en términos de las razones dadas en la jurisprudencia 2a./J. 171/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 171537, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar. Expuesto lo anterior, en la especie Sarahí Navarro Olivarría promovió la demanda de amparo que nos ocupa en representación del directo quejoso Juan Carlos Torralba García, contra actos del Secretario de Seguridad Pública, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, consistentes en lo siguiente: " (.) 2. Se reclama que el directo quejoso Juan Carlos Torralba García se encuentra incomunicado y privado de su libertad fuera de procedimiento judicial en las separos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, con residencia en esta ciudad." Así, en auto de diecinueve del propio mes y año, se concedió al directo quejoso la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados para efecto de que de manera inmediata suspendieras la ejecución de la incomucicación, golpes y malos tratos de los que sea objeto el directo quejoso y cesara su detención, y las responsables (i) lo pusieran en libertad o (ii) a disposición del Agente del Ministerio Público respectivo sin dilación, para que éste último determinara lo que en derecho corresponda respecto de su libertad o retención. Posteriormente, mediante el oficio de cuenta, el Juez del Juzgado Cívico del Ayuntamiento de Mazatlán y el Secretario de Seguridad Pública Municipal, con sede en esta ciudad, rindieron su informe respecto de la suspensión de oficio y de plano decretada, y la primera de las nombradas ofreció, entre otras, copia certificada de las siguientes pruebas documentales: 1. Acta de remisión de detenido a las once horas con cuarenta y un minutos del dieciocho de diciembre del año en curso, al Encargado del Área de Celdas, respecto al quejoso, por "Infracciones - contra la tranquilidad y seguridad de las personas - alterar el orden público". 2. Informe policial homologado en el que se puso al quejoso a disposición del Juez de Barandilla. 3. Examen médico practicado al quejoso por el doctor Ricardo Bautista Scott (cédula profesional 1209081), quien asentó que el directo quejoso no presentó lesiones físicas. 4. Boleta con folio 1541 en la que se asentó que a las trece horas con treinta y dos minutos del diecinueve de diciembre de dos mil veintiuno, el quejoso Juan Carlos Torralba García obtuvo su libertad atendiendo la suspensión de plano dictada en el presente asunto. Así, de la valoración conjunta de las documentales públicas de mérito ?las cuales merecen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2°? se desprende que el quejoso Juan Carlos Torralba García fue detenido a las once horas con cuarenta y un minutos del dieciocho de diciembre del año en curso, por "Infracciones - contra la tranquilidad y seguridad de las personas - alterar el orden público"; y fue puesto en libertad a las trece horas con treinta y dos minutos del diecinueve de diciembre de dos mil veintiuno. En esa tesitura, la obtención de libertad por parte del directo quejoso, pone de manifiesto la consumación irreparable de la detención reclamada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque incluso de otorgarse la protección constitucional, por la propia naturaleza de esos actos, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, ni restituirlo en el pleno goce del derecho violado. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la tesis del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, volumen 75, sexta parte, página 16, registro 254735, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ACTO RECLAMADO, CESACION DEL. E IRREPARABILIDAD. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. Sostiene el quejoso haber sido detenido e incomunicado con motivo de la investigación de probables hechos delictuosos, pero a la fecha se encontraba gozando de su libertad, en estas condiciones debe considerarse que los actos reclamados han dejado de producir sus efectos, así como que se consumaron en forma irreparable, puesto que, por la propia naturaleza de esos actos, sería imposible restituir al quejoso en el gozo de las garantías que se hubieran violado y volver las cosas al estado que guardaban con anterioridad. De ninguna manera puede considerarse que dicha restitución consistiría en la explicación por parte de las autoridades responsables sobre los motivos que tuvieron para ejecutar esos actos, porque lógicamente, ella no eliminaría en forma retroactiva la detención y la incomunicación sufridas por el quejoso. Al expresar el recurrente que su representado goza de una libertad precaria, plena de incertidumbre que lo imposibilita para defenderse, claramente revela el temor de que ese mismo quejoso sea perturbado en el futuro, pero la existencia de dicho estado emocional no se opone a considerar que la detención y la incomunicación en sí mismas han concluido definitivamente. Si con motivo de nuevos actos de las autoridades responsables, el quejoso fuere perturbado y estimare que se violan las garantías individuales en su perjuicio, esos actos serían distintos de los reclamados en esta controversia y, en todo caso, podrían ser reclamados en diverso juicio constitucional; pero debe reiterarse que los que en este amparo reclama, definitivamente han dejado de producir efectos y se han consumado en forma irreparable. Desechamiento En tales condiciones, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Sarahí Navarro Olivarría en representación del directo quejoso Juan Carlos Torralba García, contra actos del Juez del Juzgado Cívico del Ayuntamiento de Mazatlán, con sede en esta ciudad, y otras autoridades.

  4. Principal

    Téngase recibido el oficio RPP/MAZ/1873/2021, signado por el Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con sede en esta ciudad, a través del cual informa lo relativo al cumplimiento de la sentencia de amparo, reservándose proveer sobre su contenido, hasta en tanto la diversa autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Ciudad Altamira, Estado de Tamaulipas, informe sobre el particular.

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