Juan Carlos Tarabay Castillo
Expediente 1062/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1062/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Juan Carlos Tarabay Castillo
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos, para que obren como corresponda, el oficio oficio signado de forma electrónica por el secretario de tribunal adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito; y, el escrito signado por la licenciada Elia Elizabeth Méndez Hernández, Defensora Pública Federal designada en favor del quejoso Juan Carlos Tarabay Castillo. Ahora, con respecto del primer oficio de cuenta, téngase a la Superioridad comunicando la admisión del recurso de queja interpuesto por el directo quejoso Juan Carlos Tarabay Castillo, en la diligencia de notificación de siete de noviembre del año en curso, en contra del proveído de trece de octubre pasado dictado en este juicio de amparo, radicándose con el expediente número 452/2023, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito. En segundo orden, con relación al ocurso signado por la licenciada Elia Elizabeth Méndez Hernández, Defensora Pública Federal designada en favor del quejoso Juan Carlos Tarabay Castillo, mediante el cual precisa que mediante videollamada, su defendido le informó que ya le fueron entregadas las copias faltantes de su causa penal y que "no es su interés continuar con el trámite del recurso de queja que interpuso en contra del auto que desechó su demanda de amparo, pues ya cuenta con la totalidad de las copias de su causa penal", por lo que es su deseo desistirse del referido medio de impugnación, y del que la promovente se adhiere, como su autorizada en términos amplios, al precisar que ello no le irroga perjuicio alguno. En consecuencia, mediante oficio dirigido al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, remítase copia certificada del ocurso de cuenta, con registro 19959, para los efectos legales a que haya lugar en el expediente número 452/2023, de su índice. Por otra parte, de la lectura integral del escrito de cuenta, se advierte que la Defensora designada en favor del quejoso, adicionalmente realiza las siguientes peticiones: a) que las resoluciones judiciales le sean notificadas de manera electrónica; b) se le autorice acceder al expediente electrónico con el usuario "Defensoria"; y c) que se autorice acceso al expediente electrónico a Jorge Ciguenza Rosas, con el usuario "Oficialver23". Al respecto, como lo solicita la promovente, de conformidad con los artículos 3, 26, fracción IV, 30 y 31 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 37, 38, 55, 57 y 58 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, se autoriza al usuario "Defensoria", para que las notificaciones de los acuerdos correspondientes a este expediente se realicen vía electrónica a través del portal www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx. Por tanto, se instruye a los actuarios adscritos a este juzgado, realicen las notificaciones respectivas en la vía indicada.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio remitido por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, a través del cual devuelve diligenciado el exhorto 675/2023, orden 1610/2023, del índice de este juzgado, en el que se encomendó notificar al quejoso Juan Carlos Tarabay Castillo, el proveído de trece de octubre del año en curso, lo cual se llevó a cabo el siete de noviembre del año en curso, como se advierte de las constancias anexas a la comunicación que se recibe. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y dese de baja como debidamente diligenciado. Asimismo, vista la notificación personal de siete de noviembre del presente año, se advierte una manifestación realizada por el quejoso Juan Carlos Tarabay Castillo, que refiere lo siguiente: "interpongo recurso de queja ya que el acto reclamado es que las copias de las diligencias que me entregaron están incompletas" 30/11/26 13:04:59 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.36.34.38.32.35.38.37 ADELA MARQUEZ HERNANDEZ 2 De tal modo, con el fin de salvaguardar el derecho de acceso a la justicia en términos del artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene al quejoso interponiendo el recurso de queja en contra del auto de trece de octubre de dos mil veintitrés; que desechó de plano la demanda de protección de derechos fundamentales formulada por el citado promovente. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis II.2o.P.97 P (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el libro 80, tomo III, página 2107, el veintisiete de noviembre de dos mil veintidós, con número de registro 2022484, de rubro y contenido siguiente: "RECURSOS EN EL AMPARO EN MATERIA PENAL INTERPUESTOS POR PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y SIN DEFENSOR. LA CORRECCIÓN DEL ERROR EN SU DENOMINACIÓN O CITA DE PRECEPTOS EN QUE INCURRAN AL PROMOVERLOS, NO IMPLICA SUSTITUCIÓN POR EL ÓRGANO REVISOR, SINO UN CRITERIO DE EXCEPCIÓN RACIONALMENTE JUSTIFICABLE, A FIN DE GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL. Si bien es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó la regla de que en el juicio de amparo no se faculta a los órganos revisores a variar, modificar o constituir la vía de los medios de impugnación propuestos, sustituyéndose así al deber procesal de las partes involucradas y legitimadas para hacerlos valer en su caso, también lo es que la misma Suprema Corte, y en especial la Primera Sala, ha desarrollado criterios que revelan una doctrina jurisprudencial más reciente y, sobre todo, tendente a reconocer que debe exigirse el garantizar el acceso a la justicia y debido proceso de quienes en condiciones de privación de la libertad no cuentan con asesoría jurídica, la cual no puede ser sustituida ni siquiera bajo la figura de la suplencia de la queja, debido a que abarca el ofrecimiento y desahogo de pruebas, ni el ejercicio oportuno y fundamentado de derechos y medios de impugnación. Un ejemplo de ello, son los actuales criterios que exigen a los Jueces de amparo asegurarse, desde el inicio del juicio seguido en materia penal, que las personas privadas de la libertad cuenten con asesoría jurídica no sólo formal, sino incluso materialmente técnica; comprobando que el defensor acredite estar capacitado para el legal desempeño del cargo. Del mismo modo, se ha determinado que la impugnación se torne procedente, aun cuando se haga oralmente al momento de la notificación, a pesar de no cumplir con las formalidades que, como regla general, exige la Ley de Amparo, como por ejemplo, la presentación y formulación por escrito de los recursos y agravios. Derivado de todo esto, este tribunal ha sostenido que, a fin de no hacer nugatorio ese reconocimiento de supuestos de excepción, propios de la materia penal y de integrantes de grupos vulnerables; y más concretamente, respecto de quien se encuentra privado de la libertad y sin defensor que le patrocine, en su carácter de órgano revisor, no sólo puede, sino que debe ser sensible a la existencia de casos excepcionales en los que dichos quejosos intentan interponer el recurso correspondiente contra la resolución que se les notifique, y se advierta que, precisamente, esa falta de asesoría y desconocimiento de los aspectos y fundamentos técnicos del derecho y del procedimiento de amparo en particular, les lleve a omitir o confundir la cita de preceptos o fundamentos, o bien, a mencionar denominaciones incorrectas de los medios de impugnación y su 30/11/26 13:04:59 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.36.34.38.32.35.38.37 ADELA MARQUEZ HERNANDEZ JUICIO DE AMPARO 1062/2023 3 fundamento real, pues se hace evidente que se trata de un error esencial del nombre o precisión técnica del recurso que se hizo valer en tiempo al manifestar coloquialmente su inconformidad con la resolución notificada y, con ello, su deseo de que el órgano superior lo revise ante su expectativa personal de derecho. Por tanto, en tales hipótesis de estricta excepción, no se produce una sustitución por el órgano revisor, sino una elemental corrección del error (racionalmente justificable), proveniente de quien se encuentra en condiciones donde no resulta razonable exigir detalles técnicos a quien no puede hacerlo, lo que implicaría negar el derecho de acceso a la justicia con transgresión a los principios consagrados en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por consiguiente, con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), 99, 100 y 101 primer párrafo, de la Ley de Amparo, remítase la copia de la notificación personal de siete de noviembre del año en curso, mediante la cual se formula la queja al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, en turno, con residencia en Boca del Río, Veracruz, al que se acompaña copia certificada de las actuaciones que se han practicado hasta el momento en el presente expediente y ríndase informe en el sentido de que es cierto el acto materia de la queja, ya que en el referido auto se desechó la demanda de amparo por los fundamentos y las razones ahí expuestas. Asimismo, se hace de su conocimiento que por auto de diez de noviembre de dos mil veintitrés, dentro de los autos del diverso juicio de amparo 931/2023 de nuestro índice, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, informó que libró oficio al Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, para que entregara al aquí quejoso Juan Carlos Tarabay Castillo, copia certificada de la diligencia de veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, la cual obra agregada en el tomo II de la causa penal 100/2014, a efecto de que el enjuiciado tenga acceso a su consulta conforme a los lineamientos que la autoridad administrativa establece, como lo que acredita con la guía de mensajería acelerada "Estafeta", así como con el comprobante de entrega a la dirección de su destino; por lo que se ordena 30/11/26 13:04:59 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.36.34.38.32.35.38.37 ADELA MARQUEZ HERNANDEZ 4 adjuntar copia certificada de la promoción registrada con número 19337 y del acuerdo mencionado. Por otra parte, vista la certificación de cuenta se tienen a la vista los autos del juicio de amparo 931/2023, del índice de este juzgado de distrito, por lo que siendo un hecho notorio, en el aludido juicio de amparo, Elia Elizabeth Méndez Hernández, fue designada por el Titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública, con sede en Veracruz, Veracruz, como Defensora Pública Federal del quejoso, la cual en diverso de siete de noviembre de dos mil veintitrés, acepta y protesta el cargo conferido. En consecuencia, se ordena a cualesquiera de los Actuarios Judiciales adscritos, la notificación personal de la mencionada Defensora Pública Federal, en el domicilio ubicado en Avenida Habaneras 315, Fraccionamiento Jardines de Virginia, entre Jardines de Virginia e Invernadero, código postal 94294, Boca del Río, Veracruz, para que se imponga de los autos vertidos en este juicio de derechos fundamentales, con el fin de que se apersone con el mismo carácter y realice el seguimiento del recurso de queja interpuesto por el quejoso. Notifíquese, por oficio a la superioridad y personalmente a la Defensora Pública Federal.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, trece de octubre de dos mil veintitrés. Visto el oficio 29310/2023 signado por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, mediante el cual remite el juicio de amparo 1582/2023, de su índice, del que se advierte que por acuerdo de cinco de octubre del año en curso, el juzgado oficiante se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda presentada por Juan Carlos Tarabay Castillo, por lo que ordenó remitir el juicio de derechos fundamentales al Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, y por cuestión de turno le correspondió a este órgano jurisdiccional. En consecuencia, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo este órgano jurisdiccional acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del juicio de amparo remitido, por tanto, fórmese expediente regístrese con el número que le corresponda y acúsese el recibo de estilo. En consecuencia, fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1062/2023, y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. CONSIDERACIÓN RESPECTO A LA SUSPENSIÓN DE PLANO Ahora bien, no obstante que el quejoso solicita se le conceda la suspensión de plano, no ha lugar a acordar de conformidad su petición toda vez que de la lectura integral de la demanda, no se advierte que el acto que reclama se encuentre en alguno de los supuestos que señala el 22 constitucional, ni de los estipulados en el numeral 126 de la Ley de Amparo, aunado a que para concederse ésta debe atenderse a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, pues como ya se estableció no se está en presencia de un acto que obligue. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano, conforme a lo que en seguida se expone. En primer lugar, es oportuno precisar que en el capítulo de acto reclamado del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa señala como tal el siguiente: "La omisión de entregar completas en copias certificadas las diligencias desahogadas en la causa penal 100/2014, en particular el tomo II la diligencia realizada el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete en la causa penal 100/2014, la cual viene incompleta." Ahora, es un hecho notorio para la suscrita la existencia del juicio de amparo 931/2023, del índice de este juzgado, el cual fue interpuesto por el impetrante de amparo Juan Carlos Tarabay Castillo, en el cual se aperturó el incidente de suspensión por lo que previamente a la exposición de motivos de la actualización de una causal de improcedencia, es necesario contextualizar el estado procesal en el que se encuentra, el cual es el siguiente: 1. Por acuerdo de cinco de septiembre pasado, se admitió la demanda de amparo interpuesta por Juan Carlos Tarabay Castillo, y se dio trámite al incidente de suspensión en cuaderno único, en el cual se precisó como acto reclamado "LA NEGATIVA DE HACER ENTREGA COMPLETA DE LOS CUATRO TOMOS JURÍDICOS CORRESPONDIENTES A LA CAUSA PENAL 100/2014 QUE SE DESARROLLÓ ANTE EL JUEZ QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD Y ANTE EL CUAL NUNCA TUVE ACCESO AUN OBTENIENDO UNA SENTENCIA EN LA PRIMERA INSTANCIA", el cual se le atribuye a la autoridad responsable Juez Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, y se concedió la suspensión provisional para el efecto de que el juez responsable encomendara al personal a su cargo para que, dentro de un plazo de diez días hábiles contados a partir de la notificación de ese proveído, procediera a la obtención y remisión de las copias certificadas de los cuatro tomos que integran el proceso penal 100/2014, al Centro Federal de Readaptación Social Número Uno (1), ''Altiplano'', en el Municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, a fin de que dicha autoridad pusiera a disposición del impetrante de amparo dichas copias. 2. La autoridad responsable Juez Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, mediante informe previo recibido el once de septiembre del presente año, indicó que en cumplimiento de la suspensión provisional ya había remitido los tomos I y II de la causa penal 100/2014, al quejoso, que se encuentra en Centro Federal de Readaptación Social Número Uno (1), ''Altiplano'', en el Municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México. 3. Por otra parte, en el juicio de amparo 931/2023, el once de octubre pasado, el Director Jurídico del Centro Federal de Readaptación Social Número ''1'', Altiplano, informó que entregó los tomos II y III de la causa penal 100/2014, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, al quejoso Juan Carlos Tarabay Castillo, fue realizada el trece y diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, por lo que se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés legal convenga. Explicado lo anterior, tenemos que en el particular se configura de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción X del numeral 61, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (.)" La presente hipótesis se actualiza al prever que los actos reclamados por el aludido quejoso guardan estrecha relación debido a que el acto reclamado del juicio de amparo 931/2023, fue interpuesto por la omisión del Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, de remitir las copias certificadas de la causa penal 100/2014, y el acto por el que el impetrante de amparo se duele en el presente juicio es la omisión de expedir completas las copias certificadas del tomo II de la causa penal 100/2014. El juicio de amparo señala como causal de improcedencia la litispendencia, lo cual pretende evitar la emisión de sentencias contradictorias sobre la misma controversia, esto debido a que no es posible que el órgano jurisdiccional examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad solo puede juzgarse una vez, su actualización depende, necesariamente de que existe identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentra pendiente de resolución. La estrecha relación, la cual se puede definir como "la suerte de algo está en extremo unida a la de otra cosa", sin que sea limitativo, esto se puede verificar en los supuestos siguientes: 1) el segundo en el tiempo es consecuencia, en todo o en parte, del primero; 2) modifica, amplía o restringe los alcances del primero, total o parcialmente; 3) explica los términos del primigeniamente reclamado; 4) permite su subsistencia, aunque fuere sólo en algún aspecto; o, 5) la destrucción de uno, suponga la del otro, en todo o en partes. De tal forma que vistos los antecedentes del juicio de amparo 931/2023, el acto que propició la demanda primigenia al ser estudiado en su incidente de suspensión y ser concedido provisionalmente, al realizar su cumplimiento, dio origen al primer supuesto planteado en el que el segundo en el tiempo es consecuencia, en todo o en parte, del primero; toda vez que el impetrante de amparo se duele en el presente escrito que al habérsele entregado el tomo II de la causa penal 100/2014, estas se entregaron de forma incompleta. Asimismo, se hace alusión que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno (1), ''Altiplano'', en el Municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, y que en diverso de once de octubre del presente año, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera respecto de lo informado por el Director Jurídico del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno (1), ''Altiplano'', de la entrega de los tomos II y III por lo que se advierte la total conexión que tiene el presente escrito con el juicio de amparo 931/2023. Sirve de apoyo la jurisprudencia PC.XIX. J/3 K (11a.), emitida por el Pleno del Decimonoveno Circuito, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el tomo VI, libro veintiséis, en la página 6173, con registro digital 2026791, de rubro y contenido siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. ES UNA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIONES X Y XI, DE LA LEY DE AMPARO (LITISPENDENCIA Y COSA JUZGADA).Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes al conocer de recursos de queja sostuvieron posturas distintas respecto a si resulta jurídicamente factible estudiar en el auto inicial del juicio de amparo indirecto las figuras de la litispendencia y la cosa juzgada, previstas como causas de improcedencia en el artículo 61, fracciones X y XI, de la Ley de Amparo, pues mientras uno de ellos consideró válido tener por actualizadas tales causales para desechar de plano la demanda de amparo, el otro estimó que su análisis exige un ejercicio hermenéutico más profundo y exhaustivo, lo que no es factible realizar en el auto inicial del juicio de garantías. Criterio jurídico: El Pleno del Decimonoveno Circuito determina que el auto inicial del trámite del juicio de amparo es una actuación procesal oportuna para analizar las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones X y XI, de la Ley de Amparo (litispendencia y cosa juzgada), siempre y cuando no involucren situaciones complejas. Lo anterior, con la salvedad de que tratándose de litispendencia, ésta sólo podrá ser estudiada en el auto inicial si ambos juicios se promueven ante el mismo órgano jurisdiccional. Justificación: De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo tiene la posibilidad de desechar la demanda de garantías en el auto inicial si advierte que se actualiza de modo manifiesto e indudable una causa de improcedencia. Por otra parte, el artículo 61, fracción X, de la invocada legislación, establece que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas (litispendencia), mientras que la fracción XI señala que el juicio es improcedente contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior (cosa juzgada). Ahora bien, sin desconocer que instituciones como la litispendencia y la cosa juzgada a menudo plantean situaciones de resolución compleja, por los hechos, circunstancias o pruebas que es necesario analizar, lo que impide efectuar su estudio en el primer proveído del trámite del juicio de amparo, lo cierto es que en mayor o menor medida habrá casos en los que desde el auto inicial se podrán tener por actualizadas las referidas causas de improcedencia, si el asunto no tiene un grado de complejidad mayor, de modo tal que con la información y pruebas disponibles en ese estadio procesal se pueda arribar a la consideración de que tales causas de improcedencia son manifiestas e indudables. Ello, si se advierte que el primer juicio pendiente de resolución (litispendencia) o aquel en el que existe sentencia ejecutoria (cosa juzgada) y el segundo o ulteriores juicios de amparo: a) son promovidos por el mismo quejoso; b) en contra de las mismas autoridades responsables; y, c) por el mismo acto o norma general, caso en el cual no existirá impedimento legal para desechar de plano la demanda de garantías por esas causas. La postura adoptada busca un equilibrio prudencial entre el derecho de acceso a una tutela judicial efectiva y la posibilidad de evitar el trámite de juicios de amparo sin causa legítima." De tal modo, que se tiene conocimiento de la estrecha relación con la autoridad responsable, acto reclamado y siendo que en el juicio de amparo 931/2023, a la data no se ha dictado sentencia, al ser manifiesta e indudable la litispendencia observada, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del numeral 61. Por lo expuesto anteriormente y, como se adelantó, con fundamento en el artículo 113 de esa la legislación, se desecha de plano de la demanda de amparo planteada. Se invoca la Jurisprudencia 749 Publicada en la página 505 del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional." Finalmente, la que suscribe no soslaya que el quejoso Juan Carlos Tarabay Castillo, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno (1), ''Altiplano", municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, el cual no es un perito en la materia judicial, por lo que al promover sus propios escritos y manifestaciones se pueden actualizar errores en el procedimiento, por lo que velando por el interés de la parte quejosa y la vulneración que le aqueja respecto del acto del que se duele en el presente escrito, se ordena expedir copia certificada de la promoción 18109, y glosarla a los autos del juicio de amparo 931/2023, para que este órgano jurisdiccional se avoque debidamente a lo manifestado por el quejoso y no se generen dilaciones y violaciones a su proceso como lo vela el artículo 17, Constitucional. NOTIFICACIÓN POR EXHORTO Toda vez que el quejoso Juan Carlos Tarabay Castillo se encuentra privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno (1), ''Altiplano'', municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, esto es, fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el numeral 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, y con apoyo en lo dispuesto en los artículos 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298, 299, 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese exhorto al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en turno, a fin de que notifique personalmente la presente determinación al quejoso Juan Carlos Tarabay Castillo, y requiérasele para que señale domicilio en esta ciudad o la zona conurbada Veracruz, Veracruz, para oír y recibir notificaciones, en la inteligencia que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones se le harán por lista de acuerdos que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional, en términos de lo que dispone el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Envíense el exhorto de mérito a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 107 al 111 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; de igual modo, pídase al órgano jurisdiccional al que por razón de turno corresponda diligenciar el exhorto referido, que una vez desahogada la solicitud, remita la totalidad de la comunicación oficial únicamente mediante el sistema en comento. Indíquese al referido juzgado que, en caso de ser necesario, se le faculta para que habilite días y horas inhábiles, a fin de que realice la notificación encomendada, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Amparo y se le solicita, de la manera más atenta, que una vez diligenciada la citada comunicación, se sirva devolverla por la misma vía para la debida integración del expediente, sin necesidad de que acuse recibo de su recepción. AUTORIZACIÓN PARA LIBRAR OFICIOS Se autoriza a las personas Secretarias adscritas a este órgano jurisdiccional para librar oficios derivados de este asunto. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a las personas Secretarias supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza el uso de aparatos electrónicos o cualquier otro medio para copiar o reproducir las actuaciones que se dicten en este asunto, previa comparecencia de la persona legítimamente facultada ante el personal actuante, previa identificación respectiva; en atención a que no existe impedimento legal para ello. Asimismo, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente asunto, a las personas legítimamente facultadas para ello, previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN A LAS PERSONAS ACTURARIAS ADSCRITAS Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. AUTORIZACIÓN PARA TESTAR Y CORREGIR DENOMINACIÓN Con el fin salvaguardar el derecho humano a la tutela judicial efectiva, que consagran los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se faculta a cualquiera de las personas actuarias de la adscripción para que, en los oficios librados a las autoridades responsables locales, puedan testar y corregir las denominaciones de las autoridades a las que se encuentran dirigidos, esto es así, si al constituirse en el domicilio oficial sean informados que la denominación es incorrecta y sea proporcionada la correcta o, dada las funciones que realizan propias a su puesto, es de su conocimiento la denominación correcta de las autoridades a las que se dirigen las misivas. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se autoriza al Secretario, bajo criterio limitado y hábil, para que únicamente certifique y agregue a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. Notifíquese, y por exhorto al quejoso.
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