Juan Carlos Tarabay Castillo
Expediente 1331/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1331/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/09/2017
Partes del expediente
- Juan Carlos Tarabay Castillo
- Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano"
Actuaciones
- Principal
V.- Vista la razón de cuenta se advierte la imposibilidad de entregar el oficio 29598/2017, dirigido a la autoridad Titular de la Policía Federal Ministerial adscrito al a la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de México; por las consideraciones expuestas en la constancia suscrita por el actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional de la cual se obtiene la denominación correcta de la autoridad que se pretende notificar, a saber: Jefe de Sede de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de México y en virtud de la fe pública de la que se encuentra investido, de conformidad con el artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena reenviar el oficio con la denominación que al efecto se proporciona. agréguese a los autos las razón de cuenta, para los efectos legales procedentes.
- Principal
II. Toluca, México; treinta de agosto de dos mil diecisiete. El estado procesal del presente juicio de amparo evidencia mediante auto de dieciséis de agosto del presente año, se tuvo por recibido el oficio por el cual el Juez Quinto de Procesos Penales Federales en el Estado de México, transcribió el auto de catorce de agosto pasado, en el que informaba que se encontraba realizando gestiones para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; sin embargo, a la fecha no ha informado si la Coordinación General de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, ha realizado las gestiones necesarias para dar cumplimiento al auto de veinticuatro de julio del presente año, es decir, hacerles llegar la información que solicitan en el citado auto. Expuesto lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se le solicita al Juzgado Quinto de Procesos Penales Federales en el Estado de México, de la manera más atenta, para dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo decretada en el presente juicio de amparo o en su defecto informe su imposibilidad para dar cumplimiento; en los términos y plazos establecidos en la Ley de Amparo. En el entendido de que no se realiza apercibimiento alguno dada la investidura con la que cuenta el homólogo federal. Notifíquese.
- Principal
Toluca, México; veintinueve de agosto de dos mil diecisiete. Visto el oficio de cuenta mediante el cual el Encargado de la Dirección de Administración en ausencia de la Directora General y Presidenta del Comité Técnico del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en cumplimiento al requerimiento de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, hace del conocimiento las gestiones que realiza para dar cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos el comunicado de cuenta para que surta los efectos legales a que haya lugar. Atento a lo anterior y una vez que sesione el Comité Técnico con fundamento en los párrafos primero y segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo en vigor, requiéraseles, para que dentro del término de tres días, informen el cumplimiento a este Juzgador, para lo cual deberá acompañar las constancias que así lo acrediten. Con el apercibimiento que de no hacerlo así sin justa causa, de conformidad con los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización, en términos del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, es menester precisar que si bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, las notificaciones en los juicios de amparo se harán en forma personal a los quejosos privados de su libertad en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio, o bien, en el lugar de su reclusión; la realidad es que, la intención del legislador con tal disposición fue que el promovente del juicio privado de su libertad tuviera conocimiento de aquellas determinaciones que trascienden en la integración del juicio constitucional, a fin de que éste se encuentre en aptitud de hacer valer lo que a su interés legal convenga, y no hacer nugatorio su derecho de acceso a la justicia, por tanto, ante determinaciones que no tengan la finalidad de impulsar el procedimiento (como en la especie), o tratándose de la autorización de copias para alguna de las partes, por citar algunos, no es necesario ordenar la notificación de manera personal. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con la Secretario Liliana Lozano Mendoza, que autoriza y da fe. Doy fe
- Principal
Toluca, Estado de México; veinticinco de agosto de dos mil diecisiete. Por recibida la demanda de amparo promovida por Juan Carlos Tarabay Castillo, por propio derecho mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 1331/2017. Ahora bien, luego de analizar el escrito de demanda, se obtuvo que el peticionario de amparo reclama lo siguiente: La omisión y/o falta por parte de las autoridades responsables de proporcionarle la atención médica que aduce necesitar. En esas condiciones, con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano y de oficio, para que dicho acto cese de inmediato, en el entendido que queda a cargo y bajo la responsabilidad de las autoridades responsables la integridad y salud del agraviado. Igualmente, la suspensión concedida, es además para el efecto de que se otorgue al quejoso la atención médica que refiere necesita, acorde al estado clínico que presente y de acuerdo con su expediente médico, en términos de las leyes y reglamentos que rigen a los Centros Federales de Readaptación Social; así como para que en su caso cese cualquiera de los actos contenidos en el artículo 22 Constitucional. A las autoridades responsables se hace de su conocimiento que de no acatar esta medida suspensional, se harán acreedoras a las sanciones establecidas en el artículo 262 de la ley de la materia. Asimismo, las responsables deberán informar sobre el cumplimiento de esta determinación dentro del plazo de veinticuatro horas; en el entendido de que si al rendirlo afirmaren una falsedad o negaren la verdad, en todo o en parte, serán sancionadas en los términos señalados en Título Quinto, Capítulo II de la Ley de Amparo. Dicha suspensión no surtirá efecto alguno, si el acto reclamado por el inconforme no constituye alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 126 de la Ley de Amparo, o no producen algún efecto semejante al de aquéllos, independientemente como lo identifique el agraviado. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia I. 3o. A. J/7, consultable en la página 951, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, enero a junio de 1989, Segunda Parte - 2, Octava Época, número de registro 229397, con el rubro siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA." Cabe resaltar que la suspensión de oficio no tendrá como efecto extraer al quejoso del lugar en el cual se encuentra, en atención a que ese efecto jurídico no se encuentra previsto en el último párrafo del artículo 126 de la Ley de Amparo. En otro punto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 114 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de demanda, y si de dicho análisis advierte que hubiere alguna irregularidad, mandará prevenir al promovente para que cumpla los requisitos omitidos, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban complementarse, para que éste pueda subsanarlas en tiempo. En esas condiciones, con fundamento en los artículos 114, fracciones I,II y IV, 108, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114 y 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se considera pertinente requerir al promovente para que dentro del plazo de cinco días, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito, bajo protesta de decir verdad y entendido de la responsabilidad en que incurren las partes en el juicio de amparo a los que declaran con falsedad para tener una ventaja indebida, realice lo siguiente: ÚNICO. Ahora bien, cabe precisar que en el Diario Oficial de la Federación se publicó la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual tiene por objeto, el establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, así como establecer los procedimientos para resolver controversias que surjan con motivo de la ejecución penal y, regular los medios para lograr la reinserción social. Asimismo, en el citado ordenamiento legal, particularmente en el Capítulo III referente al Procedimiento Administrativo, el legislador estableció un mecanismo legal con el fin de que las personas privadas de su libertad y aquellas legitimadas conforme a los términos de dicha ley (familiares, visitantes, defensores públicos, Ministerio Público, etc.), pudieran formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, y así poder salvaguardar los derechos de las personas que se encuentran privadas de su libertad, ya sea por prisión preventiva o en cumplimiento a una pena. En este sentido, el quejoso deberá realizar una narración sucinta y cronológica de los hechos o abstenciones que le constan y constituyen los antecedentes del acto que señala como reclamado, de los cuales se adviertan los siguientes elementos: Aclare ante qué autoridad solicitó la atención médica que refiere, lo cual implica su denominación correcta y completa, y en su caso si es su deseo señalarla como autoridad responsable. Deberá indicar la forma en que cada una de las autoridades que señala como responsables ha intervenido en la emisión y/o ejecución del acto que reclama. También, tiene la obligación de indicar si contra el acto reclamado ha promovido el procedimiento administrativo que para tal efecto contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal, esto es, si hizo valer ante la autoridad penitenciaria la petición que refiere y en qué fecha. Para el caso de haber hecho valer el mencionado procedimiento, tendrá que precisar ante qué autoridad se tramitó, lo cual implica su denominación correcta, y señalar el estado procesal que guarda, es decir, si a la fecha de la presentación de la demanda ya se resolvió, y en qué data, así como si en su caso la resolución que haya resuelto el aludido procedimiento la señala como reclamada; en el entendido que de reclamar tal resolución deberá indicar la fecha de notificación o de conocimiento de ésta. Si fuere el caso, deberá señalar si contra la resolución emitida en el referido procedimiento administrativo de petición previsto en el Capítulo III de la Ley de Ejecución Penal, formuló la controversia ante el Juez de Ejecución y/o Control respectivo, que para el caso prevé el artículo 114 del citado ordenamiento legal. De haber formulado controversia tendrá que señalar el estado procesal que guarda, esto es, si se encuentra en trámite, o bien si ya se resolvió, en qué data, y el sentido de la determinación respectiva; además deberá manifestar si desea reclamar esa resolución en esta instancia, para lo cual tendrá que indicar la fecha precisa de notificación y/o conocimiento. Finalmente, el peticionario de la protección constitucional deberá indicar si en una temporalidad de seis meses a la fecha ha promovido diversos juicios de amparo contra los actos reclamados que en su caso reclame en el presente asunto; en este aspecto, además tendrá que informar el número de expedientes, ante que juzgado de Distrito se tramitaron y el estado procesal de estos. Tales requerimientos obedecen a que de lo narrado en el escrito de demanda, por el peticionario de la protección constitucional, específicamente en el apartado relativo a los hechos que conforman los antecedentes del acto reclamado, no se advierten tales elementos los cuales resultan indispensables para el capítulo de antecedentes, el cual a su vez es un requisito esencial de la demanda de amparo en términos de la fracción V del artículo 108, de la Ley de Amparo. Al caso es aplicable, se invoca, la tesis número I.7o.A.100 K, que se aprecia en la página 990, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2006, Tomo XXIII, Novena Época, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que establece: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." Al respecto, se hace del conocimiento a la parte quejosa las penas en que incurre en el caso de que exprese hechos falsos u omita los que consten en relación con el acto reclamado, contenidos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 261.- Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: - - - - - - - - - - I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y - -II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." En consecuencia, se apercibe al promovente que de no dar cumplimiento a los requerimientos insertos en el presente proveído, en el lapso concedido para tal efecto, se tendrá por no presentada la demanda de amparo en términos de la parte final del artículo 114 de la Ley de Amparo. Por otro lado, no obstante que el quejoso señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 26, fracción l, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificarle la presente determinación en el lugar de su reclusión. Además, se hace del conocimiento del fedatario judicial adscrito que en el momento en que se practique la citada diligencia deberá solicitar al impetrante de amparo para que manifieste si es su deseo ratificar el domicilio que señaló en su demanda de amparo para oír y recibir notificaciones, esto es, la lista que publica este Juzgado Federal, o bien, si desea señalar para tales efectos el lugar en el cual se encuentra recluido. En la inteligencia que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal se le practicarán personalmente en el lugar de su reclusión, de conformidad con lo establecido en el artículo 26, fracción l, inciso a), de la Ley de Amparo. Desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo. En otro punto, en atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Anhelis Ramírez García, dado que cuenta con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En otro orden de ideas, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este Órgano Jurisdiccional, para que en el caso de que las autoridades responsables se negaren a recibir los oficios derivados del presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, haga del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha la notificación en ese momento, además de que si a consideración del suscrito se estima que el despliegue de su conducta es con notoria mala fe o negligencia inexcusable se harán acreedoras a las sanciones establecidas en el artículo 262 de la ley de la materia. Asimismo, se hace del conocimiento del Actuario de la adscripción para que en el momento de la diligencia respectiva y de ser necesario, realice las aclaraciones correspondientes con relación a la denominación actual y correcta de la autoridad o autoridades que estén ejecutando el acto reclamado, a quienes deberá apercibir que en el supuesto de no recibir las notificaciones en comento, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 239 de la Ley de Amparo, se harán acreedoras de una multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese; y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión. Así lo proveyó y firma Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparos y Juicios Federales en el Estado de México; asistido de la Secretaria Reyna Robles Martínez, quien da fe. Doy fe.
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