Juan Carlos Tarabay Castillo

Expediente 1250/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 42 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1250/2022
Año
2022
Actuaciones
42
Última actuación
23/05/2023

Partes del expediente

  • Juan Carlos Tarabay Castillo
  • Titular y Presidente del Comité Técnico, del Centro Federal de Readaptación Social Número 1 "Altiplano"

Actuaciones

Las 4 más recientes de 42.

  1. Principal

    Intégrese el oficio suscrito por el Perito en Materia de Fotografía Forense, adscrito a la Agencia de Coordinación Criminal, de la Coordinación de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República en el Estado de México, a través del cual informa que en atención al oficio 12634/2023 del índice de este juzgado federal, de once de mayo de dos mil veintitrés, da por concluida su intervención pericial en el presente juicio de amparo; circunstancia de la que se toma nota para los efectos legales correspondientes, toda vez que el presente asunto se encuentra concluido.

  2. Principal

    Intégrese el oficio suscrito por la Perita Profesional "B" en la Especialidad de Psicología Forense, adscrita a la Coordinación Estatal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República en el Estado de México, a través del cual informa que en atención al oficio 12663/2023 del índice de este juzgado federal, de once de mayo de dos mil veintitrés, da por concluida su intervención pericial en el presente juicio de amparo; circunstancia de la que se toma nota para los efectos legales correspondientes, toda vez que el presente asunto se encuentra concluido.

  3. Principal

    Intégrese el oficio suscrito por la Perita Profesional "B" en la Especialidad de Psicología Forense, adscrita a la Coordinación Estatal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República en el Estado de México, a través del cual realiza diversas manifestaciones en torno a la evaluación psicológica en la persona del quejoso ********************, relativa al Protocolo de Estambul que le había sido solicitado. Atento a lo anterior, hágase del conocimiento de la citada profesionista que por auto de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo por desistido al quejoso del presente juicio de amparo; por lo que, en ese mismo acto se sobreseyó y se ordenó su archivo definitivo como asunto concluido. Lo anterior, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    Intégrese la constancia de notificación realizada al quejoso ********************, de la que se advierte al momento de la notificación del proveído de quince de marzo de la presente anualidad manifestó ante el fedatario judicial de la adscripción lo siguiente: "Me desisto del amparo y señalo las listas como domicilio" Por tanto, se tienen por realizadas las manifestaciones del quejoso de mérito; ahora, el desistimiento es el acto procesal por medio del cual el demandante renuncia a su derecho de acción, por lo que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe de seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí, que pueda válidamente desistirse en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Por tanto, lo procedente es sobreseer el juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción I de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio, es el desistimiento del quejoso, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. En efecto, como lo dispone el artículo 107 fracción I, de nuestra Carta Magna, el principio fundamental que rige en el juicio de amparo es la voluntad, de la parte agraviada; consecuentemente, el juicio constitucional siempre se debe de seguir a instancia de quien resiente el perjuicio, de ahí que el quejoso se pueda desistir en cualquier momento del juicio de amparo hasta antes de que se haya dictado sentencia ejecutoria, con su sola declaración de su voluntad, lo que encuentra sustento en el mencionado artículo 63 fracción I de la Ley de la Materia, entonces el desistimiento y su ratificación (la cual no resulta necesaria, toda vez que la misma se realizó ante la presencia del fedatario judicial de la adscripción), actualiza la hipótesis prevista en dicho artículo, puesto que el quejoso conserva su voluntad para desistirse en cualquier momento de su escrito de demanda de amparo según sus intereses, por lo que este órgano de control constitucional tiene el deber de aceptarlo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 33/200, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 147, Tomo XI, de la Novena Época, correspondiente al mes de Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." En consecuencia, se tiene al impetrante de amparo garantías por desistido en su perjuicio del juicio de amparo en que se actúa, en tal virtud, se SOBRESEE el mismo, lo anterior con fundamento en el artículo 63 fracción I de la Ley de Amparo. Consecuentemente, se deja sin efectos la citación para la celebración de la audiencia constitucional fijada para las doce horas con diez minutos del once de abril de dos mil veintitrés, háganse las anotaciones respectivas. En esa tesitura, al haberse expresado su voluntad a desistirse del presente juicio, ante presencia judicial; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción III, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el presente auto ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívense el presente juicio como asunto concluido. En ese orden, en acatamiento con el artículo 18, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aplicado por analogía, y con apoyo en el capítulo 7, con relación al punto 7.1.1. del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; este expediente es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años a partir de este acuerdo, pues se trata de un expediente el cual se sobreseyó el juicio, sin embargo se concedió la suspensión de plano del acto reclamado. La anterior determinación, se ordena hacer del conocimiento a los expertos ********************, perita en medicina forense, ********************, psicóloga forense y ********************, perito en fotografía forense, todos adscritos a la Coordinación Estatal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de República en el Estado de México, para los efectos legales procedentes Finalmente, tocante a las manifestaciones realizadas por el quejoso de mérito en el sentido de que las notificaciones que se realicen en el presente asunto se le practiquen por lista; a efecto de no retrasar el procedimiento y cumplir con el principio de impartición de justicia pronta y expedita, se ordena notificar al quejoso de referencia la presente y las subsecuentes determinaciones en términos del artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo, esto es, por conducto de su defensora pública ******************** y quien representa sus intereses jurídicos en el presente asunto; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Lo anterior, en razón de que el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, es del tenor siguiente: "Artículo 26. Las notificaciones en los juicios de amparo se harán: I. En forma personal: a) Al quejoso privado de su libertad, en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio, o en el de su reclusión o a su defensor, representante legal o persona designada para oír notificaciones; Énfasis añadido. Del citado numeral, podemos observar que las notificaciones personales al quejoso privado de su libertad se le harán: 1. En el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio; o 2. En el de su reclusión; o 3. A su defensor, representante legal o persona designada para oír y recibir notificaciones. Por ende, se puede concluir que el legislador estipuló tres opciones donde se pueden realizar las notificaciones al quejoso privado de su libertad, es decir, precisó que se le pueden realizar en cualquiera de las opciones plasmadas con anterioridad - alternativa- pues utilizó la conjunción disyuntiva. Por tanto, se tiene como único domicilio procesal el señalado por su defensora Pública. A lo anterior es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 104/2022 (11a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, Materias Común y Penal, del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital: 2025391, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. TRATÁNDOSE DEL QUEJOSO QUE SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, DEBEN REALIZARSE PERSONALMENTE EN EL LOCAL DEL JUZGADO O CENTRO DE RECLUSIÓN, O BIEN, ENTENDERSE LA DILIGENCIA CON SU DEFENSOR, REPRESENTANTE LEGAL O AUTORIZADO [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO]. Hechos: Dos Tribunales Colegiados de Circuito realizaron una interpretación del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para determinar si cuando la parte quejosa está privada de su libertad, las notificaciones personales deben efectuarse en forma conjunta al interno y a su defensor, representante o autorizado para oír notificaciones, o bien, si se podrá notificar alternativamente a uno de ellos. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que de la interpretación gramatical y sistemática del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, deriva que las notificaciones en amparo en materia penal que se hagan a la parte quejosa privada de la libertad deben realizarse en forma personal, y que la conjunción "o" tiene una función disyuntiva que otorga la alternativa de notificar personalmente al quejoso en el local del juzgado o centro de reclusión, o bien, entender la diligencia con su defensor, representante legal o autorizado. Justificación: De conformidad con el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se entiende que el derecho de acceso efectivo a la justicia consiste en que las personas puedan ser parte de un proceso y puedan promover la actividad jurisdiccional a través del cumplimiento de algunos requisitos procesales. Para el ejercicio de ese derecho es indispensable que el órgano jurisdiccional comunique a las partes las determinaciones que se vayan emitiendo en el transcurso del proceso. En el caso de las personas privadas de la libertad derivado de un proceso penal instruido en su contra, se les considera como parte de grupos vulnerables, imposibilitados para atender de manera directa el trámite de los juicios en que intervienen, por ello para hacer efectivo su derecho fundamental de acceso a la justicia se deben tomar medidas especiales, debido a que su reclusión les genera obstáculos físicos, culturales y sociales que no les permiten ejercer ese derecho como cualquier otra persona. Para ello, esta Primera Sala ha establecido una serie de medidas encaminadas a que la persona recluida pueda ejercer su derecho de acceso a la justicia. Una de ellas es que el Juez de Distrito, al recibir una demanda de amparo promovida por quien está privado de la libertad, deberá requerirlo para que, si no lo ha hecho, designe a un licenciado en derecho de su preferencia, y de no serle posible, se le designará un defensor de oficio, esto con el objetivo de que cuente con un profesional capacitado que lo asesore y represente durante el juicio de amparo, lo que implica, per se, que esté pendiente de su trámite y que lo auxilie en el desahogo de sus cargas procesales. Ahora, tratándose de las notificaciones personales en un amparo en materia penal que se hagan a las personas privadas de la libertad, de una interpretación gramatical y sistemática del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, esta Primera Sala considera que dicho precepto regula que todas las notificaciones deben realizarse en forma personal a la parte quejosa, y que la conjunción "o" analizada tiene una función disyuntiva que otorga la alternativa de notificar personalmente al quejoso en el local del juzgado o centro de reclusión, o bien, entender la diligencia con su defensor, representante legal o autorizado. Lo anterior, porque se debe atender a la voluntad del directo agraviado por los actos reclamados, quien de manera libre designa en qué lugar prefiere que se practiquen las notificaciones personales. En ese sentido, podrá elegir el centro de reclusión, donde evidentemente se entenderán con él mismo, o bien, un lugar externo, como pudiese ser el domicilio de su defensor o sus autorizados, esto de acuerdo con sus intereses o con la estrategia de defensa que desee adoptar. Sin que ello implique que aquél quede en estado de indefensión, sino que en aras de privilegiar los principios pro persona y pro actione, debe considerarse que es la propia parte quejosa quien con fundamento en lo que dispone el artículo 12 de la Ley de Amparo, tiene la posibilidad de designar a quien lo represente, y en caso de no poder hacerlo, esta Suprema Corte ha establecido la obligación de designarle de oficio un defensor público que lo asista, quien desde luego deberá cumplir con todas las obligaciones inherentes a ese cargo y velar por los intereses de su representado. No obstante, esa regla no debe aplicarse de manera automática en todos los casos y tipos de resoluciones, ya que existirán ocasiones en que se deba notificar de manera conjunta a la persona privada de la libertad en el centro de reclusión y a su defensor, representante legal o autorizado para oír notificaciones en el domicilio procesal que hubiesen señalado. Esa excepción será calificada por el órgano jurisdiccional, el cual deberá evaluar la naturaleza jurídica de la resolución que se va a notificar; si el único facultado para cumplir un requerimiento es la persona privada de la libertad; si el desconocimiento de esa resolución le generará graves afectaciones a la persona recluida o si se trata de una carga procesal de vital relevancia para el trámite y resultado del juicio, en cuyo caso se debe optar por notificar a ambos para generar certeza jurídica para el justiciable."

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