Juan Carlos Suástegui Reyes
Expediente 630/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 630/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Juan Carlos Suástegui Reyes
Actuaciones
- Principal
Acapulco, Guerrero; veinte de julio de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; siete de julio de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por Juan Carlos Suastegui Reyes, por su propio derecho, contra actos del Presidente Constitucional de San Marcos, Guerrero y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno con el número 630/2017, y fórmese expediente. IMPROCEDENCIA En acato a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede dilucidar en torno a la procedencia de la demanda que nos ocupa, para lo cual se hacen las siguientes precisiones. Del escrito de demanda se advierte: Que el objeto de estudio en esta instancia constitucional lo constituye la omisión por parte de las autoridades responsables de dar contestación a su petición de veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, por el cual solicitó que los Miembros del Cabildo del Ayuntamiento Municipal de San Marcos, Guerrero, sesionaran en forma extraordinaria para efecto de que se ampliara el presupuesto de egresos y así poder cubrir el pago y montos establecidos en dicho escrito, con motivo de la resolución dictada a favor del quejoso en el juicio laboral, en el cual el Ayuntamiento es parte demandada. El derecho de petición, como derecho público subjetivo consagrado como garantía constitucional, supone su manifestación en una relación entre gobernante y gobernado, pues la petición se dirige a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las norma legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que resulta indispensable que la petición se eleve al servidor público en su calidad de autoridad, en una relación de supra a subordinación, para que surja el derecho público del quejoso a que se le dé contestación y esté en posibilidad de acudir al juicio de amparo contra la transgresión a ese derecho. De lo cual, se destaca que para la procedencia del juicio de amparo, cuando se reclame violación al derecho de petición, es condición necesaria que aquélla (petición) se eleve al servidor público en su calidad de autoridad. En relación con ello, de la interpretación sistemática de los artículos 73, fracción XVIII, y 1, fracción I, de la Ley de Amparo abrogada, se concluía que el juicio de amparo era improcedente cuando los actos reclamados no provenían de una autoridad; ya que dicha legislación, preveía que era autoridad responsable la que dictaba, promulgaba, publicaba, ordenaba, ejecutaba o trataba de ejecutar la ley o el acto reclamado. En diversas tesis y jurisprudencias, el Máximo Tribunal de la Nación construyó con el devenir histórico la definición del concepto de autoridad para los efectos del amparo, abandonándose el primigenio concepto de fuerza pública para distinguir los actos de autoridad del de los particulares, para arribar a una nueva concepción definida acorde con la realidad imperante en el ámbito de las atribuciones y facultades que desarrollan las entidades del Estado. Así, durante la vigencia de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1936, se fijó como criterio para distinguir a una autoridad para efectos del juicio de amparo, la posibilidad de que un organismo realice actos unilaterales con fundamento en una norma legal, mediante los cuales cree, modifique o extinga situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, y sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Luego de que la indicada legislación reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos quedó abrogada con motivo de la entrada en vigor de Ley de Amparo a partir del dos de abril de dos mil trece, en la última de las codificaciones en cita se retomó el criterio antes descrito para definir el concepto de autoridad para los efectos del juicio de garantías, ya que sobre el particular el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo vigente prevé que tiene tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Lo anterior quiere decir que a partir de la entrada en vigor de la llamada Nueva Ley de Amparo, para definir cuándo se está en presencia de una autoridad con esa naturaleza formal, para los efectos del juicio de garantías, debe considerarse si al dictar, ordenar, ejecutar, tratar de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita realizar el acto que de efectuarse produciría esto último, el ente u organismo del Estado, viole los derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección por la Carta Magna o los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, sea que produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Sin embargo, el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo vigente en su segundo párrafo dispone lo siguiente: "Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." La anterior porción normativa revela entonces que en tratándose de actos provenientes de entidades estaduales o incluso provenientes de quienes carecen formalmente de tal naturaleza, para ser considerados como provenientes de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, no solamente debe verificarse si al dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan realizar el acto que de efectuarse produciría esto último, violen los derechos fundamentales constitucional y convencionalmente protegidos, sino también habrá de confirmarse si las funciones que despliega al realizar tales conductas están determinadas por una norma general. Luego, para dilucidar sobre el particular, debe tenerse en consideración lo señalado por el quejoso, pues si bien el acto reclamado lo hace consistir en la falta de contestación a un escrito, lo cual, afirma es violatorio del derecho de petición; sin embargo, de los antecedentes de la demanda, así como de sus anexos, se obtiene que aquél está encaminado a obtener el cumplimiento de una resolución (laudo) emitida una vez concluido un conflicto de naturaleza laboral, en el cual la parte quejosa tiene el carácter de actor y la ahora autoridad responsable la calidad de demandada; lo cual implica la existencia de una relación jurídica de coordinación entre el ente de la administración pública (Ayuntamiento Constitucional de San Marcos, Guerrero) y el particular (quejoso), esto es, una relación que se entabló en un plano de igualdad y bilateralidad que se sometió a la jurisdicción de un tribunal ordinario, el cual concluyó con un laudo condenatorio por el primero de los mencionados. De ahí que, si la relación que existe entre el quejoso y las autoridades que señala como responsables no es de supra a subordinación, sino de coordinación en un plano de igualdad jurídica como empleado y patrón, derivada de una relación laboral y el acto reclamado es la omisión de contestar su escrito relativo a prestaciones laborales; se considera que el acto que reclama del Presidente, Ayuntamiento y Cabildo del Ayuntamiento Municipal de San Marcos, Guerrero, no es reclamable en esta instancia, ya que no tienen el carácter de autoridades responsables, al no encontrarse revestidos su acto de unilateralidad, imperatividad y coercitividad, pues se reitera, resulta indispensable, que la petición a que se refiere el artículo 8 Constitucional, se formule a un servidor público en su calidad de autoridad, para que de esta manera surja el derecho público del gobernado a que se le dé contestación a su escrito y esté en posibilidad de acudir al juicio de amparo contra la transgresión a ese derecho. Por tanto, se concluye que el acto reclamado en esta instancia constitucional, no genera que la relación de coordinación se transforme en una de supra a subordinación, pues sólo implica la posibilidad de que el quejoso pueda acudir a las instancias ordinarias, para dirimir las cuestiones inherentes al cumplimiento del laudo condenatorio; por lo que, se reitera, que la omisión reclamada no constituye un acto de autoridad como lo exige el artículo 1, fracción I, de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 42/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 126, tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular." Por lo expuesto, se estima que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 1, fracción I, y 5, fracción I, de la propia ley; la cual es manifiesta, porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudable, porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera a trámite la demanda y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; por tanto, lo procedente es desechar la demanda de amparo que nos ocupa. No es obstáculo a lo anterior, lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de Nación, al emitir la Jurisprudencia 85/2011, de rubro y texto: "DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4O. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)". "La excepción al principio de igualdad procesal consagrado en el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles a favor de las dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas al disponer que nunca podrá dictarse en su contra mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, no significa la posibilidad de incumplimiento a una sentencia condenatoria por parte de los órganos estatales, sino que parte de que la entidad estatal cumplirá voluntariamente, por lo que es innecesario acudir a la vía de apremio, lo que así se señala en el segundo párrafo de dicho precepto, al establecer que las resoluciones dictadas en su contra serán cumplimentadas por las autoridades correspondientes, dentro de los límites de sus atribuciones. Sin embargo, en caso de que tal cumplimiento voluntario no se dé, dicha omisión constituye un acto de autoridad que puede combatirse en el juicio de amparo, pues se surten las condiciones para considerar al ente estatal como autoridad en virtud de que: a) Se encuentra colocado en un plano de desigualdad frente al particular, atendiendo precisamente a su calidad de órgano del Estado, pues se le otorga el privilegio de no ser sujeto a ejecución forzosa; b) Tal prerrogativa deriva de la ley, pues ésta responde al cumplimiento voluntario del órgano estatal; c) El uso indebido de ese beneficio implica transgredir la obligación legal de cumplimiento voluntario y afecta la esfera legal del particular porque le impide obtener la prestación que demandó en el juicio en que se dictó sentencia a su favor; y d) La actitud contumaz de la autoridad coloca al particular en estado de indefensión ante la imposibilidad de lograr por las vías ordinarias la justicia que mandata el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Ello, pues se destaca que en la ejecutoria que sustenta el criterio jurisprudencial antes citado, se estableció, entre otras consideraciones, que: ". el incumplimiento a la sentencia condenatoria por parte de las dependencias de la administración pública de la Federación y de las entidades federativas debe considerarse como acto de autoridad susceptible de combatirse en juicio de amparo, pues si bien la obligación a su cargo deriva de una sentencia dictada en un juicio en el que intervino en una relación de coordinación y no de supra a subordinación, el beneficio que le otorga el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles de no poderse sujetar a ejecución forzosa se les otorga precisamente en su calidad de entes estatales y los coloca en un plano de desigualdad que afecta la esfera jurídica del particular al impedirle obtener por vía de apremio la satisfacción de la prestación que la sentencia reconoció u otorgó en su favor, lo que debe ser subsanado mediante el juicio de amparo ante la vulneración al derecho a la administración de justicia que el artículo 17 constitucional consagra a favor de todos los gobernados. Lo anterior queda evidenciado si se considera que no será materia del juicio de amparo ninguna cuestión que fue materia de la litis en el juicio de origen en el que las partes en una relación de coordinación sujetaron su controversia al imperio del órgano jurisdiccional, ni la eventual transgresión a las garantías individuales que en la resolución del conflicto pudieran estimarse transgredidas, sino exclusivamente el desacato a la decisión del Juez. Por tal motivo, no se actualiza la dualidad de caracteres de parte tercero interesada y autoridad responsable por parte del órgano de la administración pública federal o de una entidad federativa que desacata la sentencia de condena en el juicio en que tuvo el carácter de parte, pues la materia del juicio de amparo no abarca el respeto a los derechos fundamentales del gobernado en el juicio natural, sino que se limita al análisis de constitucionalidad del acto de omisión al cumplimiento de la sentencia dictada en dicho juicio, es decir, si tal acto, como desacato a una obligación legal, es vulneratorio de las garantías individuales de la parte quejosa. La actitud contumaz del organismo de la administración pública federal o de una entidad federativa en cuanto a la obligación que le impone la sentencia dictada por el Juez implica la contravención a su deber de cumplimiento voluntario que establece el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles y vulnera las garantías individuales del particular afectando con tal acto contumaz, lo que lo legitima para promover juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, constitucional y 1o., fracción I, de la Ley de Amparo.". De ahí que, sólo será acto de autoridad la omisión en que incurran dependencias de la administración pública federal o de las entidades federativas, en dar cumplimiento a una resolución dictada en un juicio en el cual fueron parte demandada. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en Vasco Núñez de Balboa Esquina con la Calle J.R Cabrillo Número Uno, Despacho 202, Condominio del Sol, Fraccionamiento Hornos, en esta ciudad; por autorizados en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Carmelo Loeza Hernández y Luciano Piza Loeza, cuyas cédulas se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita como profesionales del derecho; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Antonio Mario López Sánchez, Hernán Rafael Loeza Castañeda, Miguel Ángel Becerra Loeza, María Eugenia Loeza Zúñiga, Selene Loeza Castañeda, Luis Eduardo Loeza Castañeda y Jesús Ángel Herrera León, por no cumplir con el requisito anterior. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de la Materia, se comisiona a la actuaria judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles.
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