Juan Carlos Suarez Rojas
Expediente 527/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 527/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Juan Carlos Suarez Rojas
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 527/2021-VII. Puebla, Puebla, dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, en el cual fue desechada su demanda de amparo. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar al quejoso por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese.
- Principal
SE DEJO AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA; POR TANTO, SE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO.- JUICIO DE AMPARO 527/2021-VII. Puebla, Puebla, veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Radicación de la demanda. Se recibe la demanda de amparo signada por el quejoso , por propio derecho, contra actos del Juez Tercero de la Penal Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1, establece que el juez de distrito examinará la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano.....Bajo ese contexto, es posible afirmar que el quejoso, en realidad, pretende reclamar el auto de formal prisión dictado en su contra por el Juez Tercero Penal del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, derivado de la consignación de la representación social dentro de la averiguación previa resolución que fue dictada a mediados de junio de dos mil diecinueve. Entonces, se advierte una causa manifiesta e indudable de improcedencia, en particular la causal prevista por el numeral 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, ....Sin embargo, una vez que se analizan los supuestos hipotéticos que como excepción a la regla general para la interposición del amparo que contempla la norma 17 de la Ley de la Materia, se puede concluir con claridad meridiana, que en el caso, la resolución reclamada, la cual emana de un procedimiento penal, en rigor, no se actualiza ese supuesto excepcional, lo que conlleva a la vigencia de esa regla general; pues, el auto de formal prisión pues, aun cuando por esa determinación el quejoso se encuentro sujeto a proceso y actualmente este recluido en el Centro de Reinserción Social de la Ciudad de Puebla, lo cierto es que esta es dictada dentro de un procedimiento penal; tanto es así, que el propio quejoso señala como autoridad responsable al Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, Puebla. De ahí que, en la especie, la oportunidad de interposición del amparo, resulta de quince días, acorde a lo estatuido en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo. Ante ese panorama, se estima que la presentación de la demanda de amparo es extemporánea. En efecto, en atención al artículo 18, de la Ley de Amparo, antes transcrito, existen tres momentos desde los cuales es posible computarse el plazo de quince días para acudir al juicio de amparo, mismos que se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ese acto o ejecución; o, c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. En eses sentido, del texto normativo se advierte que el legislador racional previó que bastara con que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, es decir, los supuestos previstos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, pues basta con la actualización de uno de esos supuestos (el que cronológicamente se presente primero), para su operancia. Además, la esencia del referido artículo 18, se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, pues es suficiente que en la demanda, el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que se constituya el punto de partida para la contabilización del cómputo que ha de constituirse como la oportunidad de interposición del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre un dato diverso; sin embargo, en el presente caso, la resolución que reclama el quejoso, en la cual se resolvió su situación jurídica, fue dictada a mediados de junio de dos mil diecinueve. Por tanto, a pesar de que no se tenga con precisión la fecha en que se dictó esa resolución, lo cierto es que, al haberse dictado en el año de dos mil diecinueve, al parecer en el mes de junio o julio de ese año -según la cronología de lo narrado en la demanda de amparo- resulta válida para realizar el cómputo respectivo para determinar la oportunidad del presente juicio de amparo. En ese orden de ideas, deviene inconcuso que transcurrieron en exceso los quince días a que tenía derecho el quejoso para interponer la correspondiente demanda de amparo, pues de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ese plazo se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o el acuerdo que reclame, conforme a la ley del acto, al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor del mismo. Y, en ese sentido, se advierte claramente, que la parte quejosa tuvo conocimiento de la ejecución del acto reclamado desde mediados de junio de dos mil diecinueve; pues, a consecuencia de esa determinación se encuentra privado de su libertad, sin que ésta hubiera sido impugnada con oportunidad. Ahora, por cuanto hace a los diversos actos atribuidos al Fiscal General del Estado de Puebla y al Agente del Ministerio Público de la Agencia Especializada en Homicidios de la Mesa de Tramite Turno Vespertino, .. de quien reclamo que dentro de la Averiguación Previa número , Determinara en la Consignación el delito de HOMICIDIO CALIFICADO, delito que de acuerdo a la integración de la misma no se ajusta LEGALMENTE A LOS HECHOS OCURRIDOS, ya que desde luego sin conceder que hubiese sido el culpable se debió integrar por HOMICIDIO EN RINA, tal y como se desprende de las declaraciones de los testigos. Y a lo establecido por la Ley Sustantiva Penal para el Estado de Puebla. "C.- AL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA (HOY EN DIA FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA), ... Con independencia a que también hayan transcurrido los plazos legales para impugnar esos actos, lo cierto es que los mismos no pueden ser reclamados en vía de amparo, porque se actualiza una diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, primer párrafo, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Ello, porque la determinación de ejercer acción penal constituye un ejercicio legítimo de la representación social, previsto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual no le irroga un perjuicio al imputado; pues, es hasta que la autoridad judicial determina si libra o no orden de aprehensión en contra del imputado que se produce un posible afectación. En consecuencia, los actos reclamados no producen una afectación directa y real a la esfera jurídica del quejoso, además, constituye una facultad constitucional de la representación social que no puede ser objeto de estudio mediante el juicio de protección de derechos; por ende, se desecha la demanda de amparo por encontrarse un causa de improcedencia manifiesta e indudable, respecto del primer acto reclamado, en términos del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 17 y 18, del mismo ordenamiento legal; y, por cuanto hace a los actos reclamados a las autoridades ministeriales, conforme lo establecen los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, primer párrafo, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Vista por tortura. La demanda de amparo refleja la posible comisión del delito de tortura, contra el quejoso Juan Carlos Suarez Rojas; pues, refiere que durante su detención de veintisiete de junio de dos mil diecinueve fue golpeado para lograr que confesara su participación en el delito atribuido. Por consiguiente, se ordena dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, desde este momento, a fin de que conforme a los extremos del artículo 21 de la constitución federal, realice en su caso la investigación efectiva del delito a su cargo. Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda de amparo -ubicado en esta ciudad-. Asimismo se tiene como autorizado, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Raúl Hernández Corona; ello, porque su cedula profesional se encuentra registrada en el Registro Único de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, se tienen como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a José Domingo Morales Jiménez, José Domingo Filiberto Morales Merino, María Guadalupe Jiménez Cruz, y Mihtzy Iveth Morales Jiménez; pues, en esos términos fue solicitado por el impetrante de amparo. Notifíquese; en forma personal al quejoso.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 527/2021-VII. Puebla, Puebla, veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Radicación de la demanda. Se recibe la demanda de amparo signada por el quejoso *** , por propio derecho, contra actos del Juez Tercero de la Penal Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1, establece que el juez de distrito examinará la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano.....Bajo ese contexto, es posible afirmar que el quejoso, en realidad, pretende reclamar el auto de formal prisión dictado en su contra por el Juez Tercero Penal del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, derivado de la consignación de la representación social dentro de la averiguación previa *** resolución que fue dictada a mediados de junio de dos mil diecinueve. Entonces, se advierte una causa manifiesta e indudable de improcedencia, en particular la causal prevista por el numeral 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, ....Sin embargo, una vez que se analizan los supuestos hipotéticos que como excepción a la regla general para la interposición del amparo que contempla la norma 17 de la Ley de la Materia, se puede concluir con claridad meridiana, que en el caso, la resolución reclamada, la cual emana de un procedimiento penal, en rigor, no se actualiza ese supuesto excepcional, lo que conlleva a la vigencia de esa regla general; pues, el auto de formal prisión pues, aun cuando por esa determinación el quejoso se encuentro sujeto a proceso y actualmente este recluido en el Centro de Reinserción Social de la Ciudad de Puebla, lo cierto es que esta es dictada dentro de un procedimiento penal; tanto es así, que el propio quejoso señala como autoridad responsable al Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, Puebla. De ahí que, en la especie, la oportunidad de interposición del amparo, resulta de quince días, acorde a lo estatuido en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo. Ante ese panorama, se estima que la presentación de la demanda de amparo es extemporánea. En efecto, en atención al artículo 18, de la Ley de Amparo, antes transcrito, existen tres momentos desde los cuales es posible computarse el plazo de quince días para acudir al juicio de amparo, mismos que se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ese acto o ejecución; o, c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. En eses sentido, del texto normativo se advierte que el legislador racional previó que bastara con que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, es decir, los supuestos previstos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, pues basta con la actualización de uno de esos supuestos (el que cronológicamente se presente primero), para su operancia. Además, la esencia del referido artículo 18, se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, pues es suficiente que en la demanda, el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que se constituya el punto de partida para la contabilización del cómputo que ha de constituirse como la oportunidad de interposición del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre un dato diverso; sin embargo, en el presente caso, la resolución que reclama el quejoso, en la cual se resolvió su situación jurídica, fue dictada a mediados de junio de dos mil diecinueve. Por tanto, a pesar de que no se tenga con precisión la fecha en que se dictó esa resolución, lo cierto es que, al haberse dictado en el año de dos mil diecinueve, al parecer en el mes de junio o julio de ese año -según la cronología de lo narrado en la demanda de amparo- resulta válida para realizar el cómputo respectivo para determinar la oportunidad del presente juicio de amparo. En ese orden de ideas, deviene inconcuso que transcurrieron en exceso los quince días a que tenía derecho el quejoso para interponer la correspondiente demanda de amparo, pues de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ese plazo se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o el acuerdo que reclame, conforme a la ley del acto, al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor del mismo. Y, en ese sentido, se advierte claramente, que la parte quejosa tuvo conocimiento de la ejecución del acto reclamado desde mediados de junio de dos mil diecinueve; pues, a consecuencia de esa determinación se encuentra privado de su libertad, sin que ésta hubiera sido impugnada con oportunidad. Ahora, por cuanto hace a los diversos actos atribuidos al Fiscal General del Estado de Puebla y al Agente del Ministerio Público de la Agencia Especializada en Homicidios de la Mesa de Tramite Turno Vespertino, .. de quien reclamo que dentro de la Averiguación Previa número , Determinara en la Consignación el delito de HOMICIDIO CALIFICADO, delito que de acuerdo a la integración de la misma no se ajusta LEGALMENTE A LOS HECHOS OCURRIDOS, ya que desde luego sin conceder que hubiese sido el culpable se debió integrar por HOMICIDIO EN RINA, tal y como se desprende de las declaraciones de los testigos. Y a lo establecido por la Ley Sustantiva Penal para el Estado de Puebla. "C.- AL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA (HOY EN DIA FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA), ... Con independencia a que también hayan transcurrido los plazos legales para impugnar esos actos, lo cierto es que los mismos no pueden ser reclamados en vía de amparo, porque se actualiza una diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, primer párrafo, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Ello, porque la determinación de ejercer acción penal constituye un ejercicio legítimo de la representación social, previsto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual no le irroga un perjuicio al imputado; pues, es hasta que la autoridad judicial determina si libra o no orden de aprehensión en contra del imputado que se produce un posible afectación. En consecuencia, los actos reclamados no producen una afectación directa y real a la esfera jurídica del quejoso, además, constituye una facultad constitucional de la representación social que no puede ser objeto de estudio mediante el juicio de protección de derechos; por ende, se desecha la demanda de amparo por encontrarse un causa de improcedencia manifiesta e indudable, respecto del primer acto reclamado, en términos del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 17 y 18, del mismo ordenamiento legal; y, por cuanto hace a los actos reclamados a las autoridades ministeriales, conforme lo establecen los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, primer párrafo, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Vista por tortura. La demanda de amparo refleja la posible comisión del delito de tortura, contra el quejoso Juan Carlos Suarez Rojas; pues, refiere que durante su detención de veintisiete de junio de dos mil diecinueve fue golpeado para lograr que confesara su participación en el delito atribuido. Por consiguiente, se ordena dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, desde este momento, a fin de que conforme a los extremos del artículo 21 de la constitución federal, realice en su caso la investigación efectiva del delito a su cargo. Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda de amparo -ubicado en esta ciudad-. Asimismo se tiene como autorizado, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Raúl Hernández Corona; ello, porque su cedula profesional se encuentra registrada en el Registro Único de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, se tienen como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a José Domingo Morales Jiménez, José Domingo Filiberto Morales Merino, María Guadalupe Jiménez Cruz, y Mihtzy Iveth Morales Jiménez; pues, en esos términos fue solicitado por el impetrante de amparo. Notifíquese; en forma personal al quejoso.
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