Juan Carlos Soto Chavez
Expediente 53/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 53/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/11/2023
Partes del expediente
- Juan Carlos Soto Chavez
- Congreso del Estado de Baja California, En Mexicali
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida el veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, en la que en la que sobreseyó, negó y otorgó el amparo y protección al quejoso ********************, sin que lo hubieran hecho. Ejecutoria. Con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria; en consecuencia, dense los avisos de ley. Efectos de la sentencia. Ahora, en la sentencia ejecutoriada se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal para los siguientes efectos: "NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. De conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la protección constitucional otorgada a ********************, es para el efecto de que la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, actúe de la siguiente forma: a) Deberá inaplicar al quejoso ********************, las fracciones I y II, inciso B, del artículo 4 y 5 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Tijuana Baja California, respecto del cobro que se realizó en relación con el predio identificado con clave catastral ********************, únicamente en la parte que se consideraron inequitativos, es decir, en cuanto a la diferenciación que se analiza cuando el impuesto es generado respecto de un predio urbano no edificado con uno distinto, conforme la tasa general de tres punto treinta (3.30) al millar. En consecuencia, la autoridad exactora deberá restituir a la parte quejosa la cantidad excedente actualizada que resulte de las diferencias enteradas respecto al impuesto predial de los ejercicios pagados reclamados relativo al inmueble con clave catastral ********************; devolución que debe partir del cálculo que se haga conforme a la tasa general aplicable -esto es, bajo la tasa del 3.30 al millar- y se le exente de la imposición de la tasa adicional, tal y como se prevé para aquellos sujetos que se encontraban en la misma situación que la quejosa frente a la ley tributaria. Ello es así, pues la concesión del amparo únicamente puede traducirse en ubicar al quejoso en la cuantía mínima impositiva, más no liberarlo en su pago. b) No deberá aplicar en lo presente ni en lo futuro a la parte quejosa el contenido de los artículos 9, 10, 11 y 12 de dicha Ley de Ingresos; y en consecuencia la autoridad que recaudó los impuestos para el Fomento Deportivo y Educacional, y para el Fomento Turístico, Desarrollo Integral de la Familia y Promoción de la Cultura, deberá devolver las cantidades pagadas debidamente actualizadas por esos conceptos, contenidos en el recibo de pago del impuesto predial del inmueble con clave catastral ********************. c) Sobre el resultado del monto por concepto de Impuesto Predial y con exclusión de los impuestos para el Fomento Deportivo y Educacional, y para el Fomento Turístico, Desarrollo Integral de la Familia y Promoción de la Cultura, recalcular los restantes conceptos derivados, lo cual dará como resultado la cantidad neta que tendrá que enterar la parte quejosa, y con base en tal monto determinar la diferencia a devolver como pago en exceso, la cual se deberá restituir debidamente actualizada." Requerimiento a la autoridad responsable. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, para que dentro del plazo de tres días hábiles legalmente computado, informen el cumplimiento dado al fallo protector, remitiendo al efecto copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Se requiere a superior jerárquico. Asimismo, con fundamento en el citado artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Presidente Municipal de Tijuana, Baja California, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, realice las gestiones conducentes y conmine a la autoridad responsable citada con antelación, para que dé cumplimiento a la ejecutora de amparo, debiendo demostrar ante este órgano jurisdiccional que dio la orden conducente. En el entendido que la intervención del superior jerárquico no sólo se constriñe a enterarse de que su subordinado es renuente a acatar el fallo constitucional, ni tampoco se limita a que éste le envíe recordatorios o comunicados pidiéndole que cumpla con el mismo, sino que debe de hacer uso de todos los medios a su alcance, inclusive de las prevenciones y sanciones que conforme las disposiciones aplicables puede formular e imponer a sus subalternos para conminarlos a cumplir con el fallo protector, ello a fin de una pronta y expedita administración de justicia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 108/2022, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Undécima Época, veintiséis de agosto dos mil veintidós, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. PARA CONSIDERAR COLMADAS SUS OBLIGACIONES, ES INSUFICIENTE QUE LA PERSONA SUPERIOR JERÁRQUICA DE LAS AUTORIDADES OBLIGADAS AL CUMPLIMIENTO SE CONCRETE A INFORMAR QUE ENVIÓ UN OFICIO PARA INSISTIRLES EN EL ACATAMIENTO." Apercibimiento. Apercibidos que de no hacerlo sin causa justificada, o bien, en caso de eludir el acatamiento del fallo protector con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, se le impondrá, a quien incumpla, una multa de cien unidades de medida y actualización, con apoyo en los ordinales 192, 193, 194, 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo y se procederá a remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad competente. Lo expresado encuentra sustento, en la tesis CLXXIV/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de dos mil, página 6, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SI UN SERVIDOR PÚBLICO, COMO AUTORIDAD RESPONSABLE INCURRE EN DESACATO DURANTE EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, DEBE CONSIGNÁRSELE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA, AUNQUE HAYA DEJADO DE DESEMPEÑARLO." En la inteligencia de que el amparo y la protección de la Justicia Federal, impone a las autoridades antes señaladas, acatar con toda diligencia la misma, de ahí que deberá atender de manera inmediata todas las eventualidades que se presenten, para cuidar que se observe la concesión que se otorga al impetrante, en el entendido de que si a fin de observar el debido cumplimiento a la ejecutoria de que se trata, es menester la intervención de diversas autoridades ligadas por cualquier motivo a las autoridades responsables, éstas deberán, dentro del término que le ha sido concedido, dictar las providencias necesarias, para que dentro del mismo plazo, la parte quejosa pueda obtener de manera eficaz, los efectos de la protección de la Justicia Federal. Una vez transcurrido el plazo concedido a la autoridad responsable y su superior jerárquico, dese cuenta con todo el expediente, para los efectos legales conducentes; hágase la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que fue celebrada la audiencia constitucional en el presente juicio y a la fecha, no ha sido dictada la sentencia. Asimismo se aprecia que por oficio SECNO/STCCNO/873/2023 de treinta de agosto de dos mil veintitrés, la Secretaría Técnica de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, informó que la citada comisión determinó que el Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, apoye en el dictado de las sentencias referentes a los juicios de amparo que se tramitan ante este juzgado; y, que en la remesa de asuntos generada en el Programa para el Turno Aleatorio de Asuntos a los Órganos Jurisdiccionales del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se encuentra el presente juicio. Por tanto, hágase lo anterior del conocimiento de las partes mediante lista de acuerdos, para los efectos conducentes. Se ordena vincular el expediente electrónico respectivo y hacerse la captura que corresponda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, diez de marzo de dos mil veintitrés. Se rinde informe. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable Secretario General del Gobierno del Estado de Baja California, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Causal de improcedencia. Téngase a la autoridad responsable manifestando que se actualiza la causal de improcedencia que indica; de lo que se toma nota y se considerará al momento de dictar la sentencia correspondiente. Alegatos. Con fundamento en el artículo 124 de la ley de la materia, se tienen por hechos los alegatos que formula la autoridad responsable en el oficio de cuenta, los cuales podrán ser tomados en consideración en el momento procesal oportuno. Delegados. Con fundamento los artículos 9 de la ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable designando como delegados a las personas que cita. Consulta electrónica. Ahora, en relación al petición que realiza en el sentido que se autorice el acceso al presente asunto en su modalidad de expediente electrónico, para consulta y envío de promociones por tal medio, a los usuarios que proporciona; dígase que no ha lugar acordar de conformidad su petición. Lo anterior, toda vez que si bien es cierto que los usuarios "********************", "********************", "********************", "********************" "********************", "********************" y "********************", se encuentran registrados como usuarios de expediente electrónico; sin embargo, se encuentran asociados a diversa parte procesal, esto es, a la autoridad responsable Gobernadora del Estado de Baja California, sin que el sistema permita la asociación de un usuario a dos o más partes. Por lo que, en caso de insistir en su petición deberá proporcionar distintos usuarios de expediente electrónico, a efecto de estar en aptitud de proveer lo conducente. Diferimiento anticipado. En otro orden, para dar oportunidad que las partes se impongan del contenido del informe justificado acordado en los párrafos que anteceden, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta minutos del trece de marzo próximo y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notificación innecesaria a autoridades. En atención a lo resuelto en la jurisprudencia 2ª/J. 176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a las restantes autoridades responsables a efecto de notificarles la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, tres de febrero de dos mil veintitrés. Desahoga prevención. Agréguese a los autos el escrito presentado por el quejoso, a través del cual exhibe una copia del escrito de demanda y anexo. Con lo anterior, téngase al promovente subsanando la prevención realizada el veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Desechamiento parcial. Una vez analizado el escrito inicial de demanda de amparo, este juzgado federal advierte que debe desecharse respecto a la autoridad responsable Director del Periódico Oficial del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, a quien le atribuye el la publicación de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California, para los ejercicios fiscales de los años dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, dos mil veinte, dos mil veintiuno y dos mil veintidós; lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De dicho precepto se advierte que es obligación de este juzgado de Distrito analizar si en la especie se actualiza alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, y de ser así, ante lo manifiesto e indudable de la improcedencia advertida desecharla. Luego, es ineludible precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Por tanto, con relación a la autoridad responsable Director del Periódico Oficial del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, se considera que se surte de un modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; [.]". De la transcripción de los artículos y fracciones que contiene la causa de improcedencia invocada, se advierte que el amparo solicitado ante un Juez de Distrito, cuando se reclamen normas generales únicamente se señalaran como autoridades responsables a las que intervinieron en el refrendo del decreto o su publicación cuando se impugnen sus actos por vicios propios. Pues bien, la interpretación del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, es claro en establecer que cuando se reclamen normas generales, como en el caso, sólo podrá señalarse como autoridades responsables a aquellas que participaron en su refrendo o publicación cuando se reclamen por vicios propios, lo cual no acontece en el presente caso, pues de la demanda de amparo se advierte que ninguno de los conceptos de violación se encuentra encaminado a señalar vicios o deficiencias en la publicación de la norma impugnada. Bajo ese contexto, no es necesario esperar al dictado de la sentencia en el presente asunto, pues aun cuando la autoridad antes señalada llegue a rendir su informe con justificación, no podría aportar mayores elementos para sustentar la norma impugnada pues únicamente se encuentra sujeta a su actuación, esto es, la publicación de la norma, y por ende resulta innecesario llamarla a juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada XXVII.3o.86 K (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en cuyo rubro señala: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL REFRENDO O LA PUBLICACIÓN DE NORMAS GENERALES CUANDO NO SE IMPUGNAN POR VICIOS PROPIOS. Conforme al artículo 108, fracciones III y VIII, de la Ley de Amparo, en el amparo indirecto contra normas generales el quejoso podrá señalar, con el carácter de autoridades responsables, a las que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, siempre que formule conceptos de violación para impugnar esos actos por vicios propios. Por consiguiente, de la interpretación sistemática de las porciones normativas referidas con el artículo 61, fracción XXIII, de la propia ley, se colige que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando en la demanda se señalen como actos reclamados el refrendo o la publicación de normas generales, pero no se formulen conceptos de violación para controvertirlos por vicios propios". Consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha parcialmente la demanda de amparo promovida por ********************, únicamente por lo que respecta a la autoridad responsable Director del Periódico Oficial del Estado de Baja California, con sede en Mexicali. Admisión de la demanda. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda promovida por ********************, por su propio derecho, contra los restantes actos y autoridades señaladas en la misma. Incidente de suspensión. Sin que sea el caso tramitar por separado incidente de suspensión, por no haberlo solicitado expresamente. Audiencia constitucional. Se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TRECE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente asunto. Agente del Ministerio Público de la Federación. Dese la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, en términos de los numerales 107, fracción XV, constitucional y 5°, fracción IV de la Ley de Amparo; para lo cual deberá realizarse la presente notificación así como las subsecuentes por medio de oficio, de conformidad con lo establecido en el artículo 26, fracción II, inciso c) de la ley de la materia, en razón a que en el presente asunto se señaló como acto reclamado una norma general. Tercero interesado. Con independencia de lo señalado por la parte quejosa en su demanda, se reserva reconocer el carácter de tercero interesado, hasta en tanto las autoridades rindan su informe justificado y de ellos se advierta que a alguien pueda asistirle tal representación, en términos de la fracción III del artículo 5 de la Ley de Amparo. Informe justificado. En atención a los artículos 117 y 75 de la ley de la materia, requiérase a las responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro de quince días, incluso por medios magnéticos, expresando con precisión si son o no ciertos los actos que se les reclaman; además deberán señalar las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos de artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados; y requiéraseles para que remitan copia certificada de las constancias que sirvieron de base para emitir los actos que se les atribuyen, en el entendido que en el informe de mérito, deberán manifestar si las constancias que en su caso sean remitidas, constituyen la totalidad de actuaciones de las cuales derivan los actos reclamados. Con la precisión de que dichas copias deben ser legibles, completas y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer lo antes descrito, en los términos indicados, se le impondrá multa de cien veces la unidad de medida y actualización de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos segundo y tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez apersonado en el domicilio en el que se encuentre ubicada la autoridad responsable en este juicio de amparo, si ésta se niegan a recibir los comunicados a ellas dirigidos, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio de que se le aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. Presunción de certeza. Asimismo, en caso de que no rinda su informe en el plazo concedido se presumirán ciertos los actos reclamados, quedando a cargo de la parte quejosa probar su inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 117 de la ley en consulta y se le impondrá a la autoridad omisa, en la audiencia respectiva, la multa con la que se les apercibió. Autorización de remisión de informe vía electrónica. Se autoriza a las autoridades responsables, para que, en su caso, remitan el informe requerido al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o bien al correo electrónico 5jdoajf15cto@correo.cjf.gob.mx; tomando en consideración que los Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, privilegia el uso de oficios generados electrónicamente o digitalizados con firma electrónica. Causas de sobreseimiento. Con fundamento en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, prevéngase a las partes que para el caso de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, debiendo, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten; con el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, de conformidad con los preceptos 238 y 251 de la citada Ley de Amparo. Conocimiento previo. Solicítese a las autoridades responsables para que al rendir su informe con justificación, comuniquen a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con los actos que se le reclaman en éste, o sea, que haya sido promovido por la misma parte quejosa o que derive del mismo procedimiento o juicio del que emanan los actos que aquí se reclaman; lo anterior, a efecto de aprovechar, en su caso, el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Pruebas. Con fundamento en la interpretación sistemática de los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las documentales que ofrece la parte quejosa, en razón de su propia y especial naturaleza, dejándose a la vista de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notificación de las autoridades. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª/J. 176/2012 (10ª) de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero del 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace del conocimiento de la responsable que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión, ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial) y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito. Señalamiento de domicilio. De conformidad con lo previsto en el artículo 108 de la Ley de Amparo, téngase como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa. Notifíquese.
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