Juan Carlos Soto Carmona

Expediente 366/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
366/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
04/09/2019

Partes del expediente

  • Juan Carlos Soto Carmona

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca; cuatro de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio firmado por la Juez Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, mediante el cual comunica que el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional. En otro aspecto, vista la certificación que antecede se advierte que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los puntos décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este cuadernillo como definitivamente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el presente cuadernillo, ya que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un expediente auxiliar, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese por lista al quejoso.

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintidós de agosto de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Juan Carlos Soto Carmona, contra actos del 1. Presidente Municipal de Pinotepa Nacional, Oaxaca, 2. Ayuntamiento de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, 3. Secretario del H. Ayuntamiento de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, 4. Regidor General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de Pinotepa Nacional, Oaxaca y, 5. Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de Pinotepa Nacional, Oaxaca, que se hace consistir literalmente en lo siguiente: IV.- ACTOS RECLAMADOS DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES: 1. La cesión en propiedad de la calle Prolongación de la 18ª. Avenida Oriente ubicada entre el camino a los siete pozos y la calle 16ª. Norte en la Colonia Arboleda a un particular, que realizó el Regidor de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y el Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de Pinotepa Nacional, Oaxaca, incluyendo además de la superficie que abarca dicha calle, la red de drenaje público que ya se encuentra funcionando en esta calle. (sic) 2. La ilegalidad de cualquier acuerdo dictado por el C. Presidente Municipal de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca o por el H. Ayuntamiento de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca. Hacia esta vía pública. (sic) 3. El cierre de esta vía de acceso a mi propiedad y mi derecho a conectarme a la red de drenaje público municipal. (sic) REGISTRO DE LA DEMANDA Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 366/2019. DECLARACION DE INCOMPETENCIA Ahora bien, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en el derecho fundamental genérico de legalidad, tutelado por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura, las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Es aplicable en lo conducente, en la jurisprudencia I.2o.P. J/40, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 56 (Agosto de 1992), Octava Época, del rubro y textos siguientes: COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo. Luego, de acuerdo a la doctrina, la ley y la jurisprudencia, la competencia, al igual que la legitimación, la temporalidad y las causas de improcedencia, son temas de estudio previo y oficioso, pues en el momento en que el órgano jurisdiccional antes de analizar el tópico de la competencia, decide que el acto reclamado es procedente, tal decisión lo obliga a estudiar el fondo del asunto, lo que sólo es lógicamente posible, partiendo en forma expresa o de modo implícito, de la base de que el propio tribunal tiene competencia para el examen del asunto. La competencia constituye un supuesto cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto emita, puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función de que define, aparte de que juez es el competente, la naturaleza del asunto y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta la sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, confirme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, a fin de que el resolutor haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. En ese sentido, la ley de la materia prevé diversos tipos de competencia: a) competencia por territorio; b) competencia por materia; c) competencia por grado; d) competencia auxiliar; y e) competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por territorio. La competencia por razón de territorio se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y está relacionado con la potestad soberana que tiene el Estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Criterios que se encuentran previstos en los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al establecer que el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal y que en cada uno de los circuitos establecerá también mediante acuerdos generales, el número de tribunales colegiados y unitarios de circuito y de juzgados de Distrito, así como su especialización y límites territoriales. En ese contexto, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer el presente juicio de amparo, en atención a las consideraciones siguientes. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Así, del precepto legal transcrito, se deduce, que por regla general será competente para conocer de la demanda de amparo: a) El Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado (párrafo primero). b) El Juez de Distrito del lugar de residencia de la autoridad que hubiese dictado el acto reclamado, siempre que éste no requiera de ejecución material (párrafo tercero). c) El Juez de Distrito que prevenga en el conocimiento del asunto, cuando a otro también le resulte competencia, porque la ejecución del acto reclamado se lleve a cabo en su jurisdicción (párrafo segundo). De lo anterior se advierte que, en el caso concreto, la competencia se fincará en favor del Juez de Distrito en el lugar en que se ejecutó y vaya a ejecutar el acto reclamado y sus consecuencias. Ahora bien, del análisis del escrito inicial se aprecia que la parte quejosa señala como actos reclamados la cesión en propiedad de la calle Prolongación de la 18ª Avenida Oriente ubicada entre el camino a los siete pozos y la calle 16ª. Norte en la colonia arboleda a un particular que realizó el Regidor de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y el Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de Pinotepa Nacional, Oaxaca, incluyendo además de la superficie que abarca dicha calle, la red de drenaje público que se encuentra funcionando en esta calle; así como la ilegalidad de cualquier acuerdo dictado por el C. Presidente Municipal de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca o por el H. Ayuntamiento de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, y el cierre de esta vía de acceso a su propiedad y derecho a conectarse a la red de drenaje público municipal; lugar que no obstante que no especifica que pertenece a Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, es dable inferir que se ubica en dicha municipalidad, es decir, donde se signa la demanda de amparo (Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca). Máxime que las responsables que señala, tienen su residencia y competencia en dicha localidad, municipio en el que este órgano jurisdiccional no ejerce jurisdicción territorial. De ahí, que se colije que este Juzgado de Distrito, carece de competencia para conocer de la demanda, por razón de territorio, en virtud que el acto reclamado se ejecutó y se van a ejecutar sus consecuencias en Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, por lo que corresponde a un Juez de Distrito, en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. En razón de lo anterior y conforme a la primera regla de competencia establecida con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, de conformidad con el acuerdo 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca resulta incompetente para conocer y resolver de la demanda de amparo que nos ocupa. Apoya lo anterior, la tesis I.1o.A.44 A, con registro 189167, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, página mil doscientos noventa y nueve, Tomo XIV, agosto de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materias Administrativa-Común, Novena Época, de rubro y texto siguiente: COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora. Además, orienta a lo anterior la diversa Tesis I.15o.A.41 K, consultable en la página 2288 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materia(s): Común, Novena Época, del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito. Al caso resulta aplicable, la jurisprudencia número 13/95, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 107, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Junio de 1995, Novena Época, que dice: COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCION ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades. Asimismo, la tesis I.1o.A.44.A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1299, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Agosto de 2001, Novena Época, que dice: COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora. En las relatadas condiciones, este Juzgado declara carecer de competencia legal para conocer este juicio de amparo y la declina a favor del Juez de Distrito, en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, en turno. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase la demanda de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec; previo cuaderno de antecedentes que se forme con copia certificada de la demanda de amparo. Se solicita al Juzgado que por razón de turno corresponda el conocimiento del asunto, que de no tener inconveniente legal alguno, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta o no la competencia planteada; peticionando remita a la brevedad el acuse el recibo de estilo correspondiente. SEXTO TRANSITORIO. Es conveniente mencionar, que los criterios invocados en este acuerdo, es conforme a la Ley de Amparo abrogada; sin embargo, no se opone a la ley reglamentaria vigente, por lo que se aplica con sustento en el artículo sexto transitorio de la ley de la materia. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA La parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones uno ubicado en fuera de la residencia de este Juzgado de Distrito; por tanto, se ordena que las subsecuentes se hagan por lista de estrados en términos de la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto, en el Municipio de Salina Cruz, Oaxaca. El anterior requerimiento, se encuentra precisado en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 29/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 11 de abril de 2014, página 507, de rubro y texto siguientes: PROMOCIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR "LUGAR DEL JUZGADO O TRIBUNAL", A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE LA MATERIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). El artículo 25 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, establece que cuando alguna de las partes resida fuera del lugar del juzgado o tribunal que conozca del juicio o del incidente de suspensión, se tendrán por hechas en tiempo las promociones si aquélla deposita los escritos u oficios relativos, dentro de los términos legales, en la oficina de correos o telégrafos que corresponda al lugar de su residencia. En esa tesitura, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que por "lugar del juzgado o tribunal" debe entenderse el Municipio o ciudad en que se encuentre el domicilio de dichas autoridades y no la circunscripción geográfica correspondiente a la entidad federativa o circuito judicial en que se encuentren. Por tanto, para que se actualice el mencionado requisito basta con que el promovente, al depositar su escrito correspondiente en la Oficina del Servicio Postal Mexicano, se encuentre en una ciudad o Municipio distinto al del órgano jurisdiccional que conozca del procedimiento. Sin que en el caso haya lugar a pronunciarse respecto a los autorizados para oír y recibir notificaciones, dado que en la especie no señala persona alguna para tal efecto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. DISPOSICIÓN ESPECIAL Se autoriza a los secretarios del Juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese al quejoso por lista, en términos de lo ordenado en este auto y cúmplase. VI-B

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