Juan Carlos Solano García
Expediente 856/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 856/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/06/2017
Partes del expediente
- Juan Carlos Solano García
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, veintidós de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo; asimismo, carece de relevancia documental. Por último, devuélvanse a las responsables las constancias que remitieron a este juicio.
- Principal
Toluca, Estado de México, doce de junio de dos mil diecisiete. AGREGA OFICIO Intégrese el oficio de la autoridad que lo suscribe, a través del cual cumple con lo requerido el siete de junio anterior, informa el estado procesal de la carpeta administrativa *** y remite constancias para acreditarlo; fórmese el anexo I. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO La parte quejosa reclama el auto de vinculación a proceso dictado en la carpeta administrativa ***, emitido el siete de julio de dos mil dieciséis, por el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez. DESECHAMIENTO Ahora, este órgano jurisdiccional estima que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.". De la interpretación del precepto legal parcialmente descrito, permite establecer que el motivo de improcedencia descansa en la inobservancia al principio rector del juicio de amparo, relativo a la presentación de la demanda de amparo, puesto que al ser un acto consentido tácitamente por la parte quejosa; es decir, no promoverse dentro del plazo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, conlleva a su extemporaneidad. Por su parte, los artículos 17, primer párrafo y 18 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.)." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos legales parcialmente transcritos se sigue, que el plazo general para la promoción del juicio constitucional será de quince días, el cual se computará de acuerdo con tres supuestos distintos: 1. A partir del día siguiente al en que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamado; 2. A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución, y 3. A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos, salvo lo establecido en la fracción I del artículo 17, relativo a las normas de carácter general autoaplicativo o el procedimiento de extradición. En este orden de ideas, es posible afirmar que en el presente juicio nos encontramos en el primer supuesto previsto por el precepto legal citado, es decir, que el plazo para acudir al amparo empieza transcurrir a partir del día siguiente al en que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamado, esto es la diligencia de vinculación a proceso de siete de julio de dos ml dieciséis, realizada en la carpeta administrativa ***. Lo anterior es así, pues de las copias certificadas de la carpeta de investigación el impetrante compareció a la diligencia de vinculación a proceso de siete de julio de dos mil dieciséis, realizada en la carpeta administrativa ***, en que le fue notificada y surtió efectos en esa misma fecha. En consecuencia, el plazo para interponer la demanda de amparo transcurrió del ocho al veintiocho de julio de dos mil dieciséis (sin contar días inhábiles). Por tanto, tomando en consideración que la quejosa la presentó el ocho de junio de dos mil diecisiete, es incuestionable que la demanda de amparo que se presenta resulta por exceso extemporánea. En esa tesitura, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en lo que establece el numeral 113 del cuerpo de leyes en cita, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente. Notifíquese. Asimismo, en atención a la razón actuarial de trece de junio de dos mil diecisiete, en atención a la determinación de siete del mes y año citados, con fundamento en el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, se notifica al quejoso de iniciales J'C S.G, el acuerdo de doce de mes y año referidos, cuyo contenido se encuentra transcrito en los párrafos que anteceden.
- Principal
RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de Unión no ampara ni protege a Manantis And Aqua, sociedad por acciones simplificada de capital variable, en contra de los actos y autoridades precisados en el considerando segundo de este fallo; por los razonamientos y motivos jurídicos expresados en el último considerando de esta determinación.
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