Juan Carlos Segura Romo

Expediente 1410/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1410/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
18/10/2022

Partes del expediente

  • Juan Carlos Segura Romo
  • Congreso de la Ciudad de México

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Se tiene por recibida la copia de conocimiento del oficio signado por el Subdirector de Relaciones Laborales y Prestaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, remitida a efecto de informar las gestiones realizadas para dar cumplimiento al fallo protector. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a sus autos el oficio de cuenta tomando conocimiento de su contenido. Notifíquese

  2. Principal

    Ciudad de México, a treinta de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído de dos de septiembre de dos mil veintidós, para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de las manifestaciones vertidas por la autoridad responsable, en el sentido de haber dado cumplimiento al fallo protector, sin que a la fecha lo hubiese hecho; en ese tenor, el suscrito procede a acordar lo conducente, con base en los elementos que obran en el expediente y con las constancias aportadas por las responsables en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Al respecto es aplicable por analogía la jurisprudencia número 2a./J.26/2000, cuyo rubro es el siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). (No. Registro: 192,174, Novena Época, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Marzo de 2000, Página: 243). Se impone destacar que el amparo y la protección de la justicia federal, se otorgó para los efectos siguientes: ". procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que el Comisionado de Autorización Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, cumpla con la obligación que prevé el artículo 8 Constitucional, y en el término de tres días contado a partir de que le sea notificado el acuerdo por el que cause ejecutoria la presente sentencia, conteste por escrito y con libertad de jurisdicción la solicitud elevada por el quejoso el veintidós de octubre de dos mil veinte; además, debe hacerlo de su conocimiento, debiendo remitir las constancias que así lo acrediten." (Énfasis añadido) De esta forma, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, las obligaciones de la autoridad responsable consisten en: 1. Con libertad de jurisdicción, dar contestación a la solicitud presentada por la sociedad quejosa el veintidós de octubre de dos mil veinte; 2. Notificar a la parte quejosa dicha respuesta; y, 3. Remitir las constancias, con las cuales acredite haber efectuado los dos puntos anteriormente precisados. Ahora bien, al estudiar las constancias aportadas por la responsable a fin de acreditar el cumplimiento de la resolución de mérito y observar los efectos de la concesión del amparo, se advierte que la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso, adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, mediante promoción registrada con número de correspondencia 21244, remitió copia certificada del Registro Sanitario de Plaguicidas número RSCO-INAC-0144-309-052-048, otorgado por el Subdirector Ejecutivo de Ejecutiva de Plaguicidas y Nutrientes Vegetales de la referida Comisión, con el que se da una respuesta a la solicitud número 203300624A0304 presentada por la sociedad quejosa el veintidós de octubre de dos mil veinte, a través de la cual, concede el registro sanitario de plaguicidas respecto a la solicitud de modificación de registro de plaguicidas o nutrientes vegetales por modificaciones administrativas. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con las cuales se dio vista a la quejosa en proveído de treinta de agosto de dos mil veintidós, sin que a la fecha, el quejoso haya realizado manifestación alguna. En ese contexto, se determina que la autoridad responsable sí dio respuesta a su petición de manera congruente pues, en el caso, el quejoso solicitó el Registro Sanitario de Plaguicida solicitado a fin de modificar el diverso registro de plaguicidas o nutrientes vegetales por modificaciones administrativas; y por lo tanto, la autoridad le respondió que su petición, otorgando el Registro Sanitario de Plaguicidas número RSCO-INAC-0144-309- 052-048, para modificar el registro del producto que refiere la sociedad quejosa en la solicitud número 203300624A0304. Lo anterior se determina así, pues tal como se ordenó en la sentencia de mérito, el cumplimiento de los efectos para los cuales se concedió la sentencia de amparo, consisten en dar respuesta congruente con libertad de jurisdicción a lo solicitado por la parte quejosa mediante solicitud número 203300624A0304 presentada por la sociedad quejosa el veintidós de octubre de dos mil veinte, lo cual concluyó con la emisión del correspondiente Registro Sanitario de Plaguicidas, por lo que, este Órgano de Control Constitucional, atendiendo a las acciones realizadas por la responsable, considera que resultan congruentes con los efectos para los cuales fue concedida la protección constitucional. Es aplicable por analogía, la jurisprudencia número 2a./J. 1/2001, que a la letra dice: INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. La anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo reiteradamente el criterio de que la garantía contenida en el artículo 8o. constitucional no sólo implica que la autoridad ante quien se eleve una petición debe emitir una respuesta en breve término, sino también que el acuerdo respectivo sea congruente con lo solicitado, advirtiendo, sin embargo, que la concesión del amparo no la vincula en forma alguna a que la respuesta deba ser favorable a los intereses del peticionario. Por tanto, los alcances de la ejecutoria de amparo correspondiente impiden que el Juez de Distrito y la Suprema Corte, en el procedimiento de ejecución del fallo protector o en la inconformidad en contra de la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria, puedan examinar los motivos o fundamentos que sustenten la respuesta, los que, en su caso, deberán ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad. En consecuencia, deberán quedar sin efecto las consideraciones que respecto de la legalidad de la respuesta hubiese externado el Juez de Distrito en el auto que tuvo por cumplida la sentencia. (No. de Registro: 190356, página doscientos tres (203), Novena Época, Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). A mayor abundamiento se impone destacar que si bien es cierto que, el registro sanitario de plaguicidas fue emitido por el Subdirector Ejecutivo de Ejecutiva de Plaguicidas y Nutrientes Vegetales, también es cierto que dicha autoridad pertenece a la citada Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud; por lo que, basta que alguna de las autoridades pertenecientes a dicha institución, ya sea, interna o subordinada a éste, dé contestación a su petición, para tener por cumplido el requisito del artículo 8 de la Constitución Federal, relativo a que la petición debe ser contestada por la autoridad a quien se la dirigió. Apoya la anterior determinación la tesis aislada sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, contenida en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 103-108 Sexta Parte, página 166, que literalmente establece: "PETICIÓN, DERECHO DE. PLURALIDAD DE FUNCIONARIOS. No se viola el derecho de petición cuando la contestación la haya producido un funcionario inferior al titular, a quien, según el quejoso compete decidir la solicitud, porque es de hacerse notar que si ésta estuvo dirigida a diversos funcionarios de una secretaría de Estado conjuntamente, en una sola promoción, luego entonces no resulta irregular que el proveído de trámite provenga del último de los funcionarios a quien se listó finalmente como encargado de sustanciar la solicitud, máxime si en el caso la contestante forma una sola autoridad con aquélla ante quien se ocurrió." También resulta aplicable, la tesis número I.3o.A.591 A, visible en la página 169, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-I, Febrero de 1995, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Octava Época, que es del tenor literal siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. LA AUTORIDAD A QUIEN SE HA DIRIGIDO LA PETICIÓN ESTA OBLIGADA A DAR CONTESTACIÓN A LA MISMA. El hecho de que materialmente le resulte imposible al Secretario de Hacienda y Crédito Público dar contestación a los escritos de petición que se le formulan, o atender todas y cada una de las solicitudes presentadas por los peticionarios o bien, aducir que para tal efecto existen unidades administrativas con facultades otorgadas por el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, competentes para desahogar o despachar esas peticiones, en tanto que son departamentos administrativos subordinados, no justifica la omisión de la autoridad en dar respuesta al particular peticionario. Independientemente del cúmulo de trabajo que tiene que desarrollar el titular de la secretaría referida, el artículo 8o. constitucional establece la obligación de dar contestación a las peticiones formuladas, a aquellas autoridades a quienes van dirigidas éstas y no a otras diversas. Así pues, para satisfacer el derecho de petición será suficiente que se informe o haga del conocimiento del peticionario, en forma personal, bien que la autoridad en cuestión es incompetente para resolver su solicitud, bien que se ha turnado ésta a otra autoridad interna o subordinada sin que, necesariamente, deba resolverse el problema planteado en la petición o peticiones formuladas a la autoridad respectiva. En consecuencia, si bien es cierto que conforme al Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público existen unidades o departamentos administrativos encargados de atender las peticiones formuladas al titular de la dependencia, este hecho no lo exime del deber de turnar las peticiones a dichas unidades y hacer del conocimiento del peticionario el trámite que siguieron sus peticiones y a qué autoridad subordinada se remitieron". Sin que sea óbice para tener por cumplida la sentencia que no se advierta que la autoridad responsable haya notificado al quejoso la respuesta a su escrito de petición, toda vez que mediante proveído de dos de septiembre de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a la parte quejosa con las constancias remitidas por la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso, adscrito a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, el cual le fue debidamente notificado; por ende, debe tenerse por colmado tal requisito para efectos del cumplimiento del fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 16/99, que prevé: INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. Si se concede el amparo para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte quejosa, es obvio que el fallo protector sólo se acatará totalmente cuando la autoridad responsable haya ejecutado dichos actos. Sin embargo, como el fin último del juicio de garantías es que las sentencias constitucionales que conceden el amparo y la protección de la Justicia Federal se cumplan, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia y además, tal actuación es congruente con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que ordena que el juzgador que emitió la sentencia protectora, puede hacer cumplir la ejecutoria de que se trate dictando las órdenes necesarias para ello. (Registro No. 194481, Localización: Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, IX, Marzo de 1999, Página: 122) En este orden de ideas, este órgano judicial estima colmados los efectos para los cuales se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que la autoridad responsable haya incurrido en exceso o defecto, en razón de que acreditó haber dado cabal cumplimiento a los efectos para los cuales se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, por lo que se concluye que el quejoso ha sido restituido en el pleno goce de sus derechos violados. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 192, 196 y 214 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA. Las consideraciones anteriores tienen sustento por analogía en la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, que es del rubro y texto siguiente: EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. (No. Registro: 165,807, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXX, Diciembre de 2009, Tesis: 2a./J. 201/2009, Página: 301). Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa

  3. Principal

    *** Ciudad de México, a uno de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio con evidencia criptográfica de ***, Actuario Judicial del Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el cual, informa que toda vez que el desistimiento del juicio en que se actúa, se ratificó ante fedatario judicial, tuvieron por hecha esa manifestación a efecto de resolver recurso de revisión 141/2022, y que sin embargo, el Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, determinó desechar por extemporáneo dicho recurso. En atención a lo anterior, y toda vez que el Tribunal oficiante y el Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, no hicieron pronunciamiento expreso en torno al escrito de desistimiento y acta de ratificación remitidos por este juzgado mediante proveído de dos de junio de dos mil veintiuno; con fundamento en la fracción II, del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, por lo que, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 1, del Manual referido, toda vez que se negó la protección constitucional en el presente asunto. Por lo tanto, deberá conservarse el presente juicio de amparo, por el término de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, y una vez concluido este plazo, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el expediente, conservando la demanda, la sentencia, en su caso las resoluciones recurridas, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el presente proveído. Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa

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