Juan Carlos Santiago Pérez
Expediente 137/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 137/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/04/2021
Partes del expediente
- Juan Carlos Santiago Pérez
Actuaciones
- Principal
Zapopan, Jalisco, catorce de abril de dos mil veintiuno. Autoridad solicita prórroga. Visto el telegrama remitido por el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, mediante el cual en atención al oficio 2650/2021, que contiene el auto de dos de marzo del año en curso, realiza diversas manifestaciones; asimismo, solicita prórroga para dar cumplimiento a lo ordenado en el referido proveído. Requiérase. En vista de lo anterior, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo y el numeral 297, fracción II, Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se requiere a la autoridad responsable Registro Agrario Nacional, para que en el plazo de tres días contado a partir de la notificación del presente auto, dé cumplimiento al requerimiento ordenado en el citado proveído, en el entendido de que subsiste el apercibimiento decretado en el auto señalado en supralíneas. En su oportunidad intégrese. Se instruye al secretario adscrito para que integre el expediente físico con el presente proveído y, en su caso, con lo de cuenta, en los términos y plazos indicados en los Acuerdos Generales expedidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Zapopan, Jalisco, veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Colegiado informa radicación. Téngase por recibido el oficio enviado, vía electrónica, por el Actuario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual informa que se radicó el recurso de revisión interpuesto en el presente asunto, mismo que fue registrado como recurso de revisión incidental 70/2021; en consecuencia, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar. Firma electrónica. En la inteligencia, que el oficio de referencia, fue presentado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y contiene firma electrónica conforme la regulación dispuesta por el Consejo de la Judicatura Federal, la cual produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo. Intégrese expediente físico. Se instruye al Secretario adscrito para que integre el expediente físico con el presente proveído, así como con el comunicado de cuenta, en los términos y plazos indicados en los Acuerdos Generales expedidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
- Principal
Zapopan, Jalisco, veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Apertura de incidente de suspensión. Visto lo de cuenta, y como está ordenado en el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 125 y 128, fracción I, y última parte de dicho numeral, ambos de la Ley de Amparo, fórmese por duplicado y por cuerda separada el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1013/2020, promovido por ****, por derecho propio, en contra de actos del Juez Quinto en Materia Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco y Secretario Ejecutor y Notificador adscritos. Solicitud de informe previo. Con fundamento en la fracción III del artículo 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe previo, el cual deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, remitiéndoles al efecto copia de la demanda de derechos fundamentales, bajo apercibimiento que de no cumplir lo anterior, se procederá conforme a los artículos 142 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Audiencia incidental. De igual forma, en términos de lo dispuesto por la fracción II del referido artículo 138 de la ley de la materia, se señalan las ONCE HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL TRES DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Requiérase a las partes para que informen sí asistirán a la audiencia incidental. Ahora bien, cabe precisar que la atención al público para la consulta de expedientes o comparecencias en general, será por medios de citas, las cuales estarán disponibles en el Portal de Servicios en Línea en el micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales". Adicionalmente, estará el diverso "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. En ese sentido, la generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como la persona a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. En esas condiciones, requiérase a la partes para que en el plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que queden notificados del presente acuerdo, manifiesten sí es su deseo asistir a la audiencia incidental, a efecto de que en su caso, se agende la cita respectiva, apercibidos que de no manifestarse al respecto se celebrará la audiencia incidental en la fecha indicada, sin la presencia del público, no obstante, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, los alegatos pueden formularse por escrito y presentarse electrónicamente. Precisión de la autoridad responsable. Se precisa que el ordinal 108, fracción III, de la Ley de Amparo, establece como obligaciones de los peticionarios de amparo, entre otras, el señalar con precisión a las autoridades responsables (incluso tratándose de asuntos en materia penal pues sobre el tema no opera la suplencia de la queja a que hace referencia el artículo 79 de la Ley de Amparo); en consecuencia, se apercibe a la parte quejosa de que, en caso de que las autoridades responsables no existan con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite, se le tendrá por inexistente y se suspenderá toda comunicación con la misma y, en su oportunidad, se resolverá el juicio conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables, hasta antes de la audiencia incidental, al considerar que le corresponde a la parte impetrante estar pendiente de la tramitación de su asunto; la anterior circunstancia guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita, así como al principio de celeridad procesal. Fijación de los actos reclamados y efectos de la suspensión. Previamente a estudiar si en el caso procede el otorgamiento de la medida cautelar solicitada por la parte quejosa, es menester determinar cuáles son los actos reclamados cuya suspensión solicita; por lo que del análisis acucioso de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa señala como tales, esencialmente: La omisión de llevar a cabo el emplazamiento y requerimiento al deudor alimentista, en términos de lo ordenado en el acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veinte, dictado dentro del juicio civil sumario **** del índice del Juzgado Quinto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. Asimismo, se aprecia que la parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados para el efecto siguiente: (.) SE TENGA OTORGANDO LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL A FAVOR DE LA QUEJOSA Y EN SU MOMENTO LA DEFINITIVA ESTO PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES. (.) Toda vez que la parte quejosa es expresa al referir los efectos para los que se solicita la suspensión la materia de la presente incidencia se estudiará a la luz de dicho planteamiento. Se niega suspensión provisional. Cabe puntualizar que para proveer acerca de la suspensión provisional solicitada, se tomará en cuenta el contenido de la fracción X del artículo 107 Constitucional, así como los artículos 128, 138, 139, 146, 147, 150 y 157 de la Ley de Amparo, para lo cual se deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, cuando la naturaleza del acto lo permita, y la no afectación del interés social, para que sea dable pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión del acto reclamado, para establecer los requisitos y efectos de la medida cautelar, o bien, la ejecución del acto por parte de la autoridad responsable. El artículo 128 de la Ley de Amparo, dispone que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que exista la solicitud del quejoso (interés suspensional y afectación); b) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En tanto que, el otro requisito se cumple, en conjunto con la exigencia de la ponderación de la apariencia del buen derecho, en razón de lo siguiente: De conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, la sentencia que lo concede tiene por objeto restituir al quejoso el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, o bien, obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Así, el juicio de amparo es el medio de control constitucional por excelencia con el que cuentan los ciudadanos para hacer posible la restitución de un derecho que hubiera sido desconocido o afectado. Sin embargo, muchas veces esta restitución puede no ser oportuna, por haberse consumado determinados actos de las autoridades responsables antes de que la autoridad de amparo se pronuncie con respecto a si realmente tuvo lugar o no la violación del derecho fundamental y sus garantías de protección. Precisamente para evitar lo anterior, es que el juicio de amparo contempla una figura jurídica como la suspensión del acto reclamado, cuya racionalidad es la conservación de la materia del juicio, atendiendo a las finalidades restitutorias del mismo, bajo los parámetros antes mencionados, establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el numeral 138 de la Ley de Amparo. De este modo, tomando en cuenta el contenido de esas disposiciones, que contemplan la obligación de los Jueces de ponderar en cada caso concreto entre la apariencia del buen derecho y el interés social, es claro que la suspensión debe entenderse como aquel medio eficaz que está al alcance de los juzgadores para evitar que se pierda la materia litigiosa. Al hilo de lo anterior, se enfatiza en que la apariencia del buen derecho apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento superficial, dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido en el proceso; mientras que el peligro en la demora consiste en la posible frustración de los derechos del pretendiente de la medida que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. En razón de lo anterior, no ha lugar a conceder la suspensión provisional del acto reclamado consistente en la omisión de llevar a cabo el emplazamiento y requerimiento al deudor alimentista, en términos de lo ordenado en el acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veinte, dictado dentro del juicio civil sumario 124/2020 del índice del Juzgado Quinto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, por los motivos siguientes. En el juicio de amparo es importante precisar la naturaleza del acto que se reclama para estar en aptitud de decidir si existe algún efecto que pudiera ser susceptible de suspenderse o se trata de actos consumados contra los cuales no procede la medida cautelar por carecer de materia sobre la cual recaen. En efecto, la suspensión tiene como propósito suspender los actos que se estimaron lesivos al interés del peticionario; luego, ésta sólo puede recaer en actos positivos, en tanto que para los negativos se traducen siempre en una conducta de no hacer de la autoridad y pueden clasificarse en: a) Abstenciones, las cuales carecen de ejecución, pues implican un no actuar de la autoridad, por lo tanto, no existe materia para conceder la suspensión; b) Negativas simples que sólo implican el rechazo a una solicitud del particular, y dada su naturaleza, tampoco admiten suspensión porque de concederse ésta y constreñir a la autoridad a actuar, se darían efectos constitutivos de derechos a la medida cautelar y, c) Actos prohibitivos que no son iguales a los negativos simples, porque implican en realidad una orden positiva de autoridad, tendiente a impedir una conducta o actividad del particular previamente autorizada por el gobierno. En este último supuesto, la suspensión sí es procedente, pero debe examinarse cada caso concreto, sopesándose cuidadosamente, por una parte, el interés jurídico o legítimo de la persona en realizar la conducta prohibida y por la otra, el interés público de la autoridad en impedirla, así como las consecuencias o perjuicios que a cada uno de ellos se puede seguir con la concesión o negativa de la medida. Acorde con lo anterior, es menester decir que el acto reclamado en comento, se traduce en un acto omisivo supuesto que se ubica en lo sintetizado en el incisos a); en virtud de que radica en una omisión (abstención), razón por la cual el mismo es de los que la ley de la materia determina la naturaleza omisiva, pues dada su naturaleza, tampoco admite suspensión porque de concederse ésta y constreñir a la autoridad a actuar, se darían efectos constitutivos de derechos a la medida cautelar, lo cual no es propio de la presente incidencia, amén de que sean cuestiones que deben resolverse en el juicio principal como de fondo; por ende, no es susceptible de suspenderse, motivo suficiente para negar la medida cautelar peticionada. Cobra aplicación al respecto el criterio siguiente: "ACTOS DE OMISIÓN, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA EN CONTRA DE LOS. Si del análisis que de los actos reclamados hace el Juez de Distrito, advierte que se hacen consistir en una abstención u omisión por parte de las autoridades responsables en la realización de dichos actos, debe considerarse que la suspensión provisional solicitada al respecto es improcedente, en virtud de que de acuerdo con su naturaleza, no requieren de ejecución material alguna; por tanto, no pueden ser materia de la medida cautelar solicitada". (Tesis XXI.2o.11 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada a página 214 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Abril de 1997, Novena Época). Además, respecto de dicho acto, no es factible conceder la suspensión, en virtud de que de concederse dicha medida cautelar en esos términos, se analizarían cuestiones que deben ser materia de estudio en la sentencia que recaiga al expediente principal, lo que constituye el acto reclamado, según se advierte del escrito de demanda y esas circunstancias no son factibles analizarlas en el incidente de suspensión, ya que son relativas al fondo del asunto que se decidirá en la sentencia definitiva del juicio constitucional. Lo anterior es así, ya que las resoluciones de suspensión no deben prejuzgar en forma alguna, las cuestiones sobre las que ha de versar la sentencia que se dicte en cuanto al fondo, en el juicio de amparo, pues en su momento abarcará todos los elementos aportados a dicho juicio, para concluir si, en efecto, los actos reclamados afectan derechos de la parte quejosa e implican alguna violación de garantías; de ahí que no sea procedente en la presente incidencia conceder la suspensión solicitada. Por ende, resulta inconcuso que en estos momentos no es dable analizar los motivos por los que pretende la parte quejosa obtener la suspensión del acto reclamado, por lo que respecta al acto reclamado en trato, porque constituyen materia del fondo del asunto, y no es dable tampoco un examen preliminar, porque tal examen no es somero, sino que para llegar a determinarlo, ha menester realizar un análisis más profundo que definitivamente corresponden a la sentencia de amparo. Es aplicable la jurisprudencia por reiteración 1162, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página setecientos noventa y cinco, Tomo VI, Parte HO, Apéndice de 1995, cuyo rubro y texto dicen: "SUSPENSION, EFECTOS DE LA. Los efectos de la suspensión consisten en mantener las cosas en el estado que guardaban al decretarla, y no en el de restituirlas al que tenían antes de la violación constitucional, lo que sólo es efecto de la sentencia que concede el amparo en cuanto al fondo. Bajo ese orden de ideas, se determina que en la especie no es procedente conceder la medida cautelar solicitada con efectos restitutorios, por lo que respecta al acto reclamado de que se trata. Autorizados y domicilio para oír y recibir notificaciones. Se tienen como autorizados de la parte quejosa en amplios términos a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a, ****, por contar con cédula inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, y con las limitaciones establecidas en los artículos 12 y 24 de la ley de la materia; esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones, a ****, por no contar con dicho registro. En atención a lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio procesal el indicado en la demanda de amparo. Medios electrónicos. De conformidad con el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la reproducción de las actuaciones que obren en el presente juicio de amparo, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, dejando constancia en el expediente de la reproducción obtenida a través de cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, en el entendido, de que deberá proporcionar los medios para su reproducción (cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos). Asimismo, dígasele al solicitante que si se trata de documentos cuya difusión esté reservada por disposición legal, le será negada la copia solicitada y además que el uso que le dé a las copias obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, serán bajo su más estricta responsabilidad. Apoya a lo anterior por las razones que la informan, la siguiente tesis. "Época: Novena Época Registro: 167640 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIX, Marzo de 2009 Materia(s): Civil Tesis: I.3o.C.725 C Página: 2847 REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 358/2008. Riober, S.A. de C.V. y otros. 12 de febrero de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua." Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes. Se hace del conocimiento a las partes que si bien el levantamiento de plazos trae aparejada la posibilidad de recibir promociones presentadas físicamente y la de desahogar diligencias y actuaciones con presencia física de las partes, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Exhorto para mejorar la comunicación con las partes. De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 mencionado, se invita a las partes transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; proporcionen formas de contacto, como correos electrónicos y servicio de mensajería instantánea, tanto de la parte promovente como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuáles se puedan establecer comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente; en el entendido que dicho tipo de comunicación, no es equivalente al de una notificación personal, sino solo un medio de contacto para facilitar la comunicación entre las partes. Copias certificadas. Con fundamento en los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expídase a la parte quejosa, las copias certificadas que indica. Se hace del conocimiento del solicitante que las copias de manera física serán expedidas una vez que sea materialmente posible y una vez que se reanuden las labores normales en el Poder Judicial de la Federación, las cuales serán a su costa y previa toma de razón y recibo que otorgue en autos. No obstante ello, se le informa que podrá acudir al juzgado a fin de que le sea expedida copias en formato digital de las constancias que solicita, en el dispositivo que para tal efecto allegue, previa cita que realice en términos de lo establecido en el artículo 6, fracción I, inciso d) en relación al párrafo II, y último párrafo del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal mediante la expedición del respectivo Código QR, el cual le permitirá el ingreso al local del juzgado. Es importante destacar, que el acceso podrá restringirse si acude fuera del horario previsto y si no cumple los requisitos para pasar los filtros sanitarios. Sin perjuicio de lo anterior, también se le informa que de solicitar la consulta del expediente electrónico, podrá descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente; lo anterior, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Habilitación de días y horas inhábiles. Se habilitan días y horas inhábiles en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, por estimarse pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido por el artículo 68 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional protegerá los datos personales, salvo el consentimiento expreso de la parte correspondiente. Intégrese expediente físico. Se instruye al Secretario adscrito para que integre el expediente físico con el presente proveído, y en su caso, con lo de cuenta, en los términos y plazos indicados en los Acuerdos Generales expedidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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