Juan Carlos Sanchez Turrubiates

Expediente 1219/2017 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1219/2017
Año
2017
Actuaciones
7
Última actuación
28/02/2018

Partes del expediente

  • Juan Carlos Sanchez Turrubiates
  • Juez Cuarto de Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial Con Residenica En Altamira, Tamaulipas.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación Secretarial con que se da cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en este asunto, en la que se sobreseyó en el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se declara que ha causado ejecutoria para los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable y con apoyo en el artículo 214 de la referida Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Por otro lado, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    Visto agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por la autoridad responsable que se indica, con el cual da cumplimiento al requerimiento que se le hizo en los presentes autos, es decir, remite copia certificada de las constancias que le fueron solicitadas; por tanto, se tiene por satisfecho el requerimiento de que se trata, con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal corresponda. Con fundamento en el artículo 119 de la citada Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable las documentales de referencia, sin perjuicio de su relación al momento de celebrarse la audiencia constitucional. En cuanto se refiere a las constancias que remite la autoridad responsable (un tomo), se dispone que se mantenga por separado pero formando parte del presente juicio, sin embargo, se puntualiza que tales constancias estarán a la vista de las partes en la Secretaría para su consulta y examen cuando lo estimen pertinente dentro del horario de labores y en el local que ocupa este Juzgado.

  3. Principal

    Visto, agréguese a estos autos el oficio de cuenta, y con fundamento en el artículo 117 párrafo primero, de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado que se requirió a la autoridad responsable oficiante, y por recibidas las constancias que remite para apoyar su informe, con su contenido dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, sin perjuicio de hacer relación de tales constancias al celebrase la audiencia constitucional, como lo disponen los artículos 119 y 124, de la Ley de la Materia. Por otra parte, considerando que la Jueza Cuarto de Primera Instancia Familiar, con sede en Altamira, Tamaulipas, omitió remitir copia certificada de las constancias necesarias para apoyar su informe justificado, las cuales resultan de utilidad para resolver el juicio de garantías en que se actúa; por tal motivo, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérasele para que dentro del término de tres días, legalmente computado, remita a este Juzgado copia certificada del escrito mediante el cual se promovió el incidente de liquidación de sociedad conyugal y de pensión alimenticia entre el aquí quejoso y la tercera interesada *******, derivado del juicio ordinario civil sobre divorcio incausado ******, hasta la última actuación que obre en el mencionado incidente, o en su caso, manifieste la imposibilidad legal que tenga para hacerlo.

  4. Principal

    Visto lo de cuenta; agréguese a los presentes autos el escrito signado por la tercera interesada, mediante el cual comparece a la audiencia constitucional que se encontraba fijada para el ocho de enero del año en curso, a las diez horas con treinta minutos, en el juicio de garantías en que se actúa; como lo solicita, con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecida, admitida y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, la presuncional legal y humana que ofrece y por formulados los alegatos que hace valer, los que podrán ser tomados en consideración al resolver el juicio de garantías en que se actúa, sin perjuicio de hacer relación del mencionado escrito al celebrarse la audiencia constitucional. Por otra parte, téngase como autorizada en términos amplios del artículo 12, segundo párrafo, primera parte, de la Ley de Amparo, a *******, con cédula profesional debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; y en términos de la parte final segundo párrafo del citado numeral, a **********, por no acreditarse que se encuentren facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho, es decir, por no encontrarse registrada su cédula profesional en el indicado Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación.

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