Juan Carlos Sánchez Ramos

Expediente 187/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
187/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
27/04/2022

Partes del expediente

  • Juan Carlos Sánchez Ramos

Actuaciones

  1. Principal

    1. Promoción. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Sexto Auxiliar de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de la Región Carbonífera, con residencia en San Juan de Sabinas, por Ministerio de Ley. 1.1 Acuerdo. En cuanto a su contenido, se tiene a la autoridad oficiante acusando recibo del oficio 4351/2022, de veinticuatro de marzo del año en curso; de lo que este órgano jurisdiccional queda enterado para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    1. Declara firme. Visto el cómputo que antecede realizado por la Secretaría de trámite, se desprende que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja contra el auto once de marzo de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de garantías. En consecuencia, con apoyo en dicho precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. 1.1 Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relativo a los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, esto es, de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, decrétese el valor correspondiente del presente expediente, y archívese este asunto como concluido. 1.2 Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 1.3 Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 1.4 Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control. 1.5 Devolución de constancias. Hágase devolución de las diversas constancias relativas a dos tomos relativos al expediente 1232/2015, y un cuaderno de apelación deducido del mismo asunto, al Juzgado Sexto Auxiliar de Primera Instancia en Materia Familiar del Poder Judicial del Estado, de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, solicitando el acuse de recibo respectivo.

  3. Principal

    1. Recepción. Se tiene por recibido el oficio 1209/2022, de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, por medio del cual el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con sede en Saltillo, Coahuila, remitió los autos originales relativos al juicio de amparo 52/2022, así como dos tomos relativos al expediente 1232/2015, y un cuaderno de apelación deducido del mismo asunto, en virtud de que el órgano jurisdiccional en cita se declaró legalmente incompetente para conocer de dicha demanda de garantías. 2. Registro. Fórmese expediente y regístrese con el número progresivo 187/2022, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Competencia. Al efecto, con fundamento en los artículos 33, 35, 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto; acúsese recibo de estilo correspondiente. 4. Desechamiento. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe de considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de garantías, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En efecto, la demanda que se trata resulta improcedente debido a que se aprecia que la parte promovente demandó el amparo y protección de la justicia Federal en contra de la autoridad y acto siguiente: Autoridad responsable: Juez de Primera Instancia en Materia Familiar Tradicional, con residencia en Sabinas, Coahuila de Zaragoza. Acto reclamado: La determinación de catorce de enero de la presente anualidad, que se dictó a merced de la resolución de uno de noviembre del año dos mil veintiuno, emitida en el toca civil 147/2021, que resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha tres de septiembre de dos mil veintiuno. En tal auto, de catorce de enero del año en curso, emitido en los autos del expediente 1232/2015, del índice del Juzgado Sexto Auxiliar de Primera Instancia en Materia Familiar del Poder Judicial del Estado, con residencia en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, se advierte que se hizo efectivo el apercibimiento decretado en el diverso acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veintiuno; por lo que, se ordenó la ejecución forzosa de la sentencia interlocutoria de tres de septiembre de dos mil veintiuno, en contra del aquí quejoso Juan Carlos Sánchez Ramos, y se autorizó a la actuaria adscrita para que en compañía de la parte actora se constituyera en el domicilio del citado y se procediera al requerimiento de señalamiento de bienes para embargo, los cuales debían ser suficientes para garantizar el adeudo por concepto de alimentos caídos a que fue condenado, de conformidad con los artículos 940, 941, 944 y demás relativos del Código Procesal Civil aplicable. Ante ello, debe decirse que la determinación reclamada en este juicio de amparo, no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de origen en etapa de ejecución, sino que, por el contrario, resulta ser aquella encaminada directamente a requerir su cumplimiento. En esas condiciones, se permite advertir que en la especie, se actualizan de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XXIII y XIII, la primera fracción en mención, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos. En efecto, acorde con el artículo 107, fracción IV, de la ley de la materia, el amparo procederá contra actos de tribunales judiciales, administrativos agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido; y si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en ese procedimiento, entendida como: i) Aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; ii) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; iii) Las que ordenen el archivo definitivo del expediente. En la misma demanda se podrán reclamar las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubiesen dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado del fallo. El espíritu de dicho ordenamiento es evitar el entorpecimiento continuo de la ejecución de las resoluciones dictadas por tribunales judiciales, administrativos y laborales, a efecto de que no se realicen abusos del juicio de amparo, puesto que el acatamiento de las sentencias es una cuestión de orden público ya que la sociedad se encuentra interesada en su ejecución; y porque la admisión del juicio de amparo permitirá que la ejecución de una sentencia, donde las partes fueron oídas y vencidas, que constituye la verdad legal y es cosa juzgada, se verá obstaculizada de manera indeterminable, lo cual necesariamente implica un fraude a la ley. En congruencia con lo anterior, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante el mismo que hubieran afectado las defensas de la parte quejosa. Ahora bien, de la diligencia actuarial de nueve de febrero de dos mil veintidós que obra agregada en este expediente, se desprende que se requirió al quejoso para que hiciera el pago por concepto de alimentos caídos, al que fue condenado en la interlocutoria que se habla, pese a la omisión de su pago, misma en la que, al referir que no contaba con la cantidad requerida, se le solicitó que señalara bienes suficientes para embargo, y al negarse a hacerlo, se le concedió el uso de la voz a la parte actora para que ella lo hiciera, lo que así sucedió y quedó claramente establecido en esa diligencia, decretándose el embargo de manera formal del bien inmueble ahí descrito. Bajo ésa óptica jurídica, así como de los antecedentes descritos en la demanda de amparo y constancias acompañadas, permiten establecer que el acto reclamado que ha quedado precisado, se emitió en etapa de ejecución de sentencia y no constituye la última resolución en ejecución. En ese sentido, resulta manifiesto e indudable que en contra de tal determinación no procede el juicio de amparo indirecto. Apoya lo antes considerado, la Jurisprudencia 32/2001. Así también, al apreciarse que el acto que reclama el quejoso fue emitido a merced de la resolución de uno de noviembre del año dos mil veintiuno, dictada en el toca civil 147/2021, que resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha tres de septiembre de dos mil veintiuno, de la cual fue debidamente notificado el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, lo que se corrobora con la cedula de notificación que obra agregada al cuaderno auxiliar de apelación. En esas condiciones, en el caso, también opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, como se explicará a continuación. De conformidad con el citado precepto, se advierte que el legislador asentó que el quejoso podía consentir de forma expresa el acto autoritario, o bien, emitir manifestaciones de voluntad que entrañaran esa decisión precisamente (estar conforme con el acto). En caso de que se elija aceptar y conformarse con el sentido de la determinación, para efectos del amparo y, en específico, de la causal de improcedencia que se analiza, puede expresar de manera literal que consiente el acto autoritario. También se concebirá que haga consentir el sentido de determinada resolución, por manifestaciones de la voluntad que entrañen esa aceptación, la cual se entiende a través de signos inequívocos que exprese, los cuales deberán estar encaminados a dar a entender su conformidad. En suma, para efectos de la Ley de Amparo, tal como establece el artículo 61, fracción XIII, existen dos supuestos con los cuales se puede considerar el consentimiento de un acto que el gobernado estima lesiona sus derechos fundamentales: i) El consentimiento expreso; y, ii) El consentimiento tácito, causado por manifestaciones de voluntad que lo entrañen. Aunque conservan similitudes y componentes afines, dichos supuestos establecen dos situaciones por las cuales se puede instituir el consentimiento o la anuencia que tuvo la parte quejosa en algún momento determinado en relación con el acto de autoridad que posteriormente pueda reclamar en el amparo, o bien, dichos supuestos pueden surtirse incluso durante la tramitación del juicio. En efecto, el primero de los indicados escenarios, se produce cuando la parte afectada, realiza un consentimiento de forma expresa, es decir, manifiesta de manera clara que está de acuerdo, convalida, acepta o se sujeta al sentido del acto. La situación expuesta en segundo lugar, refiere a la emisión de manifestaciones de voluntad las cuales entrañen ese consentimiento, lo anterior implica que el hecho de que no sea externada de manera expresa esa aceptación, ésta se puede obtener por conductas o acciones cuyo propósito primordial es evidenciar la conformidad con el acto. Cualquiera de los dos escenarios implican, para efectos de la actualización de la causa de improcedencia aludida, de manera inequívoca, el consentimiento del acto. Lo anterior, tiene sustento en la necesidad de establecer claramente un principio de seguridad jurídica, el cual tiene como finalidad evitar que la parte quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer o poner en debate, los efectos de la conducta autoritaria, con relación a la cual, en forma previa, hubiera exteriorizado de manera libre y espontánea, su aceptación. De ahí que el consentimiento, para efectos de la improcedencia del amparo, se traduce en la manifestación de voluntad de la parte quejosa, que decide someter su conducta a los efectos del acto reclamado, y de actualizarse ese supuesto, puede afirmarse válidamente que la promoción del juicio resulta ilegítima, es decir, no justificada, pues sería tanto como permitir que el gobernado pretenda sustraerse a la propia conducta que aceptó o admitió. Es aplicable a lo anterior, el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora bien, como se dijo en párrafos anteriores, en el caso en particular, el peticionario de amparo acude a esta instancia constitucional a reclamar el acuerdo de catorce de enero de dos mil veintidós, dictado como propiamente lo señala en su demanda, a merced de la resolución de uno de noviembre del año dos mil veintiuno, dictada en el toca civil 147/2021, que resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha tres de septiembre de dos mil veintiuno, de la cual fue debidamente notificado el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno; es decir, pone de manifiesto que el acto que ahora reclama fue emitido como consecuencia a la citada resolución de segunda instancia, de la cual tuvo pleno conocimiento; no obstante, como se apuntó, por voluntad propia la consintió, al no hacer valer algún medio de defensa en su contra. Por tanto, dicha determinación de la cual deriva el acto aquí reclamado fue consentido tácitamente por el mismo. Omisión que sólo puede interpretarse como una manifestación de su voluntad, en el sentido de no desear combatirla, y por ende, estar conforme con ella. En ese contexto, el acuerdo de catorce de enero de dos mil veintidós, que aquí constituye el acto reclamado, sólo es una consecuencia lógica y natural de la multicitada resolución de uno de noviembre del año dos mil veintiuno, dictada dentro de los autos del toca civil 147/2021, consentida tácitamente por falta de impugnación, pues materializa lo que en ésta se anticipó, en el sentido de ordenar la ejecución forzosa de la sentencia interlocutoria de tres de septiembre de dos mil veintiuno. Por consiguiente, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado deriva de otro consentido. En mérito de lo expuesto y con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados, se desecha de plano la demanda de garantías que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable las causas de improcedencia antes invocadas. 5. Domicilio y autorizado para notificaciones. En virtud de que el promovente señala como domicilio para recibir notificaciones los estrados de este Juzgado de Distrito, y como tal figura no está prevista en la ley de la materia, téngase como tal, la lista que se fija en un lugar visible de este órgano de control constitucional, acorde a lo dispuesto en los artículos 26, fracción III, y 29, de la legislación invocada, hasta en tanto señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad. Orienta esta determinación, la tesis XXII.1o.22 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito; visible en la página 1067 del Tomo VIII, Diciembre de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Asimismo, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Marco Antonio Limón Regalado y Ramón Escobedo Bernal, por tener registradas sus cédulas en el Sistema Computarizado para el Régimen Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales Registro Electrónico. 6. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 7. Reproducción electrónica. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. La Secretaría de Juzgado encargada del expediente las gestionará sin mayor proveído. 8. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. 9. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita.

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