Juan Carlos Sánchez Medina

Expediente 1948/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 10 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1948/2015
Año
2015
Actuaciones
10
Última actuación
07/04/2016

Partes del expediente

  • Juan Carlos Sánchez Medina
  • Segunda Sala Civil Y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    En siete de abril de dos mil dieciséis, el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, certifica: Que transcurrió del cuatro al seis de abril de dos mil dieciséis, el término de tres días concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su derecho corresponda, respecto del cumplimiento dado a la sentencia protectora. Doy fe. En la misma fecha, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, doy cuenta a la Juez con el estado de autos y la certificación que antecede.- Conste. Zacatecas, Zacatecas, a siete de abril de dos mil dieciséis Vistos los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa, por auto de dieciocho de marzo del año en curso, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable Presidenta de la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Zacatecas, a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, sin que lo haya hecho; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente y la jurisprudencia: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", se analizará si la sentencia está cumplida. El once de febrero de dos mil dieciséis, el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Juan Carlos Sánchez Medina, en los términos siguientes: "A). Que la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas deje sin efectos la determinación de veinticuatro de septiembre de dos mil quince, emitida en el toca de apelación 224/2015 que resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra de la interlocutoria relativa al incidente de reducción de pensión alimenticia dentro del juicio ordinario civil de divorcio voluntario 479/2011; y B). Ordene a la Juez Tercero de lo Familiar de Zacatecas, reponga el procedimiento para el efecto de recabar oficiosamente cualquier elemento de convicción que permita conocer las posibilidades del deudor y las necesidades de cada uno de los acreedores, ello atendiendo al contexto socioeconómico en que actualmente se desenvuelven, es decir, las necesidades actuales de los acreedores alimentarios, tales como su edad, el grado escolar que cursan, los gastos que genera su manutención, etcétera, así como la actual situación económica de la señora Areli Eunice Díaz Figueroa, ello para contar con elementos que permitan determinar si resulta procedente o no la reducción alimenticia solicitada en la especie". Posteriormente, en auto de catorce de marzo del presente año, se declaró que la sentencia protectora de garantías causó ejecutoria, y se requirió a la responsable para que dentro del término de tres días diera cumplimiento al fallo protector de garantías. Mediante proveído de dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, se recibió de la responsable Presidenta de la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, copias certificadas del acuerdo en el cual dejó insubsistente la resolución dictada el veinticuatro de septiembre de dos mil quince, así como copia certificada de la emitida el diecisiete de marzo del presente año, mediante la cual, en cumplimiento a la ejecutoria de mérito, determinó lo siguiente: "a). Se deja insubsistente el fallo dictado por este Tribunal de alzada en el toca de apelación civil 224/2015, de fecha veinticuatro de septiembre de dos mi quince: y b). Se ordena a la juez Tercero Familiar del Distrito judicial de la Capital, reponer el procedimiento . para efecto de recabar oficiosamente cualquier elemento de convicción que permita conocer las posibilidades del deudor y las necesidades de cada uno de los acreedores, ello atendiendo al contexto socioeconómico en que actualmente se desenvuelven, es decir, las necesidades actuales de los acreedores alimentarios, tales como su edad, el grado escolar que cursan, los gastos que genera su manutención, etcétera, así como la actual situación económica de la señora (sic) Areli Eunice Díaz Figueroa, ello para contar con elementos que permitan determinar si resulta procedente o no la reducción alimenticia solicitada en la especie". Con dichas constancias se ordenó dar vista al promovente del amparo por el término de tres días para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria por parte de la autoridad responsable, sin que hayan hecho manifestación alguna. Conforme a lo expuesto y toda vez que en la sentencia de mérito se otorgó la protección de la justicia federal solicitada, para el efecto ahí precisado y, además, existe constancia en autos de que la autoridad responsable dejó insubsistente el fallo dictado por dicho tribunal dentro del toca de apelación civil 244/2015 y emitió una resolución el diecisiete de marzo del presente año, en la que cumplió los efectos de la ejecutoria; por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". En atención a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se ordena el archivo del presente expediente, como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, con apoyo en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, así como del auto por el que se tuvo por cumplida la misma. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO Y MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza.- DOY FE.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN DE 07 DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS (2016), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "Vistos los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa, por auto de dieciocho de marzo del año en curso, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable Presidenta de la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Zacatecas, a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, sin que lo haya hecho; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente y la jurisprudencia: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", se analizará si la sentencia está cumplida. El once de febrero de dos mil dieciséis, el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Juan Carlos Sánchez Medina, en los términos siguientes: "A). Que la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas deje sin efectos la determinación de veinticuatro de septiembre de dos mil quince, emitida en el toca de apelación 224/2015 que resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra de la interlocutoria relativa al incidente de reducción de pensión alimenticia dentro del juicio ordinario civil de divorcio voluntario 479/2011; y B). Ordene a la Juez Tercero de lo Familiar de Zacatecas, reponga el procedimiento para el efecto de recabar oficiosamente cualquier elemento de convicción que permita conocer las posibilidades del deudor y las necesidades de cada uno de los acreedores, ello atendiendo al contexto socioeconómico en que actualmente se desenvuelven, es decir, las necesidades actuales de los acreedores alimentarios, tales como su edad, el grado escolar que cursan, los gastos que genera su manutención, etcétera, así como la actual situación económica de la señora Areli Eunice Díaz Figueroa, ello para contar con elementos que permitan determinar si resulta procedente o no la reducción alimenticia solicitada en la especie". Posteriormente, en auto de catorce de marzo del presente año, se declaró que la sentencia protectora de garantías causó ejecutoria, y se requirió a la responsable para que dentro del término de tres días diera cumplimiento al fallo protector de garantías. Mediante proveído de dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, se recibió de la responsable Presidenta de la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, copias certificadas del acuerdo en el cual dejó insubsistente la resolución dictada el veinticuatro de septiembre de dos mil quince, así como copia certificada de la emitida el diecisiete de marzo del presente año, mediante la cual, en cumplimiento a la ejecutoria de mérito, determinó lo siguiente: "a). Se deja insubsistente el fallo dictado por este Tribunal de alzada en el toca de apelación civil 224/2015, de fecha veinticuatro de septiembre de dos mi quince: y b). Se ordena a la juez Tercero Familiar del Distrito judicial de la Capital, reponer el procedimiento . para efecto de recabar oficiosamente cualquier elemento de convicción que permita conocer las posibilidades del deudor y las necesidades de cada uno de los acreedores, ello atendiendo al contexto socioeconómico en que actualmente se desenvuelven, es decir, las necesidades actuales de los acreedores alimentarios, tales como su edad, el grado escolar que cursan, los gastos que genera su manutención, etcétera, así como la actual situación económica de la señora (sic) Areli Eunice Díaz Figueroa, ello para contar con elementos que permitan determinar si resulta procedente o no la reducción alimenticia solicitada en la especie". Con dichas constancias se ordenó dar vista al promovente del amparo por el término de tres días para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria por parte de la autoridad responsable, sin que hayan hecho manifestación alguna. Conforme a lo expuesto y toda vez que en la sentencia de mérito se otorgó la protección de la justicia federal solicitada, para el efecto ahí precisado y, además, existe constancia en autos de que la autoridad responsable dejó insubsistente el fallo dictado por dicho tribunal dentro del toca de apelación civil 244/2015 y emitió una resolución el diecisiete de marzo del presente año, en la que cumplió los efectos de la ejecutoria; por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". En atención a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se ordena el archivo del presente expediente, como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, con apoyo en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, así como del auto por el que se tuvo por cumplida la misma. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes."

  3. Principal

    En dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, el Secretario Juzgado licenciado Jorge Martín Zamora González da cuenta a la Juez con los oficios y anexos, registrados con los números 5866 y 5869- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de marzo de dos mil dieciséis. Agréguense a sus autos los oficios y anexos de cuenta, firmadó por la Presidenta de la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, mediante los cuales da cumplimiento al requerimiento que se le hizo por auto de catorce de marzo del presente año, remitiendo copia certificada del acuerdo en el cual se deja insubsistente la resolución dictada por dicha Sala el veinticuatro de septiembre de dos mil quince, así como copia certificada de la resolución emitida el diecisiete de marzo del presente año; en consecuencia, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días manifieste lo que en su derecho corresponda, apercibido que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional resolverá sobre el cumplimiento de dicha autoridad a la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la citada autoridad. Finalmente, téngasele por acusando recibo del oficio 13369 por el que se le remitió el toca de apelación civil 224/2015, que en su oportunidad remitió a este Juzgado como prueba dentro del presente sumario. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza.- DOY FE. ( Jenn!(

  4. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, a catorce de marzo de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta asentada por el Secretario, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, el once de febrero de dos mil dieciséis, en la que se concedió al quejoso Juan Carlos Sánchez Medina, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes y con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, para que acate en sus términos el fallo protector de que se trata, esto es, deberá dejar sin efectos la determinación de veinticuatro de septiembre de dso mil quince, emitida en el toca de apelación 224/2015 que resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra de la interlocutoria relativa al incidente de reducción de pensión alimenticia dentro del juicio ordinario civil de divorcio voluntario 479/2011; y ordene a la juez Tercero de lo Familiar de Zacatecas, reponga el procedimiento para el efecto de recabar oficiosamente cualquier elemento de convicción que permita conocer las posibilidades del deudor y las necesidades de cada uno de los acreedores, ello atendiendo al contexto socioeconómico en que actualmente se desenvuelven, es decir, las necesidades actuales de los acreedores alimentarios, tales como su edad, el grado escolar que cursan, los gastos que genera su manutención, etcétera, así como la actual situación económica de la señora Areli Eunice Díaz Figueroa, ello para contar con elementos que permitan determinar si resulta procedente o no la reducción alimenticia solicitada en la especie; e informe sobre su cumplimiento dentro del término de TRES DÍAS, siguiente a la legal notificación de este auto y remita las constancias que así lo acrediten, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada se le impondrá una multa equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de este propio Circuito para seguir el trámite de ejecución que puede culminar con la separación de su cargo y su consignación. Por otra parte, devuélvase a la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, el toca de apelación número 224/2015, que en su oportunidad remitió como justificación de sus actos. Finalmente, con transcripción del presente auto, comuníquese al Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, que en esta propia fecha se declaró firme la sentencia de once de febrero del año en curso. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe.

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