Juan Carlos Sallas Barreto

Expediente 840/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
840/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
01/06/2016

Partes del expediente

  • Juan Carlos Sallas Barreto

Actuaciones

  1. Principal

    se declara que el auto por el que se desechó de la demanda de amparo, ha quedado firme para todos los efectos legales correspondientes. archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. se declara que este expediente es susceptible de destrucción.

  2. Principal

    PERS. CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE LE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE TRECE DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, QUE EN SÍNTESIS DICE:Vista la razón de cuenta de la Secretaría, con fundamento en los artículos 8° y 17, de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 219 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de la Materia, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Juan Carlos Sallas Barreto, contra actos del Ayuntamiento Constitucional y Presidente Municipal de Jonacatepec, Morelos. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal; de igual forma, con fundamento en los artículos 3, de la Ley de Amparo y 60, del Acuerdo General Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena crear el expediente electrónico correspondiente, que deberá conformarse con las mismas actuaciones que el expediente impreso. Ahora bien, sin proveer sobre la admisión de la demanda de que se trata, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la misma, en virtud de que de su contenido se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, como enseguida se expondrá: En efecto, el quejoso reclama en esta instancia constitucional el incumplimiento y desacato por parte de las autoridades señaladas como responsables Ayuntamiento Constitucional y Presidente Municipal de Jonacatepec, Morelos, de dar cumplimiento a lo ordenado en el laudo dictado el diecisiete de diciembre de dos mil doce, en el juicio laboral 01/24/11, radicado en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, interpretado en a contrario sensu, el Ayuntamiento Constitucional y Presidente Municipal de Jonacatepec, Morelos, no reúnen la calidad de autoridades para efectos del presente juicio de amparo, en el que se les reclama la omisión de dar cumplimiento al laudo condenatorio impuesto en su contra, dentro del procedimiento laboral donde aparecen como demandados. Lo anterior, así se ha definido en las últimas jurisprudencias pronunciadas sobre dicho tema por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha considerado que el incumplimiento a un laudo por parte de los órganos o dependencias públicas del Estado, en el que figuraron como parte demandada no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en tanto que el marco normativo prevé un procedimiento específico para darle ejecución, donde incluso puede llegarse a su forzoso acatamiento, lo que basta para preservar el plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales y la igualdad que de éstas se pregona. Luego, si en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que es supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado, por disposición del artículo 11, de ésta última, otorga amplias facultades al Tribunal ejecutor para proveer la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, dictando todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes, e inclusive, en la legislación acabada de mencionar se prevé la imposición de multas y destitución del infractor como medidas de apremio para vencer la rebeldía o contumacia en el cumplimiento de los laudos, es claro que la demanda de amparo de que se trata deviene improcedente. De lo anterior, resalta sin lugar a dudas el procedimiento para conseguir la ejecución de los laudos, conforme a los numerales antes invocados, la facultad que se otorga al tribunal del trabajo para imponer medidas eficaces e inmediatas para alcanzar dicho objetivo y el deber de dictar auto de ejecución y de comisionar a un actuario para que la autoridad demandada dé cumplimiento al laudo condenatorio, de modo que, si existen tales mecanismos para vencer la contumacia del órgano del estado, es dable sostener que éste no actúa como una autoridad para efectos de este juicio, sino en todo momento dentro de relación laboral particular con el actor, ahora quejoso, lo cual escapa de la hipótesis contemplada en el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, ya invocado. Por otra parte, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala en su escrito de demanda. También, se tienen por autorizadas en términos del dispositivo 12 del cuerpo leyes antes invocado, esto es, con todas las facultades que el mismo confiere a las personas señaladas en el libelo de cuenta, en atención a que se trata de un asunto en materia laboral donde el quejoso es el trabajador y no es necesario acreditar tener registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En otro orden de ideas, con el objeto de evitar dilaciones en el trámite de esta instancia constitucional, con apoyo en el artículo 21, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilita al actuario adscrito para que las notificaciones que surjan en este juicio de amparo, sean practicadas incluso en horas y días inhábiles, previa constancia que asiente para que quede justificado el motivo de esa actuación. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la Circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve. Notifíquese personalmente.

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