Juan Carlos Ruíz Rodríguez

Expediente 1108/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1108/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
28/10/2021

Partes del expediente

  • Juan Carlos Ruíz Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, intégrese a los presentes autos el oficio y anexo de cuenta suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, por el que remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada el quince de octubre de dos mil veinituno, emitida en el recurso de queja 236/2019, de la que se desprende que el citado tribunal colegiado tuvo a bien resolver: "ÚNICO.- Se declara infundado el recurso de queja a que este expediente se refiere." En consecuencia, con fundamento en los artículos 8 y 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete; acúsese el recibo correspondiente mediante oficio vía electrónica. Con lo anterior este Juzgado de Distrito toma conocimiento de lo determinado por el Tribunal Colegiado oficiante, en tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. ...

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio de cuenta suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, por medio del cual acusa recibo y comunica a este juzgado que fue admitido el recurso de queja interpuesto en contra del proveído de tres de agosto de dos mil veintiuno dictado en el presente juicio de amparo, quedando registrado bajo el toca QT-116/2021, asimismo informa que la queja en cita fue turnada a la ponencia a cargo de la Magistrada Livia Lizbeth Larumbe Radilla, para la formulación del proyecto de resolución, lo que este Juzgado de Distrito toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. ...

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de agosto de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, intégrense a los presentes autos el oficio y anexo de cuenta, suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el quince de julio de dos mil veintiuno, en el recurso de queja 114/2021, de la que se desprende que el citado tribunal colegiado tuvo a bien resolver: "ÚNICO.- Se declara FUNDADO el recurso de queja interpuesto por Productos Agropecuarios de Tehuacán, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, contra el acuerdo de cinco de marzo de dos mil veintiuno, dictado por la Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en el juicio de amparo indirecto número 258/2021". Por tanto, se acusa el recibo correspondiente vía electrónica, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, que hace referencia el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, que se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. En mérito de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Amparo, se reanuda el procedimiento en el presente juicio de amparo, y se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y SIETE MINUTOS DEL DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO para llevar a cabo la audiencia constitucional. Ahora bien, en estricto acatamiento a lo resuelto por el Tribunal Colegiado de mérito, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con copia simple de la demanda de amparo promovida por Arturo Mauleón Cano, representante de la personal moral Productos Agropecuarios de Tehuacán, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable se pide informe justificado a la autoridad señalada como responsable CFE Suministrador de Servicios Básico, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio de notificación relativo, y con la debida anticipación para que se permita su conocimiento a las partes, es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, debiendo exponer las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. Apercíbase a la autoridad responsable que la omisión a rendir su informe justificado presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1º de la Ley de Amparo. Se comisiona al analista jurídico SISE para realizar las gestiones necesarias a efecto de registrar a la autoridad responsable en cita dentro del presente juicio de amparo. Respecto a las copias certificadas que devuelve el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, se guardan en la Secretaría de este órgano jurisdiccional, sin que haya necesidad de formar el respectivo cuaderno de antecedentes toda vez que dichas constancias forman parte del presente juicio de amparo. Por otra parte, con fundamento en los artículos 107 a 191 de la Ley de Amparo, se instruye a la secretaria, para que: verifique si existen diligencias pendientes de realizar en el presente expediente y de ser así, las realice o proceda a dar cuenta de ello para que se acuerde lo que corresponda; asimismo, si el expediente se encuentra suspenso o sin actuación, proceda a requerir la información que sea necesaria para verificar el estado de autos; igualmente, si hay recursos pendientes de enviar, los integre debidamente y los remita inmediatamente a la superioridad; en caso de existir constancias pendientes de agregar en este expediente, se agreguen como correspondan; si debe regularizarse el procedimiento, proceda a dar cuenta de ello; si es necesario realizar actuaciones, proceda a efectuarlas o a dar cuenta de ello; de igual forma, si el expediente se encuentra en ejecución de sentencia o concluido, dé cuenta, de ser necesario, o realice la actuación que en derecho corresponda, con el objeto de que el expediente se encauce hacia el destino legal que proceda. ...

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de agosto de dos mil veintiuno. Expediente y registro Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado, con el número 1108/2021. Radicación Vista la demanda de amparo promovida por ***, en contra de los actos del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, por violación a los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, se provee. ... Acto reclamado. En el caso, del análisis íntegro de la demanda se advierte que Juan Carlos Ruiz Rodríguez, reclama de la autoridad responsable, el auto de ocho de julio de dos mil veintiuno dictado en el juicio laboral D-370/2013 del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, en el que, en atención a sus manifestaciones respecto de que es improcedente que se le cobren las percepciones correspondientes al Instituto de Seguridad v Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Puebla, determinó que su devolución resulta improcedente e infundada, ya que el patrón se encuentra obligado a realizar las retenciones de dichas percepciones, de conformidad con el artículo 42, fracción I, de la Ley del Instituto de Seguridad Servidos Sociales de los Trabajadores del Estado de Puebla. Causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. De lo anterior, este juzgado de distrito advierte que respecto del citado acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" La fracción transcrita contiene el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Dicho principio consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un procedimiento extraordinario de carácter constitucional, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia federal, con la única excepción de los terceros extraños al juicio y cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. De modo que aquellas resoluciones que pueden ser revocadas, modificadas o nulificadas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de garantías por no ser definitivas (como ocurre en el presente asunto), pues dicha característica es de aquéllas que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto, si ello fuere procedente. ..Es menester precisar que del contenido íntegro de la demanda se advierte que Juan Carlos Ruiz Rodríguez, es parte procesal -actor- dentro de los autos del juicio laboral de origen, y que el mismo se encuentra en ejecución de sentencia, por tanto no tiene la calidad de tercero extraño a juicio. Luego, al ser parte dentro del juicio laboral D-370/2013 del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, es inconcuso que está legitimado para interponer los medios de defensa adecuados para combatir el referido acto reclamado. Así, respecto de los actos reclamados que por esta vía combate consistente en el auto de ocho de julio de dos mil veintiuno dictado en el juicio laboral D-370/2013 del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, en el que, en atención a sus manifestaciones respecto de que es improcedente que se le cobren las percepciones correspondientes al Instituto de Seguridad v Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Puebla, determinaron su devolución resulta improcedente e infundada, ya que el patrón se encuentra obligado a realizar las retenciones de dichas percepciones, de conformidad con el artículo 42, fracción I, de la Ley del Instituto de Seguridad Servidos Sociales de los Trabajadores del Estado de Puebla, se actualiza la causal de improcedencia en estudio. En efecto, en contra de dicha determinación es procedente el recurso ordinario previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo -vigente a la fecha de presentación de la demanda laboral que dispone: "Artículo 849.- Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión." Como se advierte del numeral en cita, el recurso de revisión procede en contra los actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, por tanto, deberá agotarse este recurso antes de acudir al juicio de derechos para cumplir con el principio de definitividad que rige a este último. .. Por tanto, el quejoso Juan Carlos Ruiz Rodríguez, debió promover dicho medio ordinario de defensa en contra del acto reclamado, antes de acudir a la presente instancia constitucional, a fin de respetar el principio de definitividad que impera en el juicio de amparo. Máxime que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la citada fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que no se está ante actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ni la parte quejosa tiene el carácter de tercero extraño a juicio, como se establece en el inciso c) del citado numeral, puesto que es parte demandada en el procedimiento de origen; ni el acto reclamado se refiere a uno de los señalados en el inciso b) de la fracción en comento. En ..Desechamiento. En consecuencia, por ser notoria e indudable la improcedencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61, fracción XVIII, 112 y 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se provee. ..

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