Juan Carlos Ruiz Miranda

Expediente 105/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 27 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
105/2021
Año
2021
Actuaciones
27
Última actuación
25/04/2022

Partes del expediente

  • Juan Carlos Ruiz Miranda
  • Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del estado. Matamoros, Tamaulipas.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, veinticinco de abril de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio 129-B/2022, signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, a través del cual remite testimonio autorizado de la ejecutoria terminada de engrosar el ocho de abril de dos mil veintidós, dentro del incidente en revisión 217/2021, de su índice, mediante la cual declaró sin materia el recurso de revisión interpuesto por el quejoso Juan Carlos Ruiz Miranda, en contra de la interlocutoria dictada el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, dentro de los autos del incidente de suspensión derivado del presente asunto; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a sus autos para que obre como corresponda. Acúsese el recibo de estilo. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Por otra parte, se determina que es susceptible de destrucción el original del incidente de suspensión, en virtud de que se ubica en el supuesto previsto en el artículo 21, inciso c), pues se negaron las medidas cautelares (suspensión provisional y definitiva) respecto de los actos reclamados; además, a juicio de este tribunal, no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, tanto el juicio principal como el original del incidente de suspensión, deberán ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Finalmente, toda vez que el presente incidente se formó por duplicado y separado, procédase a la destrucción de éste a partir del veintiséis de octubre de dos mil veintidós, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), y párrafo tercero, del mencionado Acuerdo General. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión previsto por el numeral 81, fracción I, inciso e), de la citada ley reglamentaria, en contra de la sentencia de sobreseimiento terminada de engrosar el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, en el presente juicio de amparo; con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. Lo anterior es procedente, con independencia de que no se haga el cómputo relativo a la autoridad responsable, habida cuenta que, conforme lo dispone el artículo 87 de la Ley de Amparo, ésta sólo podría interponer el recurso de revisión si el sentido del mismo afectara el acto que le fue reclamado, salvo que se trate de amparo contra leyes, lo que no acontece en la especie. En otro orden de ideas, del estudio que se hace de las constancias que integran este juicio de amparo, se advierte que la interlocutoria de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, dictada dentro del incidente de suspensión que deriva de este asunto, fue recurrida por la parte quejosa, misma que actualmente se encuentra pendiente de resolución; en tal razón, comuníquese este proveído al Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, a quien le tocó conocer por razón de turno, del medio de impugnación en comento, el cual registró como amparo en revisión 217/2021, para su conocimiento y efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.

  3. Principal

    VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo 105/2021-I, promovido por Juan Carlos Ruiz Miranda, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el once de febrero de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, turnado a este Juzgado de Distrito el doce siguiente, Juan Carlos Ruiz Miranda, solicitó la protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad responsable y acto reclamado siguientes: "Autoridades responsables. 1.- Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado. Acto Reclamado: "Lo constituye la resolución emitida por la responsable el día nueve de febrero de dos mil veintiuno, notificada mediante tribunal electrónico el día diez de febrero de esta anualidad que transcurre, actuando dentro de los autos del expediente número 001/2021, relativo al juicio sumario relativo a los alimentos definitivos promovido por mis hijos mayores de edad Carlos Maximiliano Ruiz Gracia y Juan Carlos Ruiz Gracia; proveído que ordena girar atento oficio al Gerente o Representante legal de la empresa Auto Industrial de Partes S.A. de C.V., a fin de que ordene realizar el descuento correspondiente al 40% (cuarenta por ciento) del salario y demás prestaciones que como empleado de la misma percibe el suscrito, y se sirva a depositar en la cuenta bancaria a nombre de una tercera persona ajena al juicio de origen, de nombre Clío Estefanía Ruiz Gracia, número 1586828256 Clabe Interbancaria 012180015868282565 de la institución bancaria BBVA Bancomer S.A.; resolución que me deja en estado inaudito al no acreditarse la capacidad del suscrito como deudor, no obstante que mediante oficio dirigido a la empresa donde laboro el suscrito, no ha rendido a la fecha del día de hoy el informe que el A quo requirió mediante oficio número 228 de fecha diecinueve de enero de dos mil veintiuno, además de omitir la responsable analizar las constancias de autos, en las que manifesté oportunamente en la contestación a la demanda incoada por mis hijos que el suscrito cuento actualmente con un embargo del 50% (cincuenta por ciento) de mis percepciones como empleado, media que solicitara la madre de estos en misma fecha, en forma separada, y que no se analizó por la Juez Segunda Familiar, al decretar un porcentaje del 40%, mismo que constituye un total del 90% de retención por concepto de pensión alimenticia, con cargo a mis percepciones laborales, es decir, 50% decretado en juicio 01177/2020 en el Juzgado Tercero Familiar y el 40% ordenado por la responsable constituyendo una ilegalidad a todas luces, toda vez que el artículo 288 del Código sustantivo civil en el Estado de Tamaulipas, señala que "Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que deba darlos y a la necesidad del que deba recibirlos, pero la proporción de éstos no podrá ser un porcentaje inferior al 30 por ciento ni mayor del 50 por ciento del sueldo o salario del deudor alimentista" constituyendo todo lo anterior el motivo del acto reclamado." Lo que estimó contrario a los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. En proveído de quince de febrero de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda de garantías, la cual se registró en el libro de gobierno bajo el número que le correspondió; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual una vez integrado el expediente, tuvo verificativo según el acta que antecede. TERCERO. Oportunidad. El acto reclamado le fue notificado al quejoso por medio de lista de acuerdos el día diez de febrero de dos mil veintiuno; posteriormente, presentó su demanda de derechos fundamentales el once del mismo mes y año, por lo que conforme a lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, se advierte que la misma fue presentada en tiempo y forma. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer del presente juicio de garantías en términos de los artículos 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado el criterio de que el juez constitucional debe interpretar el escrito de demanda en su integridad con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con el objeto de determinar con exactitud la intención del promovente, razón por la cual está constreñido a armonizar los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, de tal suerte que la sentencia que dicte en el juicio de amparo contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Sobre el particular se invocan los siguientes criterios: La Jurisprudencia 2a./J. 55/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 195745, correspondiente a la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, Agosto de 1998, página 227, cuyo rubro y texto dicen: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". Así también, la Tesis Aislada de Tribunales Colegiados de Circuito, con número de registro 220045, correspondiente a la Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Marzo de 1992, página 128, que señala lo siguiente: "ACTO RECLAMADO, ESTUDIO INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO PARA CONOCER EL. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que aunque no de manera formal en capítulo especial, sí dentro del capítulo de conceptos de violación, se señala como acto reclamado la expedición de una ley, resulta correcto el estudio que se hace de la constitucionalidad de dicho acto de autoridad, teniéndolo como acto reclamado". De igual forma, la Tesis Aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 181810, correspondiente a la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004, página 255, del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Así, se tiene que el acto que Juan Carlos Ruiz Miranda reclama, consiste en: El proveído de nueve de febrero de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 1/2021, relativo al juicio sumario civil sobre alimentos definitivos promovido por Carlos Maximiliano Ruiz Gracia y Juan Emiliano Ruiz Gracia, en contra de Juan Carlos Ruiz Miranda, en el cual la responsable Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, ordenó girar oficio al gerente o representante legal de la empresa Auto Industrial de Partes S.A., a fin de que realizaran el descuento correspondiente al 40% (cuarenta por ciento) del salario y demás prestaciones que como empleado de la misma percibe el agraviado Juan Carlos Ruiz Miranda, no obstante de que tiene otra orden de descuento del 50% (cincuenta por ciento) de su salario y demás prestaciones derivada del expediente 1177/2020, relativo al juicio de divorcio sin expresión de causa promovido por Gloria Esther Gracia Morales, ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, en esta localidad. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos atribuidos al Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, ya que así lo señaló al momento de rendir su informe justificado. Además, su certeza se corrobora con las constancias que anexó derivadas del expediente 1/2021, relativo al juicio sumario civil sobre alimentos definitivos promovido por Carlos Maximiliano Ruiz Gracia y Juan Emiliano Ruiz Gracia, en contra de Juan Carlos Ruiz Miranda; documentales a las que se otorga pleno valor probatorio conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 305, visible en la página 206, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En la especie, respecto al acto de reproche consistente en el proveído de nueve de febrero de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente número 1/2021, relativo al juicio sumario civil sobre alimentos definitivos promovido por Carlos Maximiliano Ruiz Gracia y Juan Emiliano Ruiz Gracia, en contra de Juan Carlos Ruiz Miranda, en el cual la responsable Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, ordenó girar oficio al gerente o representante legal de la empresa Auto Industrial de Partes Sociedad Anónima de Capital Variable, a fin de que realizaran el descuento correspondiente al 40% (cuarenta por ciento) del salario y demás prestaciones que como empleado de la misma percibe el agraviado, no obstante de que tiene otra orden de descuento del 50% (cincuenta por ciento) derivada del expediente 1177/2020, relativo al juicio de divorcio sin expresión de causa promovido por Gloria Esther Gracia Morales, ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, en esta localidad, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado;." El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la citada causal de improcedencia, en la jurisprudencia por contradicción número P./J. 144/2000, consultable en la página 15 del Tomo XII, del mes de diciembre de 2000, Materia Común, Novena Época, ha establecido: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." Del precepto legal y criterio jurisprudencial citados, se obtiene que para que se actualice la causal de improcedencia en comento, es necesario que se actualicen tres circunstancias, a saber: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. En el caso, se dice que se actualiza la citada causa de improcedencia del juicio de amparo, habida cuenta que el acto reclamado consiste en el auto de nueve de febrero de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, en esta ciudad, dentro del expediente número 1/2021, relativo al juicio sumario civil sobre alimentos definitivos promovido por Carlos Maximiliano Ruiz Gracia y Juan Emiliano Ruiz Gracia, en contra de Juan Carlos Ruiz Miranda. Empero, de las constancias que adjuntó el Juzgado responsable, se advierte que el quejoso Juan Carlos Ruiz Miranda, a través de su asesora jurídica licenciada Isis Abril Nájera Villanueva, mediante escrito presentado el dieciocho de febrero de este año interpuso recurso de reclamación en contra de la providencia precautoria decretada en auto de nueve de febrero de dos mil veintiuno (fojas 80 a 83). Ante esa situación, el Juez responsable en acuerdo de veinticuatro de febrero del año en curso, con fundamento en el artículo 438 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Tamaulipas, tuvo al aquí quejoso interponiendo en tiempo y forma recurso de reclamación, en contra de la providencia precautoria decretada el nueve de febrero de este año, medio de impugnación que hasta la fecha se encuentra pendiente de resolución (fojas 80 a 83). Luego, como ha quedado precisado, resulta evidente que en el presente asunto opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, ya que las constancias glosadas en autos, permiten inferir válidamente a este juzgador, que en contra del acto reclamado consistente en el nueve de febrero de dos mil veintiuno, que constituye la causa de pedir en esta vía constitucional, existe en trámite un recurso de reclamación, medio de defensa legal que fue admitido por la Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, en acuerdo de veinticuatro de febrero de este año, dentro de los autos del expediente número 1/2021, relativo al juicio sumario civil sobre pensión alimenticia, mismo que actualmente se está tramitando según lo narrado en párrafos anteriores, pues no hay prueba en contrario que permita concluir que haya sido resuelto en definitiva. Además, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 138 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, se obtiene que el recurso de reclamación es el medio de defensa legal que constituye la vía idónea para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad en el presente juicio de amparo, ya que dicho numeral establece lo siguiente: "ARTÍCULO 438.- El deudor podrá reclamar la providencia en cualquier tiempo antes de la sentencia, para cuyo efecto se le notificará aquella, en caso de no haberse ejecutado con su persona o con su representante legítimo. La reclamación deberá fundarse en que la medida fue innecesaria o no se practicó de acuerdo con la ley. Igualmente, puede reclamar la providencia un tercero, cuando sus bienes hayan sido objeto del secuestro." De lo anterior se advierte el recurso de reclamación es el idóneo para combatir la providencia precautoria decretara en auto de nueve de febrero de este año, puesto que señala que el deudor (aquí quejoso) podrá reclamar la providencia en cualquier tiempo antes de la sentencia, tal y como lo realizó el agraviado, ya que de las constancias se advierte que interpuso el citado medio de impugnación a través de su asesora legal el dieciocho de febrero del año en curso, sin que a la fecha se haya resuelto en definitiva el mismo. Apoya lo anterior la siguiente jurisprudencia PC.VII.C. J/3 C (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Civil del Séptimo Circuito, consultable en la página 2221, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo III, Décima Época, Materia Civil, que en su rubro y texto dice: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. TANTO EL ACTOR COMO EL DEMANDADO PUEDEN FORMULAR LA RECLAMACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 210, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, CONTRA EL AUTO INICIAL QUE LA FIJA. Atento a lo dispuesto por el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, la fijación de una pensión alimenticia provisional (medida cautelar surgida a la par del procedimiento) tiene como presupuesto básico que quien pretende obtenerla pruebe la necesidad de la medida y el derecho para que se le conceda, es de naturaleza accesoria y sumaria, no constituye un fin en sí misma, se tramita en plazo breve y su objetivo es suplir internamente la falta de una resolución sobre el fondo de la controversia, asegurando la eficacia de la sentencia y previniendo los peligros de la dilación; y está destinada a cubrir necesidades impostergables de quienes se encuentran en situación de desamparo, las cuales son una prioridad de orden público, así como de naturaleza urgente e inaplazable, con el fin de asegurar su subsistencia mientras el juicio respectivo se resuelve. Ahora bien, la fijación de la pensión alimenticia provisional en el auto de inicio puede impugnarse a través de la reclamación prevista en el citado artículo 210, toda vez que su trámite se desarrolla con un escrito de cada una de las partes, teniendo mayor oportunidad para impugnar, pues el término es más amplio, idéntico a aquel con que cuenta el demandado para contestar la demanda -9 días-, además de que lo resuelve la misma autoridad que conoce del asunto, lo que da seguridad jurídica, al permitir al juzgador contar con los elementos para pronunciarse acerca de los intereses alimentarios tanto del acreedor como del deudor. Y si bien el tercer párrafo del artículo 210 aludido dispone que cualquier reclamación contra dicha medida se podrá formular dentro del escrito de contestación a la demanda, lo que interpretado gramaticalmente da lugar a entender que sólo el demandado puede interponerla, desde un punto de vista funcional, y atendiendo a los alcances de la norma adjetiva, pero sobre todo por tratarse de una medida cautelar que surge a la par del procedimiento, se concluye que ambas partes están en igualdad de condiciones durante el proceso, por lo que la reclamación contra el auto inicial relativo a la fijación de los alimentos provisionales pueden formularla tanto el actor como el demandado, sean éstos concedidos o no. Sin que sea obstáculo a lo anterior que el párrafo indicado establezca que contra la resolución que recae a la reclamación no procede recurso ordinario, pues debe entenderse que se refiere al que interponga el demandado, pues si se trata de la que haga valer el actor, es evidente que el demandado tendrá expedito su derecho para impugnarla en términos del artículo citado." Así también la diversa tesis VI.1o.C.33 C (10a), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la página 957, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 76, Marzo de 2020, Tomo II, Décima Época, Materia Civil, que dice: "PENSIÓN ALIMENTICIA. CONTRA EL AUTO QUE LA FIJA DE MANERA PROVISIONAL, PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE RECLAMACIÓN, AL SER EFICAZ PARA CONTROVERTIR DICHO ACTO EN SEDE ORDINARIA, A MENOS QUE EL DEMANDADO TENGA LA CALIDAD DE TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Cuando el acto reclamado consiste en el auto que decreta la pensión alimenticia provisional, a fin de observar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, siempre y cuando el demandado no tenga la calidad de tercero extraño por equiparación, deberá agotar previamente el recurso de reclamación previsto en el artículo 408 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, puesto que éste tiene por objeto revocar o modificar un auto que no pone fin al procedimiento y, además, se considera eficaz para reparar los actos de la autoridad en un plazo razonable, en tanto que, al no existir disposición expresa que indique cuál es el término para resolver el citado recurso, cobra aplicación el artículo 80 del mismo ordenamiento legal, que establece que cuando la ley no señale el término para la práctica de un acto judicial, se tendrán por señalados tres días. Cabe destacar que si bien es cierto que en la legislación inicial no existía precepto que facultara al Juez a resolver el recurso antes del dictado de la sentencia, y que en la exposición de motivos de esa codificación se puntualizó que debía resolverse en la sentencia, también lo es que mediante decreto de doce de julio de dos mil siete, se adicionó al artículo 410 del aludido cuerpo de leyes, la fracción V, que establece: "Cuando el estado de los autos lo requiera, se podrá resolver antes de que se turnen los mismos para fallar la cuestión planteada.", de lo que se sigue que la finalidad del creador de la norma al adicionar esa porción normativa fue precisamente dotar de eficacia al recurso de reclamación, permitiendo que éste pudiera ser resuelto, previamente, al dictado de la sentencia de fondo, cuando el caso lo amerite." Por lo tanto, como ya se dijo, resulta improcedente el juicio de derechos fundamentales, en términos del artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, en virtud de que ha quedado plenamente demostrado que en contra del auto de nueve de febrero de dos mil veintiuno, dictado por la Juez Segunda de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, en esta ciudad, dentro de los autos del expediente número 1/2021, relativo al juicio sumario civil sobre alimentos definitivos promovido por Carlos Maximiliano Ruiz Gracia y Juan Emiliano Ruiz Gracia, en contra de Juan Carlos Ruiz Miranda, se encuentra en trámite un recurso de reclamación interpuesto por el propio agraviado que hasta le fecha no ha sido resuelto. Se insiste en lo anterior, dado que dicho medio de Impugnación fue admitido por la autoridad responsable en acuerdo de veinticuatro de febrero del año en curso, siendo precisamente esa (reclamación), la que de conformidad con el contenido del artículo 438 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, constituye el medio de defensa legal idóneo para combatir el acto reclamado en el presente juicio de amparo; en la inteligencia que, como se dijo, actualmente está trámite, pues no hay prueba en contrario que permita concluir que haya sido resuelto en definitiva. Todo lo anterior, impide a este Tribunal resolver la cuestión jurídica sometida a consideración, al estar impugnado el mismo acto por el propio afectado a través de una vía diversa; pues dicha causal surge a la vida jurídica para que no se ventilen simultáneamente diversos medios de impugnación respecto de la misma materia o resolución, a fin de evitar que culminen con resoluciones contradictorias. En consecuencia, debe sobreseerse en el presente juicio respecto del acto reclamado al Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta localidad, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIX, del artículo 61, de esa misma legislación. No escapa para este juzgador que en la demanda de derechos fundamentales el quejoso Juan Carlos Ruiz Miranda, manifestó que la ilegalidad del acto reclamado yacía en que existe un diverso expediente 1177/2020, relativo al divorcio sin expresión de causa promovido en su contra por Gloria Esther Gracia Morales, ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, en esta ciudad, en el cual le realizaban un descuento del 50% (cincuenta por ciento) por concepto de pensión alimenticia en favor de la nombrada Gracia Morales. Sin embargo, este juzgado se encuentra imposibilitado para analizar la legalidad de dicho acto, en virtud de que la parte quejosa omitió señalar a dicha autoridad como responsable. En efecto, al considerar que el Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, en esta ciudad, tenía injerencia en el acto aquí reclamado por el agraviado, en acuerdo de siete de junio de dos mil veintiuno, se requirió al quejoso Juan Carlos Ruiz Miranda, para que dentro del término de quince días, manifestara si era su deseo ampliar la demanda de garantías respecto a la indicada autoridad. Dicho término le comenzó a transcurrir el dieciséis de junio y feneció el seis de julio de este año, sin que el quejoso hubiere hecho manifestación alguna. En tal razón, con fundamento en lo establecido en las fracciones XXIII del numeral 61 y V del artículo 63 de la Ley de Amparo, también debe sobreseerse el presente juicio de amparo respecto de los actos que pudiesen haberse reclamado al Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, en esta ciudad, al haber precluido el derecho del peticionario del garantías para enmendar su solicitud de amparo. Tiene aplicación al respecto, la tesis CLXIV/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 113, Tomo: IX, Enero de 1999, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." Tal circunstancia no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, pues como hecho notorio se advierte que ante este tribunal se tramitó el expediente 66/2021-VII, en el cual figura como agraviado Juan Carlos Ruiz Miranda, en el que señaló como acto reclamado el acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, dictado por el Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, dentro del expediente 1177/2020, promovido por Gloria Esther Gracia Morales, en el que se ordenó la retención provisional del 50% (cincuenta por ciento) de salario y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que percibía el agraviado en su fuente de trabajo. Lo anterior es así, ya que una vez integrado dicho juicio 66/2021-VII, el trece de abril de dos mil veintiuno se dictó sentencia definitiva, en la cual se sobreseyó en el mismo, pues de las constancias que obraban en ese expediente se advirtió que la responsable dejó sin efectos el acuerdo reclamado, emitiendo uno diverso en el cual le decretaron al quejoso Juan Carlos Ruiz Miranda, el descuento únicamente del 30% (treinta por ciento) del sueldo y demás prestaciones que percibe como empleado de Auto Industrial de Partes, Sociedad Anónima de Capital Variable, por el mismo concepto. Sirve de apoyo la tesis XXII. J/12, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 295, Tomo V, Enero de 1997, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." Por ende, lo que procede en el caso es decretar el sobreseimiento en términos de lo dispuesto por el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse las causales de improcedencia previstas en las fracciones XIX y XXIII, del artículo 61, de esa misma legislación. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 61, 63, 74, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por Juan Carlos Ruiz Miranda. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, hasta el día veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, fecha en que se terminó de engrosar, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.

  4. Principal

    De conformidad con el artículo 27, fracción I, incisos b) y c) de la Ley de Amparo, notifico a la parte quejosa, la resolución con engrose de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal.

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