Juan Carlos Romano Loyola

Expediente 271/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
271/2017
Año
2017
Actuaciones
8
Última actuación
26/06/2017

Partes del expediente

  • Juan Carlos Romano Loyola

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    VII.- Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no se inconformó dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el proveído veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete (fojas 45 a 47), en el cual se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, el auto de mérito se tiene por consentido para los efectos legales conducentes. Así las cosas y visto el estado procesal que guarda el sumario en que se actúa del que se desprende que se encuentra debidamente integrado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. Por tanto, con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido. c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva. d) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible, en razón de que se conservarán la demanda y la sentencia constitucional, las cuales, además deberán ser digitalizadas. e) De conformidad con el último párrafo del punto undécimo del aludido acuerdo, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de noventa días comparezca ante este órgano jurisdiccional, a recoger los documentos que exhibió en autos, apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo otorgado, podrán serán destruidos juntos con este. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa

  2. Principal

    VII.- Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, respecto a la forma en que la autoridad responsable Titular de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Toluca, Estado de México, dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de amparo; razón por la cual, de conformidad a lo dispuesto por la fracción II del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente y tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias es de orden público, éste Tribunal procede a estudiar si se dio cumplimiento a dicho fallo protector. En principio, es de puntualizarse que el quejoso hizo consistir el acto reclamado en: La omisión de dar respuesta a la petición efectuada, mediante escrito presentado el catorce de diciembre de dos mil dieciséis. Mediante sentencia de diez de abril de dos mil diecisiete (fojas 18 a 23), este resolutor federal emitió la sentencia correspondiente, en la que resolvió: "ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Juan Carlos Romano Loyola, contra el acto reclamado y la autoridad responsable que quedó precisada en el resultando primero, y por lo expuesto en el considerando último de este fallo. El cuatro de mayo de dos mil diecisiete (fojas 33 y 34), causó ejecutoria el referido fallo protector y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento, el cual debería ser en los términos siguientes: ".lo procedente en el caso, es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación de la sentencia ejecutoriada, proceda a dar contestación al escrito de petición presentado ante él, el catorce de diciembre de dos mil dieciséis; y lo notifique de manera personal dicha contestación. De la transcripción que antecede, se advierte que el efecto expresamente establecido en la sentencia concesoria fue medularmente el siguiente: 1. Que la autoridad responsable dé contestación al escrito de petición presentado ante él, el catorce de diciembre de dos mil dieciséis y lo notifique. En cumplimiento al fallo protector, el Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el Estado de México, por oficio registrado con el número de control interno 10302, remitió copia certificada de las constancias con las que aduce acreditar su dicho. De las constancias remitidas por la citada responsable, las cuales, por ser documentos públicos alcanzan valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se advierte que éste remitió copia certificada del oficio DPSH/MAMG/673/17 de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete y su respectiva notificación al quejoso. En esa tesitura, toda vez que la concesión del amparo y la protección de la justicia federal, fue para los efectos de que la autoridad responsable, diera contestación al escrito de petición del quejoso, de catorce de diciembre de dos mil dieciséis y lo notificara de manera personal; y toda vez que de las constancias remitidas, se evidencia que ello aconteció, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede declarar cumplida la ejecutoria de amparo. Asimismo se advierte que la contestación al escrito de petición del quejoso de catorce de diciembre de dos mil dieciséis fue congruente, esto en virtud de que en el referido escrito el peticionario de amparo solicitó se reconociera y calificara como accidente de trabajo el suceso que sufrió el veintiocho de febrero de dos mil dieciséis y la responsable en el oficio de mérito, en atención a lo manifestado por el gobernado, le informó que a efecto de iniciar la calificación del probable riesgo de trabajo deberá apegarse a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento para la Dictaminación en Materia de Riesgos de Trabajo e Invalidez vigente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete; igualmente, presentar en el Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, la documentación que se enlista en el formato RT-03 B, esto es, dio una contestación en relación a lo solicitado. Por lo que, se hace del conocimiento de las partes que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Finalmente, visto el escrito de cuenta mediante el cual Miriam Cruz Facundo en su carácter de autorizada en términos amplios del quejoso Juan Carlos Romano Loyola, manifiesta su conformidad en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable respecto de la ejecutoria de amparo dictada en el sumario constitucional en que se actúa. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda en virtud de lo acordado en la presente determinación.

  3. Principal

    VII.- Visto el oficio de cuenta por medio del cual el Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el Estado de México, remite copia certificada del oficio DPSH/MAMG/673/17 de veintinueve de marzo del año en curso y la constancia de notificación de dicho oficio, con lo cual aduce la forma en que da cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos del juicio en que se actúa. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes y, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con el oficio y anexo mencionado, para que dentro del término de tres días computado a partir del siguiente al en que surta efectos la legal notificación de presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar declaración alguna sobre el particular, este Tribunal de Amparo se pronunciará respecto del cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.

  4. Principal

    VII.- La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, las partes a quienes pudiera ocasionarles perjuicio, no recurrieron la sentencia de diez de abril de dos mil diecisiete, donde se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Las anotaciones correspondientes háganse en el Libro de Gobierno. Ahora bien, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo vigente, requiérase al Titular de la Delegación del ISSSTE (Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado) en Toluca, Estado de México, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, dé cumplimiento al fallo protector, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien veces la unidad de medida y actualización, de conformidad con los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo establecido en los preceptos en cita, de acuerdo con lo establecido en el artículo 258 de la ley de la materia citada con antelación y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, se apercibe a la responsable de que en caso de tener una conducta contumaz para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se procederá en términos del párrafo tercero del artículo 192 de la legislación en cita. Se hace del conocimiento a la autoridad que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no la exime de responsabilidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 195 de la nueva Ley de Amparo. Finalmente, tomando en consideración que mediante acuerdo de veintisiete de abril de dos mil diecisiete se reservó acordar lo relativo a las manifestaciones de la quejosa hechas mediante escrito registrado con el número de control interno 8916, hasta en tanto la resolución dictada en el presente sumario constitucional causara ejecutoria y toda vez que ha acontecido lo anterior, acuérdese lo conducente. Por tanto visto el escrito signado por Miriam Cruz Facundo en su carácter de autorizada en términos amplios del quejoso Juan Carlos Romano Loyola, mediante el cual hace del conocimiento que la autoridad responsable ya dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en virtud de que emitió la respuesta al escrito de petición del quejoso y anexó copias simples de las constancias relativas; por lo que téngase por hecho del conocimiento lo manifestado por la parte quejosa, sin embargo, toda vez que anexó copias simples, por tal motivo es que en párrafos precedentes se requirió a la responsable copias certificadas de las constancias relativas.

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