Juan Carlos Rodríguez Romero
Expediente 1601/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 8 actuaciones registradas, la última del 15 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1601/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 15/01/2018
Partes del expediente
- Subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario del Gobierno del EStado de Baja California, Mexicali
- Juan Carlos Rodríguez Romero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
CAUSA EJECUTORIA...
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete. Vista, la constancia actuarial de cuenta se advierte la imposibilidad que tuvo la fedataria adscrita para notificar personalmente al quejoso el auto de trece de diciembre de dos mil diecisiete, en el lugar donde se encuentra recluido, en virtud de que fue puesto en libertad; por tanto, con fundamento en los artículos 27, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, realícese por lista la notificación inmersa en el referido acuerdo, así como las subsecuentes, incluyendo las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio en esta localidad. En principio, resulta necesario transcribir la fracción XXII del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y [.]" Es importante precisar que la parte quejosa al promover el presente juicio de amparo, señaló esencialmente como acto reclamado destacado la negativa u omisión de brindarle y garantizarle atención médica especializada, que incluya los medicamentos que forman parte del tratamiento que requiere. Ahora, resulta palmario que aun y cuando el acto reclamado lo es la falta de atención médica, no puede surtir efecto legal o material alguno, pues como ya se dijo, el quejoso fue puesto en libertad, por lo que el acto que en esta vía pretende combatir no puede concretarse y trascender en su esfera jurídica, actualizándose así la hipótesis contenida en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que prevé la improcedencia del juicio cuando haya acontecido tal circunstancia. Tiene aplicación la tesis 2a. XCIX/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 357, tomo XIl, agosto de 2000, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza en el caso de que el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Criterio que resulta aplicable, virtud de que no se opone a la Ley de Amparo vigente, por lo que continúa su observancia, conforme a su artículo sexto transitorio. Por lo que al actualizarse la causa de improcedencia invocada, resulta procedente declarar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, con apoyo en lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Por lo anterior, se deja insubsistente la fecha señalada en proveído de trece de diciembre de dos mil diecisiete, para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, esto es, las once horas del doce de enero de dos mil dieciocho. notifiqué a la parte quejosa Juan Carlos Rodríguez Romero, el auto de veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, en términos de los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo, para los efectos legales conducentes. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete. Vista, la constancia actuarial de cuenta se advierte la imposibilidad que tuvo la fedataria adscrita para notificar personalmente al quejoso el auto de trece de diciembre de dos mil diecisiete, en el lugar donde se encuentra recluido, en virtud de que fue puesto en libertad; por tanto, con fundamento en los artículos 27, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, realícese por lista la notificación inmersa en el referido acuerdo, así como las subsecuentes, incluyendo las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio en esta localidad. En principio, resulta necesario transcribir la fracción XXII del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y [.]" Es importante precisar que la parte quejosa al promover el presente juicio de amparo, señaló esencialmente como acto reclamado destacado la negativa u omisión de brindarle y garantizarle atención médica especializada, que incluya los medicamentos que forman parte del tratamiento que requiere. Ahora, resulta palmario que aun y cuando el acto reclamado lo es la falta de atención médica, no puede surtir efecto legal o material alguno, pues como ya se dijo, el quejoso fue puesto en libertad, por lo que el acto que en esta vía pretende combatir no puede concretarse y trascender en su esfera jurídica, actualizándose así la hipótesis contenida en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que prevé la improcedencia del juicio cuando haya acontecido tal circunstancia. Tiene aplicación la tesis 2a. XCIX/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 357, tomo XIl, agosto de 2000, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza en el caso de que el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Criterio que resulta aplicable, virtud de que no se opone a la Ley de Amparo vigente, por lo que continúa su observancia, conforme a su artículo sexto transitorio. Por lo que al actualizarse la causa de improcedencia invocada, resulta procedente declarar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, con apoyo en lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Por lo anterior, se deja insubsistente la fecha señalada en proveído de trece de diciembre de dos mil diecisiete, para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, esto es, las once horas del doce de enero de dos mil dieciocho. Notifíquese y cúmplase.Así, lo acordó y firma el licenciado Luis Daniel Tapia Torres, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, encargado del despacho por ministerio de ley, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, conforme al oficio CR./CJD./007/6382/2017 de la Comisión de Receso del Consejo de la Judicatura Federal, virtud de que el titular se encuentra gozando de su periodo vacacional, asistido de la licenciada Alma Rosa Flores Castañón, secretaria de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. LDTT/ARFC/vmmr
- Principal
Tijuana, Baja California, catorce de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguense a los autos los oficios remitidos por la autoridad responsable, en atención al primero de ellos, se le tiene rindiendo informe justificado; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Sin que haya lugar a dictar mayor proveído por lo que hace a los diversos comunicados, ya que el once de diciembre de dos mil diecisiete, se le tuvo informando que fue acatada la suspensión de plano decretada en los autos del juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese.
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