Juan Carlos Rodríguez Ortiz

Expediente 1116/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1116/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
15/11/2022

Partes del expediente

  • Juan Carlos Rodríguez Ortiz

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación con que se da cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto pronunciado el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, se declara que dicho auto ha causado estado, en consecuencia, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, de conformidad con el artículo 196 de la ley de la materia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Como se advierte de la certificación de cuenta, en este asunto no existen documentos originales exhibidos por las partes. Así, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no tiene valor jurídico, ni relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción.

  2. Principal

    En razón de no haber acudido la parte quejosa, a las instalaciones de este Juzgado, a efecto de notificarle personalmente el auto de dieciocho de octubre del año en curso, no obstante el citatorio dejado en su domicilio con anterioridad, se le notifica por lista de estrados el referido auto, que en lo conducente dice: Vista la demanda de amparo promovida por ***, respecto de actos reclamados del Magistrados de la Segunda Sala Regional del Noroeste III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Culiacán, Sinaloa. Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 1116/2022, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en ***, en esta ciudad, y como autorizado a Carlos Armando León Páez, en los términos amplios que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, al tener registrada su cédula profesional en el Registro Único de Profesionales del Derecho en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y ***, con las limitantes del mismo, al no tener acreditado tal extremo. Se exhorta a las partes para que transiten y den seguimiento al presente asunto mediante el esquema de juicio en línea. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En la especie, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa, señala como autoridad responsable y acto reclamado los siguientes: De los Magistrados de la Segunda Sala Regional del Noroeste III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Culiacán, Sinaloa: La resolución emitida el veinte de septiembre de dos mil veintidós, en el recurso de reclamación derivado del juicio de nulidad *** en la que se declaró infundado dicho medio de impugnación y se confirmaron los autos de once de mayo del año en curso, en el que se tuvieron por no rendidos los dictámenes de los peritos de la parte actora en materia médica y de psicología. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En acatamiento a tal precepto, se advierte que respecto de la determinación reclamada en este asunto, se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia que deriva de lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 107, fracción III, inciso b), establece la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dentro del juicio en los términos siguientes: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y." De la disposición constitucional transcrita, se desprende que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que se actualicen dentro o fuera de juicio o después de que éste ha concluido. Cabe destacar que del propio precepto se advierte que la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dentro de juicio está expresamente condicionada a que éstos tengan una ejecución de imposible reparación. En congruencia con esta previsión constitucional, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede:. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Como se puede apreciar, el precepto legal transcrito reitera el mandamiento contenido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, virtud de que establece que tratándose de actos dentro de juicio el amparo en la vía indirecta procede cuando sus efectos sean de imposible reparación, destacando el legislador que por ellos se entienden los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Acorde con la definición dada por el legislador en la ley reglamentaria, se puede concluir que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la constitución o en algún tratado internacional del que el Estado sea parte, de modo que esa afectación no es susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio. Esto es, el supuesto de procedencia se actualiza cuando tales actos cumplen concomitantemente con las siguientes notas distintivas: Afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo; y, Esa afectación no desaparece ni aun en el supuesto de que el particular obtenga sentencia favorable a sus intereses. De lo antes expuesto, se puede concluir que el legislador trató de evitar que los juicios naturales se interrumpan constantemente mediante la promoción de juicios de amparo en contra de cada acto procesal que se vaya presentando en el procedimiento natural y que se estime perjudicial por algunas de las partes. En el entendido de que para salvaguardar los derechos de los justiciables, el propio legislador estableció como regla excepcional la posibilidad de que se impugnen desde luego únicamente aquellos actos que tengan una afectación de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos; cuestión que se justifica solamente en la medida de que tal violación no podría ser reparada ni aun obteniendo sentencia favorable, por lo que en ese supuesto ningún caso tendría esperar a que ésta se dictara para poder combatir un acto de esa naturaleza. De lo anterior, se desprende que a partir de la publicación de la Ley de Amparo vigente, para que un acto de autoridad pueda catalogarse como de imposible reparación -para la procedencia del juicio de amparo-, deben producir una afectación material a derechos sustantivos, cuyas consecuencias sean tan graves que impidan su ejercicio y no una simple lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que probablemente no trascienda al resultado del fallo. Ahora bien, en la especie, la parte quejosa reclama en el presente juicio de derechos fundamentales, la resolución emitida el veinte de septiembre de dos mil veintidós, en el recurso de reclamación derivado del juicio de nulidad ***, en la que se declaró infundado dicho medio de impugnación y se confirmaron los autos de once de mayo del año en curso, en el que se tuvieron por no rendidos los dictámenes de los peritos de la parte actora en materia médica y de psicología, por lo que dicha resolución no debe ser considerada como un acto cuya ejecución sea de imposible reparación. Ello, debido a que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución y tratados internacionales, esto es, no se plantea la infracción de derechos sustantivos, sino la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales, precisamente porque -de existir- se trata de una de las violaciones a las leyes que rigen el procedimiento reclamables a través del juicio de amparo directo, siempre y cuando trasciendan al resultado del fallo que se llegase a dictar en segunda instancia. Esto es así, porque la resolución que se reclama, no es uno de los casos en contra de los cuales proceda el amparo indirecto, porque no constituye, se reitera, un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, habida cuenta que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución y tratados internacionales, esto es, no se plantea la infracción de derechos sustantivos, sino en todo caso, la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales, precisamente porque el hecho de que se haya declarado procedente pero infundado el recurso de reclamación dentro del juicio de nulidad de origen, tiene efectos únicamente sobre derechos adjetivos de quien promovió el juicio de amparo. En consecuencia, de considerarse que pudiera llegar a ocurrir una afectación dentro del procedimiento de origen, esta se actualizaría al momento de resolverse en definitiva y dictarse la sentencia correspondiente, en la medida en que dicha circunstancia influya para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses de la parte quejosa; de ahí la necesidad de esperar hasta la sentencia definitiva para poder combatirlos mediante el juicio de amparo correspondiente. Entonces, si dicha irregularidad llegara a afectar partes substanciales del procedimiento, tal cuestión es susceptible de ser reclamada como una violación al procedimiento en amparo directo que en su caso y oportunidad se solicite contra la sentencia definitiva dictada en el juicio primigenio, siempre y cuando dicha violación al procedimiento trascienda al resultado del fallo, ya que de otra manera, no podría sostenerse que se afectan los intereses de la parte agraviada. De lo anterior, se evidencia que resulta improcedente el amparo indirecto en contra de la resolución emitida el veinte de septiembre de dos mil veintidós, en el recurso de reclamación derivado del juicio de nulidad ***, en la que se declaró infundado dicho medio de impugnación y se confirmaron los autos de once de mayo del año en curso, en el que se tuvieron por no rendidos los dictámenes de los peritos de la parte actora en materia médica y de psicología, en tanto que como se analizó, no se actualizan en la especie los elementos de la definición de ejecución irreparable, bajo los extremos de procedencia contemplados en la Ley de Amparo. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia derivada de lo previsto en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, del mismo ordenamiento, aplicado este último en sentido contrario, con apoyo en el numeral 113 de la citada legislación, se desecha de plano la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial lleve a cabo las diligencias correspondientes.

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