Juan Carlos Rodríguez Oñate
Expediente 117/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 117/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Carlos Rodríguez Oñate
Actuaciones
- Principal
SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO DETERMINACIÓN EN QUE SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 98 DE LA LEY DE AMPARO EN RELACIÓN CON EL 356, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, CONCLUYÓ EL TÉRMINO DE IMPUGNACIÓN DEL PROVEÍDO DE QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO GENERAL NÚMERO 1/2009 Y MANUAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS JUDICIALES RESGUARDADOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, SE DETERMINA. SE ORDENA DESTRUIR LA PRESENTE PIEZA DE ACTUACIONES. ARCHÍVESE Y REMÍTASE AL LUGAR DE SU GUARDA.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR ESTE CONDUCTO A LA PARTE QUEJOSA JUAN CARLOS RODRÍGUEZ OÑATE, EL AUTO DE QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, DICTADO EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 117/2019-II, DEL ÍNDICE DE ESTE JUZGADO, EN EL QUE SE ACORDÓ: León, Guanajuato; quince de febrero de dos mil diecinueve. I. Recepción y registro en libro de gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese la demanda con el número 117/2019-II. II. Parte quejosa. Juan Carlos Rodríguez Oñate. III. Autoridad responsable. Juzgado Único de Oralidad Penal de la Ciudad de León, Guanajuato. IV. Fijación de la litis. De la lectura de la demanda de amparo, se desprende que la quejosa reclama de la autoridad responsable medularmente lo siguiente: La determinación asumida en la audiencia relativa al recurso innominado de impugnación hecho valer contra la determinación del no ejercicio de la acción penal, en el cual declaró improcedente la incidencia planteada por el Agente del Ministerio Público para desechar el recurso mencionado y como consecuencia de ello se confirma la admisión del medio de impugnación contra la determinación del no ejercicio de la acción penal. V. Se desecha demanda de amparo. Precisado lo anterior, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la constitución federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En el presente asunto se estima actualizada la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con la fracción V, del artículo 107, del mismo ordenamiento legal, atento a las siguientes consideraciones: En efecto, el precepto legal aludido en primer término, en su fracción invocada, dispone que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Por actos de imposible reparación debe entenderse aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos no se puedan reparar en el curso del juicio del que se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera, esto en razón de los daños y perjuicios que puedan resentir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del juicio de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se pueden reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad que las violaciones cometidas en el juicio pueden ser reparadas en la sentencia que llegue a pronunciarse. Conforme a lo anterior, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen; esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. En tal virtud, la resolución combatida no se considera de imposible reparación contra el peticionario de amparo, ya que no es una determinación que traiga aparejada en sí un daño en contra de su persona o en su patrimonio dado que para ser calificado como acto irreparable, necesitaría producir una afectación material a derechos sustantivos y que sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzca una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Lo que no acontece en el caso concreto, pues al dictarse la sentencia definitiva en el juicio de origen, es innegable la posibilidad de que en su momento el quejoso pueda obtener una determinación con efectos favorables a su causa, pues resulta claro que la resolución reclamada por sí misma, no lesiona los intereses del peticionario del amparo de forma directa e inmediata, ni se encuentra en alguno de los supuestos considerados de ejecución imposible de reparar, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo que conlleva a que la demanda resulte improcedente en términos del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con la fracción V, del artículo 107, del mismo ordenamiento legal, interpretada a contrario sensu. Para justificar lo anterior, es menester precisar la evolución legal y jurisprudencial de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación para efectos del juicio de amparo. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, en sesión de veintidós de mayo de dos mil catorce, por mayoría de votos sostuvo que la actual Ley de Amparo, ofrecía precisión acerca de lo que debía entenderse por actos de imposible reparación. Destacó que la expresión "actos de imposible reparación", databa del texto original de la fracción IX del artículo 107 constitucional, y había tenido a lo largo de la jurisprudencia del Máximo Tribunal, diversas interpretaciones derivadas de la omisión del legislador, quien no se había ocupado de esclarecer en alguna disposición la descripción normativa de lo que debía entenderse por actos de "ímposible reparación", dejando por tanto que fuera la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien jurisprudencialmente determinara en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. Sin embargo, con posterioridad se puntualizó que esa situación ya no era así, puesto que la actual Ley de Amparo en su artículo 107, ofrecía en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas en su fracción 111, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, en su fracción V, cuya vocación era la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Se argumentó también que el legislador secundario había proporcionado mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal había reiterado su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produjeran una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se tratara, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación, se acotó, se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario había dispuesto para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se tratara de actos "que afectaran materialmente derechos", lo que equivalía a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impidiera el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistieran la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no era actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que dependía de que llegara o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas podían consumarse en forma efectiva. Tales consideraciones dieron origen a la jurisprudencia P.lJ. 37/2014 (10a.), visible en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo 1, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que enseguida se reproduce: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". En esa medida, de conformidad con la interpretación realizada por el propio Pleno del Máximo Tribunal del País, en la jurisprudencia en cita, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, sólo si sus consecuencias son susceptibles de afectar directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos o fundamentales del gobernado o de las personas que tutela la Carta Magna, como la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera; porque esa afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio. Luego, lo expuesto permite concluir válidamente que en relación con el acto que se reclama en esta instancia constitucional no se actualizan los anteriores supuestos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pará considerarlo como de imposible reparación, pues por un lado, no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que se tutelan por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, cuya afectación o sus efectos no podrían repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado de manera irreversible la violación de la garantía individual; sino que únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, relacionados con la eventual infracción a derechos adjetivos o procesales, derivados de la confirmación de la admisión del medio de impugnación hecho valer contra la determinación del no ejercicio de la acción penal, pues el único efecto que produce es el continuar con el trámite de dicho medio de impugnación. De ahí que se sostenga que la resolución reclamada no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, puesto que, la sola confirmación de la admisión del medio de defensa de que se habla, en la forma apreciada por el juez responsable, impide prejuzgar sobre el resultado del medio de impugnación, es decir, si el fallo que al respecto se emitiera, resultaría perjudicial o no para la parte quejosa; pues de no ser así, la violación invocada desaparecía sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del inconforme y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Por tanto, las consecuencias que el acto controvertido podía producir en detrimento del promovente del amparo son exclusivamente formales, susceptibles de repararse en el caso de que obtuviera resolución favorable, pues en tal supuesto la infracción se extinguiría sin dejar huella en su esfera jurídica, precisamente por la naturaleza meramente intraprocesal de la actuación autoritaria que reclama, lo que demuestra que entonces ésta no infringe de manera actual o presente, derechos de índole sustantiva. Sustenta lo anterior, la tesis III.2o.P.5 K, número de registro 196518, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, visible en la página 717, Tomo VII, Abril de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO CONSTITUYE EL ACUERDO QUE CONFIRMA LA ADMISIÓN DEL RECURSO Y LA CALIFICACIÓN DE ÉSTE. La resolución del Juez de Distrito se ajusta a derecho al determinar que se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías, que prevé el artículo 73, fracción XVIII, relacionado con el 114, fracción IV, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, en atención a que el acuerdo emitido por la Sala responsable, en el que confirma la admisión del recurso y la calificación del efecto hecho por el Juez, y concede a las partes el término de diez días para expresar agravios, no es un acto de imposible reparación, ya que el único efecto que produce es el de darle trámite al recurso y brindar la oportunidad al recurrente para que exprese los agravios que considere que le cause la resolución apelada, pero no afecta algún derecho de carácter sustantivo de la parte inconforme, pues simplemente se limita a declarar aspectos de carácter adjetivo o procesal, cuyos efectos netamente formales o intraprocesales trascienden y actualizan sus consecuencias, favorables o desfavorables, hasta que se dicte el fallo definitivo; ahora bien, en el supuesto de que el trámite de aquél estuviera afectado de ilegalidad, dada la naturaleza procesal del acto, únicamente afectaría garantías en perjuicio del acusado si esa ilegalidad trascendiera al resultado del fallo definitivo, en cuyo caso, el inculpado estará en posibilidad de reclamarla a través del amparo directo, en términos de los numerales 158, primer párrafo y 161 de la Ley de Amparo. Luego entonces, al no actualizarse los supuestos del artículo 114, fracción IV, de la ley en comento, y que el acto que se reclama no tiene el carácter de definitivo ni causa un perjuicio irreparable al demandante de garantías, es inconcuso que procede el desechamiento de la demanda de garantías por notoriamente improcedente". De igual forma, orienta a lo anterior, por las razones que la sustentan la Jurisprudencia VI.2o.C. J/175, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, Novena Época, Materia Común, visible en la página 1187, tomo X, Octubre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LA ADMITE. El amparo indirecto es improcedente en contra del auto que admite una demanda, en virtud de que no está comprendido en lo establecido por la fracción III del artículo 107 de la Constitución Política ni en lo establecido por la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, por no ser un acto en el procedimiento que deje sin defensa a la parte quejosa y no tener el carácter de irreparable, porque los perjuicios que pudiera irrogar, podrán ser reparados, en todo caso, en la sentencia definitiva que llegue a dictarse, por lo que, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVIII y 74, fracción III, de la citada ley, procede sobreseer el juicio de garantías respecto de este caso.". Así como la tesis 2a. L/2014 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materia Común, visible en la página 1095, tomo II, Mayo de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra reza: "DEMANDA LABORAL. EL AUTO QUE LA ADMITE NO ES UN ACTO INTRAPROCESAL DE IMPOSIBLE REPARACIÓN NI CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AFECTE AL QUEJOSO. El auto que admite una demanda laboral y sus consecuencias no son actos de procedimiento que dejen sin defensa al quejoso, ni que le causen un perjuicio irreparable, pues si emanan de un procedimiento seguido en forma de juicio, como los desarrollados ante la autoridad en materia de trabajo, el amparo en que se impugnen sólo puede promoverse contra la resolución definitiva, por violaciones cometidas en ella, o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le concede; así es que el amparo promovido contra dicho auto es improcedente y debe sobreseerse, pues únicamente produce el efecto de someter a las partes a un procedimiento jurisdiccional, donde tendrán la oportunidad de contestar la demanda, ofrecer pruebas y alegar; de ahí que los vicios que pudiera llegar a tener dicha admisión pueden no trascender a la esfera jurídica del quejoso.". Así las cosas, al dejarse establecido que el acto reclamado no se encuentra contemplado en alguna de las hipótesis que prevé el artículo 107 de la ley reglamentaria para la procedencia de la acción constitucional indirecta, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo; en tal virtud, con apoyo en el artículo 113 del mismo ordenamiento, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. VI. Domicilio y autorizados. Con sustento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, como lo manifiesta el quejoso se tienen la listas que se fijan en los estrados de este Juzgado de Distrito como lugar para para oír y recibir notificaciones, asimismo, se tiene como autorizados en términos restringidos de la parte final del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Juan Martín Álvarez Torres y Ma. Guadalupe Magos Hernández, toda vez que no tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. VII. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VIII. Acuerdos generales. En otro orden de ideas, y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo vigente, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones de carácter personal en el presente juicio principal, como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia el León, quien actúa asistida de Carla Adriana Gallardo Rojas, Secretaria que autoriza, firma y da fe. Doy fe.
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