Juan Carlos Rodríguez Martínez
Expediente 434/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 434/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 07/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juan Carlos Rodríguez Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
En Morelia, Michoacán, siendo las once horas con seis minutos del siete de octubre de dos mil veintiuno Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de la secretaria Karla del Rosario Herrera Bacab, procede a celebrar la audiencia en el expediente electrónico del presente juicio 434/2021, de conformidad con lo dispuesto con el Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. La Secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron por escrito estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención, no obstante que este órgano jurisdiccional ha reanudado los plazos conforme al citado Acuerdo General. La Secretaria relaciona como principales constancias del expediente la demanda de amparo, auto admisorio, informes justificados de las autoridades responsables. A lo anterior, el Juez acuerda: Ténganse por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales a que hubiere lugar. Acto seguido, el Juez declara abierto el período probatorio y el Secretario da cuenta con las documentales exhibidas por la parte quejosa y autoridades responsables; y sobre el particular el Juez determina: Téngase por hecha la relación de las pruebas que, en su oportunidad, fueron admitidas y desahogadas conforme a su naturaleza. Enseguida, el Juez abre el periodo de alegatos y la Secretaria hace constar que ninguna de las partes hizo manifestaciones en esta vía. A lo que el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de partes a formular alegatos dada su omisión. Sin más alegatos por relacionar, se declara cerrada la presente fase. Al no existir pruebas pendientes por desahogar, ni más alegatos que reproducir, se dan por concluidas las etapas anteriores de esta audiencia; por lo que el Juez procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 434/2021, que promovió Juan Carlos Rodríguez Martínez, contra actos de la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y otra autoridad, este órgano jurisdiccional ha decidido: Sobreseer en el juicio de Amparo; y, Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES PRIMERO. Precisión del acto reclamado. El quejoso hace consistir el acto reclamado en lo siguiente: Orden de inmovilización o bloqueo de la cuenta bancaria 0470600369 que tiene contratada su mandante en la institución bancaria BBVA Bancomer, Sociedad Anónima de Capital Variable, sucursal, Zitácuaro, Michoacán. Su ejecución. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49, 50, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que el acto reclamado tiene ejecución dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia no quedó demostrada. No es cierto el acto reclamado al Titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en la Ciudad de México, pues así lo expresó al rendir su informe justificado y de las pruebas que remitió como justificantes el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, no se advierte intervención de la citada autoridad en la emisión del acto reclamado sin que la quejosa haya ofrecido prueba para desvirtuar dicha negativa. En consecuencia, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de garantías. CUARTO. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó demostrada. Es cierto el acto reclamado al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en la Ciudad de México, pues al rendir su informe justificado admitió la emisión del acuerdo 105/2021, en la que incluyó al quejoso en la lista de personas bloqueadas. Lo que se corrobora con las constancias que acompañó a su informe justificado, dentro de las que obra el acuerdo 105/2021 y el oficio girado al Vicepresidente de supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, entre otros. Documentales con valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. QUINTO. Análisis de las causas de improcedencia. El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en la Ciudad de México, sostiene que el juicio deviene improcedente en términos del artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, porque la quejosa accionó el medio de defensa previsto en la 73ª Disposición de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Sin embargo, no se estudiará dicha causa de improcedencia toda vez que este juzgador considera que la causa de improcedencia que se actualiza es la prevista en el artículo 61, fracción XIX de la Ley de amparo, como se expondrá a continuación. De conformidad con el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo no puede coexistir con medios ordinarios de defensa, pues permitirlo, traería como consecuencia la posibilidad de que se emitan dos resoluciones respecto al mismo planteamiento legal que, inclusive, podrían ser contradictorias. Así, para que se actualice la causa de improcedencia en comento, se deben satisfacer los requisitos siguientes: Que se haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual el quejoso solicitó el amparo. Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando el resuelva el juicio constitucional. Que el recurso o medio de defensa legal propuesto que se esté tramitando ante los tribunales ordinarios, pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia P./J. 144/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO". En el caso, el quejoso se duele de la orden de inmovilizar la cuenta bancaria de número 0470600369, de sucursal BBVA Bancomer Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo financiero BBVA Bancomer, sucursal Zitácuaro. Las constancias de autos, con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por reenvío de su numeral 2º, en lo de interés, revelan que: El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en la Ciudad de México, mediante acuerdo 105/2021, de treinta de abril de dos mil veintiuno, incorporó a la lista de personas bloqueadas a que hace referencia el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito a diversas personas, entre las que se encuentra Juan Carlos Rodríguez Martínez, argumentando que se realizó como un mecanismo de cooperación y coordinación, así como del intercambio de información realizados con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la cual mediante oficio de veintitrés de abril de la presente anualidad le solicitó su asistencia en la investigación que está llevando a cabo, respecto de personas presumiblemente relacionadas con diversos grupos de Delincuencia Organizada que operan principalmente en el estado de Michoacán; para lo cual solicitó el bloqueo de cuentas de las personas identificadas, entre ellas la parte aquí quejosa, a fin de que los recursos que puedan tener un origen ilícito no sean sustraídos o dispersados. Asimismo, precisó que el acuerdo 105/2021, se dictó en pleno cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por nuestro país, específicamente la relativa a la recomendación número 4 del GAFI; por tanto, dicho acuerdo opera como una medida cautelar, en tanto que se trata de una medida provisional que responde al cumplimiento de los compromisos internacionales que ha adquirido el Estado mexicano en materia de prevención y combate a la criminalidad financiera. En consecuencia, instruyó a las entidades financieras, a través del Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a efecto de que procedieran a suspender en forma inmediata la realización de actos, operaciones y servicios llevados a cabo por el quejoso Juan Carlos Rodríguez Martínez, con los clientes y usuarios, materializada a través del oficio 110/F/B/4469/2021. Ahora, de las constancias anexas que remitiera con su informe la autoridad responsable, se aprecia que el quejoso Juan Carlos Rodríguez Martínez, presentó escrito el diecinueve de mayo del presente año, en la oficina de correspondencia de la secretaría de hacienda y crédito público, solicitó información al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera respecto del oficio 110/F/B/4469/2021 de tres de mayo de dos mil veintiuno, por medio del cual se bloqueó su cuenta bancaria, así como información a efecto de conocer los motivos y razones por las cuales se le incluyó en la lista de personas bloqueadas en el Sistema Financiero Mexicano, a fin de estar en aptitud de hacer valer sus derechos. Por oficio 110/F/B/5267/2021, de veinte de mayo de dos mil veintiuno, la Directora General adscrita a la Unidad de Inteligencia Financiera, en atención al escrito presentado por el quejoso, le informó que se encontraba en condiciones de hacer valer el procedimiento que en su favor le confiere la 73ª Disposición de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que contempla la garantía de audiencia, así como lo dispuesto en los artículos 13, 16, fracciones I y IX, 28, 35, fracciones I y II, 36 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En consecuencia, con el objeto de que el quejoso hiciera valer su garantía de audiencia, dicha autoridad señaló las once horas con treinta minutos del seis de enero de dos mil veintidós para que el quejoso se presente en las instalaciones que ocupa esa unidad administrativa, con domicilio en la Ciudad de México. Por tal motivo, en el caso se actualiza la causa de improcedencia en estudio, por lo que respecta al inciso a), en razón de que la quejosa acudió ante la propia autoridad responsable a accionar el procedimiento de "Garantía de audiencia", que en su favor confiere la 73ª Disposición de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Asimismo, el requisito contenido en el inciso b) se cumplió también, pues la autoridad en respuesta a la petición de la quejosa, mediante oficio 110/F/B/5267/2021 de veinte de mayo de dos mil veintiuno, hizo de su conocimiento que de conformidad con el procedimiento de garantía de audiencia que en su favor confiere la 73ª, de la Disposición de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, se señalaban las once horas con treinta minutos del seis de enero de do mil veintidós, a fin de que el quejoso se presente en las instalaciones que ocupa esa unidad administrativa, con domicilio en la Ciudad de México. En cuanto al requisito del inciso c) está colmado, pues el procedimiento administrativo contenido en la 73ª, de la Disposición de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, establece el derecho a las personas que han sido incluidas en la lista de personas bloqueadas para accionar un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio denominado "Garantía de Audiencia", a través del cual pueden hacer valer sus derechos ante el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, aportar pruebas y formular los alegatos que estimen pertinentes, a fin de desvirtuar los indicios por lo que se sustentó su inclusión a la referida lista, pudiendo lograr que se declare procedente su eliminación de la lista y, por ende, se deje sin efectos la suspensión o bloqueo de los instrumentos financieros. Es así, pues de conformidad con la fracción II de la citada Disposición General, el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dentro de los diez días hábiles siguientes a que se presente el interesado, emitirá resolución por la cual funde y motive su inclusión en la lista de personas bloqueadas, y en su caso, determine si procede o no su eliminación de la misma. De manera que, a través de dicho medio legal, el acto reclamado es susceptible de ser modificado, revocado o nulificado. En consecuencia, al haberse actualizado los elementos constitutivos de la causa de improcedencia contenida en la fracción XIX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la citada legislación, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio. Por lo expuesto y fundado se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Juan Carlos Rodríguez Martínez, por los motivos expuestos en el considerando tercero y quinto de esta resolución.
- Principal
En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Se autoriza correo para remitir copias. Agréguese a los autos, el escrito signado por María De La Luz Huante Martínez, autorizada de la parte quejosa, se le tiene proporcionando el correo electrónico corp.balram@hotmail.com a fin de que le sean remitidas las copias que le fueron autorizadas en diverso auto de ocho de los actuales.
- Principal
En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Estado de autos. Vista la certificación que antecede, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días que dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se imponga del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México, el cual se recibió en auto de ocho de septiembre del año actual. 2. Diferimiento. En consecuencia, para dar margen a lo anterior y no violar las reglas del procedimiento, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las ONCE HORAS CON SEIS MINUTOS DEL SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.
- Principal
En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Se autorizan copias. Agréguese a los autos, el escrito signado por María De La Luz Huante Martínez, facultada de la parte quejosa, se ordena la expedición de las copias a que refiere, respecto de las constancias del expediente en que se actúa. Sin que haya lugar a tener por designadas a las personas que se mencionan, para la recepción de las referidas copias, virtud a que las mismas serán enviadas a través del correo electrónico que previamente se proporcionó en autos. Lo anterior, toda vez que en términos del Acuerdo General 21/2020, cuya vigencia fue ampliado por el diverso 9/2021, debe privilegiarse el uso de medios electrónicos con la finalidad de evitar la propagación del virus COVID-19. 2. Recepción de oficio. Incorpórese al sumario el oficio remitido por los directores contenciosos adscritos a la Dirección General Contenciosa, en representación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual rinden informe justificado, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes, para el efecto legal conducente. 2.1. Asimismo, se les tiene designando delegados de su parte a las personas que indican, con fundamento en el numeral 9 de la ley en la materia y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y, como medio alterno de comunicación debido la contingencia sanitaria derivada del virus COVID 19, la dirección de correo electrónico contencioso@cnbv.gob.mx, a efecto de que se practiquen las notificaciones correspondientes a las áreas adscritas a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que funjan como autoridades responsables en los juicios de amparo. 2.2 Medios electrónicos. En virtud de que no se advierte dato alguno que, objetivamente, permita inferir algún riesgo, se autoriza a los profesionistas antes señalados, el uso de medios electrónicos para la reproducción de todas y cada una de las constancias que integren el presente juicio de amparo, con excepción de la documentación o información que tenga el carácter de confidencial o reservada. En el entendido de que las constancias obtenidas por medio de cámaras fotográficas u otros medios electrónicos no podrán ser modificadas o alteradas de las originales que obran glosadas en el presente incidente de suspensión, quedando bajo su más estricta responsabilidad en caso de que así sea. Además de que no pueden exhibirse a personas ajenas al juicio, cuando ello implique imponerlas de los datos personales de las partes en el juicio de amparo, quedando igualmente, bajo su más estricta responsabilidad, el mal uso que, respecto de los mismos se pueda dar.
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