Juan Carlos Rodríguez Díaz
Expediente 418/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 44 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 418/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 44
- Última actuación
- 04/05/2022
Partes del expediente
- Juan Carlos Rodríguez Díaz
- Agente del Ministerio Público Adscrita Al Juzgado de Primera Instancia Penal, Con Sede En Tecate, Baja California
Actuaciones
Las 4 más recientes de 44.
- Principal
Tijuana, Baja California, cuatro de mayo de dos mil veintidós. Atento a la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió el término de diez días hábiles previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, en la que se sobresee en el presente juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Ahora, toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, ya que, no existe promoción ni notificación pendiente por proveer, se ordena su archivo conforme al artículo 214 de la Ley de Amparo. En el entendido que aun cuando en el presente asunto se trata de un expediente en el que se sobreseyó en el juicio de amparo, lo cierto es que mediante proveído de once de agosto de dos mil veinte, se decretó la suspensión de plano; por tanto es susceptible de depuración, conforme al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; una vez que transcurran tres años contados a partir de que se ordenó el archivo del asunto. Por otra parte, glósese al expediente principal el cuaderno original del incidente de suspensión el cual es depurable, según lo dispone el numeral 18 inciso a), del acuerdo en cita, debiéndose conservar únicamente la determinación que otorgó la suspensión provisional y la definitiva de los actos reclamados a la parte quejosa; por su parte, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Daniela García Marín, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Uno de diciembre de dos mil veintiuno, Rufino Salgado Ramírez, actuario judicial de este juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, hago constar que de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo, siendo las nueve horas de esta fecha, se notifica por medio de lista a los licenciados Jesús Mendoza Medina y Marianna Lizbeth García, autorizados del quejoso Juan Carlos Rodríguez Díaz, la sentencia dictado (a) el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, en la lista de acuerdos que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional y se tiene por legalmente hecha la notificación de la sentencia antes citada, misma que en su punto único resolutivo dice: Por lo expuesto y fundado se: R e s u e l v e: Único. Se sobresee en el juicio de amparo 418/2020-VI, promovido por Juan Carlos Rodríguez Díaz, respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable y por las razones expuestas en el considerando tercero de este fallo. Notifíquese y personalmente al quejoso.
- Principal
Visto, para resolver el juicio de amparo indirecto 418/2020-VI, promovido por Juan Carlos Rodríguez Díaz, por su propio derecho, contra actos del Juez de Primera Instancia Penal del Partido Judicial de Tecate, Baja California y, de otras autoridades. R e s u l t a n d o Primero. Mediante escrito presentado el once de agosto de dos mil veinte, ante el Secretario de guardia de este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, Juan Carlos Rodríguez Díaz, por conducto de Rubén Bolaños Saldaña, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados a las autoridades responsables que, en su denominación correcta, a continuación se precisan: Autoridades responsables Juez de Primera Instancia Penal del Partido Judicial de Tecate, Fiscal Regional y Encargado de Celdas de la Fiscalía Regional con residencia en Tecate, Comisionado Estatal del Sistema Estatal Penitenciario de Baja California, con residencia en Mexicali y Director del Centro de Reinserción Social, con residencia en Tijuana. Acto reclamado "De las autoridades ordenadoras señalo: La Incomunicación, presunción de detención ilegal y probables actos de tortura y tormento, tratos crueles e inhumanos, vejatorios y de lesa humanidad del quejoso. De las autoridades ejecutoras señalo la ejecución material de los actos atentatorios de derechos humanos supra referidos." Asimismo, en el capítulo de antecedentes del escrito inicial de demanda precisó: "Por una llamada el día de hoy ONCE de AGOSTO del año en curso su hermana me avisó que el señor Juan Carlos Rodríguez Díaz, lo habían detenido en su domicilio de la colonia Cañón de la Piedrera en Tijuana, por agentes de la Policía Ministerial del Estado en la madrugada, diciéndole que era por un delito cometido en la ciudad de Tecate, Baja California, pero me asegura que es totalmente falso que él hubiera cometido ningún delito y por ello se tiene la presunción que se trate de un ardid y que se encuentra incomunicado y sometido a diversos actos de tortura física, mental y moral, así como tratos crueles e inhumanos, vejatorios y de lesa humanidad." Segundo. La parte quejosa señaló infringidos los derechos fundamentales contenidos en los artículos 6, 14, 16, 18, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. Tercero. Por auto de once de agosto de dos mil veinte, se registró la demanda con el número 418/2020-VI, se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados y se comisionó al Actuario Judicial notificara personalmente al directamente agraviado la presentación de la demanda de amparo en su favor, y lo requiriera para que manifestaran si la ratificaba. El trece de agosto de dos mil veinte, con motivo de la ratificación de la demanda a cargo de Juan Carlos Rodríguez Díaz, se admitió a trámite; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que en derecho le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Cuarto. El dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, se tuvo por inexistentes a las autoridades responsables que el quejoso denominó como Fiscal Regional y Encargado de Celdas de la Fiscalía Regional con residencia en Tecate; por lo que la presente sentencia no se ocupará de los actos a ellas reclamados. C o n s i d e r a n d o: Primero. Este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, y 107, constitucionales; 1º, 33, 35 y 37, de la Ley de Amparo; y, 48 y 55, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se estima conveniente fijar de manera clara y precisa los actos reclamados que constituyen la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de derechos fundamentales, lo anterior partiendo del criterio de ver a la demanda como un todo, por lo que del análisis integral del escrito de demanda se aprecia que sustancialmente los actos reclamados en esta vía consisten en: La detención ilegal, incomunicación, probables actos de tortura y malos tratos en perjuicio del quejoso. Tercero. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, consistentes en los posibles actos de tortura, tormentos y malos tratos ejecutados, ya que así lo manifestaron al rendir su informe justificado, sin que la parte quejosa ofreciera prueba alguna tendente a desvirtuar tales negativas. Asimismo, no son ciertos los actos reclamados consistentes en la detención ilegal e incomunicación del quejoso. Lo anterior toda vez que al rendir su informe justificado, la autoridad responsable Juez de Primera Instancia Penal del Partido Judicial de Tecate, Baja California, manifestó que la detención de Juan Carlos Rodríguez Díaz, fue con motivo del cumplimiento de una orden de aprehensión, el diez de agosto de dos mil veinte, derivada de la causa penal 439/2015, que se le instruye por los delitos de homicidio calificado, robo con violencia y robo de vehículo agravado, lo que motivó que fuera puesto a disposición de la autoridad responsable en esa misma fecha. Posteriormente, a las diez horas del once de agosto de dos mil veinte, le fue recabada su declaración preparatoria con la asistencia de un defensor público, quien solicitó la prórroga del plazo constitucional para ofrecer pruebas a su favor; situación jurídica del quejoso que fue resuelta el dieciséis de agosto de dos mil veinte, al haberse decretado en su contra auto de formal prisión por los delitos antes precisados. Lo que se corrobora con las documentales que la autoridad judicial anexó a su informe, relacionadas con la causa penal 439/2015; a las que se otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; de las que se desprende que la detención de Juan Carlos Rodríguez Díaz, fue con motivo de la orden de aprehensión emitida por una autoridad judicial, quien recabó su declaración preparatoria, le designó defensor público para que lo representara, se le concedió el derecho para ofrecer pruebas, formular alegatos y, posteriormente, dentro del plazo constitucional, se determinó su situación jurídica. Pero sin que se advierta de las constancias anexadas, que durante su estancia en las instalaciones de la autoridad ministerial o policial, haya sido objeto de los actos reclamados que refiere, pues incluso obra un certificado médico de integridad física, del que se advierte que no presentó lesiones recientes visibles; asimismo, de la constancia actuarial en la que se le requirió para que ratificara el escrito inicial de demanda presentada a su favor, se desprende que no presentó lesiones visibles al momento de la notificación. En ese sentido, si de las constancias que fueron anexadas al presente juicio de derechos fundamentales, se advierte que durante la detención de Juan Carlos Rodríguez Díaz -ordenada por una autoridad judicial- y su posterior puesta a disposición en la que se determinó su situación jurídica, no fue objeto de los actos reclamados precisados en un principio por Rubén Bolaños Saldaña, en favor del quejoso, pues no se desprende que haya estado incomunicado, pues contó con la asistencia de un defensor público quien lo representó al momento de su declaración preparatoria, quien incluso, solicitó la prórroga del plazo constitucional para ofrecer pruebas en su favor; resulta inconcuso que los actos reclamados resultan inexistentes. En mérito de lo anterior, ante la inexistencia de los actos reclamados precisados con antelación; y sin prueba en contrario que desvirtúe la negativa de las autoridades responsables, procede sobreseer en el presente juicio de amparo con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a la anterior consideración, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable el Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN Segunda Sección- Improcedencia y sobreseimiento, Materia(s): Común, página trescientos cinco, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Por lo expuesto y fundado se: R e s u e l v e: Único. Se sobresee en el juicio de amparo 418/2020-VI, promovido por Juan Carlos Rodríguez Díaz, respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable y por las razones expuestas en el considerando tercero de este fallo. Notifíquese y personalmente al quejoso. Así lo resolvió y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido de José Manuel Basio Aguilar, secretario que autoriza y da fe. Doy fe
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos se advierte que la audiencia constitucional se encuentra programada para el día de hoy; sin embargo, aún no transcurre el plazo de ocho días al autorizado del quejoso en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se fijan las once horas con treinta y cinco minutos del veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Marlene Hernández Pimentel, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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