Juan Carlos Rodríguez Álvarez

Expediente 530/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 17 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
530/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
07/07/2022

Partes del expediente

  • Juan Carlos Rodríguez Álvarez
  • Agente del Ministerio Público del Fuero Común Sector Uno
  • Zhaida Alejandra Arvayo Gaxiola

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, siete de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos la razón actuarial de cuenta levantada por el fedatario adscrito a este juzgado el treinta de junio de dos mil veintidós; sin necesidad de mayor proveído al respecto, toda vez que constituye un hecho notorio para este juzgador que mediante Acuerdo General 9/2022 emitido por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, se ordenó el cierre y conclusión de funciones del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal, con sede en esta ciudad. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    veintisiete de junio de dos mil veintidós Audiencia y resolución constitucional En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las diez horas con cuarenta y tres minutos del veintisiete de junio de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Hiram Leyva Gómez, secretario de juzgado con quien actúa y da fe, sin la comparecencia de las partes, declaró abierta la presente audiencia. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda; las constancias de emplazamiento a juicio de las partes y los informes con justificación rendidos por ocho de las autoridades responsables, con excepción del: 1). Jefe de Grupo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, con sede en esta ciudad. 2). Comisario de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y Encargado de la Policía Estatal Preventiva, con sede en esta ciudad. 3). Agente de Ministerio Público Especializado en Robo de Vehículos e Insumos y Maquinaria Pesada, con sede en esta ciudad. 4). Dirección General de Ejecución de Penas y Reinserción Social, con sede en esta ciudad. Asimismo, se hace constar que revisado el estado procesal de autos, se advierte en proveído de veintiséis de abril de dos mil veintidós, se reservó proveer respecto al señalamiento de terceros interesados; a lo que el juez acuerda: atento al contenido de los informes justificados, se concluye que no existe tercero interesado, al no actualizarse alguna de las hipótesis establecidas en el artículo 5o., fracción III, de la Ley de Amparo. Además, se acota que la presente resolución no versará sobre los actos que se reclamó a la autoridad que el quejoso denominó como: 1). Jefe de Grupo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, con sede en esta ciudad. 2). Comisario de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y Encargado de la Policía Estatal Preventiva, con sede en esta ciudad. 3). Agente de Ministerio Público Especializado en Robo de Vehículos e Insumos y Maquinaria Pesada, con sede en esta ciudad. 4). Dirección General de Ejecución de Penas y Reinserción Social, con sede en esta ciudad. Debido a que en auto de seis de junio de dos mil veintidós, se declararon inexistentes y se ordenó suspender comunicación con éstas. A continuación, se declara abierto el período de pruebas, el secretario hace constar que las partes no las anunciaron; el juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes a ofrecerlas. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, el secretario hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes a formular alegatos, por lo que se declara cerrado dicho periodo. Acto seguido, se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 530/2022; y Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito recibido el veinticinco de abril de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el día hábil siguiente, por razón de turno, a este juzgado de Distrito, Juan Carlos Rodríguez Álvarez y Zhaida Alejandra Arvayo Gaxiola, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del agente del Ministerio Público del Fuero Común del Sector Uno, y otras autoridades. El veintiséis de abril siguiente, se admitió a trámite la demanda, se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud que los actos de reclamo emanan de las autoridades con residencia en el ámbito territorial donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados, la orden de aprehensión o presentación o citación o comparecencia o investigación; así como su ejecución. Inexistencia de los actos en reclamo No son ciertos los actos reclamados a las siguientes autoridades responsables en su denominación correcta, por así haberlo manifestado al rendir sus informes justificados: Agente del Ministerio Público adscrita al Centro de Operación Estratégica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. Agente del Ministerio Público Investigador del Sector Uno de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora. Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora. Director de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal. Agente del Ministerio Público Investigador del Sector Dos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. Agente del Ministerio Público, de la Unidad de Delitos de Homicidios, Feminicidios y Lesiones Graves Dolosas de la Fiscalía General del Estado de Sonora. Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora. Ahora, la parte quejosa no aportó pruebas que corroboraran las aseveraciones planteadas en su demanda de amparo, ni desvirtuaran las negativas formuladas por las autoridades; lo que ineludiblemente lleva a concluir la inexistencia de los actos reclamados. En consecuencia, en el caso se actualiza la hipótesis prevista por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo y, por ende, se debe decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." De igual manera, resulta aplicable la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, del tenor: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Decisión En las relatadas condiciones, al ser inexistentes los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en el apartado que antecede, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos de lo establecido en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Resuelve Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Juan Carlos Rodríguez Álvarez y Zhaida Alejandra Arvayo Gaxiola, respecto de los actos precisados en el apartado III del presente fallo, por las razones expuestas en el apartado IV de la presente resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Hiram Leyva Gómez, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. RAMÓN veintisiete de junio de dos mil veintidósHiram Leyva Gómez

  3. Incidental

    Auto. Hermosillo, Sonora, quince de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos la razón actuarial de cuenta levantada por el fedatario adscrito a este juzgado el diez de junio de dos mil veintidós; sin necesidad de mayor proveído al respecto, toda vez que el nueve de los actuales, se dictó resolución interlocutoria por lo que a esa autoridad refiere. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Hiram Gómez Leyva, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Incidental

    AUDIENCIA Y RESOLUCION INCIDENTAL Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 138, 143 y 144 de la Ley de Amparo, se: V. Resuelve Único. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Juan Carlos Rodríguez Álvarez y Zhaida Alejandra Arvayo Gaxiola, contra los actos que reclaman a las autoridades que se precisaron en el considerando IV de esta resolución, por las razones ahí expuestas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Hiram Leyva Gómez, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.

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