Juan Carlos Rivera Perez

Expediente 1244/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 22 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1244/2022
Año
2022
Actuaciones
22
Última actuación
31/03/2023

Partes del expediente

  • Juan Carlos Rivera Perez
  • Silvia Baños Rosales (Defensora)
  • JUAN CARLOS RIVERA PEREZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran contra el acuerdo dictado el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del ocho al treinta de los corrientes, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido, en cumplimiento a los artículos 15 y artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos tres años, debiéndose conservar la demanda, la sentencia y el presente proveído que ordena el archivo del asunto, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente único de suspensión, en virtud que se concedió la medida cautelar solicitada (provisional y definitiva), con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió la autoridad responsable como justificación a su informe, se ordena devolver al 1. Juez de lo Penal del distrito judicial de Cholula, Puebla (********************), el duplicado de la causa penal ********************de su índice (anexo I); sin que sea necesario requerir el acuse de recibo respectivo, toda vez que la autoridad en mención se encuentra dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega del documento descrito. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso, dada la importancia de su contenido en la etapa de ejecución de sentencia. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; por lista a la parte tercera interesada; y, por oficio a las autoridades responsables, diversa autoridad tercera interesada y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  2. Principal

    PUBLICACIÓN DE CITATORIO: EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B, DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE TERCERA INTERESADA DE IDENTIDAD RESERVADA E.E.B.M, EL AUTO DE VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE DICE: 27-FEBRERO-2023 Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, en proveído de catorce de febrero de dos mil veintitrés, a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; desahogando dicha vista únicamente ********************, defensora particular del quejoso ********************, mediante escrito presentado el veinte de febrero del año en curso, con número de registro interno 2816. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, procede analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento, con los elementos que obran en autos; además se atenderá lo manifestado, en su oportunidad, por la defensora pública del quejoso, a través del ocurso indicado en el párrafo precedente. Antecedentes del cumplimiento de la ejecutoria constitucional. En principio, es necesario indicar que la sentencia dictada en este asunto el diez de enero del año que transcurre, se concedió para los siguientes efectos: "(.) NOVENO. Efectos del amparo. En términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ********************, para el efecto de que el 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, una vez que quede firme esta sentencia y se requiera su cumplimiento dentro del plazo que para tal propósito se establezca, realice lo siguiente dentro de la causa penal ********************, de su índice: 1. Deje insubsistente el auto de formal prisión dictado en contra de ******************** el tres de noviembre de dos mil veintidós, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación, previsto y sancionado por el artículo 267, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla (vigente en la época de los hechos), en agravio de la persona de identidad reservada ********************. 2. Dicte un proveído en el que ordene practicar cualquier diligencia probatoria necesaria para determinar si hubo o no, violación al derecho de defensa técnica, en perjuicio del indiciado. Por mencionar algunos ejemplos, i) requerir a ******************** para que acredite que durante el desahogo de la declaración ministerial -seis de abril de dos mil ocho- contaba con cédula de licenciado en derecho; o (ii) requerir información de las autoridades competentes, como lo es el Registro Nacional de Profesionistas. 3. En caso que no se pueda acreditar que el aludido defensor era licenciado en derecho, deberá estimarse que se violó el derecho del inculpado a tener una defensa técnica y profesional; dando como consecuencia que su declaración ministerial se declare nula y se desestime al momento de resolver la situación jurídica del quejoso. 4. Luego, atendiendo a los lineamientos establecidos en el considerando que antecede, con plenitud de jurisdicción, resuelva la situación jurídica del peticionario de amparo, la cual deberá estar debidamente fundada y motivada, y podrá ser emitida en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero en el primer caso, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia; esto es: 4.1. Declarará ilícita únicamente la diligencia de reconocimiento que la víctima de identidad reservada ********************. realizó del inculpado ********************, mediante comparecencia de seis de abril de dos mil ocho; por lo que deberá excluirla del caudal probatorio. 4.2. Deberá precisar el valor probatorio que merece, en lo individual, el dictamen en química número QUI-******************** emitido por el perito ********************, adscrito a la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado y, argumentar cómo fue útil dicho dictamen para, en su caso, tener por acreditado alguno de los elementos del cuerpo del delito de violación, o bien, si el hecho que el experto haya asentado no haber observado células espermáticas en las laminillas de las muestras recabadas a la víctima ********************., influye en que no se tenga por acreditado alguno de los elementos del cuerpo del delito indicado. 4.2. Deberá expresar con claridad las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución del delito; corrigiendo la incongruencia en que incurrió al señalar cuándo ocurrió el hecho delictivo. 4.3. Deberá realizar por separado el análisis correspondiente al cuerpo del delito y a la probable responsabilidad del indiciado, cerciorándose que su narrativa guarde un orden y técnica jurídica, evitando introducir aspectos relativos a la probable responsabilidad en el análisis del cuerpo del delito, y viceversa; de tal manera que el quejoso esté en condiciones de distinguir con claridad los argumentos lógicos-jurídicos, así como las probanzas, en los que la autoridad responsable sustente la acreditación de cada uno de esos extremos y, tenga oportunidad de ejercer una adecuada defensa. 5. Notifique dicha determinación a las partes; y, 6. Remita a éste órgano de control constitucional las constancias que justifiquen el cumplimiento de la sentencia protectora. (.)". Por auto de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la referida sentencia y se requirió su cumplimiento. Mediante oficio 528 de cuatro de febrero de dos mil veintitrés, el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla (********************) remitió copia certificada de la resolución dictada el cuatro de febrero del año en curso, en la causa penal ******************** de su índice. Posteriormente, a través del comunicado 655 de diez de febrero del mismo año, el Juez responsable remitió copia certificada del auto de veinticinco de enero de dos mil veintitrés y de la diligencia llevada a cabo el veintisiete siguiente, en el proceso de origen; así como de las constancias de notificación a las partes de la resolución mencionada en el párrafo precedente Con las indicadas constancias, la responsable informó el cumplimiento dado a la ejecutoria constitucional y, con las mismas, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera, realizando lo propio, únicamente la defensora particular del peticionario de amparo. II. Análisis al cumplimiento de la ejecutoria. Bajo ese contexto, a continuación procede analizar si, con las documentales remitidas [a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo], la autoridad responsable acreditó haber acatado cada uno de los lineamientos establecidos en el fallo protector. De las constancias remitidas por el Juez responsable, se advierte que realizó lo siguiente en la causa penal ********************, de su índice: 1. El cuatro de febrero de dos mil veintitrés, dejó insubsistente el auto de formal prisión dictado en contra de ******************** el tres de noviembre de dos mil veintidós, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación, previsto y sancionado por el artículo 267, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla (vigente en la época de los hechos), en agravio de la persona de identidad reservada ********************. Con lo anterior, resulta evidente que se dio cumplimiento al punto 1 de los efectos precitados. 2. En proveído dictado el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, ordenó realizar la consulta electrónica en la página de internet https://cedulaprofesional.sep.gob.mx, a fin de cerciorarse que el defensor público ******************** contaba con cédula profesional que lo acreditara como licenciado en derecho al momento de llevar a cabo el desahogo de la declaración ministerial del aquí quejoso de seis de abril de dos mil ocho. Así, en diligencia llevada a cabo el veintisiete de enero del año en curso, a través del medio electrónico indicado, corroboró que el defensor público ******************** cuenta con cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho, misma que fue expedida en el año mil novecientos noventa y nueve; por tanto, al momento de asistir al aquí quejoso en su declaración ministerial, sí contaba con la experticia necesaria, con lo que se garantizó su defensa técnica adecuada. En mérito de lo anterior, la responsable acató el punto 2 de los efectos citados, lo cual excluyó que observara el diverso punto 3. 4. El cuatro de febrero de dos mil veintitrés, con la plenitud de jurisdicción que le fue concedida, dictó una nueva resolución en la que decretó nuevamente auto de formal prisión o preventiva en contra de ********************, por su probable participación en la comisión del delito de violación, previsto y sancionado por el artículo 267, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla (vigente en la época de los hechos), en agravio de la víctima de iniciales ********************. Ahora bien, se estima que, al resolver nuevamente la situación jurídica del inculpado, el juez responsable subsanó los vicios formales que fueron destacados en la sentencia amparadora, pues realizó lo siguiente: - Determinó que la diligencia de confrontación o reconocimiento que la víctima de identidad reservada ********************. realizó del inculpado ********************, mediante comparecencia de seis de abril de dos mil ocho, no tiene validez probatoria alguna, por lo que la excluyó del acervo probatorio (punto 4.1). - Precisó que el dictamen en química número QUI-******************** emitido por el perito ********************, adscrito a la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, goza de validez en términos de lo dispuesto por el artículo 200 del Código adjetivo penal, abrogado pero de aplicación ultractiva, en virtud que su realización corrió a cargo de un profesionista en el área a su cargo; asimismo, concluyó que si bien de las muestras recabadas a la agraviada, se desprendió que no se encontraron células espermáticas, ello no incide en la acreditación de los elementos del cuerpo del delito de violación, ya que para su integración no se exige que necesariamente haya existido eyaculación por parte del agresor sexual hacia la víctima, pues basta con la introducción del miembro viril, ya sea vía vaginal, oral o anal, empleando la violencia física y moral; situación que encontró justificada, bajo la mecánica operatoria descrita por la pasivo en su denuncia (punto 4.2). - Expresó con claridad las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución del delito; corrigiendo la incongruencia en que incurrió al señalar cuándo ocurrió el hecho delictivo (punto 4.3). - Realizó por separado el análisis correspondiente al cuerpo del delito y a la probable responsabilidad del indiciado (punto 4.3). 5. Notificó dicha determinación a las partes; y, 6. Remitió a este órgano de control constitucional las constancias que justificaron el cumplimiento de la sentencia protectora. III. Fallo cumplido. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo. IV. Se atienden manifestaciones. No es obstáculo para lo antes determinado, las manifestaciones que, mediante escrito presentado el veinte de febrero del año en curso, realizó ********************, defensora particular del quejoso ********************, en el que medularmente señaló que la responsable no cumplió a cabalidad la ejecutoria constitucional, por lo siguiente: Respecto a la diligencia de estado psicológico, ginecológico y proctológico practicada a la parte agraviada de iniciales ********************., indica que la Ministerio Público que la llevó a cabo, la realizó de manera indebida, pues el artículo 85 de la Ley adjetiva a la materia establece estrictamente que cuando se trate de lesiones externas, éstas serán objeto de inspección con asistencia de peritos médicos; por lo que, estima que la Ministerio Público no cuenta con los conocimientos ni especialidades suficientes para calificar, evaluar o aproximarse cuantitativa ni cualitativamente sobre el estado psicofisiológico, proctológico y ginecológico de la agraviada. No existe congruencia en el razonamiento que realiza el Juez responsable respecto del dictamen ginecológico y proctológico número 384, emitido por la doctora ********************, adscrita a la Dirección de Servicios Periciales, de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla. Con relación al dictamen químico QUI-******************** emitido por el perito químico ********************, adscrito a servicios periciales de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, estima que el Juez de origen debió advertir que el resultado de dicho dictamen, resultaba contradictorio a lo narrado por la agraviada en su denuncia; asimismo, que en el auto de formal prisión debió identificar plena y correctamente el tipo de violencia con la que se ejecutó el delito, pues mezcló conceptos que corresponden a la violencia moral y a la violencia física. Si el juez responsable excluyó del acervo probatorio la diligencia de reconocimiento que la víctima de identidad reservada ********************. realizó del inculpado ********************, por tratarse de una prueba ilícita, también debió declarar la ilicitud del resto de las diligencias que derivaran directa o indirectamente de aquélla, como la declaración ministerial del imputado. Respecto a la probable responsabilidad del aquí quejoso, señala que no se encuentra acreditada con los medios probatorios existentes. Al respecto, dígasele a la parte quejosa que esta autoridad se encuentra impedida para analizar la legalidad de las razones y fundamentos que en la nueva resolución expuso la autoridad responsable, pues la mismas no forman parte de la concesión del amparo, por haber sido emitidas en uso de la plenitud de jurisdicción que le fue concedida. No obstante ello, hágase saber a dicha parte procesal que, en caso de no encontrarse conforme con la resolución emitida por la autoridad responsable, tiene expeditos sus derechos para hacerlos valer en la vía que estime coveniente. Cobra aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "QUEJA. IMPROCEDENCIA DE LA, CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE AMPARO CUANDO ÉSTA DEVUELVE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE PLENA JURISDICCIÓN. Si la ejecutoria de la Justicia Federal devuelve a la autoridad responsable su plena jurisdicción, contra la nueva resolución que ésta dicte en cumplimiento del amparo concedido no procede el recurso de queja sino el juicio constitucional." V. Se ordena glosar acuerdo. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso, dada la importancia de su contenido en la etapa de ejecución del fallo protector. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; personalmente a la tercera interesada de identidad reservada, de iniciales ********************.; por oficio a las autoridades responsables, a la diversa tercera interesada y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Así lo acordó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Romina Ortiz Avila, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, en proveído de catorce de febrero de dos mil veintitrés, a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; desahogando dicha vista únicamente ********************, defensora particular del quejoso ********************, mediante escrito presentado el veinte de febrero del año en curso, con número de registro interno 2816. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, procede analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento, con los elementos que obran en autos; además se atenderá lo manifestado, en su oportunidad, por la defensora pública del quejoso, a través del ocurso indicado en el párrafo precedente. Antecedentes del cumplimiento de la ejecutoria constitucional. En principio, es necesario indicar que la sentencia dictada en este asunto el diez de enero del año que transcurre, se concedió para los siguientes efectos: "(.) NOVENO. Efectos del amparo. En términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ********************, para el efecto de que el 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, una vez que quede firme esta sentencia y se requiera su cumplimiento dentro del plazo que para tal propósito se establezca, realice lo siguiente dentro de la causa penal ********************, de su índice: 1. Deje insubsistente el auto de formal prisión dictado en contra de ******************** el tres de noviembre de dos mil veintidós, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación, previsto y sancionado por el artículo 267, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla (vigente en la época de los hechos), en agravio de la persona de identidad reservada ********************. 2. Dicte un proveído en el que ordene practicar cualquier diligencia probatoria necesaria para determinar si hubo o no, violación al derecho de defensa técnica, en perjuicio del indiciado. Por mencionar algunos ejemplos, i) requerir a ******************** para que acredite que durante el desahogo de la declaración ministerial -seis de abril de dos mil ocho- contaba con cédula de licenciado en derecho; o (ii) requerir información de las autoridades competentes, como lo es el Registro Nacional de Profesionistas. 3. En caso que no se pueda acreditar que el aludido defensor era licenciado en derecho, deberá estimarse que se violó el derecho del inculpado a tener una defensa técnica y profesional; dando como consecuencia que su declaración ministerial se declare nula y se desestime al momento de resolver la situación jurídica del quejoso. 4. Luego, atendiendo a los lineamientos establecidos en el considerando que antecede, con plenitud de jurisdicción, resuelva la situación jurídica del peticionario de amparo, la cual deberá estar debidamente fundada y motivada, y podrá ser emitida en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero en el primer caso, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia; esto es: 4.1. Declarará ilícita únicamente la diligencia de reconocimiento que la víctima de identidad reservada ********************. realizó del inculpado ********************, mediante comparecencia de seis de abril de dos mil ocho; por lo que deberá excluirla del caudal probatorio. 4.2. Deberá precisar el valor probatorio que merece, en lo individual, el dictamen en química número QUI-******************** emitido por el perito ********************, adscrito a la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado y, argumentar cómo fue útil dicho dictamen para, en su caso, tener por acreditado alguno de los elementos del cuerpo del delito de violación, o bien, si el hecho que el experto haya asentado no haber observado células espermáticas en las laminillas de las muestras recabadas a la víctima ********************., influye en que no se tenga por acreditado alguno de los elementos del cuerpo del delito indicado. 4.2. Deberá expresar con claridad las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución del delito; corrigiendo la incongruencia en que incurrió al señalar cuándo ocurrió el hecho delictivo. 4.3. Deberá realizar por separado el análisis correspondiente al cuerpo del delito y a la probable responsabilidad del indiciado, cerciorándose que su narrativa guarde un orden y técnica jurídica, evitando introducir aspectos relativos a la probable responsabilidad en el análisis del cuerpo del delito, y viceversa; de tal manera que el quejoso esté en condiciones de distinguir con claridad los argumentos lógicos-jurídicos, así como las probanzas, en los que la autoridad responsable sustente la acreditación de cada uno de esos extremos y, tenga oportunidad de ejercer una adecuada defensa. 5. Notifique dicha determinación a las partes; y, 6. Remita a éste órgano de control constitucional las constancias que justifiquen el cumplimiento de la sentencia protectora. (.)". Por auto de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la referida sentencia y se requirió su cumplimiento. Mediante oficio 528 de cuatro de febrero de dos mil veintitrés, el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla (********************) remitió copia certificada de la resolución dictada el cuatro de febrero del año en curso, en la causa penal ******************** de su índice. Posteriormente, a través del comunicado 655 de diez de febrero del mismo año, el Juez responsable remitió copia certificada del auto de veinticinco de enero de dos mil veintitrés y de la diligencia llevada a cabo el veintisiete siguiente, en el proceso de origen; así como de las constancias de notificación a las partes de la resolución mencionada en el párrafo precedente Con las indicadas constancias, la responsable informó el cumplimiento dado a la ejecutoria constitucional y, con las mismas, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera, realizando lo propio, únicamente la defensora particular del peticionario de amparo. II. Análisis al cumplimiento de la ejecutoria. Bajo ese contexto, a continuación procede analizar si, con las documentales remitidas [a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo], la autoridad responsable acreditó haber acatado cada uno de los lineamientos establecidos en el fallo protector. De las constancias remitidas por el Juez responsable, se advierte que realizó lo siguiente en la causa penal ********************, de su índice: 1. El cuatro de febrero de dos mil veintitrés, dejó insubsistente el auto de formal prisión dictado en contra de ******************** el tres de noviembre de dos mil veintidós, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación, previsto y sancionado por el artículo 267, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla (vigente en la época de los hechos), en agravio de la persona de identidad reservada ********************. Con lo anterior, resulta evidente que se dio cumplimiento al punto 1 de los efectos precitados. 2. En proveído dictado el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, ordenó realizar la consulta electrónica en la página de internet https://cedulaprofesional.sep.gob.mx, a fin de cerciorarse que el defensor público ******************** contaba con cédula profesional que lo acreditara como licenciado en derecho al momento de llevar a cabo el desahogo de la declaración ministerial del aquí quejoso de seis de abril de dos mil ocho. Así, en diligencia llevada a cabo el veintisiete de enero del año en curso, a través del medio electrónico indicado, corroboró que el defensor público ******************** cuenta con cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho, misma que fue expedida en el año mil novecientos noventa y nueve; por tanto, al momento de asistir al aquí quejoso en su declaración ministerial, sí contaba con la experticia necesaria, con lo que se garantizó su defensa técnica adecuada. En mérito de lo anterior, la responsable acató el punto 2 de los efectos citados, lo cual excluyó que observara el diverso punto 3. 4. El cuatro de febrero de dos mil veintitrés, con la plenitud de jurisdicción que le fue concedida, dictó una nueva resolución en la que decretó nuevamente auto de formal prisión o preventiva en contra de ********************, por su probable participación en la comisión del delito de violación, previsto y sancionado por el artículo 267, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla (vigente en la época de los hechos), en agravio de la víctima de iniciales ********************. Ahora bien, se estima que, al resolver nuevamente la situación jurídica del inculpado, el juez responsable subsanó los vicios formales que fueron destacados en la sentencia amparadora, pues realizó lo siguiente: - Determinó que la diligencia de confrontación o reconocimiento que la víctima de identidad reservada ********************. realizó del inculpado ********************, mediante comparecencia de seis de abril de dos mil ocho, no tiene validez probatoria alguna, por lo que la excluyó del acervo probatorio (punto 4.1). - Precisó que el dictamen en química número QUI-******************** emitido por el perito ********************, adscrito a la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, goza de validez en términos de lo dispuesto por el artículo 200 del Código adjetivo penal, abrogado pero de aplicación ultractiva, en virtud que su realización corrió a cargo de un profesionista en el área a su cargo; asimismo, concluyó que si bien de las muestras recabadas a la agraviada, se desprendió que no se encontraron células espermáticas, ello no incide en la acreditación de los elementos del cuerpo del delito de violación, ya que para su integración no se exige que necesariamente haya existido eyaculación por parte del agresor sexual hacia la víctima, pues basta con la introducción del miembro viril, ya sea vía vaginal, oral o anal, empleando la violencia física y moral; situación que encontró justificada, bajo la mecánica operatoria descrita por la pasivo en su denuncia (punto 4.2). - Expresó con claridad las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución del delito; corrigiendo la incongruencia en que incurrió al señalar cuándo ocurrió el hecho delictivo (punto 4.3). - Realizó por separado el análisis correspondiente al cuerpo del delito y a la probable responsabilidad del indiciado (punto 4.3). 5. Notificó dicha determinación a las partes; y, 6. Remitió a este órgano de control constitucional las constancias que justificaron el cumplimiento de la sentencia protectora. III. Fallo cumplido. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo. IV. Se atienden manifestaciones. No es obstáculo para lo antes determinado, las manifestaciones que, mediante escrito presentado el veinte de febrero del año en curso, realizó ********************, defensora particular del quejoso ********************, en el que medularmente señaló que la responsable no cumplió a cabalidad la ejecutoria constitucional, por lo siguiente: Respecto a la diligencia de estado psicológico, ginecológico y proctológico practicada a la parte agraviada de iniciales ********************., indica que la Ministerio Público que la llevó a cabo, la realizó de manera indebida, pues el artículo 85 de la Ley adjetiva a la materia establece estrictamente que cuando se trate de lesiones externas, éstas serán objeto de inspección con asistencia de peritos médicos; por lo que, estima que la Ministerio Público no cuenta con los conocimientos ni especialidades suficientes para calificar, evaluar o aproximarse cuantitativa ni cualitativamente sobre el estado psicofisiológico, proctológico y ginecológico de la agraviada. No existe congruencia en el razonamiento que realiza el Juez responsable respecto del dictamen ginecológico y proctológico número 384, emitido por la doctora ********************, adscrita a la Dirección de Servicios Periciales, de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla. Con relación al dictamen químico QUI-******************** emitido por el perito químico ********************, adscrito a servicios periciales de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, estima que el Juez de origen debió advertir que el resultado de dicho dictamen, resultaba contradictorio a lo narrado por la agraviada en su denuncia; asimismo, que en el auto de formal prisión debió identificar plena y correctamente el tipo de violencia con la que se ejecutó el delito, pues mezcló conceptos que corresponden a la violencia moral y a la violencia física. Si el juez responsable excluyó del acervo probatorio la diligencia de reconocimiento que la víctima de identidad reservada ********************. realizó del inculpado ********************, por tratarse de una prueba ilícita, también debió declarar la ilicitud del resto de las diligencias que derivaran directa o indirectamente de aquélla, como la declaración ministerial del imputado. Respecto a la probable responsabilidad del aquí quejoso, señala que no se encuentra acreditada con los medios probatorios existentes. Al respecto, dígasele a la parte quejosa que esta autoridad se encuentra impedida para analizar la legalidad de las razones y fundamentos que en la nueva resolución expuso la autoridad responsable, pues la mismas no forman parte de la concesión del amparo, por haber sido emitidas en uso de la plenitud de jurisdicción que le fue concedida. No obstante ello, hágase saber a dicha parte procesal que, en caso de no encontrarse conforme con la resolución emitida por la autoridad responsable, tiene expeditos sus derechos para hacerlos valer en la vía que estime coveniente. Cobra aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "QUEJA. IMPROCEDENCIA DE LA, CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE AMPARO CUANDO ÉSTA DEVUELVE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE PLENA JURISDICCIÓN. Si la ejecutoria de la Justicia Federal devuelve a la autoridad responsable su plena jurisdicción, contra la nueva resolución que ésta dicte en cumplimiento del amparo concedido no procede el recurso de queja sino el juicio constitucional." V. Se ordena glosar acuerdo. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso, dada la importancia de su contenido en la etapa de ejecución del fallo protector. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; personalmente a la tercera interesada de identidad reservada, de iniciales ********************.; por oficio a las autoridades responsables, a la diversa tercera interesada y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo acordó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Romina Ortiz Avila, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. Miguel Ojeda En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica].

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Intégrese a los autos el escrito signado por Silvia Baños Rosales, defensora particular del quejoso ***; por medio del cual desahoga la vista que le fue otorgada en auto de catorce de febrero del año en curso; al respecto, téngasele haciendo las manifestaciones que del propio escrito se desprenden, las cuales serán tomadas en consideración al momento de que este órgano jurisdiccional se pronuncie sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria constitucional. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso, dada la importancia de su contenido en la etapa de ejecución del fallo protector. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; y, por lista a las demás partes.

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