Juan Carlos Rivas Casanova
Expediente 1259/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 18 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1259/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 19/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Juan Carlos Rivas Casanova
- Secretaría de Salud Federal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
agréguese a los presentes autos para que obre como en derecho corresponda la constancia actuarial de doce de los corrientes, en la que el fedatario de la adscripción hace constar que no se pudo notificar a la parte quejosa Juan Carlos Rivas Casanova la sentencia terminada de engrosar el once de enero de dos mil veintiuno, por los motivos que expone en la misma. Consecuentemente, en virtud de que la parte quejosa tiene su domicilio ubicado en Calle Servando Canales 713 Ote. Zona Centro, en Ciudad de Mante, Tamaulipas; con fundamento en los numerales 27, fracción II, de la Ley de Amparo; 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el acuerdo general 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, gírese atento despacho al Juez de Primera Instancia en turno, con sede en Mante, Tamaulipas, para que en auxilio de las labores de este Juzgado de Distrito, comisione a uno de sus actuarios para que notifique al quejoso Juan Carlos Rivas Casanova, en el domicilio citado en líneas que anteceden, el presente proveído así como la sentencia de once de enero de dos mil veintiuno, para los efectos legales a que haya a lugar. Notifíquese.
- Principal
Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1259/2021; promovido por ; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veintitrés de julio dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad y turnado a este órgano jurisdiccional, Juan Carlos Rivas Casanova, promovió amparo (fojas 2 a 17 del juicio de amparo en que se actúa) SEGUNDO. Trámite. Mediante proveído de veintiséis de julio de dos mil veintiuno, se admitió la demanda; se ordenó su registro con el consecutivo 1259/2021; se dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y (fojas 18 a 25 y 196 a 199 ídem). CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este órgano jurisdiccional es competente para resolver el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en el artículo cuarto, fracción XIX, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución en una ciudad donde éste órgano tiene jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se realiza la fijación clara y precisa del acto reclamado. Así, considerada la demanda de amparo como un todo, se obtiene que la parte quejosa reclama: La negativa de dar licencia con goce de sueldo o resguardo domiciliario a la parte quejosa. Lo anterior en relación con: La negativa u omisión de aplicar en beneficio del quejoso Juan Carlos Rivas Casanova el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS- CoV2 (COVID-19). El incumplimiento de la Disposición del Artículo 132 en su fracción XVII de la Ley Federal del Trabajo, en relación al Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar a la mitigación y control de los riesgos para la salud que Implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) de fecha de 24 de marzo de 2020, emitido por la Secretaría de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación en su ARTICULO SEGUNDO las medidas preventivas de los sectores público, privados y sociales que deberán poner en práctica como lo es su inciso a) Evitar la asistencia a centro de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos a los adultos mayores de 65 años o más y grupo de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella, quienes en todo momento, en su caso, ya manera de permiso con goce de sueldo, gozarán de su salarlo y demás prestaciones establecidas en la normalidad vigente indicada en el inciso c) del presente artículo. Estos grupos incluyen mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, menores de cinco años, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no trasmisibles (personas con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardiaca), o algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico y el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARSCoV2 de fecha 31 de marzo de 2020, emitido por la Secretaría de Salud publicado en el Diario Oficial de la Federación en su ARTICULO PRIMERO FRACCIÓN V El resguardo domiciliario corresponsable se aplica de manera estricta a toda persona mayor de 60 años de edad, estado de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de Hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardiaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia renal o hepática, Independientemente de si su actividad laboral se considera esencial. El personal esencial de interés público podrá, de manera voluntaria, presentarse a laborar. En virtud de que en la Declaración 1/20 bajo el rubro "COVID-19 YDERECHOS HUMANOS: LOS PROBLEMAS YDESAFÍOS DEBEN SER ABORDADOS CON PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS Y RESPETANDO LAS OBLIGACIONES INTERNACIONALES" establece que los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales deben ser garantizados sin discriminación a toda persona bajo jurisdicción del Estado y en especial para aquéllos en donde se encuentren afectados de conformidad a la situación de mayor vulnerabilidad. Esto derivado a lo que establece el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables: Directora o Encargado de la Dirección de la Clínica Hospital 24-D, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Mante, Tamaulipas. Jefe o Encargado del Departamento de Recursos Humanos de la Clínica Hospital 24-D, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Mante, Tamaulipas (fojas 159 a 161 ídem). Omitieron rendir su informe justificado, no obstante de encontrarse debidamente notificados para ello, de ahí que de conformidad con el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, de la Ley de Amparo, se tengan por ciertos los actos reclamados a la responsables de cuenta. Por su parte, las autoridades responsables: Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número VI de la Secretaría de Salud del Estado, con sede en Mante, Tamaulipas. Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la Jurisdicción Sanitaria Número VI, con sede Mante, Tamaulipas. Secretaría de Salud del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria. Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios, con sede en Ciudad Victoria. Negaron el acto reclamado, sin embargo, formularon manifestaciones que evidencian su existencia; por tanto, se tienen como ciertos. Ahora, las autoridades responsables: Secretaría de Salud Federal, con sede en la Ciudad de México. (fojas 159 a 161 ídem). Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios, con sede en Ciudad Victoria. (fojas 65 a 69 ídem). Negaron categóricamente los actos atribuidos, sin que la parte quejosa aportara prueba a fin de desvirtuar tal negativa. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2000, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." Asimismo, la jurisprudencia 553 sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 368, tomo VI, Octava Época, Apéndice compilación 1995 al Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO." Consecuentemente, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo por las autoridades Secretaría de Salud Federal y Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios, en términos de la fracción IV del artículo 63 de la ley de la materia. Se cita por su contenido la tesis III.2o.A.58 K, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero de 2008, página 2449, Novena Época, Registro 170178, del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. SE ACTUALIZA LA CAUSA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 74, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE NIEGA LA CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Y EL QUEJOSO NO DEMUESTRA FEHACIENTEMENTE QUE ELLA LOS LLEVÓ A CABO. Conforme a la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías si no se acredita la existencia de los actos reclamados. Así, cuando la autoridad señalada como responsable niega la certeza de éstos, corresponde al quejoso demostrar fehacientemente que ella los llevó a cabo. Lo anterior tiene explicación si se atiende a los efectos de la protección de la Justicia Federal a que se refiere el artículo 80 de la mencionada ley. Por tanto, no basta que exista evidencia de alguna afectación al particular, en tanto no se demuestre quién fue la autoridad que la causó, dado que puede ocurrir que tales actos deriven de diversas autoridades." CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. En el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 5°. Son parte en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.". De la exégesis de los preceptos normativos citados, así como de la naturaleza y fines del juicio de amparo, se establece que no es suficiente con que se reclame una violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte, para que el juicio de amparo sea procedente, sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales corra a cargo de una autoridad. Luego, en la jurisprudencia por reiteración de tesis 164/2011, sustentada por la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión privada del siete de septiembre de dos mil once, se determinó que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. El criterio en comento, se desprende de la Jurisprudencia 2a./J. 164/201 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 161133, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS". En vinculación con lo anterior, se advierte que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada, a que los actos que se reclamen se consideren como de autoridad, entendiéndose por tal, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Así, el concepto actual de autoridad para efectos del juicio de amparo, refiere a aquellas a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales, esto es, acto de autoridad para efectos del juicio de amparo es el emitido en ejercicio de facultades decisorias que le están atribuidas al emisor en la ley y que, por ende, constituyen una potestad del Estado, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública su fuente, lo que permite concluir que el concepto de autoridad por regla general excluye a los actos de particulares. Lo anterior con independencia de la naturaleza formal del ente emisor, pues incluso la propia Ley de Amparo, precisa que tendrán la calidad de autoridad para efectos del juicio, los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos ya citados, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En el caso, la parte quejosa refiere que labora como Médico General "B" de la clínica Hospital 24-D Ciudad Mante del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado. Mediante escrito de uno de julio de dos mil veinte, solicitó al Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número VI de la Secretaría de Salud del Estado, con sede en Mante, Tamaulipas y al Encargado de la Dirección de la Clínica Hospital 240, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Mante, Tamaulipas, licencia con goce de sueldo o resguardo domiciliario al pertenecer a un grupo vulnerable, pues tiene diagnóstico médico de cardiopatía isquémica, dislipidemia mixta y sobrepeso. En respuesta a su petición, mediante oficio DM/165/2021, de seis de julio de dos mil veintiuno, signado por el Director Médico de la Clínica Hospital 24-D del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Mante, Tamaulipas, le informaron que todo trabajador que se considere como personal vulnerable en resguardo que haya recibido la vacuna contra Covid-19, podrá retomar sus actividades laborales siete días después de haber completado el esquema de vacunación sin importar el semáforo epidemiológico en el que se encuentre su unidad laboral. Lo anterior, permite determinar que el acto reclamado deriva de una relación laboral obrero-patrón que existe entre la parte quejosa y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Mante, Tamaulipas, con motivo de laborar como Médico General "B" en dicho hospital. En efecto, del oficio DM/165/2021, de seis de julio de dos mil veintiuno, suscrito por Director Médico de la Clínica Hospital 24-D del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en Mante, Tamaulipas, que se anexa a la demanda que se atiende, se desprende que la negativa de concederle una licencia médica en perjuicio de la hoy quejosa por las autoridades responsables, deriva de una situación generada con motivo de una relación obrero-patronal, regulada por las Condiciones Generales de Trabajo de dicha institución. De lo expuesto, se colige que se está en presencia de un conflicto laboral entre particulares (patrón y trabajador), pues lo que reclama la parte quejosa como servidor público al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en Mante, se lleva a cabo con base en la relación laboral que los une, actuando en un plano de iguales. En esas condiciones, es inconcuso que las autoridades a las que les atribuye el acto reclamado, actúan en un plano de coordinación y de no de supra a subordinación, por lo que, es dable sostener que no les asiste el carácter de autoridades responsables para los efectos del presente juicio amparo, pues la negativa de otorgarle la licencia con goce de sueldo por motivo de la contingencia actual en perjuicio del hoy quejoso en su cargo como médico, aun cuando hubieren sido determinadas con base en una cuestión administrativa, no pierden su naturaleza laboral; motivo por el cual, los conflictos que se susciten al respecto, deben ser ventilados ante la autoridad competente y no ante este órgano de control constitucional. Sin que ello implique desconocer que el resguardo domiciliario de aquéllas personas que se encuentren en alguno de los grupos considerados como vulnerables para que dejen de asistir a sus centros de trabajo, constituye una medida derivaba de una política de salud pública dirigida a minimizar el contagio de la enfermedad que produce del virus SARS-CoV2 durante la etapa de emergencia que se vive actualmente; sin embargo, los efectos de esas medidas repercuten en el ámbito laboral al tener como consecuencia la adaptación de las condiciones de los trabajadores, a efecto de reducir el contagio de dicho virus. Por tanto, el cumplimiento por parte de los empleadores del Estado o de carácter privado respecto de las medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos para la salud originados por el virus SARS-CoV2 tiene como finalidad garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores, es decir, se desenvuelve en la relación laboral (coordinación). Por tanto, es claro que el mismo, no es susceptible de impugnarse a través de la acción constitucional, ya que la pretensión del quejoso es que se le otorgue una licencia laboral y se le permita obtener el resguardo domiciliario con motivo de la pandemia generada por el virus SARS-CoV2, por considerarse persona vulnerable, circunstancia que se encuentra relacionada con cuestiones inherentes a la relación de trabajo que existe entre la Clínica Hospital 24-D, con sede en Ciudad Mante, Tamaulipas, y sus trabajadores, regulada por el artículo 123 constitucional, y la Ley Federal laboral aplicable, donde además se establecen las condiciones de otorgamiento de licencias laborales en los términos de la ley de la materia, y en concordancia, con los Acuerdos emitidos por la autoridad Sanitaria Federal, para mitigar el contagio por el virus denominado COVID-19. Aunado a lo que antecede, debe tomarse en consideración que el artículo 132 fracción XIX Bis de la Ley Federal del Trabajo contempla la obligación por parte de los patrones de cumplir con las disposiciones que en caso de emergencia sanitaria fije la autoridad competente, así como proporcionar a sus trabajadores los elementos que señale dicha autoridad, para prevenir enfermedades en caso de declaratoria de contingencia sanitaria, adicionado y publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil doce, que dice: "Artículo 132. Son obligaciones de los patrones: (.) XIX Bis. Cumplir con las disposiciones que en caso de emergencia sanitaria fije la autoridad competente, así como proporcionar a sus trabajadores los elementos que señale dicha autoridad, para prevenir enfermedades en caso de declaratoria de contingencia sanitaria;". A partir de ello, el reclamo del impetrante no constituye un acto emanado de una persona de derecho público o de autoridad, sino que se trata de un acto entre particulares, pues se reitera, los organismos de salud no actúan con imperio, sino con base en una relación laboral, razón por la que, el acto imputado pertenece a la esfera del derecho privado y no al ejercicio de la función pública. No se soslaya, que la parte quejosa reclama de su empleador acciones y omisiones que, desde su punto de vista, ponen en riesgo su salud, en transgresión a su derecho fundamental previsto en el artículo 4º Constitucional, sin embargo, para hacer procedente el juicio de ampro, es requisito que ese acto se reclame a una autoridad o a un particular que realice actos equiparables, lo que en el caso no acontece, ya que los patrones al efectuar determinaciones en relación a sus empleados, no puede dársele el carácter de autoridad o ente equiparado a una, pues el plano de igualdad en que se encuentran con motivo de la relación laboral preexistente, impide que pueda imputársele tal calidad. Siendo que, el conocimiento en la vía ordinaria laboral se sostiene considerando el ente a quien se le reprocha el acto, no así la naturaleza de los derechos que estima transgredidos (salud), en ese sentido, como se dijo, lo planteado a la que señala como responsable, se da dentro de un plano de coordinación, es decir, de relación laboral. Esta determinación se robustece con lo considerado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 127/2020, que tuvo por objeto determinar si el conocimiento de una demanda de amparo indirecto promovida en contra de la negativa de aplicar en beneficio de alguna persona trabajadora las medidas implementadas para prevenir los contagios de la enfermedad COVID-19 en los centros de trabajo, corresponde a un Juzgado de Distrito especializado en materia administrativa, o bien en materia trabajo, habiendo precisado que la competencia corresponde a los juzgados especializados en materia de trabajo. El criterio de referencia es la Jurisprudencia 2a./J. 42/2020 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2022187, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 79, octubre de 2020, Tomo I, página 588, del rubro siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA DE APLICAR A FAVOR DE UNA PERSONA TRABAJADORA, LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA MITIGAR Y CONTROLAR LOS RIESGOS PARA LA SALUD ORIGINADOS POR EL VIRUS SARSCoV2 EN LOS CENTROS DE TRABAJO. CORRESPONDE A UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO.". En dicho criterio, el Alto Tribunal consideró que si bien las medidas implementadas para reducir los riesgos de contagio por coronavirus COVID-19 derivan de una política de salud pública dirigida a enfrentar la situación de emergencia que se vive, también es cierto que su aplicación se ubica de manera importante en el ámbito laboral, al tener como consecuencia la adaptación de las condiciones de las personas trabajadoras, a efecto de reducir su exposición a dicha enfermedad. Así, determinó que las medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos para la salud originados por el virus SARSCoV2, tienen una naturaleza laboral, cuando su aplicación esté dirigida a garantizar la seguridad y salud de las trabajadoras y los trabajadores en sus centros de trabajo. Así, determinó que las medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos para la salud originados por el virus SARS-CoV2, tienen una naturaleza laboral, cuando su aplicación esté dirigida a garantizar la seguridad y salud de las trabajadoras y los trabajadores en sus centros de trabajo. De tal manera que, el derecho de la parte quejosa para solicitar que se le conceda una licencia laboral y permanecer en resguardo domiciliario, contrario de la orden de reincorporarse a laboral de manera presencia a su centro de trabajo por la pandemia generada por el virus SARSCoV2, por estimarse en grupo vulnerable frente a la enfermedad, no encuentra su origen en una relación de supra a subordinación, sino de una relación laboral que mantiene un plano de coordinación con el instituto de salud del Estado donde labora; por ello es que se reitera, el acto reclamado no pueda ser considerado de autoridad para efectos del juicio de amparo. Lo anterior, aun y cuando el acto reclamado fue ordenado de manera unilateral, ello se hizo con motivo de las obligaciones y el vínculo laboral que lo une con la quejoso, mas no como un órgano del Estado dotado de imperio, sino como ente de derecho privado -patrón-. Cobra aplicación la tesis I.6o.T.26 L, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, del mes de Abril de 1996, página 347, Novena Época, que expone: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ÓRGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTÚAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de suprasubordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de suprasubordinación a que ya se hizo mérito." Asimismo, por analogía y en lo conducente se cita la jurisprudencia 2ª./J. 2/2017 (10ª) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro treinta y ocho, enero de dos mil diecisiete, tomo I, página seiscientos ocho, de rubro y texto: "MÉDICO RESIDENTE DE UNA ESPECIALIDAD. SU BAJA ORDENADA POR LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD MÉDICA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO, NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. La actividad de los médicos residentes encuentra su fundamento en el Título Sexto, denominado "Trabajos especiales", Capítulo XVI, intitulado "Trabajos de Médicos Residentes en Periodo de Adiestramiento en una Especialidad", de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, del texto de la ley y de su exposición de motivos se advierte que la intención del legislador, en todo momento, fue que la relación del "residente" con la unidad médica en la que participe tenga naturaleza laboral, con ciertas características especiales, y aunque tenga como fin su adiestramiento para lograr una especialidad, lo que en cierta forma le da el carácter de "alumno", ello no puede disolver el vínculo que tiene como trabajador, pues la residencia es consecuencia de su contratación con ese fin específico. Además, entre las partes existe el elemento esencial que identifica las relaciones de trabajo, esto es, la subordinación en la prestación del servicio, pues los médicos residentes tienen una jornada, un salario, así como la obligación de acatar órdenes y cumplir con los deberes que les son impuestos, tanto laborales como académicos. De ahí que la baja de un médico residente no es un acto que se circunscriba al ámbito académico, sino al laboral, es decir, su relación con la unidad médica en que está adscrito es de naturaleza exclusivamente laboral, ya que los actos de la unidad médica en la que realiza la residencia quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier patrón ejecuta, pues en esas relaciones el Estado queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular." De igual forma, la jurisprudencia III.4o.T. J/3 (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, consultable en la página 1639, Décima Época, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, registro: 2011298, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo". Por tanto, el impetrante tiene expeditos sus derechos para instar en contra de las dependencias en cuestión, cualquier acción jurisdiccional laboral correspondiente, por ser las responsables del vínculo laboral y no acudir directamente al juicio de amparo. Lo anterior, tomando en consideración que el juicio biinstancial constituye un medio extraordinario de control constitucional en el que se dilucida la violación a los derechos humanos de los gobernados y no aspectos relacionados con los derechos laborales de los trabajadores que estimen infringen por sus patrones. Similares consideraciones fueron sostenidas en la sentencia emitida en el juicio de amparo 1002/2020 y 1295/2020, del índice de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado. En tales condiciones, al quedar demostrada la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 1°, fracción I, y 5°, fracción II, del primer ordenamiento legal invocado, en virtud de que los actos reclamados no pueden considerarse actos de autoridad para efectos del juicio de amparo ni equiparables a ellos, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. No es óbice para esta determinación que la demanda se haya admitido, en virtud de que -por regla general- el auto inicial de demanda no es la actuación procesal en la cual se pueda determinar si el acto reclamado proviene o no de autoridad para efectos del juicio de amparo. Apoya lo anterior, por analogía la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 829, Décima Época, Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, registro: 2011888, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA". Por lo expuesto y fundamentado en términos de los artículos 73, 74, 75, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio promovido por Juan Carlos Rivas Casanova, por los actos reclamados y autoridades responsables precisados en los CONSIDERANDOS SEGUNDO Y TERCERO de la presente resolución, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando CUARTO de este fallo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo resolvió y firma el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, ante la licenciada Astrid Alicia Ortiz Sánchez, Secretaria que autoriza y da fe hasta hoy once de enero de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permitieron. Con lo que se da por terminada la audiencia. Doy fe.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONALProm. En Victoria, Tamaulipas, siendo las once horas con treinta y cinco minutos del veintidós de octubre de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1259/2021, promovido por JUAN CARLOS RIVAS CASANOVA; encontrándose en audiencia pública el licenciado Fernando Ureña Moreno, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con la asistencia de la licenciada Ernestina Olvera Quiroz, Secretaria de este Juzgado con quien actúa, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta, sin la comparecencia personal de las partes ni de sus autorizados. Enseguida la Secretaria hace una relación de las constancias de autos, y CERTIFICA: que obran agregados en autos los informes justificados rendidos por las autoridades responsables: OFICIO AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO 25724/2021 DIRECTOR Y/O ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE LA CLINICA HOSPITAL 240, DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE), MANTE, TAMAULIPAS Se tuvo por notificado por auto de tres de agosto de dos mil veintiuno. OMITIÓ RENDIR EL INFORME 25725/2021 JEFE O ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA CLINICA 240, DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE), MANTE, TAMAULIPAS Licenciada Rebeca Martínez Camacho, apoderada legal de la Secretaría de Salud del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad; Jefe de Jurisdicción Sanitaria Número Seis, y Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la citada Jurisdicción Sanitaria Número Seis, con residencia en ciudad Mante Tamaulipas. NIEGA 25726/2021 JEFE DE JURISDICCIÓN SANITARIA NO. VI DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO, CON SEDE EN MANTE, TAMAULIPAS Licenciada Rebeca Martínez Camacho, Jefe de Departamento Contencioso adscrito a la Dirección Jurídica y de Acceso a la Información de la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud de Tamaulipas y Dirección General del O.P.D. Servicios de Salud de Tamaulipas, en su carácter de apoderada legal de la Secretaría de Salud del Estado de Tamaulipas, en representación de la Secretaría de Salud del Estado de Tamaulipas, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número VI en Ciudad Mante y Jefe de Recursos Humanos de la misma unidad De los términos en que lo rinde se desprende la existencia del acto reclamado. 25727/2021 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. VI, EN MANTE, TAMAULIPAS Licenciada Rebeca Martínez Camacho, Jefe de Departamento Contencioso adscrito a la Dirección Jurídica y de Acceso a la Información de la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud de Tamaulipas y Dirección General del O.P.D. Servicios de Salud de Tamaulipas, en su carácter de apoderada legal de la Secretaría de Salud del Estado de Tamaulipas, en representación de la Secretaría de Salud del Estado de Tamaulipas, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número VI en Ciudad Mante y Jefe de Recursos Humanos de la misma unidad De los términos en que lo rinde se desprende la existencia del acto reclamado. 25728/2021 SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL Licenciado Héctor Mestre López, Subdirector de Recursos Administrativos adscrito a la Oficina dela Abogada General de la Secretaría de Salud, en representación de la Secretaría de Salud. NIEGA 25729/2021 SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Licenciada Rebeca Martínez Camacho, Jefe de Departamento Contencioso adscrito a la Dirección Jurídica y de Acceso a la Información de la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud de Tamaulipas y Dirección General del O.P.D. Servicios de Salud de Tamaulipas, en su carácter de apoderada legal de la Secretaría de Salud del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad De los términos en que lo rinde se desprende la existencia del acto reclamado. 25730/2021 COMISÍÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN DE RIESGOS SANITARIOS Comisionado Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad NIEGA A continuación se abre el período probatorio: La secretaria da nueva cuenta con las pruebas ofrecidas por la parte quejosa y con las constancias remitidas por las autoridades responsables en justificación de sus actos. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia. Como no se ofrecieron más elementos de convicción que deban relacionarse y desahogarse se cierra dicho periodo y se ordena abrir el de alegatos, en el que la Secretaria hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho. El Juez acuerda: Como no se formularon alegatos que deban relacionarse, se cierra dicho periodo. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia, firmando electrónicamente al calce los que en ella intervinieron; en la inteligencia de que quedan los autos en estado de resolución.- DOY FE. EL JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. LIC. FERNANDO UREÑA MORENO LA SECRETARIA. LIC. ERNESTINA OLVERA QUIROZ. AUDIENCIA CONSTITUCIONALProm. En Victoria, Tamaulipas, siendo las once horas con treinta y cinco minutos del veintidós de octubre de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1259/2021, promovido por JUAN CARLOS RIVAS CASANOVA; encontrándose en audiencia pública el licenciado Fernando Ureña Moreno, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con la asistencia de la licenciada Ernestina Olvera Quiroz, Secretaria de este Juzgado con quien actúa, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta, sin la comparecencia personal de las partes ni de sus autorizados. Enseguida la Secretaria hace una relación de las constancias de autos, y CERTIFICA: que obran agregados en autos los informes justificados rendidos por las autoridades responsables: OFICIO AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO 25724/2021 DIRECTOR Y/O ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE LA CLINICA HOSPITAL 240, DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE), MANTE, TAMAULIPAS Se tuvo por notificado por auto de tres de agosto de dos mil veintiuno. OMITIÓ RENDIR EL INFORME 25725/2021 JEFE O ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA CLINICA 240, DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE), MANTE, TAMAULIPAS Licenciada Rebeca Martínez Camacho, apoderada legal de la Secretaría de Salud del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad; Jefe de Jurisdicción Sanitaria Número Seis, y Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la citada Jurisdicción Sanitaria Número Seis, con residencia en ciudad Mante Tamaulipas. NIEGA 25726/2021 JEFE DE JURISDICCIÓN SANITARIA NO. VI DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO, CON SEDE EN MANTE, TAMAULIPAS Licenciada Rebeca Martínez Camacho, Jefe de Departamento Contencioso adscrito a la Dirección Jurídica y de Acceso a la Información de la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud de Tamaulipas y Dirección General del O.P.D. Servicios de Salud de Tamaulipas, en su carácter de apoderada legal de la Secretaría de Salud del Estado de Tamaulipas, en representación de la Secretaría de Salud del Estado de Tamaulipas, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número VI en Ciudad Mante y Jefe de Recursos Humanos de la misma unidad De los términos en que lo rinde se desprende la existencia del acto reclamado. 25727/2021 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. VI, EN MANTE, TAMAULIPAS Licenciada Rebeca Martínez Camacho, Jefe de Departamento Contencioso adscrito a la Dirección Jurídica y de Acceso a la Información de la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud de Tamaulipas y Dirección General del O.P.D. Servicios de Salud de Tamaulipas, en su carácter de apoderada legal de la Secretaría de Salud del Estado de Tamaulipas, en representación de la Secretaría de Salud del Estado de Tamaulipas, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número VI en Ciudad Mante y Jefe de Recursos Humanos de la misma unidad De los términos en que lo rinde se desprende la existencia del acto reclamado. 25728/2021 SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL Licenciado Héctor Mestre López, Subdirector de Recursos Administrativos adscrito a la Oficina dela Abogada General de la Secretaría de Salud, en representación de la Secretaría de Salud. NIEGA 25729/2021 SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Licenciada Rebeca Martínez Camacho, Jefe de Departamento Contencioso adscrito a la Dirección Jurídica y de Acceso a la Información de la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud de Tamaulipas y Dirección General del O.P.D. Servicios de Salud de Tamaulipas, en su carácter de apoderada legal de la Secretaría de Salud del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad De los términos en que lo rinde se desprende la existencia del acto reclamado. 25730/2021 COMISÍÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN DE RIESGOS SANITARIOS Comisionado Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad NIEGA A continuación se abre el período probatorio: La secretaria da nueva cuenta con las pruebas ofrecidas por la parte quejosa y con las constancias remitidas por las autoridades responsables en justificación de sus actos. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia. Como no se ofrecieron más elementos de convicción que deban relacionarse y desahogarse se cierra dicho periodo y se ordena abrir el de alegatos, en el que la Secretaria hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho. El Juez acuerda: Como no se formularon alegatos que deban relacionarse, se cierra dicho periodo. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia, firmando electrónicamente al calce los que en ella intervinieron; en la inteligencia de que quedan los autos en estado de resolución.- DOY FE. EL JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. LIC. FERNANDO UREÑA MORENO LA SECRETARIA. LIC. ERNESTINA OLVERA QUIROZ. AUDIENCIA CONSTITUCIONALProm. En Victoria, Tamaulipas, siendo las once horas con treinta y cinco minutos del veintidós de octubre de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1259/2021, promovido por JUAN CARLOS RIVAS CASANOVA; encontrándose en audiencia pública el licenciado Fernando Ureña Moreno, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con la asistencia de la licenciada Ernestina Olvera Quiroz, Secretaria de este Juzgado con quien actúa, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta, sin la comparecencia personal de las partes ni de sus autorizados. Enseguida la Secretaria hace una relación de las constancias de autos, y CERTIFICA: que obran agregados en autos los informes justificados rendidos por las autoridades responsables: OFICIO AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO 25724/2021 DIRECTOR Y/O ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE LA CLINICA HOSPITAL 240, DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE), MANTE, TAMAULIPAS Se tuvo por notificado por auto de tres de agosto de dos mil veintiuno. OMITIÓ RENDIR EL INFORME 25725/2021 JEFE O ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA CLINICA 240, DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE), MANTE, TAMAULIPAS Licenciada Rebeca Martínez Camacho, apoderada legal de la Secretaría de Salud del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad; Jefe de Jurisdicción Sanitaria Número Seis, y Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la citada Jurisdicción Sanitaria Número Seis, con residencia en ciudad Mante Tamaulipas. NIEGA 25726/2021 JEFE DE JURISDICCIÓN SANITARIA NO. VI DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO, CON SEDE EN MANTE, TAMAULIPAS Licenciada Rebeca Martínez Camacho, Jefe de Departamento Contencioso adscrito a la Dirección Jurídica y de Acceso a la Información de la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud de Tamaulipas y Dirección General del O.P.D. Servicios de Salud de Tamaulipas, en su carácter de apoderada legal de la Secretaría de Salud del Estado de Tamaulipas, en representación de la Secretaría de Salud del Estado de Tamaulipas, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número VI en Ciudad Mante y Jefe de Recursos Humanos de la misma unidad De los términos en que lo rinde se desprende la existencia del acto reclamado. 25727/2021 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. VI, EN MANTE, TAMAULIPAS Licenciada Rebeca Martínez Camacho, Jefe de Departamento Contencioso adscrito a la Dirección Jurídica y de Acceso a la Información de la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud de Tamaulipas y Dirección General del O.P.D. Servicios de Salud de Tamaulipas, en su carácter de apoderada legal de la Secretaría de Salud del Estado de Tamaulipas, en representación de la Secretaría de Salud del Estado de Tamaulipas, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número VI en Ciudad Mante y Jefe de Recursos Humanos de la misma unidad De los términos en que lo rinde se desprende la existencia del acto reclamado. 25728/2021 SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL Licenciado Héctor Mestre López, Subdirector de Recursos Administrativos adscrito a la Oficina dela Abogada General de la Secretaría de Salud, en representación de la Secretaría de Salud. NIEGA 25729/2021 SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Licenciada Rebeca Martínez Camacho, Jefe de Departamento Contencioso adscrito a la Dirección Jurídica y de Acceso a la Información de la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud de Tamaulipas y Dirección General del O.P.D. Servicios de Salud de Tamaulipas, en su carácter de apoderada legal de la Secretaría de Salud del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad De los términos en que lo rinde se desprende la existencia del acto reclamado. 25730/2021 COMISÍÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN DE RIESGOS SANITARIOS Comisionado Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad NIEGA A continuación se abre el período probatorio: La secretaria da nueva cuenta con las pruebas ofrecidas por la parte quejosa y con las constancias remitidas por las autoridades responsables en justificación de sus actos. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia. Como no se ofrecieron más elementos de convicción que deban relacionarse y desahogarse se cierra dicho periodo y se ordena abrir el de alegatos, en el que la Secretaria hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho. El Juez acuerda: Como no se formularon alegatos que deban relacionarse, se cierra dicho periodo. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia, firmando electrónicamente al calce los que en ella intervinieron; en la inteligencia de que quedan los autos en estado de resolución.- DOY FE. EL JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. LIC. FERNANDO UREÑA MORENO LA SECRETARIA. LIC. ERNESTINA OLVERA QUIROZ.
- Principal
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio DM/222/2021, signado por el Encargado de la Dirección Médica Clínica Hospital 24-D del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores el Estado, con residencia en ciudad Mante, Tamaulipas, mediante el cual remite copia certificada del oficio DM/165/2021, de seis de julio del presente año, así como de la solicitud del doctor Juan Carlos Rivas Casanova, aquí quejoso, sin que se ordene dar vista a las partes, pues las documentales allegadas ya se encuentran glosadas, según proveído de veinte de septiembre del año en curso. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa con el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario que autoriza y da fe.
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