Juan Carlos Rico Vidrio

Expediente 825/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
825/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
31/05/2022

Partes del expediente

  • Juan Carlos Rico Vidrio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Incidental

    MESA IV.- INCIDENTE ORIGINAL Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte se negó la suspensión definitiva a la parte quejosa; en consecuencia, se hace la indicación que el presente cuaderno original del incidente de suspensión del juicio de amparo 825/2022-IV, es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados, acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, destrucción que podrá realizarse una vez transcurridos los tres años a que se refiere el citado numeral. En la inteligencia que no se creó el cuaderno duplicado del incidente Finalmente, se ordena al Secretario realice la certificación correspondiente de coincidencia del expediente físico y su correspondiente expediente electrónico, previo al envió físico de este expediente al archivo de este Juzgado.

  2. Principal

    MESA IV.- CAUSA EJECUTORIA Vista la certificación de cuenta y como de la misma se desprende, que la parte a quien pudiera causarle perjuicio la sentencia dictada el once de mayo de dos mil veintidós por este Juzgado, en la que se sobreseyó en el presente asunto, no interpuso el recurso de revisión; en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA en sus términos dicha resolución. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que a la fecha no se cuente con el acuse de recibo del oficio remitido a las autoridades foráneas, con el que se le comunicó la sentencia que decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, ya que la misma solo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue esta quien directamente promovió la demanda de amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos fundamentales, y hasta el día de hoy no interpuesto el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar los actos dictados por las de la Ley de Amparo; en ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto.

  3. Principal

    MESA IV.- CAUSA EJECUTORIA RESOLUCIÓN: Vista la certificación de cuenta y como de la misma se desprende, que la parte a quien pudiera causarle perjuicio la sentencia de cuatro de enero de dos mil veintidós, terminada de transcribir el cuatro de abril del año en curso, no interpuso el recurso de revisión en su contra, en la que, en su único punto resolutivo, sobreseyó en el presente asunto interpuesto por ***, y en su segundo punto resolutivo AMPARÓ Y PROTEGIÓ A *** respecto a los actos que reclamó al Juez Primero de Control del Tercer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatoria y Oral con sede en Tekax, Yucatán y otras autoridades, para los efectos precisados en el considerando octavo de la sentencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA en sus términos dicha sentencia. Ahora bien, en el fallo protector que amparó a la parte quejosa, se determinó que la autoridad responsable Juez Primero de Control del Tercer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatoria y Oral con sede en Tekax, Yucatán, realice lo siguiente: A) Deje insubsistente la orden de aprehensión de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, dictada contra ***, dentro de la causa penal 14/2021, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 368, en relación con el 378, 383, y 384 del Código Penal del Estado de Yucatán, cometido en la persona de quien en vida respondió al nombre ***; y B) Siguiendo los lineamientos de la presente ejecutoria, con libertad de jurisdicción, en audiencia privada que deberá fijarse dentro de las veinticuatro horas siguientes a que cause ejecutoria esta sentencia, con la sola presencia del Ministerio Público, de manera fundada y motivada, resuelva la solicitud de orden de aprehensión, debiendo emitir su resolución oralmente, sin perjuicio de que con posterioridad lo haga de forma escrita, de conformidad con el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior incluye la libertad para que el Juez tome las medidas sanitarias que correspondan, así como la posibilidad que tal audiencia pueda realizarse mediante el uso de videoconferencia. Por lo anterior, con fundamento en el cuarto párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que en el improrrogable plazo de tres días hábiles contados a partir de que tenga conocimiento del presente acuerdo, cumpla con la sentencia dictada en el presente juicio, y remita las constancias que así lo acrediten, o bien, informe la imposibilidad jurídica que tiene para ello; apercibida que de no hacerlo así, hará acreedora de una multa equivalente a $9622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, a razón de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), valor que corresponde a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), correspondiente al año dos mil veintidós, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será el que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el tercer, transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que establece el artículo 258 que establece el artículo 258 de la ley de la materia; de igual forma, si este juzgado califica que la autoridad actuó injustificadamente en su actitud omisa y por el contrario, advierta una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que hayan propiciado un retardo en el cumplimiento en las ejecutorias concesorias de amparo; se iniciará el procedimiento de incumplimiento a la ejecución de las sentencias de amparo indirecto.

  4. Principal

    MESA IV.- Visto el estado de los autos y la certificación que antecede, de la que se desprende que mediante proveído de cuatro de abril del año en curso, se dio vista a la parte quejosa, con el oficio del Director Jurídico de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, en representación del Secretario dicha dependencia, proveído en el que se le apercibió a la parte quejosa, que en caso de no hacer manifestación alguna en el término de tres días, éste Tribunal acordaría lo que en derecho procediera, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades. Precisado lo anterior, conforme al artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo vigente, se procede a resolver si la sentencia de amparo está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de fecha veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, dictada por esta autoridad, en la que en su primer punto resolutivo AMPARÓ Y PROTEGIÓ a ***, en contra del acto reclamado al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con respecto al arresto administrativo, para los efectos precisados en la citada resolución. En el fallo protector que amparó al quejoso de mérito, se determinó que la autoridad obligada al cumplimiento es el Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, y el acto que debe realizar es: a) Deje insubsistente el arresto administrativo dictado en contra de la directa quejosa ***, y sus consecuencias. Cabe destacar que el anterior pronunciamiento, no veda la posibilidad de que la responsable pueda instaurar el procedimiento administrativo correspondiente, siempre y cuando respete la garantía de audiencia del peticionario de garantías, a efecto de defender sus derechos. Por acuerdo de siete de marzo del año en curso, causó ejecutoria la sentencia dictada en autos y se requirió a la citada autoridad responsable, el cumplimiento del fallo protector. Por oficio número SSP/DJ/12897/2022, signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en representación del Secretario de dicha dependencia, manifestó haber dado cumplimiento al fallo protector, y para tal efecto, exhibió copia certificada del acuerdo de treinta y uno de marzo del año en curso, en el cual dejó sin efectos el arresto administrativo por treinta y seis horas de fecha siete de noviembre de dos mil veintiuno, y dejó sin efecto las horas pendientes de compurgar del citado quejoso. De la lectura de las constancias, se considera que la autoridad responsable ha dado cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo siguiente: El Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en representación del Secretario de dicha dependencia, realizó los siguientes actos: Dejó sin efectos el acta de calificación de fecha siete de noviembre de dos mil veintiuno, en la cual se sancionó a ALEJANDRA ARTIGAS DE LA MACORRA; y seguidamente dejó insubsistentes las horas pendientes de compurgar de la citada quejosa. Por tanto, es evidente que con ello se colma la garantía de legalidad por cuya infracción se concedió el amparo y protección de la justicia federal y se ha restituido a la parte quejosa en el goce de las garantías constitucionales violadas, por lo que debe concluirse que resulta procedente declarar que LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente. En tal virtud, con fundamento en el artículo 201, fracción I y 202 de la Ley de Amparo de mérito vigente, hágase del conocimiento de la parte quejosa que puede interponer dentro del plazo de quince días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, el recurso de inconformidad establecido en el primer numeral citado, y que una vez transcurrido dicho plazo, sin que hubiere interpuesto el citado recurso, se ordenará el archivo de este expediente, de conformidad con los artículos 196 cuarto párrafo y 214 de la Ley de la Materia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA QUEJOSA.

Quedan 7 actuaciones en este expediente

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