Juan Carlos Rico Paredes

Expediente 413/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
413/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
27/04/2018

Partes del expediente

  • Juan Carlos Rico Paredes

Actuaciones

  1. Principal

    - V I S T A la certificación secretarial de cuenta, de la que se desprende . . . se declara que dicha determinación HA CAUSADO ESTADO . . . archívese el presente asunto como concluido . . .

  2. Principal

    CITATORIO: SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA, SE HACE EFECTIVO A LA PARTE QUEJOSA EL APERCIBIMIENTO CON EL QUE SE LE CONMINÓ DENTRO DEL CITATORIO DE 04/04/2018, QUE CONTIENE LA DETERMINACIÓN DE 03/04/2018 Y SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA DETERMINACIÓN DE TRES DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "....Querétaro, Querétaro, a tres de abril de dos mil dieciocho. Visto el escrito de cuenta registrado con número interno 4688, signado por el licenciado Daniel Cholula Guasco, Notario Público Número Dos adscrito de San Juan del Río, Querétaro, por medio del cual, en cumplimiento a los diversos requerimientos realizados por esta autoridad mediante los oficios con números 5168/2018, 6792/2018, 7827/2018 y 9501/2018, informa que enteró el pago que por los derechos que por servicios del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, debió pagar la parte quejosa, lo que acredita con copia simple del recibo con número de operación 2017/1901452, de fecha siete de septiembre de dos mil diecisiete. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2, se deja sin efectos requerimiento de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, realizado al Encargado del Servicio de Mensajería denominado ESTAFETA. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que el dos de marzo de dos mil dieciocho, se reservó proveer respecto del oficio número PF/DAF/01638/2018, signado por la Procuradora Fiscal del Estado de Querétaro, en representación de la autoridad responsable Secretario de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, por medio del cual, la autoridad antes mencionada hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que se encuentra a disposición de la parte quejosa el cheque 0349631 por la cantidad de $22,217.00 (veintidós mil doscientos diecisiete pesos 00/100 M.N.), en las instalaciones de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, lo que acredita con copia simple del mismo que anexa, dicha cantidad deberá ser cobrada en un término no mayor a un mes. Lo anterior hágase del conocimiento de la parte quejosa quien deberá comparecer en las instalaciones del notario oficiante los días martes y miércoles (días hábiles), en el horario de 11:30 a 13:30 horas y de 17:00 a 19:00 horas; y viernes de 11:30 a 14:30 horas, acompañándose de identificación oficial y copia fotostática de la misma (IFE vigente, cédula profesional o cartilla de servicio militar y poder notarial) para solicitar la entrega del cheque descrito en el párrafo que precede, no pudiendo delegar esta función terceras personas ni autorizados. Asimismo, téngase a la autoridad oficiante haciendo del conocimiento de este Juzgado Federal que los artículos 90 y 97, de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro vigente, se desincorporaran de la esfera jurídica de la parte quejosa, siempre y cuando dichos preceptos legales no sean objeto de reforma. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexos, dese vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días manifieste lo que a sus intereses legales convenga, apercibidos que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolverá sobre si se ha dado cumplimiento o no, a la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que obran en el expediente....". ANTE SU OMISIÓN DE COMPARECER A NOTIFICARSE, PREVIO CITATORIO QUE SE LE DEJÓ.

  3. Principal

    Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional debe examinar el escrito de demanda, pues en caso de existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia se deberá desechar de plano. Del escrito inicial de demanda se desprende que la quejosa reclama al administrador o encargado del Instituto del Deporte y Recreación de Querétaro, el acto que hace consistir en: (.) El que sin motivación y sin fundamentación, en flagrante discriminación a mi persona y en total violación a todos mis derechos humanos, y atacando además los ya tildados derechos humanos, mantienen sin uso y sin funcionamiento todos y cada uno de los bebederos de agua potable que se encuentran instalados en el INDEREQ en agravio al suscrito quejoso y de la sociedad y demás usuarios del instituto. En ese orden de ideas, en el caso concreto se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 y 5, todos de la Ley de Amparo, que en lo conducente prevén: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1.El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 5.Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De la interpretación de dichos dispositivos, se advierte que los Juzgados Federales conocerán del juicio de amparo, el cual procede contra normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y garantías otorgadas que prevé la Constitución, así como los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Conforme al último numeral, es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por su parte, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, esto es, crear, modificar o extinguir, en forma obligatoria, situaciones jurídicas, o de la omisión para desplegar un acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y no sólo debe analizarse su acto u omisión en sí, sino además, si afecta derechos y deriva de las facultades u obligaciones establecidas en una norma. Tiene sustento lo anterior en la tesis aislada XI.1o.A.T.25 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, visible en el libro 23, octubre de 2015, tomo IV, página 3823, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, registro 2010168, materia común, de rubro y texto: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO. PARA DETERMINAR SI UN PARTICULAR ENCUADRA EN ESA CATEGORÍA, NO SÓLO DEBE ANALIZARSE SU ACTO U OMISIÓN EN SÍ, SINO ADEMÁS SI AFECTA DERECHOS Y DERIVA DE LAS FACULTADES U OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN UNA NORMA. De los artículos 1o., fracción I y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo se advierte que el concepto de autoridad responsable queda desvinculado de la naturaleza formal del órgano público y atiende, ahora, a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir, en forma obligatoria, situaciones jurídicas, o de la omisión para desplegar un acto que -de realizarse- crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, máxime que la interpretación teleológica de la norma reglamentaria así lo confirma, al señalarse en el proceso legislativo -que le dio origen- la necesidad de ampliar la procedencia del juicio contra actos provenientes no sólo de autoridades, sino también de particulares, a través de los cuales se afectara la esfera jurídica de derechos de los gobernados, sin que ello significara el abandono de los medios de defensa ordinarios; y aunque se propuso que en la propia ley se especificaran los casos en que esos actos serían susceptibles de impugnación, se optó por dejar al Poder Judicial de la Federación la determinación de esas hipótesis, atento a las particularidades de cada caso y a las notas del acto cuestionado. En estas condiciones, autoridad responsable, para los efectos del juicio de amparo es: a) la que -con independencia de su naturaleza formal- dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que, de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y b) el particular que realice u omita actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos y que las funciones deben estar determinadas por una norma general. Por tanto, para determinar si un particular encuadra en la categoría de autoridad responsable, no sólo debe analizarse su acto u omisión en sí, sino además, si afecta derechos y deriva de las facultades u obligaciones establecidas en una norma." De ahí, que si la autoridad o particular a quien se le atribuye el acto reclamado no reúne la calidad de responsable para los efectos del juicio de amparo, éste se torna improcedente. Al respecto, con el fin de establecer las notas distintivas de la autoridad para los efectos del juicio de garantías, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia la Nación, en la jurisprudencia 164/2011, localizable en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, estableció: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." De tal criterio, el cual resulta aplicable de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de la Materia, se tiene como notas que distinguen a una autoridad responsable, que con motivo de una relación de supra a subordinación, emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, en el caso a estudio el Instituto del Deporte y Recreación de Querétaro no tiene una relación de supra a subordinación con la parte quejosa, ni emite actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. Lo anterior es así, pues el Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro es un organismo descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado, cuyo objeto será desempeñarse como el órgano rector de la política estatal en materia de deporte y recreación de conformidad con la Ley del Deporte del Estado de Querétaro, de conformidad con sus artículos 3 y 13, los cuales son del tenor siguiente: (.) Capítulo Segundo Del Sistema Estatal del Deporte Artículo 3. El Sistema estará constituido por el conjunto de las dependencias, instituciones, organizaciones y asociaciones públicas y privadas, que tienen como objetivo la promoción, el fomento, el desarrollo, la enseñanza y la práctica del deporte en el Estado y establecerá, de manera coordinada, los procedimientos que faciliten y agilicen dichas actividades, así como el aprovechamiento eficiente de los recursos humanos y materiales generados para el desarrollo del deporte. La coordinación del Sistema estará a cargo del organismo público descentralizado denominado INDEREQ. (Adición P. O. No. 82, 29-XI-17) (.) Capítulo Tercero Del Instituto del Deporte y Recreación del Estado de Querétaro Artículo 13. El INDEREQ es el organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado, cuyo objeto será desempeñarse como el órgano rector de la política estatal en materia de deporte y recreación de conformidad con la presente Ley y demás ordenamientos aplicables. (Ref. P. O. No. 82, 29-XI-17) El INDEREQ tendrá su domicilio legal en la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro. (Ref. P. O. No. 82, 29-XI-17) Para su funcionamiento, operación, desarrollo, vigilancia y control, el INDEREQ se sujetará a lo establecido en la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Querétaro y demás ordenamientos aplicables. (Ref. P. O. No. 82, 29-XI-17) Asimismo, las facultades del organismo descentralizado que nos ocupa, están enumeradas en el artículo 13 Bis de la Ley del Deporte del Estado de Querétaro, el cual es del tenor siguiente: Artículo 13 Bis. Corresponden al INDEREQ, las atribuciones siguientes: (Adición P. O. No. 82, 29-XI-17) I. Formular, proponer y ejecutar políticas que fomenten y desarrollen la práctica del deporte y la recreación en el Estado; (Adición P. O. No. 82, 29-XI-17) II. Promover y apoyar la celebración de eventos deportivos y actividades recreativas en el Estado, en coordinación con los organismos e instituciones de los sectores público, privado y social de la Entidad; (Adición P. O. No. 82, 29-XI-17) III. Administrar su patrimonio; (Adición P. O. No. 82, 29-XI-17) IV. Fungir como enlace y celebrar convenios con organismos deportivos nacionales, con los de otras entidades federativas, con los municipios y con los organismos internacionales que corresponda; (Adición P. O. No. 82, 29-XI-17) V. Coordinar la participación de las representaciones estatales deportivas de aficionados, para torneos regionales o nacionales, previniendo también el ámbito recreativo; (Adición P. O. No. 82, 29-XI-17) VI. Promover y realizar investigaciones en las ciencias y técnicas que inciden en los campos del deporte y la recreación, con especial énfasis en las áreas tecnológicas, de medicina deportiva y programas recreativos divulgando los resultados obtenidos; (Adición P. O. No. 82, 29-XI-17) VII. Propiciar desde el sector educativo, una mayor actividad participativa de los estudiantes en los programas que realice el Instituto; (Adición P. O. No. 82, 29-XI-17) VIII. Dirigir, administrar, regular y actualizar el Registro Estatal del Deporte; (Adición P. O. No. 82, 29-XI-17) IX. Otorgar los estímulos a que se refiere esta Ley; (Adición P. O. No. 82, 29-XI-17) X. Administrar las instalaciones deportivas y recreativas que formen parte de su patrimonio, garantizando su utilización y mantenimiento; (Adición P. O. No. 82, 29-XI-17) XI. Imponer las sanciones en el ámbito de su competencia, a que se refiere esta Ley, por conducto de su Director General y/o de quien establezca su Reglamento Interior; (Adición P. O. No. 82, 29-XI-17) XII. Formular opiniones tendientes a modificar o mejorar la infraestructura deportiva del Estado, y (Adición P. O. No. 82, 29-XI-17) XIII. Las demás que le confieran la presente Ley y otros ordenamientos aplicables. (Adición P. O. No. 82, 29-XI-17) De lo anterior se advierte que, en el caso, el Instituto del Deporte y Recreación de Querétaro, en el caso, no ejerce facultades de decisión que le estén atribuidas en un ordenamiento legal y que por ende, constituyan una potestad administrativa, lo que revela que dicho ente no es una autoridad para efectos del juicio de amparo. En consecuencia, toda vez que las omisiones cometidas en relación a los bebederos de agua potable, no es equivalente a un acto de autoridad, para efectos del juicio de amparo se actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 y 5, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR SU MANIFIESTA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA, la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa, en términos del artículo 113 de la misma Ley. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 890, del tomo VII, Mayo de 1998, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que estatuye: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTIAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechar de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Por otra parte, De conformidad con el artículo 93 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, y toda vez que el quejoso proporciona nombre de usuario FIREL, como lo solicita, se autoriza la consulta electrónica del presente expediente con usuario: federal.abogado. Hágase del conocimiento lo asentado en el párrafo que antecede al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, con fundamente en el artículo 26 fracción IV de la Ley de Amparo vigente en relación con los artículos 79, 80, 81 y 82 del consabido Acuerdo General Conjunto 1/2015, este Juzgado autoriza que las notificaciones de las resoluciones judiciales que deriven del presente juicio, se le practiquen de manera electrónica únicamente a la parte quejosa, por así solicitarlo expresamente. En consecuencia, con apoyo en la fracción II del artículo 30 de la Ley de la Materia, dígase a la parte quejosa que está obligada a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días, y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de dicho ordenamiento legal, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la hubiere enviado; bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo señalado, se tendrá por hecha la notificación correspondiente y surtirá sus efectos, debiendo asentar el actuario la razón correspondiente. Asimismo, cabe decir que, una vez que el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación produzca la constancia de la consulta realizada por la parte quejosa, con el aviso de la hora en que se recupere la determinación judicial correspondiente, contenida en el archivo electrónico, por una parte, el actuario la digitalizará para el expediente electrónico y, por otra, hará una impresión que agregará al expediente impreso como constancia de notificación. En la inteligencia de que, las notificaciones a las demás partes del presente juicio se practicarán de acuerdo al artículo 26 fracciones II y IV de la Ley de Amparo, según sea el caso; asimismo, esta Juzgadora de estimarlo conveniente, podrá ordenar que las notificaciones a la parte quejosa se hagan por conducto del actuario, quien además, hará constar lo conducente. Se instruye a los Actuarios de la adscripción para que tomen conocimiento de lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite. Para el caso de que en el presente asunto, se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. Conforme a lo dispuesto por el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de esos órganos del Poder Judicial de la Federación, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en concordancia con el numeral 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para omitir sus datos personales cuando se haga pública la sentencia respectiva que se dicte en el presente asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que dicha sentencia se publique sin supresión de datos. Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecinueve de diciembre de dos mil quince, así como artículo 3 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, digitalícese las demandas, recursos, incidentes, promociones y documentos que presentan las pares, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información con el presente expediente.

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