Juan Carlos Rico Paredes

Expediente 974/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
974/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
17/11/2017

Partes del expediente

  • Juan Carlos Rico Paredes

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Por tanto, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que se concedió al gestionante del amparo en proveído de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, para que subsanara las irregularidades de su demanda de amparo, sin que lo haya hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se le hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, Y SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por **********, por su propio derecho, contra actos del Encargado Titular Responsable de la Oficina Recaudadora que presta el Servicio para Trámites Vehiculares dependiente de la Secretaría de Fianzas, Inversión y Administración del Estado, con residencia en esta ciudad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 974/2017-I. En la especie, primeramente se estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en la fracción II del artículo 114, en relación con el artículo 108, fracción II, de la ley de la materia que dispone: Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad;." Como se advierte de la trascripción anterior, la parte quejosa tiene la insoslayable obligación de precisar en su libelo constitucional, el nombre y domicilio del tercero interesado, y en caso de que desconozca ello, deberá manifestarlo así bajo protesta de decir verdad. Bajo las consideraciones anteriores, del capítulo atinente al nombre y domicilio del tercero interesado, el promovente se limitó a indicar "Bajo protesta de decir verdad, señalo al tercero interesado, por medio de la autoridad responsable, ya que a criterio del quejoso no existe, amén de que ignoro el domicilio"; sin embargo, no señala el nombre de la persona a la que le revista tal carácter, ni el domicilio en el que puede ser emplazado, o en su caso, no manifestó bajo protesta de decir verdad que lo desconocía, tal y como lo prevé la fracción II, del artículo 108 de la Ley de Amparo. En ese sentido, al ser un requisito que debe satisfacerse en el escrito de demanda a fin de que el juzgador se encuentre en posibilidad de proveer sobre su admisión, es necesario prevenir a la parte quejosa para que subsane tal omisión. Por otro lado, la segunda irregularidad advertida emerge de lo dispuesto en las fracciones III y IV del artículo 108 de la Ley de Amparo, textualmente disponen: Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios." IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;." Del precepto transcrito se desprende la insoslayable obligación que tiene la parte quejosa de señalar en su libelo constitucional a las autoridades responsables, las cuales fungen en el juicio de amparo como la parte demandada, por lo que es indispensable que haga correctamente su designación, para que estén en posibilidades de defender los actos que se tachan de inconstitucionales, y evitar que si éstas tienen facultades para ejecutarlo, lo lleven adelante, argumentando no haber sido señaladas como responsables en la demanda respectiva. Lo anterior se justifica si se toma en cuenta que el artículo 5, fracción II de la Ley de la Materia, señala que es autoridad responsable: "(.) la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas (.)" De igual forma, el citado numeral establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa indique con precisión cuál es el acto de autoridad que reclama y haga una narración, bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al artículo 62 de la citada ley. Al respecto, el Ministro en retiro Genaro David Góngora Pimentel, en su obra titulada "Introducción al Estudio del Juicio de Amparo", Editorial Porrúa, página 458, Novena Edición, señala que esta exigencia implica que el agraviado indique en su demanda, lo más claramente que pueda, qué ley y qué acto reclama a las distintas autoridades responsables que señale, porque su imprecisión pueda dar lugar a diversos problemas, como son: a) Las autoridades responsables no podrían rendir su informe correctamente. b) Los terceros interesados no sabrían claramente de qué defenderse. c) La sentencia no tendría ejecución sobre la verdadera razón de ser del amparo, entre otros. Pues bien, en el caso concreto la parte quejosa en el capítulo atinente al acto reclamado indicó: "RECLAMO DE LA RESPONSABLE: LA NEGATIVA A INMATRICULAR Y DAR DE ALTA EL VEHÍCULO DE MI PROPIEDAD TIPO CAMIONETA **********, CON NÚMERO DE SERIE **********, COLOR BLANCO PERLA/GRIS/NEGRO, EN MI DOMICILIO UBICADO EN EL BOULEVARD ********** NÚMERO ********** PONIENTE INTERIOR ********** EN CELAYA GUANAJUATO, EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, ASÍ COMO LA EXPEDICIÓN DE PLACAS PARA EL LIBRE TRÁNSIDO CON LAS FORMALIDADES ADMINISTRATIVAS, SIN MOTIVACIÓN NI FUNDAMENTACIÓN." En el diverso tocante a las autoridades responsables, señaló a la siguiente: Encargado(a) Titular Responsable de la Oficina Recaudadora que presta el Servicio para Trámites Vehiculares dependiente de la Secretaría de Fianzas, Inversión y Administración del Estado, con residencia en esta ciudad. Sin embargo, de la lectura íntegra de su demanda de amparo, en específico en el capítulo relativo a la narración de los antecedentes del acto reclamado, se advierte que el quejoso manifiesta que fue una persona quien le atendió en cajas quien le dijo que no podía hacer el trámite de alta de vehículo que aduce es de su propiedad. Asimismo, del análisis de sus conceptos de violación se advierte que el punto cuatro, se encuentra encaminado a cuestionar la constitucionalidad de una averiguación previa. Consecuentemente, este Juzgador estima que no es posible establecer cuál es el acto de que se duele en esta instancia constitucional el quejoso, ni las autoridades a las cuáles les atribuye el mismo, ya que si bien es cierto que, en los capítulos correspondientes señala que reclama del Encargado Titular Responsable de la Oficina Recaudadora que presta el Servicio para Trámites Vehiculares dependiente de la Secretaría de Fianzas, Inversión y Administración del Estado, con residencia en esta ciudad, la negativa a inmatricular y dar de alta el vehículo de motor que aduce es de su propiedad, también lo es que manifiesta que quien se negó a realizar dicho trámite fue una persona quien le atendió en cajas, así como que en el capítulo de conceptos de violación ataca la constitucionalidad del inicio de una averiguación previa, lo que genera incertidumbre al no precisar con claridad cuál es el acto de autoridad que realmente reclama. Por tanto, es necesario que señale con claridad cuál es el acto que reclama, así como a las autoridades a las que atribuye dicho acto. Datos que resultan determinantes para la substanciación del presente juicio de amparo, por lo que dichas irregularidades tornan obscuro e irregular el libelo constitucional, al no permitir al suscrito conocer los pormenores de los antecedentes del acto reclamado. Ante las irregularidades advertidas es que, con fundamento en el artículo 108, fracciones II, III y IV, en relación con el diverso 114, fracción II, ambos de la Ley de la Materia, se determina prevenir a la parte quejosa para que, dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con dos copias de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes; para el supuesto de que el desahogo no se realice vía electrónica: Precise con claridad las autoridades que señala como responsables, así como cuál es el acto que les atribuye; y, Manifieste bajo protesta de decir verdad el nombre y el domicilio de la persona a la que le resulta el carácter de tercero interesado, o en su caso, que lo desconoce. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Cabe destacar que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si el promovente es quien la desahoga, dado que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar las irregularidades que se detectaron y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 18 y 37 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza a **********, el acceso al expediente electrónico que se lleva con motivo del presente juicio de amparo, así como para que se le practiquen las notificaciones que a su parte corresponde por esa vía; para tal efecto se le tiene proporcionando su nombre de usuario dado de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. De conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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