Juan Carlos Rico Paredes
Expediente 195/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 195/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 25/08/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Carlos Rico Paredes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, mediante el cual informa que ha causado estado el proveído por el que se desechó por improcedente el recurso de revisión interpuesto por el quejoso, en contra del auto de veinticuatro de junio del año en curso. En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, ya que el quejoso no realizó manifestación alguna respecto de si está de acuerdo o no en que de hacerse público el contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, se le tiene aceptando que se publiquen esos datos.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, mediante el cual informa que se desechó por improcedente el recurso de revisión interpuesto por el quejoso, en contra del proveído de veinticuatro de junio del año en curso.
- Principal
Agréguese en autos el escrito signado por el quejoso Juan Carlos Rico Paredes; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se acuerda: Se tiene al quejoso interponiendo recurso de queja contra el proveído de veinticuatro de junio pasado, por el que se desechó la demanda de amparo por notoriamente improcedente. En razón de lo anterior, y dada la naturaleza de la resolución recurrida, esto es, que no existe parte alguna a la cual se haya emplazado a este juicio de amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, el original y copia del escrito del recurso, así como copia certificada de la totalidad de las constancias que obran en el presente juicio. Ríndase el informe sobre la materia de la queja en el sentido de ser cierto el acto reclamado, toda vez que efectivamente este juzgado el veinticuatro de junio del año en curso, dictó un acuerdo en el que determinó desechar la demanda de amparo promovida por el quejoso.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el escrito signado por el quejoso, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento de diecinueve de los actuales: -Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que la fecha en que tuvo conocimiento de la orden de aprehensión reclamada fue: "EL DÍA 24 DE MAYO DEL 2014", aunque en el mismo escrito también señala que: "Lo fue el Día 24 de Julio del 2014". Ahora bien, del estado de autos se advierte que en proveído de seis de marzo de dos mil quince, se previno al quejoso a efecto de que manifestara bajo protesta de decir verdad: 1. El desconocimiento del nombre del tercero interesado y su domicilio, tal y como lo prevé la fracción II, del artículo 108 de la Ley de Amparo. 2. Los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, específicamente: -Si la orden de aprehensión que reclama fue la anterior al dictado del auto de formal prisión, o si se trata de alguna orden de reaprehensión de fecha posterior. -La fecha de emisión del auto de formal prisión, la fecha de notificación o en la que tuvo conocimiento del mismo. -Si el monto establecido como garantía para disfrutar de su libertad provisional bajo caución, se fijó durante su declaración preparatoria o en el auto de formal prisión reclamado. Prevención que se tuvo por parcialmente desahogada en auto de once de marzo pasado, dado que el quejoso únicamente cumplió con lo solicitado en el inciso 1) y 2), sub incisos a) y c), desatendiendo lo relativo al sub inciso b) de la presente. Circunstancia, que fue subsanada por el promovente del amparo mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad el quince de mayo de dos mil quince, en virtud de que del mismo se advierte que el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad: -Que la fecha en que tuvo conocimiento del auto de formal prisión que reclama, fue el veinticuatro de julio de dos mil catorce. De igual manera, en el escrito de referencia el quejoso manifestó su intención de ampliar su demanda respecto: "LA DESATENCIÓN AL DEBIDO PROCESO LEGAL, DESDE LA AVERIGUACIÓN PREVIA, POR PARTE DE LA RESPONSABLE, ASÍ COMO EL JUZGAR MAS DE DOS VECES POR LOS MISMOS HECHOS, EN VIRTUD DE QUE EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO, EN LA AVERIGUACION PREVIA, SE EJERCITO ACCION PENAL, CUATRO VECES POR LOS MISMOS HECHOS VERSUS EL QUEJOSO, COMO SE ADVIERTE DEL PROCESO PENAL 71/2013." En ese sentido, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda que promueve, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. Respecto al concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a página 77, Tomo 68, agosto de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora bien, para una mejor comprensión de lo que se resolverá, es menester precisar los actos reclamados que se desprenden del estudio y análisis conjunto de la demanda de amparo como de los escritos aclaratorios, atendiendo al criterio jurisprudencial sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.- Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Bajo la consideración anterior, se precisa que lo que el quejoso reclama en esta instancia constitucional, es: La orden de aprehensión emitida dentro del proceso penal 71/2013 del índice del Juzgado Primero Penal de Partido de esta ciudad. El auto de formal prisión dictado por el Juez Primero Penal de Partido de esta ciudad, dentro del proceso penal 71/2013 de su índice. El monto de la garantía fijada para gozar del beneficio de su libertad caucional. Las violaciones procesales y desatención al debido proceso, acaecidos en la averiguación previa que dio lugar al proceso penal 71/2013 del índice el Juzgado Primero Penal de Partido de esta ciudad. La omisión de la calificación de su detención. En ese orden, respecto a los actos reclamados e identificados bajo los incisos 1), 2) y 3) de la presente, consistentes en la orden de aprehensión, el auto de formal prisión y el monto de la garantía fijado para su libertad caucional, el suscrito advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." Del citado numeral se desprende, en lo que interesa, que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos legales. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el término genérico para la presentación de la demanda es de quince días, con excepción de las cuatro hipótesis que prevé el primero de los artículos invocados, y dicho plazo correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Esto es, conforme al artículo 18 de la ley de la materia el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución e, incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. De igual forma, se advierte que las referidas hipótesis se encuentran relacionadas mediante la conjunción 'o', que 'indica exclusión, alternativa o contraposición' (Diccionario de la Lengua Española Larousse, ediciones Larousse, primera edición, página 465), de lo que válidamente se concluye, que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia entre ellos, pues de haberlo querido así, el legislador hubiese señalado su orden de prelación. Por tanto, la esencia del referido artículo 17 se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, puesto que es suficiente que en la demanda de amparo el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que tal fecha constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia invocada, es necesario apuntar que de las constancias que integran el presente expediente se advierte que: 1. El quejoso acude a esta instancia constitucional reclamando entre otras cosas la orden de aprehensión, el auto de formal prisión y el monto de la garantía fijada para gozar del beneficio de su libertad caucional, emitidas por el Juez Primero Penal de Partido de esta ciudad, dentro del proceso penal 71/2013 de su índice. 2. Que derivado de la omisión del quejoso de señalar la fecha en la que tuvo conocimiento de la orden de aprehensión y el auto de formal prisión, o bien, la fecha en que le fue notificado el último, así como el momento en que le fue fijada la garantía para gozar del beneficio de su libertad bajo caución, en auto de seis de marzo y diecinueve de junio del año en curso se le previno, a efecto de que subsanara tales omisiones. 3. Que mediante escrito de diez de marzo de dos mil quince, el impetrante del amparo logra desahogar lo relativo al momento en el que le fue fijada la garantía para su libertad caucional, al manifestar bajo protesta de decir verdad que la misma le fue fijada al rendir su declaración preparatoria (veinticinco de mayo de dos mil catorce); sin embargo, respecto de la fecha de notificación o conocimiento del auto de formal prisión, al resultar ambigua e imprecisa su manifestación, no se le tuvo por desahogado. 4. En tales condiciones, y dado que no se le tuvo por cumplido el requerimiento respecto del auto de formal prisión, mediante el escrito presentado el diecisiete de marzo del presente año, el quejoso subsanó tal irregularidad y manifestó bajo protesta de decir verdad que el día en que tuvo conocimiento del auto de formal prisión fue el veinticuatro de julio de dos mil catorce. 5. Que derivado del recurso de queja interpuesto por el impetrante en contra del proveído de dieciocho de marzo pasado, se le previno para que manifestara bajo protesta de decir verdad la fecha en que tuvo conocimiento de la orden de aprehensión reclamada, prevención que se tuvo por cumplida mediante escrito presentado por el veintitrés de los actuales, y del cual se advierte que el quejoso manifiesta bajo protesta de decir verdad que ello aconteció "EL DÍA 24 DE MAYO DEL 2014", aunque en el mismo escrito también señala que: "Lo fue el Día 24 de Julio del 2014". Manifestaciones a las que se les otorga valor pleno como CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)."; y que sirven para tener por demostrada la fecha en que el quejoso tuvo conocimiento de dichos actos reclamados. Lo anterior, en la inteligencia de que es necesario que esté acreditado fehacientemente que la parte quejosa tuvo conocimiento de los actos de los que se duele, pues sólo de esta manera el término de quince días para presentar la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que se hizo sabedor. Circunstancia que en el caso acontece, ya que el solicitante del amparo conoció de los actos reclamados, en los siguientes momentos: Sobre la orden de aprehensión el día veinticuatro de mayo de dos mil catorce y/o el día veinticuatro de julio del mismo año, sin que resulte trascendente la discrepancia en las fechas señaladas, pues de cualquier forma ambas revelan sin lugar a duda la extemporaneidad de la demanda de amparo. En cuanto al auto de formal prisión, el veinticuatro de julio de dos mil catorce. Y respecto de la fijación de la garantía para su libertad caucional, al rendir su declaración preparatoria, esto es, el veinticinco de mayo de dos mil catorce. Consecuentemente, el término de quince días que establece el mencionado artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió en exceso, dado que el aludido plazo se computa a partir del día hábil siguiente al en que tuvo conocimiento de los actos reclamados. De ahí que si el quejoso presentó la demanda que se analiza el cuatro de marzo de dos mil quince en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, es inconcuso que se hizo con posterioridad al término que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, ante lo cual resulta manifiesto que se actualice en forma notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; por ende, los actos reclamados por el quejoso fueron consentidos tácitamente. Además, cabe señalar que los actos reclamados no se encuadran en los casos de excepción para presentar la demanda en un término distinto al genérico establecido en el artículo 17 de la ley de la materia, ya que no se ubica en ninguna de las hipótesis que prevé dicho numeral, pues no se cuestiona una norma general autoaplicativa, no se trata de un procedimiento de extradición, tampoco de una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, no es un acto privativo de la posesión, propiedad o disfrute de derechos agrarios y además no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación, destierro, proscripción o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. No es óbice a lo anterior, el hecho de que el quejoso argumente que el término de quince días no es aplicable al caso e invoque como apoyo las tesis de rubros: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL AFECTAR TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEL INCULPADO SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." "AMPARO INDIRECTO CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. BAJO EL MÉTODO DE INTERPRETACIÓN CONFORME Y LOS PRINCIPIOS PRO PERSONAE Y DE PROGRESIVIDAD, LA DEMANDA PUEDE PRESENTARSE HASTA ANTES DEL DICTADO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SUJETAR A PLAZO SU PRESENTACIÓN INFRINGUE LOS PRINCIPIOS PRO PERSONA Y DE PROGRESIVIDAD, POR TANTO, SOBRESEER EN EL JUICIO, SO PRETEXTO DE ACTUALIZAR LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN SU ARTICULO 61, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DE LA MATERIA (ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE), ES CONTRARIO A LOS DERECHOS HUMANOS." Esto es así, dado que el criterio sostenido en el primer rubro resulta inaplicable al caso concreto, habida cuenta que se refiere a la interpretación de la Ley de Amparo anterior a la vigente, la cual quedó abrogada con la entrada en vigor de la nueva ley de la materia, lo que aconteció el tres de abril de dos mil trece. Lo anterior, en congruencia con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la nueva Ley, conforme a la cual, los actos reclamados en análisis, quedan comprendidos en el término genérico de quince días para la promoción del juicio de amparo. Circunstancia similar acontece con los criterios referidos en el segundo y tercer rubro, ya que al tratarse de criterios aislados provenientes de Tribunales Colegiados de diversos circuitos, no resultan vinculantes ni obligatorios para el suscrito juzgador, de conformidad con lo establecido por el artículo 217 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO RESPECTO DE LOS ACTOS CITADOS EN LOS INCISOS 1), 2) Y 3) DE LA PRESENTE DETERMINACIÓN, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Ahora bien, en lo que atañe a los actos acotados bajo los incisos 4) y 5) de la presente, consistentes en las violaciones procesales y desatención al debido proceso, acaecidos en la averiguación previa que dio lugar al proceso penal 71/2013 del índice el Juzgado Primero Penal de Partido de esta ciudad, y la omisión de la calificación de la detención del quejoso, el suscrito estima que los mismos resultan improcedentes al encontrarse vinculados con los actos reclamados que fueron desechados en acápites anteriores, ello en virtud de que: I. Si bien es cierto que las violaciones cometidas durante la averiguación previa, pueden ser analizadas en amparo indirecto, no menos cierto es que para que sea factible su estudio, resulta necesario que se reclame un acto respecto del cual sea procedente el juicio de amparo indirecto (verbigracia, orden de aprehensión o auto de formal prisión), pues por la esencia de las transgresiones alegadas, lo que se persigue es la exclusión de la prueba ilícita, a fin de salvaguardar los derechos fundamentales de las personas. En este sentido, conforme al planteamiento de la demanda de amparo, las violaciones aducidas no fueron reclamadas de manera destacada y autónoma, sino en estrecha vinculación con la orden de aprehensión y el auto de formal prisión combatidos, tan es así, que ni siquiera se señaló como autoridad responsable al Ministerio Público que integró la correspondiente averiguación, aunado a que en caso de que se hubiere planteado una impugnación en los términos señalados, a la fecha la misma resultaría de cualquier manera extemporánea. En este contexto, es claro que el quejoso se propuso combatir primordialmente los actos que atribuyó a la única autoridad señalada como responsable, a saber, la orden de aprehensión y el auto de formal prisión, y que con motivo de dicha impugnación hizo valer las violaciones procesales que, según estima, acontecieron durante la averiguación previa; de ahí que el estudio de dichas violaciones se encuentre supeditado a la suerte de su acción principal. Sin embargo, dado que en la especie se determinó desechar la demanda de amparo enderezada en contra de los actos antes señalados, dictados en perjuicio del quejoso, igual determinación corresponde a las violaciones procesales de mérito, al no configurar un reclamo independiente y autónomo. II. De manera similar, en cuanto al reclamo de la omisión de calificar su detención, el quejoso la vincula con el dictado del auto de formal prisión. En efecto, en su escrito inicial de demanda, señaló lo siguiente: ". en mi declaración preparatoria ante el juez. incluso LE SOLICITÉ DE MANERA EXPRESA A LA RESPONSABLE CALIFICARA LA DETENCIÓN, sin que lo haya hecho." Y más adelante manifiesta: ". me duelo más de que la responsable omitió calificar en el auto de término, la detención del quejoso." Con base en lo expuesto, se puede válidamente establecer que el quejoso reclama una supuesta omisión respecto del auto de término constitucional, es decir, que se duele que en el auto de formal prisión el juez responsable no hiciera la calificación de su detención, tal como lo solicitó al momento de rendir su declaración preparatoria. Así, al margen de la oportunidad en la que planteó su petición, es un hecho que el quejoso ubica la omisión reclamada precisamente en el auto de formal prisión; pero como en el caso ya se determinó desechar la demanda de amparo en relación con dicha determinación, es evidente que la supuesta omisión ya no puede ser verificada en esta instancia constitucional. A mayor abundamiento, se estima que por el simple dictado del auto de formal prisión, operó un cambio de situación que impide el análisis de la legalidad de la detención del quejoso, pues la afectación a la libertad personal del impetrante deja de ser consecuencia de su detención, y se justifica con el auto de término constitucional, de manera que ya no podría resolverse sobre su constitucionalidad sin afectar la nueva situación jurídica, de acuerdo con lo previsto en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Por todo lo expuesto, se estima que lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO RESPECTO DE LOS ACTOS CITADOS EN LOS INCISOS 4) Y 5) DE LA PRESENTE DETERMINACIÓN, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 8° y 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, 8 y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; hágase saber a las partes que el contenido del expediente, estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, así también, el derecho que les asiste, para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo, su oposición a que sus datos personales se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que la falta de oposición hará suponer su consentimiento para que el contenido del expediente se publique sin supresión de datos, en el entendido de que aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8° de la Ley, las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones dictadas en expedientes de asuntos de cualquier materia que por disposición legal o por su naturaleza puedan afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable y, en su caso, los documentos que obren en ellos y no sean reservados o confidenciales, se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se supriman los datos personales de las partes, salvo su nombre, y en la medida en que no impidan conocer el criterio sustentado por el Juzgador.
Quedan 4 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,190 expedientes
- Juan Carlos Rico Paredes y Otros.644/2022
- Juan Carlos Rico Paredes836/2017
- Juan Carlos Rico Paredes349/2023
- Juan Carlos Rico Paredes654/2023
- Juan Carlos Rico Paredes420/2017
- Juan Carlos Rico Paredes862/2021
- Juan Carlos Rico Paredes y Otros.637/2023
- Juan Carlos Rico Paredes311/2018
- Juan Carlos Rico Paredes966/2017
- Juan Carlos Rico Paredes686/2017
- Juan Carlos Rico Paredes264/2021
- Juan Carlos Rico Paredes967/2017