Juan Carlos Rico Paredes
Expediente 743/2014 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 29 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 743/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 09/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Carlos Rico Paredes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
Se tiene por recibido el oficio que suscribe la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, Capital; y en atención a su contenido, se ordena agregar el oficio y anexos de cuenta únicamente para que obren como corresponda, toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido.
- Principal
A sus autos para que obre como corresponda el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, toda vez que el presente asunto está totalmente concluido.
- Principal
Visto el escrito de cuenta signado por el quejoso ****, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, se autoriza la expedición a su costa, de copias certificadas del oficio registrado con el número 4012 signado por el Juez Primero de Partido Penal, con sede en esta ciudad, por medio del cual, rindió su informe en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, así como del auto de treinta de mayo de dos mil diecisiete, a través del cual se le dio vista (fojas 407-415), previa razón de recibo se asiente en autos. En cuanto a las manifestaciones que refiere el ocursante no ha lugar a realizar pronunciamiento alguno, en virtud de que lo que alude no fue materia de la concesión de amparo.
- Principal
Visto el estado procesal de autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término que le fuera concedido a la parte quejosa a efecto de que manifestara lo que a su interés correspondiera en relación a los actos realizados por la aquí responsable en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente Juicio de Amparo, sin que haya hecho manifestación alguna al respecto. Por lo anterior, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado procede a emitir determinación en relación a los actos de ejecución de sentencia realizados por la autoridad responsable Juez Primero de Partido Penal, con residencia en esta ciudad. De conformidad con lo que establece el artículo Sexto Transitorio de la nueva Ley de Amparo, es de invocarse la Jurisprudencia 2ª./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 242 del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, que en su literalidad dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Ahora bien, mediante sentencia de veintiuno de mayo de dos mil quince, se determinó sobreseer y negar el amparo y protección de la Justicia Federal, al peticionario de amparo ***; inconforme con la resolución en cita, la parte quejosa, interpuso recurso de revisión, tocando conocer del mismo al entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, quien mediante resolución de catorce de diciembre de dos mil quince, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la facultad de atracción para resolver el citado recurso; una vez lo anterior, la Primera Sala del Alto Tribunal, mediante resolución de veintidós de febrero del presente año determinó: "PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se revoca el sobreseimiento decretado por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, en los considerandos segundo y tercero de la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***, en contra de los actos de tortura alegados en la demanda de amparo y para los efectos precisados al inicio del considerando quinto de la presente ejecutoria. CUARTO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Juan Carlos Rico Paredes, contra los actos reclamados al Juez Primero Penal de Partido con residencia en Celaya, Guanajuato, relativos a la fianza impuesta para el otorgamiento de la libertad provisional y la violación al principio non bis in ídem, de conformidad con las consideraciones expuestas en el considerando quinto de esta ejecutoria". Mediante proveído de veinticinco de mayo del año en curso, se tuvo por recibida dicha resolución, motivo por el cual, se procedió a requerir al Juez Primero de Partido Penal, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles diera cumplimiento a dicha ejecutoria y remitiera constancia que así lo acreditara, en el entendido de que dicho cumplimiento consistiría en: La citada autoridad jurisdiccional de primera instancia, debe, por una parte, respecto de la tortura en su vertiente de delito dar vista al Ministerio Público de su adscripción, a efecto de que proceda de oficio y de inmediato, a investigar sobre la certeza de la denuncia de tortura que hizo el quejoso. En el entendido que dicha investigación deberá realizarse de manera independiente, imparcial y meticulosa, con la finalidad de determinar el origen y naturaleza de la afectación a la integridad personal del quejoso, así como identificar y en su caso procesar a las personas responsables de su comisión. Por lo cual, mediante oficio registrado con el número 4012 el Juez Primero de Partido Penal, con residencia en esta ciudad, informó que en cumplimiento a la ejecutoria de mérito, dictó el acuerdo de veintiséis de mayo de la anualidad que corre, el cual, en lo que interesa dice: .A efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de amparo es por lo que se da vista al Agente del Ministerio Público Investigador de esta adscripción, a efecto de que proceda de oficio a investigar sobre la certeza de la denuncia de tortura que hizo Juan Carlos Rico Paredes, en el entendido que dicha investigación deberá realizarse de manera independiente, imparcial y meticulosa con la finalidad de determinar el origen y naturaleza de la afectación a la integridad personal de ***, así como identificar y en su caso procesar a las personas responsables de su comisión". En consecuencia, con fundamento en el numeral 196 de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida la sentencia ejecutoria decretada en este juicio de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación CXIV/97, consultable en la página 414 del Tomo VI, octubre de 1997, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo rubro y contenido dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", y otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". En la inteligencia que las tesis invocadas son aplicables de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor al día siguiente a aquel en que fue publicada en el citado medio de difusión oficial nacional; en razón de que no se oponen a los postulados establecidos en la mencionada Ley. Por otro lado, en proveído de siete de junio de la presente anualidad, se reservó emitir determinación con relación al escrito presentado por el peticionario del amparo, por el que desahogó la vista que le fue otorgada precisamente con las constancias que la autoridad responsable emitió en cumplimiento a la sentencia de Amparo, solicitando que la responsable pusiera en conocimiento de los hechos materia de la ejecutoria de amparo, al Procurador General de Justicia de Guanajuato, ello en razón de que le recae la responsabilidad de todos los actos de los servidores públicos a su cargo; por lo que se levanta la reserva decretada y se da respuesta a las manifestaciones de la parte quejosa de la forma siguiente: En virtud de lo anterior, atendiendo a las precisiones asentadas en párrafos precedentes, se dejan a salvo sus derechos, para que los haga valer en la vía y forma que considere pertinente, toda vez que como ya se expresó, la concesión de amparo fue únicamente para el efecto de que la autoridad responsable, por una parte, respecto de la tortura en su vertiente de delito diera vista al Ministerio Público de su adscripción, a efecto de que proceda de oficio y de inmediato, a investigar sobre la certeza de la denuncia de tortura que hizo el quejoso. En el entendido que dicha investigación deberá realizarse de manera independiente, imparcial y meticulosa, con la finalidad de determinar el origen y naturaleza de la afectación a la integridad personal del quejoso, así como identificar y en su caso procesar a las personas responsables de su comisión, situación que aconteció al emitir el acuerdo de veintiséis de mayo de la anualidad que corre, dando así cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio. En tal virtud, una vez que transcurra el término a que alude el artículo 201 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal, en términos del numeral 202 de la citada Ley de Amparo. Previo archivar física y materialmente el expediente en que se actúa, estese en espera de que transcurra el término a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal, será susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordeno su archivo. En relación al cuaderno original de incidente de suspensión, será susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, toda vez que en el presente asunto aparece que fue concedida la suspensión provisional del acto reclamado, por lo que, se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el manual para la organización de archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en diciembre 2012; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo a punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses. En virtud de lo anterior, devuélvase al Juez responsable, las copias certificadas deducidas del Proceso Penal 71/2013, en tres tomos, por ser innecesaria su retención, las cuales acompañó a su oficio número 2412 de veintinueve de agosto de dos mil catorce.
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