JUAN CARLOS RICO PAREDES y Otros.

Expediente 754/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
754/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
18/08/2022

Partes del expediente

  • JUAN CARLOS RICO PAREDES y Otros.
  • Oliva Paredes Paredes
  • Juan Carlos Rico Paredes

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el oficio signado por la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, al que anexa copia certificada de la resolución emitida el doce de agosto de dos mil veintidós, dentro del recurso de queja administrativo 661/2022, que declaró infundada la queja interpuesta por Raúl Ignacio Gonzalez Casillas en representación de su menor hijo de iniciales I.G.R., en contra del auto de cinco de enero del año en curso, en el cual se negó la suspensión de plano; al respecto, agréguese únicamente para que conste, toda vez que en auto de dieciséis de agosto del presente año, se recibió vía electrónica el testimonio de fecha doce de agosto de dos mil veintidós, emitido en el citado recurso. Asimismo, como lo solicita, acúsese el recibo correspondiente, vía interconexión. Por otra parte, agréguese a sus autos el oficio remitido por el apoderado legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del estado de Guanajuato, por siglas "ISAPEG", mediante el cual informa que en cumplimiento a la suspensión de plano, el menor de edad quejoso que se encuentra entre el rango de entre cinco y once años de edad, deberá acudir a las diez horas del diecinueve de agosto de dos mil veintidós, en las instalaciones del Hospital Materno Infantil de Irapuato, ubicado en vialidad interior, Malvas 367, colonia Revolución de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna PfizerBioNTech. Por tanto, se estima necesario hacer del conocimiento de la parte promovente del amparo lo señalado por la autoridad oficiante, por lo que deberán acudir a la cita en compañía del menor quejoso y exhibir los siguientes documentos: Auto donde se concedió la suspensión de plano. Original de la aplicación de la primera dosis. Identificación oficial vigente del padre, tutor o representante del menor de edad quejoso. En ese sentido, dada la premura de la fecha, se ordena a la sección de Actuaría que, en caso de que en la demanda se haya proporcionado un correo electrónico o número telefónico (whatsapp) para entablar comunicación, también lo haga por estos medios a los promoventes o a sus autorizados (deberá realizar todos los actos necesarios para que se practique con la mayor premura posible). Lo anterior, en el entendido de que deberá levantar constancia del resultado de la encomienda. En tal virtud, se requiere a la parte quejosa para que, dentro del plazo de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste si en la fecha aludida se inoculó a los menores con la segunda dosis del biológico respectivo. Se apercibe a la parte accionante que, de ser omisa en contestar el presente requerimiento, o de no haber realizado los actos conducentes para inocular a los infantes quejosos, o bien, de no acreditar el impedimento justificado para ello, se entenderá que hay desinterés para su vacunación y, por ende, su consentimiento respecto de la omisión reclamada a las autoridades responsables; lo que, en su caso, traerá como consecuencia el sobreseimiento de este asunto. Lo que precede releva la posible actualización de una causal de improcedencia, por lo cual se torna necesario recabar los medios de convicción conducentes para constatar su actualización. En apoyo a lo expuesto se invoca la jurisprudencia 1a./J. 163/2005, visible en la página 319 del Semanario Judicial de la Federación, tomo XXIII, enero de 2006, Novena Época, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL." Además de lo anterior, se comisiona a los actuarios de la adscripción para que, vía correo electrónico, hagan entrega de la misiva que derive de este auto al apoderado legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del estado de Guanajuato, por siglas "ISAPEG" para que una vez transcurrida la data que proporcionó, informe lo que haya acontecido. En el entendido de que, de no hacerlo, se podrá hacer acreedora a las sanciones precisadas en el auto en el que se concedió la suspensión de plano. Finalmente, se destaca que la misiva fue recibida al correo electrónico institucional de este órgano jurisdiccional sin evidencia criptográfica; sin embargo, en términos del artículo 28 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se privilegia el uso de medios electrónicos para la continuación de la secuela procesal en el presente asunto. Es orientadora al respecto, por analogía, la jurisprudencia I.3o.P. J/3 (10a.) emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con número de registro digital 2016852, de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 54, mayo de 2018, tomo III, página 2178, de rubro: "CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL".

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de veintidós de julio del año actual, en la que este juzgado desechó la demanda de amparo promovida por ********************, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Se reserva hacer pronunciamiento en torno al archivo del presente asunto, hasta en tanto cause firmeza la determinación tomada en proveído diverso de ocho del mes y año actuales.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, así como de la certificación de cuenta, se advierte que le transcurrió al agraviado *************, el plazo legal contenido en proveído de veintidós de julio del año actual, por el que se le requirió para que dentro del término de cinco días, legalmente computado, regularizara su demanda al tenor de lo siguiente: "1.- Aclare qué actos en concreto reclama; esto es, si cuestiona una resolución determinante de un crédito fiscal derivado de las cuentas prediales -a su nombre- que menciona, así como la falta de notificación legal de ésta; o bien, la falta de llamamiento legal al procedimiento económico coactivo incoado en su contra, así como los demás actos que deriven de tal procedimiento, como embargo y remate. Ello porque la información vertida en el escrito de demanda es ambigua en tal sentido, pues en el punto 1 del capítulo correspondiente, menciona como reclamo "El monto del impuesto predial prescrito y las consecuencias administrativas que de ello deriva, cito el procedimiento económico coactivo"; mientras que en el punto 2, señala "El monto del impuesto predial prescrito y las consecuencias administrativas que de ello deriva, embargo y remate". En tanto que en el capítulo de antecedentes, punto III, precisa "(.) En data 24 de febrero, de forma espontánea, los quejosos, fueron a cubrir las contribuciones omitidas, ante las responsables, quienes nos enteraron, que no podíamos cubrir el pago del año 2022, y que deberíamos cubrir las contribuciones desde el año 2016, a la fecha así como los recargos, ello de manera simple y llanamente, por lo que nos enteraron, un documento que contiene los montos y conceptos, por ende, nos están imponiendo y requiriendo del pago de un crédito fiscal ilegal prescrito; y recargos improcedentes, (.) sin desatender que nunca se nos requirió de pago alguno de manera personal y directa a ninguno de los quejosos, lo que equivale a la falta y ausencia toral de requerimiento e inicio o requerimiento de pago o emplazamiento, al actualizar dicha violación las responsables violentan nuestros derechos humanos". Lo que antecede revela que se inconforma en contra de un monto de impuesto predial por los ejercicios fiscales que indica, empero, no se desprende con nitidez si esto deriva de una resolución determinante de un crédito fiscal, o de un procedimiento económico coactivo; sobre todo porque se duele de ausencia emplazamiento, lo que es propio de un procedimiento de cobro coactivo. De ahí que se deba aclarar la demanda para que las autoridades responsables estén en aptitud de rendir adecuadamente su respectivo informe de ley; además que el dato requerido conforma un requisito legal de la demanda acorde a lo dispuesto por el artículo 108, fracción IV de la ley de la materia. Además, la información requerida también se torna necesaria para, de ser el caso, determinar los alcances y efectos de la medida cautelar solicitada. No se inadvierte que en la demanda se menciona que se reclaman como consecuencia el embargo y remate; pero no especifica si esa consecuencia es futura e inminente o si es actual; lo que patentiza la necesidad de la aclaración requerida; tanto más que el agraviado menciona, en su narrativa de hechos, que le enteraron un documento que contiene montos y conceptos. Esto revela que la parte quejosa cuenta con información para aclarar la demanda en lo que ahora se previene. 2. Para el supuesto en que la parte quejosa aclare la demanda en el punto que antecede; entonces, que precise a qué autoridad o autoridades señala como responsables de los actos que combate. Esto en acato a lo dispuesto por el numeral 108, fracciones III y IV, de la ley de la materia, que estatuyen que en la demanda constitucional se indicarán la autoridad o autoridades responsables y los actos u omisiones que de cada autoridad se cuestionan; máxime que las autoridades que intervienen en la determinación de créditos fiscales normalmente son distintas a las que participan en el procedimiento de ejecución coactivo; de ahí que sea necesario que la demanda se complete en el sentido apuntado. 3. Aclare la cuenta predial y clave catastral de los inmuebles que menciona en el ocurso de demanda, en los puntos 3 y 4 del capítulo de actos reclamados, pues en ambos casos se asentaron los mismos datos -cuanta predial y clave catastral-, para dos diversos inmuebles. Al respecto señaló la parte quejosa: "3. El monto del impuesto predial prescrito y las consecuencias administrativas que ello deriva, embargo y remate, respecto del predio ubicado en la calle laureles número 315, INTERIOR 2, de la colonia jardines de Celaya, Guanajuato, con cuenta predial UE001561001, CLAVE CATASTRAL 64-G9-13-043-010 PROPIEDAD DEL QUEJOSO JUAN CARLOS RICO PAREDES." 4. El monto del impuesto predial prescrito, así como los recargos respecto del impuesto predial y las consecuencias administrativas que ello deriva, embargo y remate, respecto del predio ubicado en la calle paraíso número 119, de la colonia brisas del Carmen de Celaya, Guanajuato, con cuenta predial *********, CLAVE CATASTRAL ************** PROPIEDAD DEL QUEJOSO **************." Se insiste, lo transcrito revela que a dos diversos inmuebles en la demanda de amparo se asignó la misma cuenta predial e igual clave catastral, lo que evidentemente genera confusión sobre cuál de los dos datos es el correcto; motivo por el que resulta necesario que se aclare la demanda en ese sentido a fin de tener certeza de lo que se está reclamando (.)" En dicho acuerdo el agraviado de referencia fue apercibido que para el caso de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, se tendría por no presentada la demanda de que se trata, en los términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo; sin que desahogara la prevención, dentro del plazo concedido para ello. En tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento efectuado en el indicado proveído de veintidós de julio de dos mil veintidós, y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, se tiene por NO PRESENTADA la demanda de amparo. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  4. Principal

    Recepción y registro de la demanda Por recibido el oficio de cuenta que firma el actuario del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el estado de Querétaro, al que anexa el expediente judicial número 244/2022 de la estadística de ese órgano jurisdiccional, con motivo de la demanda de amparo presentado por ***************** y ************. En tal virtud, en atención a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, al compartir los argumentos del órgano oficiante, y toda vez que los actos reclamados se relacionan con el cobro del impuesto predial y sus consecuencias como embargo y remate respecto de inmuebles situados en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, cuya propiedad ostenta la parte quejosa, lo que tiene o tendrá ejecución precisamente en la sede de este juzgado federal; por tanto, se acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo de que se trata. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el registro número 754/2022-5. Vía interconexión, remítase el acuse de recibo y recábese la constancia electrónica que evidencie su envío. Desechamiento parcial de la demanda de amparo De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, esta operadora jurídica tiene la obligación de analizar la demanda de amparo y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano; de ahí que deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, tomo VI, parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, cuyo rubro y texto es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, dispone el invocado numeral 113 lo siguiente: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Asimismo, el citado artículo señala que las causales de improcedencia deben ser manifiestas e indudables, entendiéndose por lo primero, lo que se da a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se apoya para que de forma contundente se determine la causa de improcedencia, que se actualiza y por lo segundo, aquello que es evidente, lo que no se puede poner en duda. Pues bien, en el caso se advierte de forma manifiesta la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 3 y 6 del mismo ordenamiento, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que, tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Los artículos transcritos disponen, en principio, que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia derive de alguna disposición de dicha ley, pero distinta a las previstas en el numeral 61; en relación con este punto, el diverso artículo 6 de la ley de la materia dispone que la acción constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame, es decir, que resienta un perjuicio, daño o menoscabo sobre él o sobre su patrimonio, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado y que el juicio de amparo puede instaurarse de forma electrónica mediante el empleo de las tecnologías de la información, en cuyo efecto se hará uso de la Firma Electrónica, conforme con la regulación que emita el Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, se dispone que la firma electrónica es un medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Por su parte, en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se regulan los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. En tal ordenamiento, en su numeral 59 se dispone que en los servicios en línea que presta el Consejo de la Judicatura Federal, se utilizará la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación como firma electrónica o certificado digital institucional, emitida por la Unidad, a través de las Unidades de Certificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece. Ahora bien, del contenido de la demanda de cuenta se aprecia que la misma se presentó de forma electrónica; sin embargo, se observa que no contiene firma electrónica de la co-agraviada Oliva Paredes Paredes, por lo que no es posible tener por colmado el principio de instancia de parte agraviada, exclusivamente por lo que a dicha quejosa se refiere. En efecto, el artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el llamado principio de instancia de parte agraviada, y es esa disposición rectora del juicio de amparo que se traduce en el normativo transcrito en líneas anteriores, que establece que el juicio de amparo debe seguirse siempre a iniciativa o instancia de la parte agraviada por el acto de autoridad y al no existir la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad de los que aparecen como promoventes, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del quejoso directo. En mérito de lo anterior, no es posible proveer sobre una demanda, cuya firma electrónica no obra, lo cual resulta menester para satisfacer el principio de que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, en términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 107 de la Constitución General de la República. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro señala: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE." Así también, la tesis jurisprudencial P./J. 8/2019 (10a.), del Pleno del Máximo Tribunal, con registro electrónico 2019715, del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO." En las relatadas condiciones, al estar plenamente demostrada la actualización de la causa de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 3º y 6, de la Ley de Amparo, con apoyo en el precepto 113, de la ley de la materia, procede desechar por notoriamente improcedente la demanda de derechos fundamentales instada por la agraviada Oliva Paredes Paredes. Prevención de la demanda Por otra parte, para estar en aptitud de acordar sobre la admisión de la demanda promovida por Juan Carlos Rico Paredes, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción III, 112 y 114, fracción IV de la Ley de Amparo, requiérase al quejoso para que dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído: 1.- Aclare qué actos en concreto reclama; esto es, si cuestiona una resolución determinante de un crédito fiscal derivado de las cuentas prediales -a su nombre- que menciona, así como la falta de notificación legal de ésta; o bien, la falta de llamamiento legal al procedimiento económico coactivo incoado en su contra, así como los demás actos que deriven de tal procedimiento, como embargo y remate. Ello porque la información vertida en el escrito de demanda es ambigua en tal sentido, pues en el punto 1 del capítulo correspondiente, menciona como reclamo "El monto del impuesto predial prescrito y las consecuencias administrativas que de ello deriva, cito el procedimiento económico coactivo"; mientras que en el punto 2, señala "El monto del impuesto predial prescrito y las consecuencias administrativas que de ello deriva, embargo y remate". En tanto que en el capítulo de antecedentes, punto III, precisa "(.) En data 24 de febrero, de forma espontánea, los quejosos, fueron a cubrir las contribuciones omitidas, ante las responsables, quienes nos enteraron, que no podíamos cubrir el pago del año 2022, y que deberíamos cubrir las contribuciones desde el año 2016, a la fecha así como los recargos, ello de manera simple y llanamente, por lo que nos enteraron, un documento que contiene los montos y conceptos, por ende, nos están imponiendo y requiriendo del pago de un crédito fiscal ilegal prescrito; y recargos improcedentes, (.) sin desatender que nunca se nos requirió de pago alguno de manera personal y directa a ninguno de los quejosos, lo que equivale a la falta y ausencia toral de requerimiento e inicio o requerimiento de pago o emplazamiento, al actualizar dicha violación las responsables violentan nuestros derechos humanos". Lo que antecede revela que se inconforma en contra de un monto de impuesto predial por los ejercicios fiscales que indica, empero, no se desprende con nitidez si esto deriva de una resolución determinante de un crédito fiscal, o de un procedimiento económico coactivo; sobre todo porque se duele de ausencia emplazamiento, lo que es propio de un procedimiento de cobro coactivo. De ahí que se deba aclarar la demanda para que las autoridades responsables estén en aptitud de rendir adecuadamente su respectivo informe de ley; además que el dato requerido conforma un requisito legal de la demanda acorde a lo dispuesto por el artículo 108, fracción IV de la ley de la materia. Además, la información requerida también se torna necesaria para, de ser el caso, determinar los alcances y efectos de la medida cautelar solicitada. No se inadvierte que en la demanda se menciona que se reclaman como consecuencia el embargo y remate; pero no especifica si esa consecuencia es futura e inminente o si es actual; lo que patentiza la necesidad de la aclaración requerida; tanto más que el agraviado menciona, en su narrativa de hechos, que le enteraron un documento que contiene montos y conceptos. Esto revela que la parte quejosa cuenta con información para aclarar la demanda en lo que ahora se previene. 2. Para el supuesto en que la parte quejosa aclare la demanda en el punto que antecede; entonces, que precise a qué autoridad o autoridades señala como responsables de los actos que combate. Esto en acato a lo dispuesto por el numeral 108, fracciones III y IV, de la ley de la materia, que estatuyen que en la demanda constitucional se indicarán la autoridad o autoridades responsables y los actos u omisiones que de cada autoridad se cuestionan; máxime que las autoridades que intervienen en la determinación de créditos fiscales normalmente son distintas a las que participan en el procedimiento de ejecución coactivo; de ahí que sea necesario que la demanda se complete en el sentido apuntado. 3. Aclare la cuenta predial y clave catastral de los inmuebles que menciona en el ocurso de demanda, en los puntos 3 y 4 del capítulo de actos reclamados, pues en ambos casos se asentaron los mismos datos -cuanta predial y clave catastral-, para dos diversos inmuebles. Al respecto señaló la parte quejosa: "3. El monto del impuesto predial prescrito y las consecuencias administrativas que ello deriva, embargo y remate, respecto del predio ubicado en la calle laureles número 315, INTERIOR 2, de la colonia jardines de Celaya, Guanajuato, con cuenta predial UE001561001, CLAVE CATASTRAL 64-G9-13-043-010 PROPIEDAD DEL QUEJOSO JUAN CARLOS RICO PAREDES." 4. El monto del impuesto predial prescrito, así como los recargos respecto del impuesto predial y las consecuencias administrativas que ello deriva, embargo y remate, respecto del predio ubicado en la calle paraíso número 119, de la colonia brisas del Carmen de Celaya, Guanajuato, con cuenta predial ****************, ************ PROPIEDAD DEL QUEJOSO **************." Se insiste, lo transcrito revela que a dos diversos inmuebles en la demanda de amparo se asignó la misma cuenta predial e igual clave catastral, lo que evidentemente genera confusión sobre cuál de los dos datos es el correcto; motivo por el que resulta necesario que se aclare la demanda en ese sentido a fin de tener certeza de lo que se está reclamando. Finalmente, se previene a la parte agraviada, para que exhiba copias suficientes de su escrito de aclaratorio, para correr traslado a las partes, en la proporción indicada en el numeral 110 de la ley de la materia; esto solo para el supuesto en que la prevención se cumpla mediante escrito en físico, no así de manera electrónica o en línea. Es aplicable al tema en trato la jurisprudencia número 36/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIII, de abril de dos mil uno, página setenta y nueve, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." En el entendido de que la prevención deberá ser desahogada por el propio quejoso, toda vez que los hechos relacionados forman parte de los antecedentes necesarios en una demanda de amparo y, su narración bajo protesta de decir verdad, dan lugar a responsabilidad de carácter personal, de conformidad con la jurisprudencia número 50/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, décima época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, el veintinueve de agosto de dos mil catorce, cuyo rubro dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA." Apercibimiento. Apercibida la parte quejosa que en caso de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata, en los términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Domicilio para recibir notificaciones Con base en lo expresamente señalado por el agraviado Juan Carlos Rico Paredes, se autoriza la consulta del expediente electrónico por medio del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación a través del usuario "**************", habida cuenta que proporciona datos de la FIREL del usuario antes señalado, para el caso de que se encuentre matriculado debidamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Poder Judicial de la Federación; asimismo, se autoriza dicho sitio electrónico para recibir notificaciones. Por tanto, se insta a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado para que habilite al usuario de que se trata, para efecto de que la parte indicada pueda ingresar y consultar el expediente electrónico respectivo y se le realicen las notificaciones de índole personal por ese medio. En el entendido, que si su alta o datos proporcionados no se encuentran en la base de datos del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, tal autorización no surtirá efecto alguno. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita. Juicio en línea Acorde con el precepto 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; además, para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.

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