Juan Carlos Reynoso Rebolledo

Expediente 1436/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1436/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
29/12/2022

Partes del expediente

  • Juan Carlos Reynoso Rebolledo

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo de cinco días conforme a los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya presentado promoción alguna mediante la cual interpusiera recurso de queja contra el auto de quince de diciembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, al tratarse de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo; asimismo, se advierte que no existen documentos originales exhibidos por las partes y que carece de relevancia documental, en términos del numeral 15, del aludido Acuerdo, aplicado a contrario sensu. Por tanto, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de esta fecha, se ordena su destrucción dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado del Acuerdo General. De conformidad con el artículo 35 del referido Acuerdo, el secretario deberá hacer constar en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental", así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, la constancia en la que el Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, asentó la imposibilidad para notificar personalmente a la parte quejosa ***, el contenido del auto de quince de diciembre de dos mil veintidós, por las razones ahí expuestas. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena que se practique a la parte quejosa la notificación del citado proveído de quince de diciembre de dos mil veintidós, por medio de lista de acuerdos, así como las subsecuentes de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio procesal en la circunscripción o zona conurbada de este órgano jurisdiccional, dada la irregularidad detectada. Notifíquese por lista.

  3. Principal

    Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos del Director de Substanciación de Procedimiento Administrativo de Responsabilidades del Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro. Regístrese en el libro de registro de juicios de amparo bajo el expediente 1436/2022-I. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. Consideraciones previas. Del análisis integral del escrito de demanda con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa reclama el acuerdo de quince de noviembre de dos mil veintidós, emitido en el expediente de procedimiento de responsabilidad administrativa número ***, por el Director de Substanciación de Procedimiento Administrativo de Responsabilidades del Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, en el que se declara improcedente la caducidad de la instancia en dicho proceso. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación al Juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Ilustra lo expuesto la jurisprudencia P./J. 128/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XIV, Octubre de 2001, Novena Época, página 803, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una vez examinado el acto reclamado, se obtiene que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: [.] b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." Así, de la interpretación gramatical del artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la causa resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la Ley de Amparo. Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 171/2021, sostuvo que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, y que se entenderán por estos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En relación con la referida porción normativa de la Ley de Amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013 determinó que para calificarse tales actos como irreparables, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio del derecho sustantivo involucrado, por lo que con su dictado no sólo produzcan lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente lleguen a trascender al resultado del fallo. Por lo que se sostuvo que el legislador secundario dispuso dos condiciones para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el juicio: Que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y Que esos derechos revistan la categoría de "sustantivos", expresión que resulta antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. Por tanto, la Sala del Alto Tribunal señaló que para la procedencia del amparo indirecto respecto de actos de imposible reparación, el nuevo texto de la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, constituía un cambio significativo, puesto que antes de dicha reforma la legislación dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por este concepto (verbigracia el entendimiento que anteriormente se tenía de las "violaciones procesales que afectaran en grado predominante o superior"), lo cual ya no acontece bajo el nuevo ordenamiento, en tanto que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que estableció que para que dichos actos pudieran ser calificados como irreparables, era necesario que produjeran una afectación material a derechos sustantivos, dejando fuera por consecuencia aquellos actos que generan lesiones de naturaleza formal o adjetiva. Tal criterio ha sido reiterado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver las diversas contradicciones de tesis 14/2015, 152/2017 y 370/2017. Consideraciones que han originado las jurisprudencias P./J. 37/2014 (10a.), P./J. 1/2016 (10a.), P./J. 12/2018 (10a.), P./J. 7/2019 (10a.) y 1a./J. 1/2022 (11a.) de rubros siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." "COSA JUZGADA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESESTIMA ESTA EXCEPCIÓN, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." "DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS. EL AUTO O RESOLUCIÓN QUE NIEGA SU ADMISIÓN NO CONSTITUYE UN "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN", POR LO QUE ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA." "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE APELACIÓN QUE REVOCA EL DESECHAMIENTO DE UNA ACCIÓN COLECTIVA EN SENTIDO ESTRICTO Y ORDENA DAR TRÁMITE A LA ETAPA DE CERTIFICACIÓN, PUES NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." Ahora bien, en el presente juicio de amparo la parte quejosa reclama el acuerdo de quince de noviembre de dos mil veintidós, emitido en el expediente de procedimiento de responsabilidad administrativa número ***, por el Director de Substanciación de Procedimiento Administrativo de Responsabilidades del Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, en el que se declara improcedente la caducidad de la instancia en dicho proceso. En este sentido, el acto reclamado en el presente juicio constitucional no afecta materialmente derechos sustantivos de la parte que se ostenta agraviada; es decir, que la resolución que clara improcedente la caducidad de la instancia sólo tiene una afectación de carácter adjetivo o procesal, pues su finalidad supone que se continúe el procedimiento administrativo hasta el dictado de una resolución definitiva. Lo anterior es así, pues el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, establece como presupuesto de procedencia del juicio de amparo contra un acto de autoridad, que la afectación que resienta el quejoso debe ser real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, de quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo. Además, porque las consideraciones establecidas por la Corte en torno a la procedencia del amparo en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, son aplicables para la diversa hipótesis prevista en su numeral 107, fracción III, inciso b), del mismo ordenamiento, pues en la contradicción de tesis 14/2015, señaló en su parte conducente: "En efecto, tal como lo sostuvo este Tribunal Pleno, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. [.] Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de que México sea parte, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva." Por lo cual, la circunstancia que se haya declarado improcedente la caducidad de la instancia en el procedimiento de responsabilidad administrativa PRA-17/2021, no incide en alguno de los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales ?por ejemplo la vida, libertad, posesión y propiedad?, sino que la consecuencia radica en que el procedimiento administrativo continuará su tramitación y, como consecuencia de ello, concluirá con una resolución definitiva que eventualmente podrá combatir mediante el amparo. Ilustra lo expuesto la tesis VIII.2o.C.T.11 C (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de la Décima Época. Asimismo, el hecho de que no sea procedente el juicio de amparo indirecto en contra del acuerdo que declara improcedente la caducidad de la instancia, no significa que el inconforme no tenga acceso a la justicia, pues al ubicarse esa actuación dentro del procedimiento, sólo demora el pronunciamiento de fondo. Lo anterior, pues no puede soslayarse que las violaciones procesales relevantes son aquellas que hacen que quien resiente el acto procesal, ya no tenga ninguna oportunidad de hacer que su derecho sustantivo prevalezca, oportunidad que se identifica no sólo con la posibilidad de obtener resolución favorable en el propio procedimiento, sino también con su eventual impugnación como violación procesal mediante el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.. Además, la línea de pensamiento expuesto en las contradicciones de tesis 14/2015, 152/2017 y 370/2017, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación atiende a la intención del legislador de concentrar en un solo juicio de amparo directo, el estudio del cúmulo de violaciones procesales posibles. Por lo cual, si la finalidad que la regla de procedencia en cuestión quiere alcanzar es limitar el número de amparos a los casos de verdadera necesidad, en miras de impedir que el amparo se traduzca en un recurso que entorpezca el desarrollo de la jurisdicción ordinaria, ello implica limitar la procedencia del amparo indirecto contra todo aquello que no trasciende a la persona o bienes de las personas, más allá de lo meramente procedimental. Por tanto, no basta el carácter sustantivo del derecho transgredido con el acto intraprocesal cuestionado, también debe constatarse si la infracción podrá o no ser remediada, ya sea con el dictado de una resolución favorable en cuanto al fondo, o mediante su impugnación en amparo como violación procesal. Ilustra lo expuesto la tesis (VIII Región) 2o.3 C (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I, Décima Época, página 801, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región. En esta tesitura, el acto reclamado en el presente juicio de amparo en modo alguno trastoca derechos sustantivos de manera inmediata, ya que la afectación producida en la esfera jurídica de la quejosa podrá desaparecer si se emite una sentencia favorable a sus pretensiones; por lo que, el declarar improcedente la caducidad de la instancia en el procedimiento de responsabilidad administrativa PRA-17/2021, en este momento no le produce afectación alguna a sus derechos materialmente sustantivos. Por ello, el acto reclamado no impide o restringe en forma actual el ejercicio de alguno de los llamados derechos humanos y fundamentales, cuyos efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien sufre la afectación obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), ambos de la Ley de Amparo vigente, este último interpretado a contrario sensu, al no ser de imposible reparación el acto reclamado, por lo que se impone desechar la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113, ambos de la Ley de Amparo. Cobra aplicación, por analogía, la jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de la Décima Época, con registro 2011428. Domicilio procesal e intervención de autorizados. Sin que haya lugar a tener a la parte quejosa designando como su autorizado en términos amplios que prevé el primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, toda vez que no señaló los datos correspondientes para tal efecto, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo de dicho numeral; es decir, el número de su cédula profesional federal o del registro único a que se refiere el Título Octavo denominado "Registro Único de Profesionales del Derecho", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, el cual fue reformado por diverso publicado en ese medio el diecisiete de septiembre de dos mil catorce. Por lo anterior, se tiene a dicha persona únicamente como autorizado en términos restringidos del artículo 12, segundo párrafo, en relación con el diverso 24 ambos de la ley de la materia; esto es, para oír notificaciones e imponerse de autos. Por otra parte, de conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Notifíquese en términos de ley.

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